viernes, 29 de abril de 2011

Le Monde diplomatique: La era post-nuclear


Ignacio Ramonet
País: Japón, Ucrania, Global
Tema: Energía nuclear, Catástrofe ecológica


Fukushima marca, en materia de energía atómica, el fin de una ilusión y el comienzo de la era post-nuclear. Clasificado ahora de nivel 7, o sea el más alto en la escala internacional de los incidentes nucleares (INES), el desastre japonés ya es comparable al de Chernóbil (ocurrido en Ucrania en 1986) por sus “efectos radiactivos considerables en la salud de las personas y en el medio ambiente”.

El seísmo de magnitud 9 y el descomunal maremoto que, el pasado 11 de marzo, con inaudita brutalidad, castigaron el noreste de Japón, no sólo originaron la actual catástrofe en la central de Fukushima sino que dinamitaron todas las certidumbres de los partidarios de la energía nuclear civil.

Con decenas de construcciones de centrales atómicas previstas en innumerables países, la industria nuclear, curiosamente, se hallaba viviendo su época más idílica. Esencialmente por dos razones. Primero, porque la perspectiva del “agotamiento del petróleo” antes de finales de este siglo, y el crecimiento exponencial de la demanda energética por parte de los “gigantes emergentes” (China, la India, Brasil) la convertían en la energía de sustitución por excelencia (1). Y segundo, porque la toma de conciencia colectiva ante los peligros del cambio climático, causado por los gases de efecto invernadero, conducía paradójicamente a optar también por una energía nuclear considerada como “limpia”, no generadora de CO2.

A estos dos argumentos recientes, se sumaban los ya conocidos: el de la soberanía energética y menor dependencia respecto a los países productores de hidrocarburos; el bajo coste de la electricidad así creada; y, aunque parezca insólito en el contexto actual, el de la seguridad, con el pretexto de que las 441 centrales nucleares que hay en el mundo (la mitad de ellas en Europa occidental), sólo han padecido, en los últimos cincuenta años, tres accidentes graves...

Todos estos argumentos –no forzosamente absurdos– han quedado hechos añicos tras la descomunal dimensión del desastre de Fukushima. El nuevo pánico, de alcance mundial, se fundamenta en varias constataciones. En primer lugar, y contrariamente a la catástrofe de Chernóbil –achacada en parte, por razones ideológicas, al descalabro de una vilipendiada tecnología soviética–, esta calamidad ocurre en el meollo hipertecnológico del mundo y en donde se supone –por haber sido Japón, en 1945, el único país víctima del infierno atómico militar– que sus autoridades y sus técnicos han tomado todas las precauciones posibles para evitar un cataclismo nuclear civil. Luego, si los más aptos no han conseguido evitarlo, ¿es razonable que los demás sigan jugando con fuego atómico?

En segundo lugar, las consecuencias temporales y espaciales del desastre de Fukushima aterran. A causa de la elevada radiactividad, las áreas que circundan la central quedarán inhabitadas durante milenios. Las zonas un poco más alejadas, durante siglos. Millones de personas serán definitivamente desplazadas hacia territorios menos contaminados, teniendo que abandonar para siempre sus propiedades y explotaciones industriales, agrícolas o pesqueras. Más allá de la propia región mártir, los efectos radiactivos repercutirán en la salud de decenas de millones de japoneses. Y sin duda también, de numerosos vecinos coreanos, rusos y chinos. Sin excluir a otros habitantes del hemisferio boreal (2). Lo cual confirma que un accidente nuclear nunca es local, siempre es planetario.

En tercer lugar, Fukushima ha demostrado que la cuestión de la pretendida “soberanía energética” es muy relativa. Ya que la producción de energía nuclear supone una nueva supeditación: la “dependencia tecnológica”. A pesar de su enorme avance técnico, Japón tuvo que acudir a expertos estadounidenses, rusos y franceses (además de los especialistas de la Agencia Internacional de la Energía Atómica) para tratar de controlar la situación. Por otra parte, los recursos del planeta en uranio (3), combustible básico, son muy limitados y se calcula que, al ritmo actual de explotación, las reservas mundiales de este mineral se habrán agotado en 80 años. O sea, al mismo tiempo que las del petróleo...

