Por María Eugenia Yabar*
Hace 41 años, el Perú sufrió devastadoras reformas, una de ellas sino la peor, la agraria, cuyo lema “la tierra es de quien la trabaja”, justificó el arrebatamiento de la propiedad privada sin tener en cuenta las leyes que protegían al propietario. La historia nos ha enseñado que este tipo de medidas no han sido exitosas ni sostenibles a mediano ni a largo plazo.
La reforma agraria desarrollada, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo consecuencias que, 41 años más tarde, las seguimos sufriendo. La agricultura en el Perú hubiera podido ser un sector mucho más fuerte dentro de la economía peruana, de no haber sido por los casi 50 años que sufrió desde la reforma agraria, años que -como muchos analistas han demostrado- no se podrán recuperar nunca más.
Personalmente, la viví de esta manera: antes de la expropiación mi abuela desde Cusco nos enviaba sacos de distintos productos agrícolas que producía sus tierras, luego de la reforma agraria teníamos que enviarle lo mismo comprado en un supermercado de Lima. Ella era una mujer justa. A ella sus trabajadores la eligieron Madre del Año. Desde entonces esas tierras no volvieron a ser rentables ni productivas, sus actuales titulares solo sobreviven y su calidad de vida ha empeorado (en algunos casos han alquilado sus tierras).
Los peruanos debemos conocer nuestra historia para aprender de los errores que en el pasado se cometieron. La historia que no se aprende tiende a repetirse. De ahí la importancia de recordar y subrayar una vez más que la reforma agraria no era necesaria ni la solución a los problemas de ese entonces. Si había terratenientes abusivos, entonces se les debía exigir el cumplimiento de la ley correspondiente. Si la ley no era suficiente, entonces se debía hacer los ajustes correspondientes y enviar a los inspectores laborales para verificar su estricto cumplimiento.
La Comisión Permanente del Congreso revisará la próxima semana el dictamen que establece límites al tamaño de la propiedad agrícola en la costa peruana. Es decir, 41 años después de la reforma agraria, no estamos muy lejos de volver a repetir el escenario. El sentido de cuál será la verdadera situación que deberán atravesar aquellos titulares de tierras agrícolas que posean más del límite permitido es tan incierto como inseguro. Cualquier número será arbitrario, pero paradójicamente válido si está dado por ley. ¿Que pasa si durante el debate lo disminuyen a 20 ó 10 hectáreas? ¿Los actuales propietarios con ‘exceso’ serán expropiados de aquel número de hectáreas que excedan el límite? ¿Quien será a la larga el nuevo propietario? ¿Será mejor que el anterior?
Sobre el proyecto de limitar la posesión de tierras agrícolas se me vienen a la mente los siguientes comentarios:
•Muchas veces, las grandes inversiones son atraídas cuando tienen la posibilidad de acceder a grandes proyectos, los mismos que sólo pueden ser desarrollados en grandes extensiones de terreno, ya que sólo de esa forma se justifica la inversión realizada, en el sentido que al final tendrán mayor producción que ofrecerle al mercado, lo que la que la hará económica y técnicamente viable.
Hace 41 años, el Perú sufrió devastadoras reformas, una de ellas sino la peor, la agraria, cuyo lema “la tierra es de quien la trabaja”, justificó el arrebatamiento de la propiedad privada sin tener en cuenta las leyes que protegían al propietario. La historia nos ha enseñado que este tipo de medidas no han sido exitosas ni sostenibles a mediano ni a largo plazo.
La reforma agraria desarrollada, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo consecuencias que, 41 años más tarde, las seguimos sufriendo. La agricultura en el Perú hubiera podido ser un sector mucho más fuerte dentro de la economía peruana, de no haber sido por los casi 50 años que sufrió desde la reforma agraria, años que -como muchos analistas han demostrado- no se podrán recuperar nunca más.
