Por Humberto Campodónico
A principios de los años 90, ante la ola privatizadora del Consenso de Washington, en el Perú cayeron los principales bancos de fomento, principalmente el Banco Agrario, el Banco Minero, el Banco Industrial y el Banco Hipotecario.
Como parte del mismo proceso cayeron también la gran mayoría de mutuales y cooperativas, aunque en este caso debe decirse que el factor determinante fue la hiperinflación del periodo 1988-1990, que licuó el valor de los préstamos que se habían otorgado a mutualistas y cooperativistas.
Argumentaban los “teóricos” del CdW que la banca de desarrollo, al fomentar el impulso a algunos sectores productivos, impedía que el mercado asignara los recursos económicos de manera eficiente. Agregaban que la administración estatal es ineficiente per se, lo que llevaba al despilfarro de los dineros públicos, a lo que sumaban la corrupción existente.
Pero el CdW no fue asumido por igual en toda América Latina. Por ejemplo, en materia de privatización de activos petroleros solo Argentina, Bolivia y Perú vendieron sus empresas estatales, mientras que el resto prefirió seguir aprovechando la renta petrolera.
En materia de banca de fomento, algunos países recordaron que el nombre verdadero del Banco Mundial sigue siendo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), motivo por el cual no lo privatizaron. No solo eso. En Brasil la banca estatal es la más importante y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el banco de fomento más importante de América del Sur. En Colombia existe el Banco Nacional del Café, producto de exportación de primera importancia para ese país.
La cuestión es que el enfoque ideológico del CdW ya ha sido abandonado hace ya más de una década por los mismos organismos internacionales que lo impulsaron: el FMI, el Banco Mundial y el BID. Hace poco, el Grupo de los 20 países más importantes del mundo proclamó el Consenso de Seúl para el Desarrollo Compartido.
Para eso es necesario pensar el proceso integral de financiamiento del desarrollo. Como dice la Conferencia de Monterrey del 2001, esos recursos pueden provenir del comercio internacional, de la inversión extranjera, de la deuda externa y de la cooperación internacional.
Pero, sobre todo, hay que movilizar los recursos nacionales para el desarrollo, que provienen de los ingresos tributarios, y de la movilización del ahorro a través del sistema financiero privado, las bolsas de valores y los mercados de bonos de deuda interna de largo plazo. En esa movilización la banca de fomento juega un papel clave, lo que aún no sucede en el Perú, ya que todavía el CdW sigue vivo y coleando, apoyado por los grupos empresariales y los “lobbies” que desean mantener el statu quo.
Ahora que comienza a ganar terreno en el Perú el planteamiento de que hay que pasar de las ventajas comparativas (producir minerales) a las ventajas competitivas (que son creadas con innovaciones tecnológicas y proporcionan mayor valor agregado, como sucede en Corea del Sur, Brasil y Finlandia) se necesita una nueva relación entre mercado y Estado, lo que incluye el rol de la banca de desarrollo, así como los nuevos diseños institucionales que permitan avanzar en la agenda de la competitividad.
Es hora de dejar atrás, definitivamente, la década del 90.
A principios de los años 90, ante la ola privatizadora del Consenso de Washington, en el Perú cayeron los principales bancos de fomento, principalmente el Banco Agrario, el Banco Minero, el Banco Industrial y el Banco Hipotecario.
Como parte del mismo proceso cayeron también la gran mayoría de mutuales y cooperativas, aunque en este caso debe decirse que el factor determinante fue la hiperinflación del periodo 1988-1990, que licuó el valor de los préstamos que se habían otorgado a mutualistas y cooperativistas.
Argumentaban los “teóricos” del CdW que la banca de desarrollo, al fomentar el impulso a algunos sectores productivos, impedía que el mercado asignara los recursos económicos de manera eficiente. Agregaban que la administración estatal es ineficiente per se, lo que llevaba al despilfarro de los dineros públicos, a lo que sumaban la corrupción existente.
Pero el CdW no fue asumido por igual en toda América Latina. Por ejemplo, en materia de privatización de activos petroleros solo Argentina, Bolivia y Perú vendieron sus empresas estatales, mientras que el resto prefirió seguir aprovechando la renta petrolera.
En materia de banca de fomento, algunos países recordaron que el nombre verdadero del Banco Mundial sigue siendo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), motivo por el cual no lo privatizaron. No solo eso. En Brasil la banca estatal es la más importante y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el banco de fomento más importante de América del Sur. En Colombia existe el Banco Nacional del Café, producto de exportación de primera importancia para ese país.
La cuestión es que el enfoque ideológico del CdW ya ha sido abandonado hace ya más de una década por los mismos organismos internacionales que lo impulsaron: el FMI, el Banco Mundial y el BID. Hace poco, el Grupo de los 20 países más importantes del mundo proclamó el Consenso de Seúl para el Desarrollo Compartido.
Para eso es necesario pensar el proceso integral de financiamiento del desarrollo. Como dice la Conferencia de Monterrey del 2001, esos recursos pueden provenir del comercio internacional, de la inversión extranjera, de la deuda externa y de la cooperación internacional.
Pero, sobre todo, hay que movilizar los recursos nacionales para el desarrollo, que provienen de los ingresos tributarios, y de la movilización del ahorro a través del sistema financiero privado, las bolsas de valores y los mercados de bonos de deuda interna de largo plazo. En esa movilización la banca de fomento juega un papel clave, lo que aún no sucede en el Perú, ya que todavía el CdW sigue vivo y coleando, apoyado por los grupos empresariales y los “lobbies” que desean mantener el statu quo.
Ahora que comienza a ganar terreno en el Perú el planteamiento de que hay que pasar de las ventajas comparativas (producir minerales) a las ventajas competitivas (que son creadas con innovaciones tecnológicas y proporcionan mayor valor agregado, como sucede en Corea del Sur, Brasil y Finlandia) se necesita una nueva relación entre mercado y Estado, lo que incluye el rol de la banca de desarrollo, así como los nuevos diseños institucionales que permitan avanzar en la agenda de la competitividad.
Es hora de dejar atrás, definitivamente, la década del 90.
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