El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, firmó el jueves la concesión pública para la construcción de la gigante hidroeléctrica Belo Monte en el corazón de la Amazonía, que sería la tercera mayor del mundo y a la que se oponen comunidades locales e indígenas.
"Estamos haciendo posible algo que por treinta años parecía imposible (...) es una victoria del sector energético", declaró Lula en el evento oficial que marcó el punto de partida para la faraónica obra que será construida en el interior del estado de Pará (norte), junto al río Xingú.
El gobierno se ha empeñado intensamente en el proyecto y las empresas estatales detentan 49,98% de participación en el consorcio que lo construirá. Se estima sin embargo que la influencia del gobierno sobrepasará 70% con la participación de fondos de pensión de funcionarios de empresas públicas.
Completan el consorcio de capital brasileño grandes constructoras privadas.
La obra espera todavía la autorización del gubernamental Instituto de Medio Ambiente aunque, para acelerar su inicio, los constructores ya pidieron una licencia parcial que permita lanzar esa obra tal vez en setiembre, informó el director de la Agencia de la Energía Eléctrica, Nelson Hubner.
Con la oficialización de la concesión, el gobierno "está firmando la sentencia de muerte del río Xingú y la expulsión de miles de ciudadanos de sus tierras a orillas del río", declararon en una carta indígenas, comunidades locales y ONG que se oponen al proyecto, con apoyo de la Iglesia católica.
Con 11.200 MW de potencia que serán equivalentes al 11% de la capacidad instalada del país, y un costo de 11.000 millones de dólares, la gigante represa pretende ser la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
Según datos oficiales, el proyecto empleará 20.000 personas directamente en la construcción, inundará un área de 500 km2 junto al río Xingú y provocará 16.000 desplazados.
"Vamos a convencerles (a los que se oponen a la obra) de que estamos trabajando en serio en la cuestión social (...) y de que estamos tomando en serio la cuestión ambiental", aseguró Lula este jueves.
El gobierno asegura que la obra no afectará a comunidades indígenas y que prevé suficientes medidas de mitigación para las comunidades locales.
El director de la taquillera película "Avatar", el canadiense James Cameron, ha dado eco internacional a la campaña contra la represa, que visitó antes de la licitación. Y también el cantante británico Sting, que el año pasado invitó al líder indígena Raoni al palco en un concierto en Sao Paulo para denunciar Belo Monte.
"Nuestra tienda de abastecimientos es la selva, nuestro supermercado el río", expresaron 62 líderes indígenas en un manifiesto contra la obra.
La procuradoría regional intenta parar la obra por considerar que requerirá de "excavaciones equivalentes a la obra del canal de Panamá" y duplicará la población regional, con decenas de miles que llegarán buscando trabajo, lo que significa más presión sobre la tierra, deforestación y demanda de servicios que son escasos en la Amazonía, dijo recientemente a la AFP el procurador Ubiratan Gazetta.
Los críticos también cuestionan que la obra está siendo impulsada con recursos públicos.
"El gobierno Lula volvió al modelo utilizado en los gobiernos militares. La estatal, en este caso Eletrobras, enfrenta el riesgo de la obra con dinero del contribuyente y contrata a las grandes constructoras (privadas) para construirla", reclamó el director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires.
© ANP/AFP
"Estamos haciendo posible algo que por treinta años parecía imposible (...) es una victoria del sector energético", declaró Lula en el evento oficial que marcó el punto de partida para la faraónica obra que será construida en el interior del estado de Pará (norte), junto al río Xingú.
El gobierno se ha empeñado intensamente en el proyecto y las empresas estatales detentan 49,98% de participación en el consorcio que lo construirá. Se estima sin embargo que la influencia del gobierno sobrepasará 70% con la participación de fondos de pensión de funcionarios de empresas públicas.
Completan el consorcio de capital brasileño grandes constructoras privadas.
La obra espera todavía la autorización del gubernamental Instituto de Medio Ambiente aunque, para acelerar su inicio, los constructores ya pidieron una licencia parcial que permita lanzar esa obra tal vez en setiembre, informó el director de la Agencia de la Energía Eléctrica, Nelson Hubner.
Con la oficialización de la concesión, el gobierno "está firmando la sentencia de muerte del río Xingú y la expulsión de miles de ciudadanos de sus tierras a orillas del río", declararon en una carta indígenas, comunidades locales y ONG que se oponen al proyecto, con apoyo de la Iglesia católica.
Con 11.200 MW de potencia que serán equivalentes al 11% de la capacidad instalada del país, y un costo de 11.000 millones de dólares, la gigante represa pretende ser la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
Según datos oficiales, el proyecto empleará 20.000 personas directamente en la construcción, inundará un área de 500 km2 junto al río Xingú y provocará 16.000 desplazados.
"Vamos a convencerles (a los que se oponen a la obra) de que estamos trabajando en serio en la cuestión social (...) y de que estamos tomando en serio la cuestión ambiental", aseguró Lula este jueves.
El gobierno asegura que la obra no afectará a comunidades indígenas y que prevé suficientes medidas de mitigación para las comunidades locales.
El director de la taquillera película "Avatar", el canadiense James Cameron, ha dado eco internacional a la campaña contra la represa, que visitó antes de la licitación. Y también el cantante británico Sting, que el año pasado invitó al líder indígena Raoni al palco en un concierto en Sao Paulo para denunciar Belo Monte.
"Nuestra tienda de abastecimientos es la selva, nuestro supermercado el río", expresaron 62 líderes indígenas en un manifiesto contra la obra.
La procuradoría regional intenta parar la obra por considerar que requerirá de "excavaciones equivalentes a la obra del canal de Panamá" y duplicará la población regional, con decenas de miles que llegarán buscando trabajo, lo que significa más presión sobre la tierra, deforestación y demanda de servicios que son escasos en la Amazonía, dijo recientemente a la AFP el procurador Ubiratan Gazetta.
Los críticos también cuestionan que la obra está siendo impulsada con recursos públicos.
"El gobierno Lula volvió al modelo utilizado en los gobiernos militares. La estatal, en este caso Eletrobras, enfrenta el riesgo de la obra con dinero del contribuyente y contrata a las grandes constructoras (privadas) para construirla", reclamó el director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires.
© ANP/AFP
