PUCP acudirá a la Corte Interamericana de DDHH

Litigio.

Alistan expediente que llevarán al tribunal. Califica de “verdad a medias” decir que por ser persona jurídica no pueda ir a otra instancia. Aclara que TC no ordena instalar Junta.La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ratificó que acudirá a una instancia internacional para que se enmienden las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda de amparo que interpuso contra Walter Arturo Muñoz Cho.

Martín Mejorada, asesor legal de la PUCP, dijo que es una mentira afirmar que la universidad no pueda plantear una acción de amparo sobre este tema en un tribunal internacional, pues la Constitución señala expresamente que cuando alguien ha terminado la jurisdicción nacional puede acudir a instancias internacionales. “Esa instancia es la Corte Interamericana (de Derechos Humanos)”, informó Mejorada, quien dijo que él y otros asesores legales de la universidad ya están preparando el expediente.

Verdad a medias

Respecto a la versión de que personas jurídicas no pueden plantear este tipo de demandas ante tribunales internacionales, el abogado aclaró que esa afirmación es una verdad a medias, ya que hay precedentes de personas jurídicas que, a través de sus integrantes, han presentado acciones de amparo.“Eso en el caso de la universidad es sencillo, porque al estar integrada por profesores, alumnos y trabajadores, bastaría que ellos presenten la acción. Es un hecho que no podemos consentir esta sentencia del TC, que es absolutamente parcializada”, refirió.

TC no ordena instalar Junta

Respecto a la próxima instalación de una Junta Administradora que estaría integrada por el rector de la PUCP y el representante del Arzobispado (Muñoz Cho) –en cumplimiento del fallo del TC –, Mejorada precisó que la sentencia denegó la petición de la universidad y dijo que no había violación de su derecho constitucional, “pero que de eso no se colije ninguna orden”. Por eso adelantó que si Cho hiciera un pedido en esa línea, la PUCP simplemente la negaría.Refirió que la defensa legal del Arzobispado de Lima sabe esto, y por ello plantearon una demanda ordinaria ante el 1er. Juzgado Civil pidiendo que se instale la Junta Administradora. Indicó que ese proceso se encuentra en una etapa inicial y podría tardar varios años en resolverse.Mejorada dijo que no han tenido comunicación o recibido alguna solicitud por parte del Arzobispado, luego de la sentencia del TC, pero aseguró que en la PUCP existe una disposición a dialogar.

Amprimo admite falta otro proceso

1] Natale Amprimo, abogado del Arzobispado de Lima, quien en un primer momento afirmó que era inviable que la PUCP pretenda recurrir a tribunales internacionales por ser persona jurídica, ahora admitió que la universidad tenía esa facultad, para lo cual debería iniciar un proceso judicial y agotar la vía interna. “Tendría que señalar qué derecho se les está violando a ellos”, señaló. También reconoció que existe un proceso en el fuero civil para que se defina la administración de los bienes de la universidad.Al respecto, aseguró que en ese proceso se deben tomar en cuenta las posiciones que ha adoptado el Tribunal Constitucional.

2] Tanto la PUCP como el Arzobispado plantearon demandas ante juzgados civiles en el 2008 y 2009. Ambos procesos se han juntado y son uno en el Poder Judicial. Muñoz Cho pidió la administración de todos los bienes de la universidad, lo cual para las autoridades universitarias demuestra que su interés es tener poder económico y político dentro de la PUCP.

Corte argentina declaró inconstitucional indulto a dictador Jorge Videla

BUENOS AIRES. (EUROPA PRESS) La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el ex presidente argentino Carlos Menem al dictador argentino Jorge Videla (1976-1980) y a su ministro de Economía José Martínez de Hoz, por considerar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, según informó este martes el Centro de Información Judicial.

El tribunal argumentó en su sentencia que "el Estado tiene la obligación de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los Derechos Humanos". A lo que añadió que los crímenes de lesa humanidad son considerados "imprescriptibles", por lo que sus responsables pueden ser procesados a pesar del paso del tiempo.

Con este fallo el Supremo ratifica las sentencias emitidas anteriormente por otras instancias judiciales contra el dictador y su ex ministro de Economía por los secuestros del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto que fueron forzados a concretar operaciones con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong.

Diversas organizaciones habían denunciado este hecho ante la Justicia argentina lo que dio lugar al ingreso en prisión en 1988 de Videla, Martínez de Hoz y del ex ministro de Interior del mismo periodo Albano Eduardo Harguindeguy de forma preventiva. El proceso quedó paralizado un año después cuando el ex presidente Menem emitió tres decretos del Poder Ejecutivo entre 1989 y 1990 para conceder el indulto al dictador y a su ministro de Economía.

Sin embargo en junio de 2006 se reabrió el proceso debido a las denuncias presentadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre que ahora podrán seguir adelante con la causa gracias a esta sentencia del Supremo.

El fallo del Alto Tribunal no modificará la situación de Videla, de 85 años de edad, que permanece detenido ya que con anterioridad se anularon otros indultos referidos a diversos delitos de lesa humanidad. Por el contrario, en el caso de Martínez de Hoz este dictamen jurídico podría derivar en un arresto, según informaron fuentes judiciales. Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas unas 30.000 personas, según denuncias de organismos de Derechos Humanos

Pérez de Cuéllar sobre escándalos de corrupción: "No quiero descender a dar comentarios de orden político"

El ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, evitó referirse a los presuntos escándalos de corrupción que en los últimos días han cobrado vigencia debido a la difusión de audios que comprometen a altas autoridades del Gobierno.

Fue durante la condecoración que recibió el diplomático de parte de la Defensoría del Pueblo, entidad que le impuso la “Medalla de la Defensoría 2010”. Además de Pérez de Cuéllar, en el acto fue condecorada la activista por los derechos de los discapacitados Liliana Mayo.

“Estamos en una reunión de un nivel moral muy alto y no quisiera descender a comentarios de orden político interno. Pido respeto para esta reunión que es de carácter exclusivo ético”, manifestó el diplomático al solicitársele su opinión respecto de la forma cómo la corrupción había marcado el segundo gobierno del presidente Alan García.

No obstante, invocó a la unión nacional de todos los partidos políticos teniendo como firme objetivo la consecución de la paz y la justicia para el país.

“Debemos apuntar a que exista justicia distributiva sobre todo, que los peruanos puedan disfrutar de su propia riqueza”, sentenció.

(El Comercio)