Por estas razones y por otras más, los defensores de la opción nuclear deben admitir que Fukushima ha modificado radicalmente el enunciado del problema energético. Ahora se imponen cuatro imperativos: parar de construir nuevas centrales; desmantelar las existentes en un plazo máximo de treinta años; ser extremadamente frugal en el consumo de energía; y apostar a fondo por todas las energías renovables. Sólo así salvaremos quizás el planeta. Y la humanidad.


(1) Antes del accidente de Fukushima, se estimaba que el número de centrales nucleares en el mundo aumentaría un 60% de aquí a 2030. China, por ejemplo, tiene actualmente 13 centrales atómicas en actividad que producen apenas el 1,8% de la electricidad del país; en enero pasado decidió construir, entre 2011 y 2015, 34 nuevas centrales o sea una cada dos meses...

(2) Partículas radiactivas procedentes de la central de Fukushima cayeron sobre Europa occidental unos días después de la catástrofe, y aunque las autoridades declararon que “no constituían ningún peligro para la salud”, varios expertos subrayaron que al haberse acumulado en las hortalizas, en particular en las de hojas amplias como las lechugas, el consumo de éstas suponía un riesgo.

(3) Un reactor nuclear no es más que un sistema para calentar agua. Para ello se utiliza la fisión del átomo de uranio 235 (U235) que, al romperse, al fisionarse mediante la denominada “desintegración nuclear”, produce una enorme liberación de energía térmica. Hay que saber que 156 toneladas de roca, aportan una sola tonelada de mineral de uranio del que se obtiene un único kilo de uranio... De ese kilo, sólo un 0.7% es U235, el que se necesita en las centrales: o sea para 7 gramos de U235 hay que remover mil kilos de mineral y ¡156 toneladas de rocas! Léase Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y en medio ambiente, El Viejo Topo, Barcelona, 2008; y Paco Puche “Adiós a la energía nuclear”, Rebelión (www.rebelion.org), 18 de abril de 2011.

miércoles, 27 de abril de 2011

CONVOCAN AL PRIMER CONCURSO PARA DIRECTORES DE HOSPITALES DE LA REGIÓN LIMA.



NOTA DEL GORELI.
(Huacho, martes 26 de abril).

El Director Regional de Salud de Lima –DIRESA-, Dr. Marco Antonio Montoya Cieza, anunció hoy la próxima convocatoria al “Primer Concurso para Directores de Hospitales de la Región Lima” cuyas bases serán elaboradas por una comisión integrada por un representante de la Federación Médica del Perú.

El anuncio se hizo durante una reunión sostenida con el Presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado Gonzáles del Valle, quien semanas atrás dispuso una estricta vigilancia de la calidad de los profesionales de la salud que administran los hospitales.

“De acuerdo a la Resolución Ministerial de Salud del año 2008, se establecen las reglas, metas, evaluaciones y supervisiones que permitirán verificar el trabajo de los directores de hospitales, cuya permanencia en sus puestos no está garantizado para tres años.

En la Región Lima, de acuerdo a lo dispuesto por su presidente, las evaluaciones son trimestrales y hasta el momento se ha cambiado a los directores de los hospitales de Chancay, Barranca y Huarochirí. “Estoy evaluando al de Matucana en Huarochirí”, señaló Montoya Cieza.

miércoles, 20 de abril de 2011

ONPE sortea a los miembros de mesa de voto electrónico que se realizará en PACARÁN





La Oficina Nacional de Procesos Electorales sorteó este miércoles a los ciudadanos que ejercerán el cargo de miembros de mesa durante la aplicación del sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP).

Este nuevo sistema de votación se implementará en para la Segunda Elección Presidencial del próximo 05 de junio en el distrito de Pacarán, provincia de Cañete, 2011, a realizarse.

Por ello, se han conformado tres mesas de votación electrónica, donde ejercerán sus funciones los miembros de mesa sorteados.

El proceso

Los miembros de mesa se sortearon tomando como base los cincuenta y cuatro miembros que conformaron las mesas de sufragio de voto manual, como lo establece el “Procedimiento para el sorteo de miembros de mesa de voto electrónico para la Segunda Elección Presidencial 2011”.

