viernes, 13 de agosto de 2010

Inversión pública: ni ineficiente ni recalentadora


Por Humberto Campodónico

Es bastante importante la polémica suscitada alrededor del incremento del gasto fiscal en este año, sobre todo en lo que se refiere a la inversión pública. Hay quienes dicen que hay que detener la inversión pública pues eso “recalienta” la economía, tiene un impacto directo sobre el aumento de la inflación y, también, haría que se incumpla la meta de un déficit fiscal no mayor al 1.6% del PBI.

Otros, sobre todo la ministra Mercedes Aráoz, dice que el crecimiento de la inversión pública del 50% en el I Semestre del 2010 (en relación con el 2009) es consecuencia de los “rezagos” del Plan Estímulo del 2009 (es decir, de obras que se comenzaron el año pasado pero recién se están terminando este año).

Asimismo, que en el II Semestre la inversión pública bajará notablemente, que se está notando un aumento de la inflación –pero que es “importada”– y, finalmente, que se cumplirá con la meta del déficit fiscal de 1.6% del PBI. Y, claro, hay un telón político de fondo: estamos en un año electoral en el que existe una tendencia “natural” a un “manejo político” de la economía. Lo que quiere García es un buen resultado en las elecciones regionales y municipales de este año, para que la gente “lo recuerde con cariño” y le vuelva a dar sus votos en el 2016.

Dicho esto, queda todavía mucha tela para cortar, por lo que es siempre importante volver a las cifras. Vemos que la inversión pública (IP) pasó de S/. 8,300 a 10,400 millones (en soles de 1994) del 2008 al 2009, aumentando en 25%. Se puede ver, también, que la IP fue la que más aumentó ese año y contribuyó a que el crecimiento del PBI fuese de 0.9%. Sin ese aumento, el PBI hubiera sido negativo.

Una segunda cuestión es que la IP solo representa el 5.4% del PBI (a pesar de su notable crecimiento). Este nivel de IP es uno de los más bajos de la Región, que tiene una inversión pública promedio de 7% del PBI. Lo que sucede es que, bajo Toledo, la IP solo fue 2.8% del PBI en promedio.

Por tanto, recién estamos regresando a los niveles de IP necesarios para resolver el déficit de infraestructura existente (que, justamente, atenta contra un mayor crecimiento). Por eso, resulta paradójico que se pida que baje la IP cuando se sabe que es necesario que ésta aumente para reducir ese déficit. Pasando al análisis del consumo y de la inversión privada, vemos que en conjunto representan el 87% del PBI, de lejos la parte más importante, ¿no es cierto? Estas dos variables privadas han vuelto a crecer fuerte este año y si bien sus tasas no son tan altas como el 50% de la IP, su contribución al crecimiento del PBI sí lo es, justamente porque son el 87% del PBI. El BCR trata de reducir su crecimiento levantando la tasa de interés. Eso está bien, pero hay demora para que surta efecto.

Con respecto al déficit fiscal, se menciona que el aumento de la IP lo puede elevar por encima del 1.6% del PBI. Puede ser. Pero no se habla de un aumento de los ingresos tributarios para que eso no suceda. Varias veces hemos mencionado que existen alternativas, como la eliminación de las exoneraciones financieras y la reducción de la evasión tributaria, tanto al IGV como a la tercera categoría.

En síntesis, la discusión va a continuar en este año electoral y, claro, hay amigos y enemigos políticos. Pero no hay duda sobre estos hechos macizos: estamos en el sótano de la Región en % de IP sobre el PBI y ésta es necesaria para cerrar las brechas sociales y de infraestructura. Los que ayer criticaban a la IP por “insuficiente” hoy la critican por “recalentadora”. Nunca tuvo el poder de hacer ni lo uno ni lo otro. Salvo mejor parecer.
REDACCIÓN:
Algo que soslaya Campodónico es que Mercedes Araoz ha dicho que el crecimiento del país para este año está encima del 8%, y que para el próximo año no llegará al 5%; y esto evidentemente confirma lo que se decía cuando se nombró a Meche Araoz, como Ministra de Economía, que ella era parte del plan aprista para la campaña electoral.
Otro aspecto fundamental es que este gobierno dice que la inversión privada es la panacea, que sin ella no podemos crecer como país y que por eso no podemos ahuyentar a los privados con renegociar el contrato con PERULNG (de no exportar gas del lote 88), sin embargo oculta que para obras de infraestrutura utiliza las Asociaciones Públicas Privadas (APP) donde el privado no entra si es que el Estado no inyecta enormes sumas de dinero. En buena cuenta, el Estado sigue siendo el gran inversor pero para beneficio de los privados.

Nota de prensa del Rectorado de Universidad Católica (PUCP) frente a la presión indebida sobre el Poder Judicial


Presión indebida sobre el Poder Judicial


Durante la semana pasada hemos asistido a una inmensa presión ejercida contra el Poder Judicial, a fin de que no se administre justicia en los casos que debaten el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero.

La presión ha sido aplicada contra el Juzgado Civil de Lima que lleva adelante dos procesos iniciados paralelamente por el Arzobispado y por la Universidad. Se ha pretendido que se den por concluidos los juicios que actualmente se tramitan y se apliquen los considerandos de la sentencia emitida hace casi cuatro meses por el Tribunal Constitucional en un amparo llevado adelante por las mismas partes.

Esta es una presión contraria a las reglas de la ética más elemental y, además, es ilícita. Al Tribunal Constitucional no le corresponde interpretar testamentos y sus fallos al respecto no pueden ser vinculantes. Nadie, sino las partes en conflicto, debe intervenir ante un juzgado para que se decida un proceso. La Pontificia Universidad Católica del Perú exige que se actúe con respeto a la independencia del Poder Judicial y que cese esta ilícita presión sobre él.

Como parte de esta presión, cuatro miembros del Tribunal Constitucional —quienes aprobaron por mayoría la sentencia dada en el proceso de amparo entre el Arzobispado y la Universidad antes mencionada— dictaron una resolución publicada el pasado 23 de julio. Cabe resaltar que estos cuatro miembros del Tribunal Constitucional han actuado al margen de las reglas que rigen el proceso de amparo: han resuelto ellos sin convocar a los siete miembros del pleno; han procedido con abierta extemporaneidad y sin tener el expediente bajo su competencia; han hecho pasar como “aclaración de la sentencia” dictada tres meses atrás una resolución que lo que pretende es imponer una determinada forma de resolver el juicio al Juzgado Civil que lo lleva adelante.

Además, han pretendido que se establezcan sanciones contra el abogado de la Universidad, Dr. Martín Mejorada, por su defensa en un proceso que no corresponde al Tribunal Constitucional sino al Poder Judicial. Todo esto es una conducta jurídica abiertamente irregular de los cuatro miembros aludidos del Tribunal Constitucional, que debe cesar por el bien del Estado de derecho en el Perú.

A pesar de estas situaciones irregulares, la Universidad está conduciendo su defensa por los cauces de la ley y mantiene su confianza en el Poder Judicial y en que los procedimientos no serán trastornados, como pretende la campaña que aquí denunciamos.



Lima, 10 de agosto de 2010.

Rectorado