miércoles, 1 de diciembre de 2010

Perú se ha convertido en ‘narcoestado’, según Marcos Ibazeta


El Perú se ha convertido en un ‘narcoestado’, consideró el ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, al afirmar que nuestro principal problema es el lavado de activos.

En Polémica de CPN Noticias, sostuvo que el Gobierno no podrá hacer nada para encarar este problema en lo que resta de su periodo.

Ibazeta Marino advirtió que los rezagos terroristas pretenden llegar a la política a través de movimientos regionales.

La guerra sucia de Sousa contra la independencia del Poder Judicial y el juez San Martín


Autor(a): Instituto de Defensa Legal

Ya lo habíamos advertido, se sabía en el ambiente judicial que los fujimoristas intentarían vengarse del juez San Martín, quien es uno de los magistrados que condenó a su jefe a 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestro de Gorriti y Dyer.

¿Y quiénes han sido los encargados de esta guerra sucia contra San Martín? La dupla que hace mucho tiempo viene coincidiendo en posiciones e intereses: el congresista fujimorista Sousa, y el diario Correo de Luis Agois y Aldo Mariátegui y por más que éste último, en su columna, vergonzosamente trata de sacar cuerpo de lo que malintencionadamente publica.

¿Cuál es la denuncia?: que desde abril del 2008 “ya se cocinaba una acusación bamba” contra el ex Presidente por “elementos externos al tribunal”. ¿Y cuáles serían estos elementos ajenos al tribunal? Según Sousa, las opiniones que hicieron un conjunto de profesores de la Universidad española de Alicante, a raíz de que el juez San Martín les pidió opinar sobre algunos aspectos jurídicos vinculados al proceso contra Fujimori.

Se llega a decir que hay algunos párrafos, en los mails, que se reproducen luego en la sentencia.

Lo primero que habría que decir, es que no sabemos si esos mails son ciertos o falsos, exactos o modificados, o sacados de contexto. Tratándose de material chuponeado y de quienes lo han hecho público, es mejor ponerse en todas las posibilidades.

A continuación, enumeramos nuestros argumentos para afirmar que el congresista fujimorista Rolando Sousa, está incurriendo en acciones propias de una guerra sucia, la que sin ninguna ética periodística recoge con la máxima cobertura Correo y Aldo Mariátegui. Denuncia además, destinada a que el magistrado San Martín pierda las elecciones a la Presidencia de la Corte Suprema del día de mañana:

1. No solo no tiene nada de malo sino que es lógico y común que los jueces hagan consultas jurídicas sobre determinadas materias a expertos o profesores, así como que establezcan diálogos o intercambios de opinión.

2. Prueba de ello, es que está permitido que en los propios procesos se presenten por escrito los denominados amicus curie, que son, justamente, informes y opiniones. A los juicios, también pueden acudir expertos y especialistas presentados por la partes, para que den su opinión a favor de una u otra posición. En el juicio a Fujimori ha habido, así, varios amicus (incluido el de la universidad nacional) y varios expertos que han acudido personalmente.

3. Uno de los puntos más absurdos de la acusación de Sousa, y que expresa claramente su mala fe y total falta de razón, es aquella donde indica que hay algunos párrafos en los mails que se reproducen en la sentencia. Falso, la apreciación de los juristas de Alicante es totalmente distinta a la que adoptó, finalmente, la Sala que juzgó y condenó a Fujimori.

4. En efecto, Sousa señala que Gonzalo del Rio Labarthe, le escribe a San Martín un mail que como conclusión señala lo siguiente: “por lo que más se inclinan los profesores fue una cooperación necesaria. Podemos ubicar dos esferas. Una, en la que Fujimori es el superior jerárquico de la organización (…) Otra en la que, en su calidad de Presidente, favorece la creación de la organización y los data de medios para su actuación. A todos le queda claro que existen indicios suficientes que confirman esta última etapa”.