El acto, desarrollado en la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cañete, contó con la presencia de un Notario Público, además de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo, los personeros y observadores.

Como se recuerda, la ONPE ha planificado iniciar la implementación gradual y progresiva del voto electrónico en el distrito de Pacarán, circunscripción electoral de la ODPE Cañete, que cuenta con una población electoral de 1 354 personas.

viernes, 15 de abril de 2011

CONSEJO REGIONAL DE LIMA SE NIEGA A DEROGAR ABUSO DEL CAS CONTRA MAESTROS CONTRATADOS PERO PIERDE EL TIEMPO EN ACUERDOS SOBRE LA SEDE REGIONAL




CHUI Y PALOMINO SOLO ESTÁN FINGIENDO ESTAR PELEADOS, ELLO RESPONDERÍA A UNA ESTRATEGIA DE DEMOLICIÓN CONTRA LA ACTUAL GESTIÓN Y QUE EN VENGANZA BUSCA ENFRENTAR A HUACHO CON CAÑETE AHORA PALOMINO Y 7 CONSEJEROS DE LA FAMILIA, INSISTEN EN APROBAR QUE HUACHO SEA LA SEDE REGIONAL ¡¡¡ QUE VERGÜENZA !!!!!!!!!!!! CHUI CREE QUE LOS CHANCHOS VUELAN!!!!!!!!!!


En sesión de concejo regional descentralizada desarrollada en las instalaciones del Museo de la Independencia, en el histórico distrito de Huaura, los consejeros con una votación de 8 contra 1, resolvieron la ratificación de Huacho como sede del gobierno regional de Lima.

La única consejera, que al parecer es la más cuerda de todos, y que se opuso a ese acierro, teniendo en cuanta que el tema de la sede regional se encuentra judicializado y que su manipulación obedece al protagonismo politico de las mediocres autoridades huachanas Santiago Cano y Marcial Palomino, fue la abogada Liliana Torres.

Bastante serena y utilizando la lógica, les recordó que no solo este tema ya está muy manoseado sino que hay importantes acuerdos mucho mas prioritarios que debatir.

Y es cierto, la contaminación ambiental, el abuso de Quimpac, el pago a a través del CAS a los docentes contratados a quienes les han recortado sus derechos y beneficios sociales, la presencia de irregularidades en algunos funcionarios del GRLP, la corrupción en el gobierno regional anterior, las cartas fianzas falsas, el mal manejo en las ugeles con compras sobre valoradas en el 12007, 2008, 2009 y 2010, el recorte presupuestal del gobierno central, los sospechosos acuerdos de urgencia que limitan el gasto público, el concurso para nombramientos de personal de la gestión pasada involucrados en ilícitos e irregularidades, etc.

Esta es una vergüenza que hoy denunciamos, pues mientras por ejemplo, los maestros contratados hoy vienen siendo explotados por contratos CAS, estos consejeros regionales que tienen un sueldo de casi 5 mil nuevos soles al mes por su improductividad, se dedican a hacerle patente de corso a la intención política de Marcial Palomino, Santiago Cano y algunos sinvergüenzas de querer figurar y desear el cargo de Javier Alvarado.

Así como denunciamos el trabajo de este, también denunciamos la intención no de fiscalizar sino de ambicionar por lo bajo, y no de fiscalizar sino de generar desestabilizaciones mediáticas, en vez de contribuir al desarrollo de nuestra región.

Que sea la justicia y/o el congreso de la República la que se encargue de definir la sede regional y no estos mediocres consejeros que parecen que se han olvidado que el tema de la sede regional ya fue debatido en el antiguo consejo regional sino que ya era una pérdida de tiempo hacerlo nuevamente, lo más escandaloso es que la amiga de Nelson Chui y con quien visita las municipalidades de la provincia de Barranca, la profesora Beatriz Castillo fue quien suscribió ese acuerdo en años anteriores.

Uno a uno los iremos desenmascarando a estos consejeros regionales, quienes están pidiendo gollerías al actual gobierno regional y que no han encontrado mejor manera de presión que debatir y aprobar acuerdos innecesarios que solo buscan enfrentar a dos pueblos hermanos. Es más habiendo problemas más álgidos, graves y prioritarios es ya un despropósito y una maldad perder el tiempo en aprobar acuerdos ya aprobados dese hace años atrás. Qué vergüenza.


