GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONVOCA AL II CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MAESTROS

Este importante certamen busca elevar el nivel de competencia lectora de los docentes.


(Huacho, martes 17 de julio).

Con el objetivo de elevar los niveles de competencia lectora de los maestros y contribuir a la consolidación de una educación de calidad con equidad, a través de una generación de maestros lectores, el Gobierno Regional de Lima lanzó oficialmente el II Concurso Regional de Comprensión Lectora.

La convocatoria está abierta a todos los docentes de las instituciones educativas públicas y privadas de los diferentes niveles y modalidades de la Región Lima. Las inscripciones serán hasta el día 10 de octubre. Se podrá hacer de manera virtual o presencial, en el área de gestión pedagógica de la UGEL respectiva.

Al momento de la inscripción recibirán un módulo de lectura que consta de 3 libros: Educar para Comunicar, del R.P. Manuel Tamayo; Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma; y Proyecto Educativo Regional PER CARAL. Los dos últimos libros han sido editados exclusivamente para este concurso por el Gobierno Regional de Lima.

En el caso de Tradiciones Peruanas se ha seleccionado un total de 14 narraciones, entre ellas “Las brujas de Ica”, “De esta capa nadie escapa”, “Ahí viene el cuco”, “El obispo chicheñó”, “El chocolate de los jesuitas”, “De cómo a un intendente le pusieron la ceniza en la frente”, “Los dos sebastianes”, “El obispo retruécanos”, “Un caballero de industria”, y “La excomunión de los alcaldes de Lima”.

Por su parte, la edición PER CARAL es un instrumento que orienta la política y gestión educativa regional de Lima, fruto de un consenso democrático entre la sociedad civil y las autoridades educativas local, regional y nacional; contiene los principios, la visión y los objetivos estratégicos del sector al año 2021.

La evaluación se realizará en octubre, el 13 en la Plaza de Armas de Huacho y el 27 en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. El jurado calificador estará conformado por destacados profesionales.

Los primeros lugares del Sur chico y del Norte chico se harán acreedores de 5 mil soles en efectivo y de un pasaje a la ciudad de la Habana, Cuba, donde realizarán una pasantía por el sistema educativo del hermano país centroamericano.

El 2do. y 3er. puesto de cada sede obtendrán 3,500 y 2,500 soles, respectivamente

Piden que elección de magistrados del TC sea de manera individual y no en bloque

Lima, jul. 17 (ANDINA).

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, propuso que la elección de los nuevos magistrados de este organismo se realice de manera individual y no por bloque de postulantes, para garantizar su idoneidad y calidad profesional.

“Soy partidario de evitar la votación en bloque, sino que se haga la elección individuo por individuo para que se haga imposible que pase una persona que no tenga ni la trayectoria, ni el perfil, ni las condiciones adecuadas para este cargo”, declaró a la Agencia Andina.

Consideró que en la próxima legislatura ordinaria, a iniciarse el 27 de julio próximo, el Congreso debe tomar en cuenta más la calidad de los magistrados a ser elegidos, que la velocidad y premura en seleccionar a los mejores juristas.

De acuerdo al ordenamiento interno del TC, cada magistrado tiene un mandato de cinco años, sin posibilidad de reelección.

Conforme a esas disposiciones, hasta el momento dos miembros del Tribunal ya se encuentran en un período extemporáneo de mandato: Juan Vergara y Carlos Mesía. A finales de julio también vence el período de Ricardo Beaumont, mientras que en setiembre ocurrirá lo mismo con Gerardo Eto, Fernando Calle y el propio Ernesto Álvarez.

“No se trata de establecer una velocidad o una prioridad para que ingresen al Tribunal personas que no reúnan el perfil adecuado. Hay un proverbio inglés que dice: para ser un juez, primero es necesario ser una buena persona, y si conoce de derecho, mejor”, precisó el titular del TC.

Recordó que el colegiado interpreta la Constitución y resuelve dentro de su marco un sinnúmero de controversias, muchas de ellas de gran consideración e importancia política, social y económica.

Para Álvarez Miranda esa situación llama a que los congresistas sean sumamente reflexivos y, ante todo, depongan cualquier posibilidad o aparente necesidad política de presentar candidatos allegados a su propio partido.

“Se trata de buscar a las mejores personas, que dentro de una ideología común, dentro de un posicionamiento proclive a la democracia, al respeto de los derechos humanos, a las posiciones políticas moderadas, puedan elegir a los académicos y a los profesionales de mayor trayectoria”, comentó.

En tal sentido, alertó que cualquier persona guiada por “un afán negativo podría hacerle muchísimo daño al Tribunal”.

De malas. Universidad de Cañete recién funcionaría el 2013.

Mientras algunos buscan distraer en temas judicializados o en el tráfico político sobre los límites; nuestra Universidad Nacional de Cañete no funcionará el 2012 hasta próximo aviso.

Creada por Ley 29488 del 22 de Diciembre del 2009, en medio de una gran expectativa, la población cañetana esperaba que pronto abriera sus puertas la nueva alma mater de la formación de sus futuros dirigentes, de sus buenos profesionales. Una expectativa anhelada por años que se hacía realidad.