Lo que Sousa esconde es que en ese párrafo lo que están diciendo los juristas de Alicante es que ellos se inclinan a ir por la tesis de la colaboración o de la coautoría, figuras delictivas también previstas en nuestro Código Penal, pero que son absolutamente distintas a la autoría mediata, que es –como se sabe- la piedra angular a partir de la que se desarrolla toda la sentencia.

La diferencia entre lo que piensan los juristas españoles y la opción posterior de la sentencia se confirma en otro mail, que Sousa reproduce, pero que no se atreve a analizar, porque, sería una prueba más de que todo es un operativo psicosocial de los de antaño, montado contra San Martín y su candidatura a la Suprema.

La pregunta elemental, es ¿si los profesores de Alicante influenciaron tanto en San Martín al punto de que se pueda insinuar que ellos son los responsables de la sentencia, cómo así la sala termina adoptando en su sentencia, una teoría penal muy distinta a la opinión de los referidos juristas?

5. Sousa agrega además, que “estos conceptos” –se refieren a lo que aparece en los mails provenientes de Alicante– denotan la dirección que se le pretendía dar al caso desde el comienzo, ya que son de abril de 2008, en plena etapa de testimoniales del juicio a Fujimori, “cuando ni siquiera se habían actuado las pruebas, ni se sabía si era inocente o culpable”.

Pero otra vez Sousa miente y dolosamente trata de engañar a los que no conocen nada de procesal penal. Es cierto que no se había iniciado el juicio penal, pero lo que oculta Sousa –dato importantísimo- es que la acusación fiscal contra Fujimori ya estaba formulada.

Dicha acusación, en la que se comprende a Fujimori, fue formulada una primera vez en el año 2006, y en 2007 se modifica, a raíz de la extradición, la que obligaba a restringir la acusación solo a determinados casos.

Pero lo cierto es que el marco acusatorio contra Fujimori, en que debía moverse la sala, para confirmarlo o modificarlo, ya estaba definido en el 2007. Y esta acusación optaba por el camino de la acusación mediata.

Si la acusación fiscal ya estaba formulada, y como se ha dicho, los parámetros del juzgamiento de Fujimori ya estaban establecidos, es absolutamente falso decir –como ha dicho Sousa– que el intercambio de opiniones entre los juristas españoles y el magistrado, como ocurre en abril de 2008 demostraría que la sentencia “estuvo direccionada desde el comienzo”, o que desde esa fecha se “cocinaba” una acusación “bamba” contra Fujimori por elementos externos al Tribunal.

6. Es también sumamente sospechoso que estos mails salgan el día anterior a la elección en la Suprema, y diga que mañana dará a conocer otros mail. ¿Justo, por casualidad los acaba de recibir? o ¿ya los tenía, pero no los hicieron público durante el juicio, ya que eran irrelevantes desde el punto de vista jurídico, solo que actualmente se quiere crear un psicosocial que dure por lo menos hasta después de las elecciones?

7. Sousa ha declarado que no había ningún chuponeo de por medio y que a él le han llegado estos mails como le podrían haber llegado a cualquiera. Eso es subestimar a los peruanos. Lo objetivo es que solo le llegaron a él y él se los entregó a Correo. Condenamos éste y todo chuponeo, como siempre lo hemos hecho, pero no nos quedamos en este hecho ilícito para que no crea que no tenemos argumentos contra lo que sostiene Sousa.

8. Los dos magistrados de la sala que condenaron a Fujimori, basándose en la autoría mediata, deben sentirse ofendidos, y deberían reaccionar, porque querría decir que ellos no aportaron nada sino que se limitaron a respaldar lo que San Martín les presentó, producto de apreciaciones surgidas fuera del país. En la misma situación quedarían tanto el fiscal supremo Sánchez y los otros 5 magistrados supremos que conformaron lo resuelto a nivel supremo.