INCREIBLE: MAS DATOS

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima ya aprobó anteriormente el ratificar a Huacho, capital de la Provincia de Huaura, sede del gobierno regional de Lima, esto a través del Acuerdo del Consejo Regional Nº 141-2008-CR/GRL del 23 de Octubre de 2008, acuerdo que fue publicado en el diario oficial El Peruano el sábado 27 de Junio de 2009.

(EL CAZADOR DE LA NOTICIA)

jueves, 14 de abril de 2011

EL TRÁFICO POLÍTICO DE MARCIAL PALOMINO: LA RE-RATIFICACION DE HUAURA COMO SEDE REGIONAL

Hoy se llevará a cabo una Reunión del Consejo Regional para tratar una agenda cuyo punto medular es la RATIFICACIÓN DE HUAURA COMO SEDE REGIONAL, punto propuesto por Marcial Palomino consejero de Huaura de las filas de Nelson Chui.

El asunto concreto es que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima ya aprobó anteriormente el ratificar a Huacho, capital de la Provincia de Huaura, sede del gobierno regional de Lima, esto a través del Acuerdo del Consejo Regional Nº 141-2008-CR/GRL del 23 de Octubre de 2008, acuerdo que fue publicado en el diario oficial El Peruano el sábado 27 de Junio de 2009.

El tema de fondo es que Marcial Palomino busca generar clientelismo político para futuras aspiraciones políticas, pues pretende ser "protagonista" dentro de una hipotética revocatoria que impulsan algunos payasos y huérfanos políticos del norte y sur de la región que aún no aceptan la derrota electoral sufrida en el 2010.

Para muestra un botón: el martes 5 de abril, el Consejero Regional por la Provincia de Huaura Ing. Marcial Palomino García Milla junto al Alcalde Provincial Santiago Cano; "por iniciativa de Consejero Regional" desarrolló una mesa de trabajo junto a los Gerentes de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno Regional de Lima y el presidente del Directorio y Gerente General de Emapa Huacho para "conocer el diagnóstico situacional de proyectos e inversiones 2007-2010 del Gobierno Regional de Lima y conocer el manejo presupuestal que se ha establecido", como lo detalla el mismo consejero en su web site.

Por consiguiente, nuestra Consejera Regional, la Dra. Liliana Torres, debe desenmascarar este tráfico político de Marcial Palomino de pretender una RE-RATIFICACION DE HUAURA COMO SEDE REGIONAL, un tema que está judicializado, ad portas de un fallo del Tribunal Constitucional.


ACUERDO REGIONAL 141 2008 CR

EL PERUANO PUBLICA ACUERDO REGIONAL 141 2008 CR

martes, 12 de abril de 2011

ELECCIONES 2011: Yo estoy bien, tú estás bien…




Por Nelson Manrique


Los resultados de la primera vuelta han ratificado lo que las encuestas señalaban: Ollanta Humala pasa a la segunda con el respaldo de una tercera parte del país y deberá enfrentar a Keiko Fujimori, que tiene el respaldo de la quinta parte del electorado y que ha dejado fuera a PPK por un estrecho margen. Aparentemente, ya están definidos los tres contendientes para este nuevo tramo electoral: Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Alan García, a menos de que alguien crea que este va a detener la campaña presidencial para el 2016 que entusiastamente viene regalándonos.

Alejandro Toledo perdió la mitad de sus votos gracias a su estrategia de sembrar el miedo, vendiéndose como el salvador de la patria ante una catástrofe inminente. MVLl, Szyszlo y Pérez de Cuéllar comprometieron su credibilidad respaldándolo. En el camino, el campeón de la democracia hizo declaraciones inaceptables que tienen que ser abiertamente rechazadas: que si Ollanta y Keiko pasaban a la segunda vuelta él saldría a las calles a movilizarse en contra. Toledo parece no haber reparado en que el respaldo a los dos representa la voluntad de más de la mitad del país, nos guste o no.

