lunes, 2 de agosto de 2010
El agua potable ya es un derecho universal para la ONU
Por Jesús Moreno Abad
La moción aprobada este jueves le concede el mismo valor que el derecho a la vida o a la libertad de expresión, aunque 900 millones de personas no puedan acceder a ella. Los Objetivos del Milenio estipulan que ese número debe reducirse a la mitad en 2015.
El agua potable ya es un derecho, aunque no puedan ejercerlo alrededor de 900 millones de personas en el mundo. Pero, desde este jueves, al menos sobre el papel, es tan universal como el derecho a la vida o a la libertad de expresión: la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con 122 votos a favor y 41 abstenciones reconocer a cualquier ciudadano su derecho acceder a agua potable y limpia en cualquier lugar del mundo.
El texto aprobado, presentado por Bolivia, otorga específicamente a toda persona “el derecho a un agua potable limpia y de calidad e instalaciones sanitarias”, algo “indispensable para gozar plenamente del derecho a la vida". Ningún país ha votado en contra, pero muchos, como Estados Unidos han preferido abstenerse, porque no veían clara su aplicación en el derecho legal internacional y prefieren seguir tratando el tema dentro del Consejo de Derechos Humanos, que se reunirá próximamente en Ginebra. Sin embargo, ya han pasado 15 años desde que comenzó a discutirse esta cuestión en la ONU.
Así, a partir de este momento, el acceso al agua es un derecho solemne; pero para que esté dotado de los mecanismos legales y las infraestructuras necesarias que hagan efectiva la declaración de intenciones aprobada, hay un gran camino por delante.
Dentro del plan de los Objetivos del Milenio de la ONU ya se contempló esta necesidad. De acuerdo a este compromiso, los países deben promover las tecnologías e infraestructuras necesarias para que al menos la mitad de esos 900 millones de personas sin acceso al agua lo tengan en 2015.
Los problemas para acceder al líquido elemento han sido señalados por el portavoz boliviano en la Asamblea, Pablo Solón: “Según el informe del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir, como la diarrea, producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos y medio”.
El acceso al agua mejora, no así la infraestructuras de saneamiento
Los datos facilitados por Solón son demoledores, aunque algo se ha avanzado en la materia desde que hace diez años se declararan los Objetivos del Milenio. Según el informe elaborado por la ONU, sometido al control de la responsable independiente de este área, Catalina Albuquerque, en 1990 sólo el 77% de la población tenía acceso al agua en condiciones salubres, y en 2008 ese porcentaje ya alcanzaba el 87%.
Los avances más grandes se registraron en Asia Oriental, donde el acceso a agua potable mejoró casi un 30% en el período 1990-2008, señala el informe. La cobertura también aumentó en África subsahariana (22% en el mismo período), aunque sigue siendo muy baja, pues sólo alcanza al 60% de la población. En Oceanía no hubo avances en ese período de casi 20 años y la cobertura sigue siendo ínfima (alrededor de 50%).
La brecha entre las áreas rurales y las urbanas es muy importante cuando se consideran los hogares con agua potable por cañería, dice el informe. El porcentaje de gente que disfruta de los beneficios económicos y para la salud que ofrece el suministro de agua por cañería, es más del doble en las áreas urbanas que en las rurales; 79% y 34%, respectivamente.
A pesar de ello, regiones con graves problemas de pobreza, como África septentrional, América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el sudeste asiático ya han alcanzado la meta fijada por los OMD. El organismo es optimista y cree que incluso se superarán los objetivos en 2015.
Otra cuestión bien distinta son los accesos a las infraestructuras de saneamiento básicas. Según la ONU, “al ritmo de avance actual, el mundo no cumplirá con la meta de disminuir en un 50% la cantidad de gente sin acceso a instalaciones sanitarias básicas”. Se calcula que en 2008 había 2.600 millones de personas en todo el mundo no tenían acceso a instalaciones sanitarias. “Si la tendencia continúa, esa cantidad aumentará a 2.700 millones para 2015”, dice el informe.
La triste “excepción peruana” (sobre "necesidad absoluta" del Consenso de Washington)
Por Humberto Campodónico
La tesis del Consenso de Washington sobre la “necesidad absoluta” de privatizar todas las empresas estatales porque son ineficientes per se ha pasado a mejor vida, tanto en el mundo académico como en la práctica de casi todos los países del mundo y, también, de América Latina.
Pero no aquí, como lo acaba de subrayar García: “No creo en el Estado propietario, en el Estado burocrático que ha fracasado y continúa fracasando en los países donde se aplica”. Ni más ni menos que la “excepción peruana”: seríamos el único país del mundo sin empresas estatales. García continúa situando a las empresas públicas en el “corredor de la muerte” donde las puso la Constitución neoliberal de 1993 (Art. 60), que solo las autoriza de manera subsidiaria, es decir, allí donde los privados no quieran entrar.
En el plano académico, esa tesis del Consenso de Washington “ya fue”. Ha merecido críticas a granel de los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman, así como de Dani Rodrik de Harvard. El propio Banco Mundial y el BID han reconocido en varios textos que una de las principales lecciones de los últimos 20 años es que “tienen que ser menos soberbios y no creer que se sabían todas las lecciones”.
La demostración más palpable está en Rusia y China. En Rusia la privatización “a toda mecha” recomendada por el FMI a principios de los 90 llevó a la debacle económica de la cual recién está saliendo. En China, la política es pragmática y dice “hay que cruzar el río tocando las piedras con nuestros propios pies” (y no con los del FMI): hasta hoy cerca del 50% del PBI chino proviene de eficientes empresas estatales.