9. Siendo Rolando Sousa congresista de la Nación y nada menos que presidente de la Comisión de Justicia, estaría queriendo influir en la elección del Presidente de la Corte Suprema, quien a su vez es Presidente del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo. Ha incurrido, de manera evidente, en un acto inconstitucional de injerencia política frente al Poder Judicial y a la administración de justicia. Acto que obviamente debe ser sancionado de acuerdo a ley.

10. Injerencia política que adquiere más gravedad, cuando el día de hoy, en conferencia de prensa ha declarado que formulará una causación constitucional contra el magistrado San Martín, y que lo denunciará al Consejo Nacional de la Magistratura para su destitución.

11. De otro lado, Sousa, al formular esta acusación contra San Martín, está incurriendo en otro acto ilegal, ya que está utilizando un cargo público para defender intereses privados. No olvidemos que es parte del estudio “Sousa & Nakasaki abogados”, y que Nakasaki ha sido quien defendió a Fujimori donde la sala que integra San Martín lo condenó a 25 años.

12. La otra falta grave de Sousa es que si un congresista posee información contra un magistrado Supremo, no se la da a un medio de comunicación como Correo, sino lo que hace es seguir los caminos institucionales. Cita al magistrado a la Comisión e investiga el hecho.

13. Lo que pretende Sousa con esta denuncia, tal como hemos dicho al comienzo, es impedir que San Martín ocupe el cargo de Presidente de la Corte Suprema, pero hay dos objetivos más, igual de peligrosos: amenazar y amedrentar a los jueces, y descalificar la sentencia de Fujimori, con la pretensión de por alguna vía traérsela abajo, lo que todos debemos impedir.

Tanto el otro candidato a la presidencia de la Corte Suprema, Javier Mendoza, magistrados de todos los niveles, congresistas y autoridades en general y miembros de la sociedad civil que estén en contra de esta grosera injerencia política del fujimorismo, estamos obligados a expresar abiertamente nuestro rechazo y exigir las medidas legales que corresponden contra el referido congresista.

JNE INVOCA A VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA REGIONAL PARA EVITAR MULTAS


El Jurado Nacional de Elecciones invocó a los peruanos de 10 regiones del país a acudir masivamente a las urnas para elegir a sus autoridades regionales en la Segunda Elección Regional prevista para el próximo 5 de diciembre.

Recordó que si no cumplen con este deber cívico, ya sea como electores o como miembros de mesa de sufragio, se harán merecedores de multas previstas en la ley.

Si un ciudadano no acude a votar, sin tener causa justificada, deberá pagar una multa, al igual que el miembro titular o suplente que no asiste a instalar la mesa de sufragio, o el elector que se rehúse a integrarla.

Las multas para los electores son de tres niveles, de acuerdo a la clasificación de la situación de pobreza hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (no pobres, pobres no extremos y pobres extremos). Los montos de las multas son determinados por el JNE.

Así, en los distritos clasificados como “no pobres”, los omisos al voto deberán cancelar 72 nuevos soles; en los distritos “pobres no extremos”, 36 nuevos soles; y en los distritos “pobres extremos”, 18 nuevos soles.

Por su parte, los miembros de mesa sorteados que incumplan su labor o aquellos ciudadanos que se nieguen a integrarlas, deberán pagar una multa de S/. 180.00 nuevos soles. Pero si tampoco votaron, la multa será, además, por esta omisión.

Dispensas y justificaciones

Si el elector no pudo sufragar por alguna razón justificada, podrá solicitar, desde el día siguiente de la votación, una dispensa para evitar la multa. El documento (en original y copia simple) deberá presentarlo en los Jurados Electorales Especiales, Unidades Regionales de Enlace o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Además, debe adjuntar un recibo de pago de la tasa correspondiente (emitido por el Banco de la Nación) por la suma de S/.18.00 nuevos soles (0.5% de IUT).

Las dispensas sólo proceden en los siguientes casos: enfermedad, fallecimiento de familiar directo, robo de DNI, falla en el padrón electoral, privación de la libertad personal, desastres naturales, viaje al extranjero por estudio o salud, servicio activo en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, internamiento penitenciario o causas debidamente justificadas por determinación del JNE.

