REDACCIÓN: Tener en cuenta que ya hay un contrato del 2004 por el cual el lote Z-33 ya está terminando la fase de exploración y en el 2011 entra a explotarse; este lote Z-33 es el que baña las costas de todo Cañete, Chincha y parte de Pisco; mientras que el lote Z-52 apenas toca a Cañete pero alejada de las costas y es de este lote que habla el Editorial de El Comercio y son (junto a Lote Z-51) los recientemente firmados contratos por Perú Petro. Aclarando un tema: los estudios de impacto ambiental presentados por la Municipalidad de Cerro Azul es referido al Lote Z-33, lo que se debería ampliar al Lote Z-53 que es un lote paralelo al Lote Z-33, cuya firma del contrato se suspendió por el asunto de los petroaudios.
VÉASE el mapa de los lotes en:
http://www.perupetro.com.pe/downloads/MAPACNT.pdf
http://www.perupetro.com.pe/downloads/MAPACNT.pdf
EL COMERCIO
Perú-Petro ha suscrito contratos de exploración y explotación petrolera con la compañía Savia Perú (antes Petro-Tech) en dos lotes submarinos frente a la costa limeña que abarcan, cada uno, 875 mil hectáreas. Se trata de los lotes Z-51 y Z-52 que van desde Huacho hasta Cañete.
Un tema que cae de sorpresa a los habitantes de esas provincias litorales y, por supuesto, a los vecinos de la capital. He aquí un tema más para el debate municipal y una realidad que quizá nos ayude a comprender el porqué del descontento de los habitantes de otras regiones del país frente a este tipo de concesiones. Vecinos de Lima, deportistas y pescadores artesanales ya han manifestado su preocupación frente a un tema que puede afectar su cotidianidad, sus costumbres, sus espacios de esparcimiento veraniego y su fuente de trabajo.
El tema trae inevitablemente a colación el mayor desastre ecológico de la historia, el derrame petrolífero en el Golfo de México. Como se recordará, una plataforma marina de British Petroleum (BP) explotó hace tres meses, el 20 de abril, en esa zona costera de Estados Unidos y recién esta semana se ha empezado a controlar el petróleo derramado, que ha aflorado incesantemente en cantidades que sobrepasan los 2 millones 190 mil barriles, según los cálculos más conservadores.
Los estragos causados por el gigantesco derrame de BP son profundos y pasarán décadas hasta que el medio ambiente contaminado regrese a su estado anterior a la tragedia. No solo se ha afectado el rico y diverso ecosistema marino en el golfo, con toda su potencialidad de pesca, sino que se ha dañado el hábitat y centro de reproducción de especies en riesgo de extinción, amén de haber afectado las playas de hasta tres estados. Las pérdidas para la industria pesquera, turística y gastronómica se calculan en varios miles de millones de dólares.
BP ha tenido que crear un fondo para indemnizar a los pescadores y otros afectados que ha resultado insuficiente de cara a los daños de mediano y largo plazo, difícilmente cuantificables. Las consecuencias políticas del desastre han afectado la imagen y popularidad del presidente Barack Obama.
Hoy los estadounidenses, especialmente los damnificados del sur, han tomado conciencia de la magnitud del desastre ecológico y exigen mayores medidas de sanción y prevención.
Volviendo a nuestra realidad es necesario revaluar la pertinencia de la muy probable instalación de plataformas petroleras a mediano plazo frente a las playas limeñas. En las playas norteñas —en las que ha proliferado la extracción de lotes submarinos— ya se han sucedido una serie de derrames (felizmente pequeños y prontamente controlados), mientras lugares como el emblemático Cabo Blanco ha visto su paisaje y horizonte alterados por la presencia de estas inmensas estructuras.
Hay una serie de factores que ha debido evaluar el ente estatal al tiempo de decidir cómo, cuándo y en qué condiciones se han entregado en concesión los lotes petroleros en el zócalo continental.
No solo se ha de evitar la contaminación del fondo marino y del mar, sino obligar a las compañías a revisar sus sistemas de seguridad y garantizar que las actividades contarán con la necesaria licencia social de los grupos que se verán afectados.
Un tema que no parece haberse tomado en cuenta a la hora de concesionar estos lotes es que se encuentran en una zona de alto riesgo sísmico y donde los expertos —frente a la teoría del silencio sísmico— prevén un terremoto de proporciones en los próximos veinte años.
Por principio, promovemos la inversión privada en un modelo de economía social de mercado, competitiva y responsable. Sin embargo, ante accidentes tan nefastos como el de BP en el Golfo de México tenemos que enfatizar la necesidad de proteger tanto el ecosistema marino cuanto la calidad de vida de los ciudadanos y de los espacios naturales en zonas densamente pobladas como la costa limeña.