El resultado más trascendental de estas elecciones ha sido la destrucción del Apra. Debe ser muy duro para los apristas ver a qué ha quedado reducido su partido: con la dirigencia de la CTP anunciando, en vísperas de los comicios, que su millón de afiliados votaría por Toledo, con el secretario general Jorge del Castillo proclamando que los apristas votarían por PPK y el presidente de la Comisión Política, Javier Velázquez, desmintiéndolos y declarando que los militantes quedaban en libertad de escoger por quién votar.

Solo peor que ver a su organización descuartizada debe haber sido constatar la insignificancia de su respaldo electoral para tal o cual candidato. Con suerte, el Apra podrá colocar unos pocos parlamentarios, entre los cuales no estará Del Castillo, quien finalmente no contará con la inmunidad parlamentaria para evadir la acción de la justicia, y además tendrá que responder ante las bases partidarias por el desastre al que condujo su empecinamiento por ser parlamentario. Si Del Castillo tiene una primerísima responsabilidad en el desastre electoral, el mérito histórico de la destrucción del Apra le cabe a Alan García. Resulta increíble llegar a semejante situación después de cinco años de gobierno bendecidos por una coyuntura extraordinaria de elevados precios para las materias primas que el Perú exporta, que abría tantas oportunidades de luchar contra la exclusión.

Una columnista que no puede ser acusada de izquierdista resume muy bien la situación: “Ollanta Humala no existiría como opción política si Alan García no hubiera insistido en encajarnos su política barata del Perro del Hortelano, que favoreció la exclusión y el resentimiento. Si hubiera aplicado el cambio responsable que prometió, en lugar de despreciar con su discurso mamarrachento y soberbio a quienes insistían en señalar que no se puede crecer de manera tan desigual sin que eso genere respuestas extremas”. Por supuesto, García no habría podido provocar semejante desastre sin el entusiasta apoyo de un empresariado que no estaba dispuesto a ceder nada para construir un país más inclusivo.

Es notable que la misma columnista esté convencida de que quienes votan por Keiko y por Humala “apuestan por opciones que los benefician solo a ellos sin importarles el futuro del país, y su voto está guiado por la perfecta filosofía alpinchista ‘si yo voy a estar bien, que se joda el resto’” (Patricia del Río, “Que se joda el resto”, Perú 21, 9/4/11). Aparentemente la señorita Del Río no ha reparado en que está describiendo muy precisamente lo que ha sido, y es, la lógica con que la derecha vota y actúa políticamente en el país, con el menudo agravante de que “el resto” al que condena a joderse está constituido por la gran mayoría de los peruanos. Aquellos “tan ignorantes, tan tontos y tan resentidos” a los que alude Aldo M. en sus resentidas columnas.

lunes, 4 de abril de 2011

OTRA MÁS: Alcalde de San Juan de Miraflores plantea crear provincia Lima Sur

Antes objetó el proyecto de elevar de categoría al distrito de San Juan de Lurigancho.

Dos días después aparecer junto a Susana Villarán para expresar sus objeciones al proyecto de ley que plantea convertir San Juan de Lurigancho en una provincia, Adolfo Ocampo Vargas –burgomaestre de San Juan de Miraflores– sorprende con una propuesta parecida a la que criticó: crear la provincia de Lima Sur.

En su opinión, integrar en una nueva provincia San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacámac y Lurín se justifica porque la población de estos distritos suma más de un millón de habitantes. “El caso de San Juan de Lurigancho abre una posibilidad de que los pueblos de Lima Sur puedan pedir las mismas prerrogativas para ser autónomos y solucionar sus problemas más urgentes como seguridad ciudadana, disposición final de la basura, transporte, etc.”, señaló Ocampo a El Comercio. “Esta idea personal la comentaré con mis colegas en una próxima reunión en la Asociación de Municipalidades de los Distritos del Área Sur de Lima [Amasur]. Si la apoyan, presentaremos formalmente el pedido ante las autoridades bajo los debidos lineamientos legales”, agregó.