Los miembros de mesa titulares y suplentes que, por causas debidamente justificadas, no puedan asistir a la instalación de éstas, podrán presentar solicitud de justificación ante los Jurados Electorales Especiales, Unidades Regionales de Enlace o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones, desde el día siguiente de la votación.

Los motivos o causas para tramitar esta justificación son: enfermedad, discapacidad, período de lactancia materna, siempre que se acrediten en forma fehaciente, o cuando el JNE lo determine como motivo debidamente justificado, conforme al Art. 253° de la Ley Orgánica de Elecciones.

Un total de 4’383,098 ciudadanos deberán sufragar en la segunda vuelta regional, que se desarrollará en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno y Tumbes.

Corresponderá a todos ellos elegir, en sus respectivas circunscripciones, a sus presidentes de gobierno regional.


Cambios en sistema tributario chino garantizan igualdad entre empresas nacionales y extranjeras


Desde mediados de los años 80, las compañías chinas han estado pagando impuestos municipales de mantenimiento y construcción e impuestos de apoyo a la educación, algo que hasta ahora no se les exigía a las empresas mixtas o de capital exclusivamente extranjero.

El gobierno chino ha decidido que las compañías de capital extranjero ya no estarán exentas de impuestos municipales de mantenimiento y construcción.

Además de estos dos tipos de impuestos, tanto las empresas extranjeras como los individuos con intereses comerciales en China, empezarán a pagar impuestos de apoyo a la educación a partir de este primero de diciembre.

El presidente de la Asociación de Inversión de China (IAC, siglas en inglés), Zhang Hanya, subrayó en declaraciones ante la prensa que esta medida garantizará que todas las empresas que operan en el país asiático lo puedan hacer en condiciones de igualdad.

Desde mediados de los años 80, las compañías chinas han estado pagando impuestos municipales de mantenimiento y construcción e impuestos de apoyo a la educación, algo que hasta ahora no se les exigía a las empresas mixtas o de capital exclusivamente extranjero.

Zhang explicó que "desde que se inició el proceso de reforma y apertura, China ha ofrecido políticas preferenciales para atraer la inversión extranjera, con el objetivo de impulsar el desarrollo. Las compañías de capital extranjero han disfrutado de un tratamiento especial en términos de impuestos y uso de la tierra."

En opinión del Sr. He Weiwen, consejero permanente del Instituto de investigación de OMC, a partir del año 1986, las empresas nacionales asumieron sus obligaciones para la construcción urbana y el uso de la tierra, pero las empresas extranjeras no deben estar largamente exentas de estos deberes:

"Aquí no cabe duda, pues generalmente las empresas extranjeras se desarrollan en ciudades. Además como ellas emplean a trabajadores chinos, pero la mano de obra también necesita buenas condiciones de educación, entonces es razonable que estas empresas extranjeras paguen algo."

He Weiwen también cree que para los comerciantes extranjeros, lo más importante es un ambiente jurídico y un sistema de mercado imparcial y perfecto:

"La igualdad tributaria reina tanto en EE.UU. como en Europa. Ahora la atracción de inversiones extranjeras no depende sólo de impuestos, sino de un ambiente de competencia abierto, imparcial y transparente."

Según el presidente de la Asociación de Inversión de China, el cambio en el sistema tributario ha recibido críticas por parte de algunas empresas extranjeras, en parte porque han creído equivocadamente que los impuestos se han creado sólo para este tipo de compañías.

Sin embargo, éste no es el primer cambio introducido en el régimen tributario chino. El 1 de enero de 2005, el país unificó los impuestos sobre ingresos en el 25 por ciento, tanto para las empresas chinas como para las extranjeras. Anteriormente, el porcentaje que debían abonar las compañías nacionales era del 33 por ciento, mientras que el de las extranjeras se reducía al 15 por ciento.

