sábado, 2 de julio de 2011

La Unión Africana rechaza llevar a cabo la orden de detención de Gadafi



La Unión Africana ha rechazado llevar a cabo la orden de detención del líder libio Muamar al Gadafi de la Corte Penal Internacional. Es el acuerdo al que han llegado en una cumbre en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial.

Pretenden que el texto sirva de base a las negociaciones entre las partes libias.

Un acuerdo común que era necesario, según el líder de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping. “Las crisis como la libia, las crisis como la de Costa de Marfil, las crisis como la de Sudán o Somalia, todas las crisis deberían abordarse en un momento preciso, en el que África tiene, como todos los continentes, puntos de vista que no son forzosamente idénticos. Había que debatir, negociar, hacia una posición común.”

Están de acuerdo en que Gadafi no debe formar parte de las negociaciones. El representante del Consejo Nacional Transitorio de Libia ha celebrado el consenso. “Ahora puedo decir que no la mayoría, pero muchos estados están abiertamente con nosotros. Dijeron incluso en la sesión a puerta cerrada que Gadafi debería dimitir e irse. Pero nadie le apoya, ni de puertas para adentro ni de puertas para afuera.”

euronews: “El objetivo de esta décimo séptima cumbre de la Unión Africana consistía en eliminar desacuerdos sobre el tema libio. Durante dos días, los líderes africanos han discutido, algunos han propuesto, y otros se han enfrentado. Pero finalmente, han adoptado una posición común.”

Le Monde Diplomatique: ESCLAVOS EN EUROPA



Ignacio Ramonet
País: Global, Unión Europea
Tema: Esclavitud, Globalización


Dos siglos después de la abolición de la esclavitud, regresa una práctica abominable: la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 12,3 millones de personas en el mundo se ven sometidas, por redes ligadas a la criminalidad internacional, a la explotación de su fuerza de trabajo en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas.

Tratándose de mujeres, la mayoría son víctimas de explotación sexual mientras muchas otras son específicamente explotadas en el servicio doméstico. También se da el caso de personas jóvenes y en buen estado de salud que, bajo diversos engaños, son privadas de su libertad con el fin de que partes de sus cuerpos alimenten el tráfico ilegal de órganos humanos.

Pero la trata se está extendiendo cada vez más a la captura de personas que sufren explotación de su fuerza de trabajo en sectores de la producción muy necesitados de mano de obra barata como la hostelería, la restauración, la agricultura y la construcción.

A ese tema preciso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dedicó en Viena, los días 20 y 21 de junio pasado, una Conferencia internacional con la participación de autoridades políticas, organismos internacionales, ONGs y reconocidos expertos (1).

Aunque el fenómeno es mundial, varios especialistas subrayaron que la plaga del trabajo esclavo está aumentando imparablemente en el seno mismo de la Unión Europea. El número de casos revelados por la prensa, cada vez más numerosos, sólo constituyen la punta del iceberg. Las organizaciones sindicales y las ONGs estiman que hay en Europa centenares de miles de trabajadores sometidos a la execración de la esclavitud (2).

En España, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido y en otros países de la UE, numerosos migrantes extranjeros, atraídos por el espejismo europeo, se ven atrapados en las redes de mafias que les obligan a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud de antaño. Un informe de la OIT reveló que, al sur de Nápoles, por ejemplo, unos 1.200 braceros extracomunitarios trabajaban 12 horas diarias en invernaderos y otras instalaciones agrícolas sin contrato de trabajo y por sueldos miserables. Vivían confinados en condiciones propias de un campo de concentración, vigilados militarmente por milicias privadas.

Este “campo de trabajo” no es el único en Europa. Se ha descubierto, por ejemplo, en otra región italiana, a centenares de migrantes polacos explotados del mismo modo, a veces hasta la muerte, esencialmente para la recogida de tomates. Se les había confiscado su documentación. Sobrevivían subalimentados en una clandestinidad total. Sus “propietarios” les maltrataban hasta el punto de que varios de ellos perdieron la vida por agotamiento, o por los golpes recibidos, o empujados al suicidio por desesperación.

Esta situación concierne a miles y miles de inmigrantes sin papeles, víctimas de negreros modernos en los más diversos países europeos. Según varios sindicatos, el trabajo clandestino en el sector agrícola representa casi el 20% del conjunto de la actividad (3).