Pero poco a poco, el mal augurio de la “patadita” de Alan García al no firmar su promulgación, comenzaba hacer estragos:

Primero fue el nombramiento de la Comisión Organizadora, la cual CONAFU demoró en reconocer y para colmo no dio su visto bueno a uno de los comisionados. Hoy continuamos teniendo el mismo problema, nos falta un integrante: el Vicepresidente Académico. La ministra de Educación conoce del asunto desde antes del 7 de Mayo 2012 y aún no se resuelve.

Segundo, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia del Exp. 0017-2008-PI/TC publicada el 17 de Junio de 2010, declaró inconstitucional el art. 2º de la Ley Nº 26439 que asignaba la competencia a CONAFU de autorizar el funcionamiento de universidades. En resolución aclaratoria del 1º de Julio 2010 el TC señaló que “a partir del 18 de Junio de 2010 el CONAFU se encuentra impedido de emitir resoluciones autorizando el funcionamiento provisional o definitivo de una universidad…”

Tercero, ante la situación anterior el Congreso aprobó la Ley Nº 29780 incorporando en las competencias del CONAFU el de autorizar o denegar las solicitudes de autorización provisional de funcionamiento de universidades; y, en su Primera Disposición Complementaria Final se estableció textualmente que la competencia señalada “es por el plazo de un año”. Al haberse publicado la Ley el 27 de Julio del 2011, su plazo de vigencia concluye este 28 de Julio próximo. En este plazo solo dos universidades (de las 16 creadas recientemente, incluida la nuestra) han obtenido autorización de funcionamiento (la de Barranca es una de ellas), 03 con PDI aprobados, 04 con solicitud y 07 no han iniciado sus trámites (acá incluímos la nuestra porque no se ha admitido a trámite su solicitud).

Cuarto, el 17 de mayo 2012, la Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen por mayoría en el que se establecía una moratoria de tres años en la creación de nuevas universidades, de nuevas facultades; situación que nos afectaba muy seriamente. Pero, felizmente para nosotros, ingresó al debate un dictamen en minoría que cuestionaba al de la mayoría, entrampándose así su aprobación en el Pleno del Congreso.

Quinto, el 12 de Junio último, el congresista Julio Rosas Huaranga presentó el Proyecto de Ley Nº 1236-2011/CR que busca modificar la Primera Disposición Complementaria Final (PDCF) de la Ley Nº 29780 (la del plazo de un año), pidiendo que se incorpore el siguiente texto: “Vencido el plazo antes señalado, el CONAFU continuará ejerciendo la competencia antes descrita solo respecto de los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento que ingresaron antes de cumplido el plazo establecido en la presente disposición”.

Lamentablemente la Comisión de Educación del Congreso no ha debatido el Proyecto de Rosas Huaranga, concluyendo así la vigencia del plazo de un año (este 28 de Julio próximo) que estableció la Ley Nº 29780. La nueva Legislatura recién empieza en Agosto, donde indudablemente el Proyecto de Rosas ya no tendría sentido pues la ley a modificar dejó de surtir efectos. Esto hace que algún congresista o Gobierno Local o Regional presente un nuevo proyecto de ley pidiendo un nuevo plazo de vigencia de la competencia de CONAFU para que autorize el funcionamiento de las nuevas universidades.

Todo un proceso de zancadillas, falta de voluntad, dejadez e incertidumbres, que nos han llevado a que el funcionamiento de nuestra Universidad se posponga hasta el próximo año. Cuesta decirlo pero la Comisión Organizadora de la Universidad de Barranca fue más capaz que la nuestra, toda vez que esa Universidad se creó siete meses después que la de Cañete, presentó su PDI (el 16 de Diciembre 2011) tres días después que nosotros y ya tiene su autorización de funcionamiento provisional.

Exijamos que las autoridades locales y regionales logren aprobar en el Congreso una nueva Ley que fije un nuevo plazo para que CONAFU continúe evaluando las solicitudes de autorización de funcionamiento de las universidades señaladas en la Ley Nº 29780, y exigir que la Ministra de Educación nombre de inmediato al Vicepresidente Académico.

Asimismo exigir al Presidente de la Comisión Organizadora que presione al CONAFU para que este de acuerdo a sus normas evalúe nuestra solicitud, claro está que para hacerla efectiva solo tiene plazo hasta el 28 de Julio, después ya el CONAFU no tiene competencia para hacerlo. Solo una nueva Ley le restituiría dicha facultad.

NOTA:
Nos acaban de comunicar que en Junio 2012, el CONAFU emitió la Resolución Nº 313-2012-CONAFU donde se admite a trámite la solicitud de la UNDC y se nombra a la Comisión Calificadora para evaluar el PDI. Reafirmamos la posición de exigir a CONAFU apruebe el PDI antes del plazo establecido por la Ley 29780; hay una interpretación antojadiza que "como se admitió a trámite por consiguiente nos tienen que dar la autorización provisional de funcionamiento" así sea fuera del plazo; esto no es cierto, la normatividad vigente no lo permite.