Aunque el gobierno ha estado incrementando progresivamente la tasa de las empresas extranjeras, pasando del 18 por ciento en 2008 al 20 por ciento en 2009 y el 22 por ciento en 2010, esta medida no se ha aplicado por igual en todas las regiones del país, debido a las políticas impulsadas por algunos gobiernos locales.

Los beneficios netos de SAIC, el mayor fabricante de automóviles de China, aumentaron más de un 900 por ciento interanual en 2009. La mayor parte de las ventas se generaron en sus empresas conjuntas con la estadounidense General Motors (GM) y la europea Volkswagen.

El presidente de la Asociación de Inversión de China, Zhang Hanya, añadió que, tanto los impuestos municipales de mantenimiento y construcción como el impuesto de apoyo a la educación, están basados en la suma de los impuestos al consumo, los impuestos de valor añadido y los impuestos de negocios abonados por las empresas.

Actualmente, los impuestos de mantenimiento y construcción se sitúan en el 7 por ciento en las ciudades, el 5 por ciento en los distritos y el 1 por ciento en los niveles inferiores. El impuesto de apoyo a la educación es del 3 por ciento.

Según las cifras del Ministerio de Comercio, la inversión directa extranjera (IDE) en China creció un 7,86 por ciento en octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, para alcanzar los 7.663 millones de dólares. Octubre fue el decimoquinto mes consecutivo en el que se registró un incremento interanual de la inversión directa extranjera.

En los diez primeros meses del año, China recibió 82.003 millones de dólares en IDE, con un aumento interanual del 15,71 por ciento

(RADIO CHINA INTERNACIONAL)

¿SE CAERÁ EL ESTADO BIENESTAR EUROPEO?: Adiós al último colchón de los desempleados españoles


El presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este miércoles la eliminación del subsidio mínimo de desempleo de 426 euros mensuales. El plan de ajuste económico incluye también la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y se enmarca dentro del objetivo del Gobierno de frenar la especulación financiera entorno a su deuda.

Por Alberto Senante

Hasta ahora, cuando un ciudadano español agotaba su prestación por desempleo podía reclamar una ayuda mínima de 426 euros al Estado. Era el último recurso para miles de familias que ven como ninguno de sus miembros consigue trabajo, en un país donde el 20% de la población no consigue un empleo. La norma se hará efectiva desde el mes de febrero del próximo año.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero creó esta ayuda a mediados del año pasado para evitar que los millones de nuevos parados que provocaba la crisis económica se quedaran sin ningún ingreso, con el peligro de exclusión social que eso implicaba. Un año y medio más tarde, el líder socialista retira la medida con la amenaza de los mercados financieros como telón de fondo.

Mejor paradas de este ajuste presupuestario salen las pequeñas y medianas empresas. El gobierno español rebajará el impuesto de sociedades con el objetivo declarado de favorecer la inversión y la creación de empleo. Con esta medida el Gobierno prevé beneficiar a más 40 mil empresas.

Dentro de este mismo plan económico, Rodríguez Zapatero adelantó la inminente privatización de casi la mitad de los servicios aeroportuarios. De este modo, la gestión de las dos principales terminales del país, Barajas en Madrid y El Prat en Barcelona, pasaría a manos privadas.

Ni siquiera la suerte consigue escapar de la crisis económica. El 30% de la popular Lotería del Estado Español, hasta ahora bajo el control del Ministerio de Hacienda, saldrá a venta pública tras la creación de una Agencia Estatal de Loterías y Apuestas.

Este paquete de medidas se produce una semana después de la penúltima tormenta en los mercados financieros, que se saldó con un préstamo multimillonario a los bancos irlandeses y la amenaza de que otros países europeos como Portugal o España no sean capaces de saldar su deuda en los plazos previstos.

¿SERÁ CIERTO TANTA BELLEZA?: La pobreza retrocede en América Latina en plena crisis global


El número de pobres en la región será un 1% más bajo a finales de año que en 2009. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a finales de 2010 se totalizará 180 millones de personas pobres. Esta reducción de la pobreza ha sido posible, según la Cepal, gracias a la recuperación económica de la mayoría de los países y a la implementación de políticas sociales.