Personalmente, la viví de esta manera: antes de la expropiación mi abuela desde Cusco nos enviaba sacos de distintos productos agrícolas que producía sus tierras, luego de la reforma agraria teníamos que enviarle lo mismo comprado en un supermercado de Lima. Ella era una mujer justa. A ella sus trabajadores la eligieron Madre del Año. Desde entonces esas tierras no volvieron a ser rentables ni productivas, sus actuales titulares solo sobreviven y su calidad de vida ha empeorado (en algunos casos han alquilado sus tierras).
Los peruanos debemos conocer nuestra historia para aprender de los errores que en el pasado se cometieron. La historia que no se aprende tiende a repetirse. De ahí la importancia de recordar y subrayar una vez más que la reforma agraria no era necesaria ni la solución a los problemas de ese entonces. Si había terratenientes abusivos, entonces se les debía exigir el cumplimiento de la ley correspondiente. Si la ley no era suficiente, entonces se debía hacer los ajustes correspondientes y enviar a los inspectores laborales para verificar su estricto cumplimiento.
La Comisión Permanente del Congreso revisará la próxima semana el dictamen que establece límites al tamaño de la propiedad agrícola en la costa peruana. Es decir, 41 años después de la reforma agraria, no estamos muy lejos de volver a repetir el escenario. El sentido de cuál será la verdadera situación que deberán atravesar aquellos titulares de tierras agrícolas que posean más del límite permitido es tan incierto como inseguro. Cualquier número será arbitrario, pero paradójicamente válido si está dado por ley. ¿Que pasa si durante el debate lo disminuyen a 20 ó 10 hectáreas? ¿Los actuales propietarios con ‘exceso’ serán expropiados de aquel número de hectáreas que excedan el límite? ¿Quien será a la larga el nuevo propietario? ¿Será mejor que el anterior?
Sobre el proyecto de limitar la posesión de tierras agrícolas se me vienen a la mente los siguientes comentarios:
•Muchas veces, las grandes inversiones son atraídas cuando tienen la posibilidad de acceder a grandes proyectos, los mismos que sólo pueden ser desarrollados en grandes extensiones de terreno, ya que sólo de esa forma se justifica la inversión realizada, en el sentido que al final tendrán mayor producción que ofrecerle al mercado, lo que la que la hará económica y técnicamente viable.
•La posición de dominio ni el monopolio están sancionados por el sistema legal peruano, por lo que sería inconstitucional limitarlos como el proyecto pretende.
•Lo que claramente se quiere evitar, por lo menos, es el fin que se desprende del proyecto, este es, posibles abusos de la posición de dominio. Sin embargo, esto ya se encuentra actualmente sancionado por nuestro sistema legal. De hecho, contamos con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, encargado de regular, controlar, fiscalizar y sancionar a aquellos que abusan de la posición de dominio con la que cuentan, por lo que sería innecesaria esta medida, sin perjuicio de los perjuicios que, tal como ocurrió con la reforma agraria, paralizaron el desarrollo del país.
No disfracemos acciones políticas con acciones sociales que ahuyentan a la inversión privada. Tenemos suficientes leyes, sólo se debe conocerlas y exigir su cumplimiento.
* María Eugenia Yabar, abogada, socia encargada del Area Corporativa en el Estudio Olaechea.
REDACCIÓN:
No comparto las opiniones de la Dra. Yábar, la reforma agraria de Velasco fue concebida para una mayor concentración de tierras en un contexto de contención de la explosividad de los campesinos; acabar con la oligarquía decadente para entregárselo al gran capital (véase el ejemplo de Dionisio Romero, hoy es el gran concentrador de tierras). Si Oscar Ramos sólo tuvo quizás 1000 hectáreas, imaginemos el límite que propone Del Castillo de 40,000 hectáreas. El proyecto de limitar implica evidentemente que ya hay capitales con más de 40,000 hectáreas, una tremenda concentración fruto de la globalización.
