INCERTIDUMBRE SI FUNCIONARÁ O NO LA UNIVERSIDAD DE CAÑETE

Tras un debate de semanas en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, el 17 de mayo último, se aprobó un texto sustitutorio de 16 proyectos de ley, referentes a la enseñanza universitaria, en la que se busca establecer una moratoria de tres años en la creación de nuevas universidades.

El asunto en cuestión no quedó allí, pues además se aprobó: “suspender por el mismo período (3 años), la creación y autorización de funcionamiento de facultades, escuelas profesionales,…” (segunda disposición del artículo primero), como parte de “establecer un nuevo modelo de universidad, bajo un renovado marco normativo de carácter de la investigación que debe desarrollarse, definiéndose el tipo de profesionales que se necesita”, como reza uno de los considerandos del Dictamen.

Para la discusión del tema, previa posición a favor del Presidente Ollanta Humala y de la Ministra de Educación Patricia Salas, se pidió la opinión de la Asamblea Nacional de Rectores, del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), de la Contraloría General de la República, de INDECOPI y de interesados en el tema. Todos ellos de acuerdo con la moratoria desde sus puntos de vista.

INCERTIDUMBRE SI FUNCIONARÁ O NO LA UNIVERSIDAD DE CAÑETE

En el análisis del Dictamen, se mencionó que de las 16 nuevas universidades creadas por Ley (las de Barranca y Cañete incluidas), solo una tiene autorización de funcionamiento, tres cuentan con Proyectos de Desarrollo institucional (PDI) aprobado, cinco con PDI en solicitud y siete no han iniciado el trámite. Además que la Ley 29780 facultó al CONAFU emitir resoluciones de autorización o de denegación de funcionamiento provisional a aquellas universidades públicas que hayan iniciado sus trámites después del 28 de junio de 2010 por el plazo de un año, es decir solo hasta el 28 de julio del presente año.

Con la aprobación de este dictamen acumulativo, no queda claro si funcionará o no dentro de poco la Universidad Nacional de Cañete (UNDC). Esta es una situación que llama a preocupación no solo de las autoridades sino del pueblo cañetano en general. Pues es evidente que la segunda disposición del artículo primero del texto sustitutorio, engloba no solamente a las nuevas facultades y escuelas profesionales que puedan crear las universidades con funcionamiento definitivo sino también a las que tienen funcionamiento provisional. La UNDC no tiene siquiera el PDI aprobado.

UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Sin embargo hay que tener en cuenta la Segunda Disposición Transitoria (SDT), que señala que “Los procedimientos para la autorización de funcionamiento provisional de nuevas universidades que se encuentran en trámite ante el CONAFU deben contar con la acreditación del CONEAU”. Es evidente que apunta a las 16 nuevas universidades que tienen plazo hasta el 28 de julio próximo para ser autorizadas provisionalmente por CONAFU.

Siendo prudentes diríamos que la SDT es ambigua y no dice nada respecto a que las 16 nuevas universidades creadas por ley, continúan su proceso de lograr ser autorizadas sus funcionamientos provisionales; solo se refiere a la acreditación de los procedimientos a seguir y esta entra en colisión con la segunda disposición del artículo primero señalado arriba.

Pero esta situación, hace posible que nuestras autoridades cojan este punto para exigir a los congresistas que desarrollando esta SDT se consigne que las universidades ya creadas continúen con los procedimientos para lograr la autorización de funcionamiento provisional. Tenemos plazo hasta antes de la aprobación por el Pleno del Congreso; después, va a ser muy complicada.

Dictamen Acumulativo Moratoria de La Creacion de Universidades

LO QUE NO SE HABLA SOBRE LA MORATORIA EN LA CREACION DE UNIVERSIDADES

Por: FERNAN ALTUVE FEBRES. Doctor en Filosofía.

La reciente propuesta parlamentaria de una moratoria para la creación de nuevas universidades completaría una norma legislativa de no hace mucho tiempo que exoneró a las universidades con fines de lucro del pago de impuestos por sus utilidades. En conjunto las dos medidas consolidarían un oligopolio educativo y un favoritismo tributario para muy pocos privilegiados.

En los últimos años hemos visto la proliferación de un sinnúmero de organizaciones que llevan el nombre de “universidad” pero cuya vocación no ha sido la formación universitaria sino la ampliación de otros giros corporativos. Así tenemos la “universidad-holding” que se ocupa de diversificar negocios ajenos a la educación, la “universidad-inmobiliaria” encargada de ir adquiriendo propiedades a lo largo del país, o la “universidad- partido” cuyo fin es auspiciar alguna opción o líder político.

Todos estos objetivos son ajenos al fin supremo de una verdadera universidad como es la investigación, la excelencia académica o la capacitación profesional. Sin estos fines, las nuevas organizaciones son meras “Universidades-combis” cuya meta es solo el lucro. Por ese lucro desmedido demolieron la búsqueda de la excelencia educativa de antaño, amparándose en el argumento neoliberal de promover los derechos de libre empresa y la libre competencia en la educación. Pero ahora, estas mismas organizaciones recurren al argumento mercantilista de “regular” el sistema universitario propiciando barreras burocráticas que les permitan tener un mercado cautivo de universitarios donde nadie más que ellas pueda beneficiarse.

Si en verdad se quisiera “ordenar” el caos creado por organizaciones con bibliotecas de fotocopias y nula investigación hay que plantar dos medidas que, sin duda alguna, el oligopolio actual no aceptaría:

1. Que las universidades con fines de lucro sean empresas de accionariado difundido, cotizando en Bolsa, pues ellas deben ser supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Si estas empresas tienen una exoneración tributaria es de interés público conocer la transparencia de sus operaciones y sus buenas prácticas corporativas. Además, los padres de familia podrían ahorrar en “acciones universitarias” que en un futuro se pudieran canjear y costear con ese ahorro las carreras de sus hijos.

2. Que el Estado recupere, como antaño, su derecho inalienable de otorgar las licencias profesionales en exámenes públicos. Las nuevas universidades no deben evaluar ellas mismas a los profesionales que forman porque son jueces y parte. Cuando jurados públicos e independientes evalúen a los graduandos veremos la real calidad de cada una de las “universidades-Combis”.

Ante la arbitrariedad de limitar el derecho de cualquiera a constituir una universidad, de la misma forma que aquellos que hoy las tienen, debemos exigir nuestro derecho ciudadano a poder tenerlas con un auténtico carácter académico, sin tener miedo alguno a la participación del accionariado difundido ni a jurados públicos para conceder una licencia profesional.