EN EL MARCO DE LA LEY


Para marcar distancia del proyecto referido a San Juan de Lurigancho, Ocampo subrayó que la creación de una provincia en el sur de Lima no puede hacerse a la carrera; y sin tomar en cuenta la voz de la municipalidad metropolitana. Según dijo, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) tendría que dar su visto bueno. Silvia Barrera Vásquez, alcaldesa de Villa María del Triunfo, opinó que la iniciativa de Ocampo merece ser analizada, aunque le pareció prematura. “Antes de proponer nuevos debates en Amasur, le pediría al alcalde Ocampo que primero nos ocupemos de la ley de mancomunidad que involucra a nuestros municipios. No debemos saltar etapas”, comentó.

El especialista en derecho municipal Julio César Castiglioni sostiene que crear una nueva provincia en Lima requiere la evaluación del IMP, del Ejecutivo y del Congreso.

SEPA MÁS

Población debe ser consultada


La Ley de Demarcación y Organización Territorial menciona, entre los requisitos para la creación de provincias, la opinión favorable de la mayoría de la población. Para medirla se pueden aplicar encuestas técnicas, referendos y consultas vecinales, entre otros procedimientos. Según la referida norma, el número mínimo de habitantes necesario para establecer una nueva provincia varía según la región natural. Es 80.000, en el caso de la costa; 30.000, en la sierra; y 32.000 en la selva.

domingo, 3 de abril de 2011

En Chilca temen que planta termoeléctrica afecte el turismo


La central eléctrica está cerca de las tres lagunas medicinales y de la playa Yayas. Concejo provincial: “En la franja costera no están permitidas las termoeléctricas.

NELLY LUNA AMANCIO

El Comercio

No hay farmacias en el balneario de Las Salinas, en Chilca. Sí muchos restaurantes estimulados por la demanda de los visitantes que emergen hambrientos de las milagrosas lagunas de barro. “Mi farmacia es la laguna”, dice Petronila Jara, la señora de 80 años que hace más de 50 vive aquí, frente a La Milagrosa. “Cuando me siento mal, voy y me meto al agua, esa es la medicina de Las Salinas”.

Las tres lagunas –La Milagrosa, La Encantada y Melliceras– de este balneario ubicado en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur son reconocidas por sus propiedades curativas. Los visitantes también llegan hasta aquí buscando las buenas y grandes olas que la playa Yayas garantiza.

En esta zona, a escasos metros del mar, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado el funcionamiento de una gran central termoeléctrica que ocupará 22,5 hectáreas y generará 520 MW, lo que representa entre el 15% y 20% de toda la energía del país. La planta producirá electricidad usando el gas de Camisea y el vapor del agua que succionará (y luego regresará) del mar.

Más del 60% de la población de Las Salinas depende del turismo. “¿Quién querrá venir a Chilca si hay una enorme termoeléctrica al costado del mar y de las lagunas?”, se queja Milagros Mimbela, nieta de doña Petronila y representante del frente de defensa que rechaza la construcción.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA
La historia de este conflicto comenzó el 2005, cuando el Minem autorizó a la entonces empresa Egechilca el funcionamiento de esta central. Dos años después, la empresa AEI compró el 85% de sus acciones y tomó el control del proyecto. La empresa modificó luego su denominación y pasó a llamarse Fénix Power.

Los problemas de ordenamiento territorial en Chilca son frecuentes. Egechilca nunca pudo construir la planta porque el terreno adquirido para la central se encontraba dentro de una zona no apta para esta actividad. Los voceros de Fénix Power aseguran que ahora cuentan con un certificado que otorga a la zona la categoría I4 – Industria Pesada.

Sin embargo, en un documento del 14 de marzo último la Municipalidad Provincial de Cañete precisa que la franja costera comprendida entre la Panamericana Sur y la línea de alta marea es considerada una zona urbana y turística. “La instalación de una central termoeléctrica no está permitida”, concluye. Pese a ello, la construcción de la planta se inició en enero de este año. Y aunque la municipalidad distrital asegura que no le ha otorgado licencia de construcción, Fénix Power sostiene que este año la municipalidad le ha dado dos licencias, una para construir el cerco perimétrico y otra para levantar los edificios administrativos y de servicios.

El Comercio se contactó con el alcalde de Chilca, Alfredo Chauca (hermano del militante aprista y ex funcionario de Cofopri Oswaldo Chauca, recluido en el penal de Lurigancho y acusado de tráfico de tierras), quien dijo que devolvería la llamada, pero no lo hizo.