América Latina se ha sobrepuesto a la crisis rápidamente y sin mucho desgaste gracias, por un lado, “al aumento de los ingresos laborales de los hogares pobres” y, por otro, a las transferencias públicas orientadas a aminorar el impacto de la crisis”, afirma la Cepal.

Tanto es así que el número de pobres pasó del 33,1% de la población al 32,1% en tan sólo un año confirmando una tendencia en la mayoría de los países. Un punto menos en un año dificilísimo para muchas economías del mundo presas de la crisis económica y financiera global.

El organismo destaca el papel del Estado en América Latina en estos buenos resultados. El gasto público social pasó del 12,3% en 1990 a 18,4% en 2008, cifra que no se vio reducida durante la crisis. Además, los gobiernos adoptaron medidas para disminuir los índices de pobreza la creación de empleos de emergencia, aumentos salariales, subsidios al consumo y apoyo directo a las familias más pobres, entre otros.

“Los estados de la región aprendieron que uno tiene que intervenir activamente para mitigar y si es posible revertir los efectos de la crisis. Ha sido fruto de políticas específicamente destinadas a reconocer que existe una crisis, una crisis que la región no la generó pero que sufrió impacto… los países intentaron generar nuevas políticas o intensificar políticas para que los salarios no cayesen y por otro lado distribuir ingresos a sectores con menores ingresos”, afirmó a RFI, Luis Beccaria coautor del informe y director de estadística de Cepal.

En la mayor parte de los nueve países estudiados en el informe, la pobreza bajó. Por ejemplo, de 2008 a 2009 descendió en Brasil de 25,8% a 24,9%, Paraguay de 58,2% a 56%, República Dominicana de 44,3% a 41,1% y Uruguay de 14% a 10,7%. Este porcentaje también bajó entre 2006 y 2009 en Argentina de 21% a 11,3% y Chile de 13,7% a 11,5%.

En cambio, la pobreza aumentó de 2008 a 2009 en Costa Rica de 16,4% a 18,9% y Ecuador de 39% a 40,2%. En México la pobreza también subió de 31,7% en 2006 a 34,8% en 2008.

Las idas y vueltas de la banca de desarrollo


Por Humberto Campodónico

A principios de los años 90, ante la ola privatizadora del Consenso de Washington, en el Perú cayeron los principales bancos de fomento, principalmente el Banco Agrario, el Banco Minero, el Banco Industrial y el Banco Hipotecario.

Como parte del mismo proceso cayeron también la gran mayoría de mutuales y cooperativas, aunque en este caso debe decirse que el factor determinante fue la hiperinflación del periodo 1988-1990, que licuó el valor de los préstamos que se habían otorgado a mutualistas y cooperativistas.

Argumentaban los “teóricos” del CdW que la banca de desarrollo, al fomentar el impulso a algunos sectores productivos, impedía que el mercado asignara los recursos económicos de manera eficiente. Agregaban que la administración estatal es ineficiente per se, lo que llevaba al despilfarro de los dineros públicos, a lo que sumaban la corrupción existente.

Pero el CdW no fue asumido por igual en toda América Latina. Por ejemplo, en materia de privatización de activos petroleros solo Argentina, Bolivia y Perú vendieron sus empresas estatales, mientras que el resto prefirió seguir aprovechando la renta petrolera.

En materia de banca de fomento, algunos países recordaron que el nombre verdadero del Banco Mundial sigue siendo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), motivo por el cual no lo privatizaron. No solo eso. En Brasil la banca estatal es la más importante y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el banco de fomento más importante de América del Sur. En Colombia existe el Banco Nacional del Café, producto de exportación de primera importancia para ese país.