En esta expansión de la trata de trabajadores esclavos, el modelo económico dominante tiene una gran responsabilidad. En efecto, la globalización neoliberal –que se ha impuesto en los tres últimos decenios gracias a terapias de choque con efectos devastadores para las categorías más frágiles de la población– supone un coste social exorbitante. Se ha establecido una competición feroz entre el capital y el trabajo. En nombre del libre-cambio, los grandes grupos multinacionales fabrican y venden en el mundo entero. Con una particularidad: producen en las regiones donde la mano de obra es más barata, y venden en las zonas donde el nivel de vida es más alto. De ese modo, el nuevo capitalismo erige la competitividad en principal fuerza motriz, y establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.

Las empresas multinacionales, al deslocalizar sus centros de producción a escala mundial, ponen en competencia a los asalariados de todo el planeta. Con un objetivo: minimizar los costes de producción y abaratar los salarios. En el seno la Unión Europea, eso desestabiliza el mercado del trabajo, deteriora las condiciones laborales y hace más frágiles los sueldos.

La globalización, que ofrece tan formidables oportunidades a unos cuantos, se resume para la mayoría de los demás, en Europa, a una competencia sin límites y sin escrúpulos entre los asalariados europeos, pequeños empresarios, y modestos agricultores, y sus equivalentes mal pagados y explotados del otro lado del mundo. De ese modo se organiza, a escala planetaria, el dumping social.

En términos de empleo, el balance es desastroso. Por ejemplo, en Francia, en los dos últimos decenios, ese dumping causó la destrucción de más de dos millones de empleos únicamente en el sector industrial. Sin hablar de las presiones ejercidas sobre todos los salarios.

En semejante contexto de desleal competencia, algunos sectores en Europa, en los que existe una carencia crónica de mano de obra, tienen tendencia a utilizar a trabajadores ilegales. Lo cual estimula la importación de migrantes sin papeles, introducidos en el seno de la UE por traficantes clandestinos que en muchos casos les obligan al trabajo esclavo. Numerosos informes evocan claramente la “venta” de braceros agrícolas migrantes.
En el sector de la construcción, muchos trabajadores jóvenes extracomunitarios, sin papeles, se hallan bajo el control de bandas especializadas en la trata de personas, y “alquilados” a empresas alemanas, italianas, británicas o griegas. Estos trabajadores esclavos se ven forzados por las bandas que los explotan a pagar sus gastos de viaje, de alimentación y de alojamiento cuyo total es en general superior a lo que ganan. De tal modo que pronto, mediante el sistema de la deuda, pasan a “pertenecer” a sus explotadores (4).

A pesar del arsenal jurídico internacional que sanciona esos crímenes, y aunque se multipliquen las declaraciones públicas de altos responsables que condenan esa plaga, hay que reconocer que la voluntad política de poner fin a esa pesadilla resulta más bien débil. En realidad, las patronales de la industria y de la construcción y los grandes exportadores agrícolas influyen en permanencia sobre los poderes públicos para que hagan la vista gorda sobre las redes de importación de migrantes ilegales. Los trabajadores sin papeles constituyen una mano de obra abundante, dócil y barata, una reserva casi inagotable cuya presencia en el mercado del trabajo europeo contribuye a calmar los ardores reivindicativos de los asalariados y de los sindicatos.

Los partidarios de una inmigración masiva siempre han sido las patronales. Y siempre por el mismo motivo: abaratar los sueldos. Los informes de la Comisión Europea y de Business Europe (la patronal europea), desde hace decenios, reclaman siempre más inmigración. Los patronos saben que cuanto mayor sea la oferta de mano de obra, más bajos serán los salarios.

Por eso ya no sólo los negreros modernos explotan a los trabajadores esclavos; ahora se está desarrollando una suerte de “trata legal”. Véase, por ejemplo, lo que sucedió en febrero pasado en Italia, en el sector de la industria del automóvil. El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. Enfrentados a la perspectiva del paro y aterrorizados por las condiciones existentes en Europa del Este donde los obreros están dispuestos a trabajar sábados y domingos por salarios miserables, el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación...

En Europa, muchos patronos sueñan, en el marco de la crisis y de las brutales políticas de ajuste, de establecer esa misma “trata legal”, una especie de esclavitud moderna. Gracias a las facilidades que ofrece la globalización neoliberal, amenazan a sus asalariados con ponerlos en competencia salvaje con la mano de obra barata de países lejanos.