Claro, pues. El problema principal de la “gobernanza corporativa” de las empresas públicas no es la propiedad, sino la calidad de la gestión. Tan simple como eso.
Si miramos a Petrobrás, a Codelco y la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, o a ECOPETROL de Colombia, veremos a empresas eficientes –en hidrocarburos y minería– con personal honesto, capacitado (los mejores profesionales en su rama), eficiente y, además, dotado con instrumentos de transparencia, los que incluyen la veeduría privada de las compras y las inversiones.
Estas empresas cumplen con objetivos fijados por sus gobiernos en sus respectivos sectores, aportando tributos, divisas y, sobre todo, el cumplimiento de objetivos que esos Estados-Nación consideran estratégicos. Y, ojo, ninguno de estos tres países puede ser tachado de “antisistema”.
En el Perú tenemos un gobierno y una élite nostálgica de las privatizaciones, que “no pudieron alcanzar en su totalidad” debido a la protesta popular. Su respuesta fue “dejarlas ahí”, sin nuevos recursos financieros ni opciones de desarrollo. Solo una prueba al canto: ENAPU tiene un pasivo pensionario de S/. 60 millones anuales que no tienen las privadas, lo que le dificulta competir. ¿Por qué no lo asume el Estado? Porque el objetivo es desprestigiarla para después privatizarla. Así de simple.
El problema más grave de la seudo-tesis de la “excepción peruana” es que no concibe al Estado-Nación como un producto de la sinergia entre Estado y mercado sino como un simple subproducto de la inversión privada, mejor aún si es extranjera. Esta tesis trasnochada acaba de estrellarse contra la pared en los países industrializados, pues se ha demostrado que la “libertad irrestricta” del capital es incompatible con el crecimiento sustentable –menos aún, con una sociedad democrática–, por eso es que ahora el énfasis está en la regulación.
Pero no en el Perú, donde no hay políticas de largo plazo (menos en energía, si no miremos cómo se llevan el gas de Camisea). Lo que hay son políticas de negocios empresariales que no tienen por qué coincidir –y en la mayor parte de los casos no lo hacen– con los intereses nacionales. ¿No es cierto?
La tesis del Consenso de Washington sobre la “necesidad absoluta” de privatizar todas las empresas estatales porque son ineficientes per se ha pasado a mejor vida, tanto en el mundo académico como en la práctica de casi todos los países del mundo y, también, de América Latina.
Pero no aquí, como lo acaba de subrayar García: “No creo en el Estado propietario, en el Estado burocrático que ha fracasado y continúa fracasando en los países donde se aplica”. Ni más ni menos que la “excepción peruana”: seríamos el único país del mundo sin empresas estatales. García continúa situando a las empresas públicas en el “corredor de la muerte” donde las puso la Constitución neoliberal de 1993 (Art. 60), que solo las autoriza de manera subsidiaria, es decir, allí donde los privados no quieran entrar.
En el plano académico, esa tesis del Consenso de Washington “ya fue”. Ha merecido críticas a granel de los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman, así como de Dani Rodrik de Harvard. El propio Banco Mundial y el BID han reconocido en varios textos que una de las principales lecciones de los últimos 20 años es que “tienen que ser menos soberbios y no creer que se sabían todas las lecciones”.
La demostración más palpable está en Rusia y China. En Rusia la privatización “a toda mecha” recomendada por el FMI a principios de los 90 llevó a la debacle económica de la cual recién está saliendo. En China, la política es pragmática y dice “hay que cruzar el río tocando las piedras con nuestros propios pies” (y no con los del FMI): hasta hoy cerca del 50% del PBI chino proviene de eficientes empresas estatales.
Claro, pues. El problema principal de la “gobernanza corporativa” de las empresas públicas no es la propiedad, sino la calidad de la gestión. Tan simple como eso.
Si miramos a Petrobrás, a Codelco y la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, o a ECOPETROL de Colombia, veremos a empresas eficientes –en hidrocarburos y minería– con personal honesto, capacitado (los mejores profesionales en su rama), eficiente y, además, dotado con instrumentos de transparencia, los que incluyen la veeduría privada de las compras y las inversiones.
Estas empresas cumplen con objetivos fijados por sus gobiernos en sus respectivos sectores, aportando tributos, divisas y, sobre todo, el cumplimiento de objetivos que esos Estados-Nación consideran estratégicos. Y, ojo, ninguno de estos tres países puede ser tachado de “antisistema”.
En el Perú tenemos un gobierno y una élite nostálgica de las privatizaciones, que “no pudieron alcanzar en su totalidad” debido a la protesta popular. Su respuesta fue “dejarlas ahí”, sin nuevos recursos financieros ni opciones de desarrollo. Solo una prueba al canto: ENAPU tiene un pasivo pensionario de S/. 60 millones anuales que no tienen las privadas, lo que le dificulta competir. ¿Por qué no lo asume el Estado? Porque el objetivo es desprestigiarla para después privatizarla. Así de simple.
El problema más grave de la seudo-tesis de la “excepción peruana” es que no concibe al Estado-Nación como un producto de la sinergia entre Estado y mercado sino como un simple subproducto de la inversión privada, mejor aún si es extranjera. Esta tesis trasnochada acaba de estrellarse contra la pared en los países industrializados, pues se ha demostrado que la “libertad irrestricta” del capital es incompatible con el crecimiento sustentable –menos aún, con una sociedad democrática–, por eso es que ahora el énfasis está en la regulación.
Pero no en el Perú, donde no hay políticas de largo plazo (menos en energía, si no miremos cómo se llevan el gas de Camisea). Lo que hay son políticas de negocios empresariales que no tienen por qué coincidir –y en la mayor parte de los casos no lo hacen– con los intereses nacionales. ¿No es cierto?
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