Ya decíamos el miércoles que había que esperar cual era el Dictamen del Proyecto de Ley 516/2011-CR, para dar una opinión responsable y no nos equivocamos; pero sí nos hemos llevado tremenda sorpresa al saber que quienes nos debieron defender en su momento no lo hicieron y hoy ellos mismos (como Boabdil), lloran lo que no pudieron hacer en su momento.
Esta situación engorrosa que señalamos tangencialmente no es la única si consideramos que el tema está desde el 10 de Noviembre de 2011 en que se presentó el proyecto. El predictamen desde el 10 de Enero para debatirlo en la Comisión; pero no se debatió porque les faltó tiempo y como hubo receso del Congreso recién sesionó el martes, estando señalada en la web del Congreso desde el 28 de febrero. Y todo esto sin que nadie dijera nada.
SORPRESAS QUE DA EL DICTAMEN
Lo que llama a indignación es conocer que la Municipalidad Provincial de Cañete y el Gobierno Regional de Lima supieron del debate, les pidieron su opinión y estos no lo hicieron. A ellos se les envió los oficios P.O. Nº 147-2011/2012-CDRGLMGE/CR y P.O. Nº 148-2011/2012-CDRGLMGE/CR de acuerdo a lo que se señala en el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 516/2011-CR. Esto es lo que menciona el congresista Pedro Spadaro Philipps, en su carta virtual donde hace conocer que retira su firma a favor del proyecto y se abstiene, llamando la atención de las autoridades para que haya una mejor coordinación.
Se nos ha vendido que la Municipalidad Provincial siempre ha estado coordinando con los congresistas afines, que se les envía documentación; pero la realidad es que no lo han hecho, mientras quienes sí lo hicieron fueron la Municipalidad Provincial de Huaura, la de Canta y la de Barranca, además de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros con un texto diferente al del proyecto. Del Gobierno Regional de Lima seguramente hicieron mutis para no generarse problemas con las provincias enfrentadas, aunque pudieron haber dicho que respetaban lo que dice el art. 32 de la ley de Bases de Descentralización.
ANÁLISIS DEL DICTAMEN
Parte el análisis por observar el “ligero” cambio poblacional a favor de Cañete y lo señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. 04117-2010-PA/TC) que “es necesario analizar y contar previamente con informe” del INEI y que la “norma legal está sujeto a interpretaciones dispares”, aspectos que hemos cuestionado reiteradamente; luego se menciona:
a) que “la organización e instalación de gobiernos regionales en los actuales departamentos constituye la fase inicial de un proceso de regionalización”.
b) se refiere parcialmente a los cambios poblacionales, pero no señala que cada vez Cañete tiene más población que Huaura como lo dice el mismo INEI; recogiendo erróneamente la ratio legis de la Ley 27795, confundiendo traslado de sede por cumplimiento de la ley con el traslado por acuerdo de los consejeros; y,
c) considera adicionalmente, que el traslado de la sede implica un conjunto de costos directos e indirectos, aunque al final dice que esos costos pueden ser asumidos.
Lo que se puede observar es que si se va a “precisar y aclarar lo señalado en el art. 32 de la Ley de Bases de descentralización” como dice el Dictamen, este debió argumentar porque Huacho es Sede Regional y no Cañete.
Al final concluyen con el TEXTO SUSTITUTORIO siguiente:
“ARTÍCULO 32º.- Sede Regional
Mientras dure el proceso de integración y conformación de regiones, la sede del gobierno regional es la capital del departamento respectivo; y en el caso del departamento de Lima, la sede del gobierno regional es la ciudad de Huacho.”
El dictamen se aprobó por mayoría, la aprobaron 8 congresistas de 14. Lo que señala evidentemente que el dictamen no ha sido convincente.
¿QUÉ HACER?
La aprobación por mayoría y no por unanimidad tiene sus consecuencias al momento del debate en el Pleno. Un dictamen por unanimidad no requiere mayor debate porque se presume que todas las bancadas están de acuerdo y solo intervienen los representantes de cada bancada por un tiempo limitado; sin embargo un acuerdo por mayoría lleva a mayor debate en el Pleno tanto en el número de participantes como en el tiempo que dispone cada uno.
Ahora con una actitud de diálogo de Pedro Spadaro se abre la posibilidad de bloquear el dictamen del Proyecto Nº 516/2011-CR, por ser un dictamen parcializado, orientado por opiniones de alcaldes del norte de la región y no sentar posición del espíritu de la norma del art. 32 de la Ley de bases de descentralización.
Se exige a nuestras autoridades responsabilidad, seriedad y oportunidad en asuntos de suma importancia para nosotros. Además del tema de la Sede Regional:
1) está el de los límites donde no se hace nada por desarchivar el Proyecto de Ley Nº 10861/2003-PE que se basa en el Informe Técnico Nº 001-2004-PCM/DNTDT, siendo una cuestión muy sencilla;
2) en el asunto de la derivación de las aguas del Río Cañete hacia la “región Ica”, el congresista Zerillo ha presentado el Proyecto de Ley Nº 831/2011-CR el 22 de febrero de 2012, en el que pide la derogación del art. 1, numeral 2, inciso q) de la Ley Nº 29777, que es la pertinente y conflictiva con nosotros, además que el 09 de Noviembre de 2011 la Comisión Agraria del Congreso pidió que la Autoridad Nacional del Agua hiciera consulta a los pueblos de Huancavelica e Ica en un plazo de 60 días hábiles (que ya concluyó) y no se dijo que lo hicieran también en Cañete. Nuestras autoridades ni siquiera conocen de esto.
3) en el asunto de la Universidad, el lunes se debatirá en la Comisiñon de Educación el proyecto de Ley que busca establecer una moratoria de 5 años para la creación de nuevas universidades, la que tendría repercusión en nuestra Universidad porque no tiene licencia de funcionamiento provisional, no tiene completa su comisión organizadora y quien debe de nombrarlo es la misma persona quien pide que la moratoria sea de 10 años, es decir la Ministra de Educación. Basta ver el numeral II Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional del Proyecto de Ley Nº 807/2011-CR para entender lo que decimos.
Esperamos que la reunión en Nuevo Ayacucho sea la propicia para acordar que congresista va asumir el desarchivamiento del proyecto de ley mencionado. Qué congresista va a exigir que se haga consulta sobre la ley 29777 también acá en Cañete; qué congresistas defenderán que nuestra Universidad no sea tocada por la moratoria; y Pedro Spadaro sea quien lleve nuestra posición en el asunto de la Sede Regional. Son cosas prácticas y puntuales
