Ratifican condena a ex viceministro de Justicia de gobierno aprista Gerardo Castro.

Ex funcionarios Gerardo Castro Rojas y Adriana Pérez Guedes, fueron condenados como autores del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo

Lima, abr. 12 (ANDINA).

La Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial confirmó la condena a cinco años de pena privativa de libertad contra el exviceministro de Justicia durante la gestión aprista Gerardo Castro Rojas, por haber entregado 10,000 dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para favorecer a pesqueras lambayecanas.

Gerardo Castro Rojas y Adriana Pérez Guedes fueron condenados como autores del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo, informó el Poder Judicial.

La sala, integrada por la doctora Susana Castañeda Otsu, Ramiro Salinas Sicchia y Sara Maita Dorregaray, confirmó la condena a cinco años de pena privativa de libertad, la misma que fuera emitida el 21 de diciembre del año pasado contra el exfuncionario del Ministerio de Justicia.

Además aumentó la reparación civil de 5,000 nuevos soles impuesta a Gerardo Castro Rojas y Adriana Pérez Guedes fijándola en 15,000 soles, que deberán pagar en forma solidaria a favor del Estado peruano.

Castro Rojas y Pérez Guedes fueron sentenciados por el delito de cohecho activo al ser procesados por entregar dinero a un funcionario público del Ministerio de la Producción a fin de favorecer a los propietarios de embarcaciones de pesca artesanal en Lambayeque.

El exviceministro de Justicia adelantó que apelará esta decisión ante la Corte Suprema. Él defendió su inocencia y denunció que fue víctima de una presunta celada por parte del entonces ministro de la Producción Jorge Villasante, para tapar los casos de corrupción del sector.

Castro Rojas cumplirá su condena en el Penal para Reos Primarios, antes San Jorge; mientras que Pérez Guede, en el Penal de Mujeres de Chorrillos, antes Santa Mónica

Congresista Elías ahora busca desaparecer límite policial entre Cañete y Chincha

Mientras los ojos y oídos del país estaban al tanto del rescate de los mineros en Ica, así como del secuestro de trabajadores de Camisea por un grupo mercenarios ligado al narcotráfico, el congresista José Luis Elías siguiendo con su campaña politiquera sobre los límites entre Cañete y Chincha, intervino en el Pleno del Congreso, de ayer miércoles 11 de Abril, para pedir al Director General de la Policía y al Ministro del Interior que atiendan su petición de dejar sin efecto la Resolución Directoral N.° 551-2003 firmada el 27 de febrero de 2003 por el entonces director Eduardo Pérez Rocha cuando estableció a la Policía un límite político entre Chincha y Cañete.

Alturado y buscando que llamar la atención exclamaba: "Quiero exhortar al ministro para que este tema se vea lo antes posible, ¿por qué? Porque la población de Grocio Prado, como es atendida por esta resolución, con la Policía de Cañete; tiene que ir la población chinchana hasta Cañete porque a la Policía lo sigue la Fiscalía, entonces tenemos un problema acá de territorialidad"

Evidentemente el congresista José Luis Elías estás buscando llamar la atención en todos los terrenos para seguir traficando con el tema de los límites, primero estuvo buscando desaparecer a la IE Andrés Avelino Cáceres, no lo consiguió, pues la Ministra Salas fue bien clara al respecto; ahora busca desaparecer la Resolución Directoral de la Policía que fija la circunscripción policial. Más adelante, cuando el tema policial se agote, se irá contra la Autoridad Nacional del Agua que fija a la Cuenca del Río Topará dentro de la Jurisdicción de la Administración Local de Agua Mala-Omas-Cañete.

Lo que no se puede quitar a José Luis Elías es la persistencia en sus posiciones, de luchar en todos los foros donde sea posible; una situación que por estas tierras les falta a nuestras autoridades.

Hoy continúa la reunión del Pleno del Congreso en cuyo agenda hay dos temas que se refieren a la región:

1º El debate del dictamen del Proyecto de Ley 516-2011 que propone modificar el artículo 32 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización fijando a Huacho como sede del Gobierno Regional de Lima;

2º La moción Nº 1170, del congresista Simon Munaro, mediante la cual propone que el Congreso de la República cree una comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades que estarían acaeciendo en la gestión del señor Javier Alvarado Gonzáles del Valle, presidente del Gobierno Regional de Lima, la misma que realizarría sus funciones en el plazo de 120 días. Esta moción fue presentada el 8 de Noviembre 2011, solicitada por Lita Román cuando fue desembarcada de la Presidencia del GORELI.