Proponen crear Comisión Especial Revisora.
Es probable que los efectos de la nueva norma afecten a la Universidad de Cañete.
Se establecería una moratoria para la creación de universidades públicas y privadas, por un período de tres años, y se formaría una Comisión Especial Revisora de la nueva Ley Universitaria, en caso de prosperar la aprobación del dictamen de un proyecto de ley que propone la prohibición y autorización para el funcionamiento de nuevos centros superiores de estudios.
El debate final de la propuesta, presentada por el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN), se inició hoy lunes 7 en la sesión que realizó la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con la presidencia de la congresista Karla Schaefer Cuculiza (GPF).
La propuesta también sugiere suspender, por el mismo período, la creación y autorización de funcionamiento de facultades, escuelas profesionales, secciones de post grado o unidades académicas de formación profesional, así como filiales de universidades públicas y privadas, creadas bajo cualquier modalidad, y el ingreso en la modalidad de educación a distancia a cualquier centro universitario que no se encuentre acreditado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU).
Zeballos, en su sustentación, manifestó que el proyecto de ley tiene por finalidad definir una política de Estado que se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria, en el marco de un sistema educativo superior con estándares de acreditación que apruebe el CONEAU.
Explicó que se propone constituir una Comisión especial encargada de revisar, ordenar, unificar y sistematizar la normatividad que regula las universidades para elaborar un anteproyecto de la nueva Ley Universitaria, para lo cual convocará y coordinará a nivel nacional con los diversos sectores, instituciones o personas que tuvieran interés en emitir opiniones o sugerencias.
Señaló que la comisión estará integrada por dos congresistas, dos representantes del Poder Ejecutivo (ministerios de Economía y de Educación), un representante de las universidades públicas y otro de las universidades privadas, un funcionario del CONEAU y un delegado del CEPLAN, así como miembros del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, de los organismos universitarios y de los gremios empresariales.
El dictamen fue apoyado por parlamentarios de diferentes bancadas, lo que hace prever que sería aprobado en la próxima sesión de la Comisión de Educación que se realizará el próximo lunes 14, según acordaron los integrantes de ese grupo de trabajo.