Si se quiere evitar esa nociva regresión social, hay que empezar por cuestionar el funcionamiento actual de la globalización. Es hora de comenzar a desglobalizar.





(1) Bajo el título: "Preventing Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation: Decent Work and Social Justice", la Conferencia fue organizada por la Representante especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de seres humanos, Maria Grazia Giammarinaro, y su equipo, en el marco de la Alianza contra la trata de personas.
(2) Léase el informe: Combating trafficking as modern-day slavery: a matter of rights, freedom and security, 2010 Annual Report, OSCE, Viena, 9 de diciembre de 2010.
(3) Léase el informe: The Cost of coercion, OIT, Ginebra, 2009.
(4) Cf. No trabajar solos. Sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa, Confederación sindical internacional, Bruselas, febrero de 2011

Falacias sobre el salario mínimo




Por Humberto Campodónico

En los últimos 5 años el salario mínimo fue aumentado en tres oportunidades: en enero del 2006 subió de 460 a 500 soles mensuales; en enero del 2008, subió a 550 soles mensuales y en febrero del 2011 subió a S/. 600/mes. En total, el salario mínimo ha aumentado en 30%, bastante menos que el PBI en el mismo periodo.

¿Pero cómo está el salario mínimo real, es decir, lo que los trabajadores reciben una vez descontada la inflación? Las estadísticas del Ministerio de Trabajo lo miden en relación a un año base (que han fijado en 1994=100) y éstas nos dicen que estaba en 249 en enero del 2006 y está ahora (a mayo del 2011) en 256. Por tanto, su aumento en términos reales no es de 30% sino de solo 2,8% (256/249).
Se podría decir, sin embargo, que si bien el salario mínimo casi no ha aumentado en estos últimos 5 años, eso sí podría haber sucedido en años anteriores. Pues no. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Trabajo (elaboradas por Julio Gamero), el salario mínimo ha caído de S/. 1400 en 1981 hasta los S/.600 en que está ahora (ver gráfico).

Este enorme deterioro se debió fundamentalmente a dos causas: 1) la hiperinflación de 1987 a 1991, originada en el primer gobierno de Alan García, cuando bajó hasta 400 soles mensuales y, 2) las leyes antiobreras de Fuijmori en el periodo 1992-94, que recortaron los derechos sindicales y permitieron la proliferación de las “services”, lo que hizo que el salario mínimo bajara hasta S/. 180/mes.

De allí en adelante el salario mínimo recuperó una parte de su poder adquisitivo anterior, llegando a S/.600/mes, cifra muy lejana a los S/.1400 de hace 30 años. Esa es la realidad de las cosas. Según Ipsos-Apoyo, un hogar del sector E de Lima gana S/. 730 mes (se considera que dos personas trabajan), lo que no le alcanza y necesitaría S/. 1350/mes para vivir, lo que no se cubre con los dos salarios mínimos actuales (1).

Además de lo señalado, los gobiernos no cumplen con la Ley 27711 y la Ley 28318 (ambas del 2004), que establecen aumentos del salario mínimo cada dos años, mediante una fórmula que toma en cuenta la productividad y la proyección de la inflación futura, la misma que es determinada por el Consejo Nacional del Trabajo.

¿Por qué? Simple y llanamente porque los gobiernos se zurran en los derechos de los trabajadores, lo que no sucede en Chile, Colombia, Brasil y Argentina –que tienen una institucionalidad similar– porque allí sí se cumplen las leyes laborales. Esta es la realidad.

La cuestión es que el aumento del salario mínimo tiene un efecto directo positivo sobre el aumento de la demanda interna, que es clave para el crecimiento económico. Lógico, con un salario tan bajo el nivel de demanda insatisfecha es enorme, motivo por el cual casi el 100% del aumento se destinará al consumo, lo que incluye la producción de las micro y pequeñas empresas.
De otro lado, tampoco es cierto que el aumento del salario mínimo constituye un “sobrecosto” laboral que impide la formalización. En efecto, el DL 1086 (Ley MYPE) que dado para la formalización (reduciendo vacaciones, sueldos y CTS) no ha surtido efecto pues ésta no ha aumentado: solo el 2,53% de las microempresas se acogió a esa ley (2). Lo que sí ha sucedido es que más trabajadores pierdan sus derechos

(1) ¿Por qué son tan bajos los salarios?, www.cristaldemira.com, 21/3/2011.
(2) “PPK: Gato por liebre”, 18/3/2011.