La cuestión es que el enfoque ideológico del CdW ya ha sido abandonado hace ya más de una década por los mismos organismos internacionales que lo impulsaron: el FMI, el Banco Mundial y el BID. Hace poco, el Grupo de los 20 países más importantes del mundo proclamó el Consenso de Seúl para el Desarrollo Compartido.

Para eso es necesario pensar el proceso integral de financiamiento del desarrollo. Como dice la Conferencia de Monterrey del 2001, esos recursos pueden provenir del comercio internacional, de la inversión extranjera, de la deuda externa y de la cooperación internacional.

Pero, sobre todo, hay que movilizar los recursos nacionales para el desarrollo, que provienen de los ingresos tributarios, y de la movilización del ahorro a través del sistema financiero privado, las bolsas de valores y los mercados de bonos de deuda interna de largo plazo. En esa movilización la banca de fomento juega un papel clave, lo que aún no sucede en el Perú, ya que todavía el CdW sigue vivo y coleando, apoyado por los grupos empresariales y los “lobbies” que desean mantener el statu quo.

Ahora que comienza a ganar terreno en el Perú el planteamiento de que hay que pasar de las ventajas comparativas (producir minerales) a las ventajas competitivas (que son creadas con innovaciones tecnológicas y proporcionan mayor valor agregado, como sucede en Corea del Sur, Brasil y Finlandia) se necesita una nueva relación entre mercado y Estado, lo que incluye el rol de la banca de desarrollo, así como los nuevos diseños institucionales que permitan avanzar en la agenda de la competitividad.

Es hora de dejar atrás, definitivamente, la década del 90.

Los movimientos regionales en jaque por proyecto de ley


Podrán postular al Congreso solo a través de los partidos o las alianzas nacionales. Iniciativa legal que limita a las agrupaciones regionales fue presentada por la bancada aprista. Se verá también la eliminación de la tinta indeleble y de una de las 5 actas electorales

Un repentino cambio en las reglas de juego de las elecciones generales está a punto de concretarse. La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó ayer un dictamen para modificar varios artículos de la Ley Orgánica de Elecciones.

Aunque muchos partidos políticos tenían previsto hacer alianzas con movimientos regionales para presentar listas de candidatos al Congreso (las cuales regían solo para los departamentos en los cuales cada movimiento tuviera representación), la Comisión de Constitución llevará a la aprobación del pleno que solo los partidos políticos puedan presentar listas de candidatos al Congreso.

Actualmente, el artículo 115 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que pueden hacerlo “cada partido político, agrupación independiente o alianza registrados en el Jurado Nacional de Elecciones” (JNE).

El dictamen aprobado ayer precisa que solo pueden hacerlo “cada partido político o alianza electoral de alcance nacional inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas” del JNE.

El congresista Edgard Reymundo (de Bloque Popular) fue el único que cuestionó esta modificación, al recordar que el artículo 15 de la Ley Partidos Políticos establece que “los partidos pueden hacer alianzas con otros partidos o movimientos políticos debidamente inscritos”.

En cambio, el aprista Mauricio Mulder y la fujimorista Martha Moyano remarcaron que el sentido de las elecciones parlamentarias implicaba la participación de los partidos nacionales. “La suma de los movimientos regionales no da un partido nacional”, arguyó Mulder.

La oposición de Reymundo era entendible: Bloque Popular es un partido en vías de inscripción que en las elecciones del 3 de octubre participó en alianza con varios movimientos regionales.

Pero no sería la única agrupación que se vería afectada por esta decisión. Perú Posible planeaba hacer una alianza con Fuerza Loretana para presentar una lista de candidatos al Congreso por el departamento de Loreto.

El partido Fuerza Social también se ve afectado, debido a que tenía previsto aliarse con el Movimiento Tierra y Libertad, para que su líder, el padre Marco Arana, encabezara la lista de candidatos al Congreso en Cajamarca.

Lo mismo buscaba hacer con el Movimiento Ayni, el cual ha ganado las recientes elecciones regionales en Huancavelica.