En tal sentido sería pertinente contar con una consulta ciudadana. La democracia es, recordémoslo, un sistema en el que la opinión de la ciudadanía debe estar representada y ser tomada en cuenta. Y es este acápite el que quizá nos ayude a comprender desde el centro urbano, moderno y desarrollista la preocupación y exigencia de consultas de los pobladores de las zonas rurales frente a actividades que consideran puedan afectar las fuentes de agua, los ríos y el ecosistema del que depende su supervivencia y forma de vida.
Daniel Saba, de Perú-Petro, ha expresado que a través de estas y otras concesiones se espera incrementar en 200% la producción hidrocarburífera. Falta saber la opinión de los asiduos concurrentes a las playas: veraneantes, deportistas y pescadores artesanales.
Un tema que cae de sorpresa a los habitantes de esas provincias litorales y, por supuesto, a los vecinos de la capital. He aquí un tema más para el debate municipal y una realidad que quizá nos ayude a comprender el porqué del descontento de los habitantes de otras regiones del país frente a este tipo de concesiones. Vecinos de Lima, deportistas y pescadores artesanales ya han manifestado su preocupación frente a un tema que puede afectar su cotidianidad, sus costumbres, sus espacios de esparcimiento veraniego y su fuente de trabajo.
El tema trae inevitablemente a colación el mayor desastre ecológico de la historia, el derrame petrolífero en el Golfo de México. Como se recordará, una plataforma marina de British Petroleum (BP) explotó hace tres meses, el 20 de abril, en esa zona costera de Estados Unidos y recién esta semana se ha empezado a controlar el petróleo derramado, que ha aflorado incesantemente en cantidades que sobrepasan los 2 millones 190 mil barriles, según los cálculos más conservadores.
Los estragos causados por el gigantesco derrame de BP son profundos y pasarán décadas hasta que el medio ambiente contaminado regrese a su estado anterior a la tragedia. No solo se ha afectado el rico y diverso ecosistema marino en el golfo, con toda su potencialidad de pesca, sino que se ha dañado el hábitat y centro de reproducción de especies en riesgo de extinción, amén de haber afectado las playas de hasta tres estados. Las pérdidas para la industria pesquera, turística y gastronómica se calculan en varios miles de millones de dólares.
BP ha tenido que crear un fondo para indemnizar a los pescadores y otros afectados que ha resultado insuficiente de cara a los daños de mediano y largo plazo, difícilmente cuantificables. Las consecuencias políticas del desastre han afectado la imagen y popularidad del presidente Barack Obama.
Hoy los estadounidenses, especialmente los damnificados del sur, han tomado conciencia de la magnitud del desastre ecológico y exigen mayores medidas de sanción y prevención.
Volviendo a nuestra realidad es necesario revaluar la pertinencia de la muy probable instalación de plataformas petroleras a mediano plazo frente a las playas limeñas. En las playas norteñas —en las que ha proliferado la extracción de lotes submarinos— ya se han sucedido una serie de derrames (felizmente pequeños y prontamente controlados), mientras lugares como el emblemático Cabo Blanco ha visto su paisaje y horizonte alterados por la presencia de estas inmensas estructuras.
Hay una serie de factores que ha debido evaluar el ente estatal al tiempo de decidir cómo, cuándo y en qué condiciones se han entregado en concesión los lotes petroleros en el zócalo continental.
No solo se ha de evitar la contaminación del fondo marino y del mar, sino obligar a las compañías a revisar sus sistemas de seguridad y garantizar que las actividades contarán con la necesaria licencia social de los grupos que se verán afectados.
Un tema que no parece haberse tomado en cuenta a la hora de concesionar estos lotes es que se encuentran en una zona de alto riesgo sísmico y donde los expertos —frente a la teoría del silencio sísmico— prevén un terremoto de proporciones en los próximos veinte años.
Por principio, promovemos la inversión privada en un modelo de economía social de mercado, competitiva y responsable. Sin embargo, ante accidentes tan nefastos como el de BP en el Golfo de México tenemos que enfatizar la necesidad de proteger tanto el ecosistema marino cuanto la calidad de vida de los ciudadanos y de los espacios naturales en zonas densamente pobladas como la costa limeña.
En tal sentido sería pertinente contar con una consulta ciudadana. La democracia es, recordémoslo, un sistema en el que la opinión de la ciudadanía debe estar representada y ser tomada en cuenta. Y es este acápite el que quizá nos ayude a comprender desde el centro urbano, moderno y desarrollista la preocupación y exigencia de consultas de los pobladores de las zonas rurales frente a actividades que consideran puedan afectar las fuentes de agua, los ríos y el ecosistema del que depende su supervivencia y forma de vida.
Daniel Saba, de Perú-Petro, ha expresado que a través de estas y otras concesiones se espera incrementar en 200% la producción hidrocarburífera. Falta saber la opinión de los asiduos concurrentes a las playas: veraneantes, deportistas y pescadores artesanales.