El movimiento Unidos Construyendo, que llevó a la presidencia regional de Piura al empresario Javier Atkins, también era un posible aliado importante para el Partido Popular Cristiano, así como para Solidaridad Nacional.

ADIÓS A LA TINTA INDELEBLE
El dictamen aprobado ayer, el cual tendrá que debatirlo el pleno del Congreso, también anula el uso de la tinta indeleble con la cual todos los sufragantes tenían que marcar el dedo mayor de la mano derecha como prueba de que habían votado.

Asimismo, se modifica el proceso de conformación de los miembros de los jurados especiales electorales (JEE): De acuerdo con esta propuesta, lo integrarán un juez superior de la jurisdicción correspondiente (quien lo presidirá), un fiscal en actividad o jubilado, y un ciudadano elegido por sorteo. Ellos tendrán el mismo sueldo que el presidente de la corte superior correspondiente.

El dictamen aprobado ayer fue producto de varios proyectos de ley. El que proponía excluir a los movimientos regionales de las elecciones generales es el 4447 y fue presentado por la bancada aprista.

Regiones rechazan iniciativa legal
La decisión adoptada por la Comisión de Constitución del Congreso generó ayer el inmediato malestar de los líderes de los movimientos regionales.

El dirigente de Unidos Construyendo -movimiento que ganó la presidencia regional de Piura- “scar Miranda Martino reveló que esa agrupación había previsto formar una alianza con un partido nacional antes del 10 de diciembre. “Esto corta todas nuestras aspiraciones de seguir creciendo”, insistió Miranda.

Por su parte, el regidor electo por el movimiento regional piurano Obras más Obras Efraín Chuecas Wong consideró la propuesta de ley una práctica antidemocrática. “Con esta ley se limita la participación del pueblo”, afirmó.

Vladimir Cerrón Rojas, de Perú Libre (Junín), calificó el dictamen como una amenaza contra la democracia. “Los líderes de los partidos tradicionales, afincados en su mayoría en Lima, fracasaron en los últimos comicios y buscan frenar el surgimiento de líderes regionales”, declaró.

Walter Angulo Mersa, de Convergencia Regional Descentralista (Junín), tildó de “barbaridad” esta propuesta. “Los intentos de impedir alianzas electorales no tienen ningún sustento en sociedades civilizadas”, manifestó.

El secretario provincial de Arequipa Tradición y Futuro, Jorge Sumari Buendía, culpó al Partido Aprista de esta situación. “Si los movimientos prosperan, el Apra perderá las elecciones y perderá también su presencia en el Congreso”, dijo. Criticó que se modificaran las condiciones en las que será convocado el proceso electoral del 2011.

OPINIONES
“Pueden participar como invitados”
Nada impide que los partidos políticos inviten a personalidades de estos movimientos regionales a participar en sus listas como invitados [con previo acuerdo de los movimientos]. [...] Considero que, en pleno desarrollo del cronograma electoral, es por lo menos de mal gusto que se sigan introduciendo medidas de carácter legislativo. En todo caso, las precisiones deberían ser solicitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y no por los partidos. Si ellos comienzan a generar iniciativas caen en la sospecha de ser medidas adoptadas para cerrar la participación de algunos sectores”.
ENRIQUE BERNALES. CONSTITUCIONALISTA

“Que lo analice el nuevo Parlamento”
Por más que el presidente de la República aún no haya formalizado la convocatoria de elecciones es evidente que estamos en un contexto electoral. Los actores políticos ya están definiendo alianzas y cambiarles las reglas de juego parece dirigido a perjudicar a ciertos grupos. [...] Les guste o no a los partidos, los movimientos regionales se han convertido en los principales actores políticos por las propias incapacidades partidarias. Esta medida tendería a desconocer tal realidad. Se debería analizar el tema en un próximo Parlamento y no en medio de la actual coyuntura electoral”.
CARLO MAGNO SALCEDO. ABOGADO Y ANALISTA ELECTORAL