PEGADA AL MAR
Chilca ya cuenta con tres centrales termoeléctricas funcionando al extremo izquierdo de la Panamericana Sur. El proyecto de Fénix Power sería el primero en la margen derecha, próxima al mar.

Milagros Mimbela recuerda los errores que el Minem identificó en el primer estudio de impacto ambiental (EIA) presentado: “El EIA es la modificación de un EIA de actividad minera”, se lee en un informe interno del Minem. Además, se solicitaba a la empresa presentar un estudio de alternativas de ubicación del proyecto, tomando en cuenta los aspectos sociales, no solo económicos. Los voceros actuales de la empresa aseguran que estas observaciones ya han sido resueltas. No obstante, aún no está claro cómo el Minem autorizó una central termoeléctrica en una zona no apta para esta actividad.


INFOGRAFIA DE COMO FUNCIONA LA PLANTA TERMOELECTRRICA A GAS

sábado, 2 de abril de 2011

Libia, lo justo y lo injusto



Por Ignacio Ramonet


País: Libia
Tema: Revueltas sociales

"Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos."

Simón Bolívar



Los insurgentes libios merecen la ayuda de todos los demócratas. El coronel Gadafi es indefendible
. La coalición internacional que lo ataca carece de credibilidad. No se construye una democracia con bombas extranjeras. Por ser en parte contradictorias, estas cuatro evidencias nutren cierto malestar, en particular en el seno de las izquierdas, con respecto a la operación Amanecer de la Odisea comenzada el pasado 19 de marzo.

La insurrección de las sociedades árabes constituye el mayor acontecimiento político internacional desde el derrumbe, en Europa, del socialismo autoritario de Estado en 1989. La caída del muro del Miedo en las autocracias árabes es el equivalente contemporáneo de la caída del muro de Berlín. Un auténtico terremoto mundial. Por producirse en el área de mayores reservas de hidrocarburos del planeta, y en el epicentro del "foco perturbador" del mundo (ese "arco de todas las crisis" que va de Pakistán al Sahara Occidental, pasando por Irán, Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Somalia, Sudán, Darfur y Sahel), su onda de expansión modifica toda la geopolítica internacional.

Algo se rompió para siempre en el mundo árabe el pasado 14 de enero. Ese día, manifestantes tunecinos que desde hacía semanas reclamaban en las plazas libertad y democracia, consiguieron derrocar al déspota Ben Alí. Comenzaba el deshielo de las viejas tiranías árabes. Un mes después, en Egipto, corazón de la vida política árabe, un poderoso movimiento de protesta social expulsaba a su vez del poder al general Mubarak. Entonces, como si de repente descubriesen que los regímenes autoritarios, desde Marruecos hasta Bahréin, fuesen colosos con pies de arena, decenas de miles de ciudadanos árabes se lanzaron a las plazas gritando su hartazgo infinito de los ajustes sociales y de las dictaduras (1).

La fuerza espóntanea de estos vientos de libertad sorprendió a todas las cancillerías del mundo. Cuando comenzaron a soplar sobre las dictaduras aliadas de Occidente (en Túnez, Egipto, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Irak, Yemen), las grandes capitales occidentales, empezando por Washington, Londres y París, se sumieron en un prudente mutismo, o alternaron declaraciones que revelaban su profundo malestar ante el riesgo de ver desaparecer a sus "amigos dictadores" (2).

Mucho más sorprendente fue, durante esta primera fase (de mediados de diciembre a mediados de febrero), el silencio de los gobiernos progresistas de América Latina, considerados por toda una parte de la izquierda internacional como su principal referente contemporáneo. Sorpresa tanto más grande puesto que estos Gobiernos tienen mucho en común con el movimiento insurreccional árabe: habían llegado al poder mediante las urnas, aupados por poderosos movimientos sociales (en Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) que, en varios países (Ecuador, Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, también habían derrocado pacíficamente a gobernantes corruptos.

Inmediata debía de haber sido allí la solidaridad con las insurrecciones árabes, réplicas de sus propios alzamientos cívicos. No lo fue. Y eso que el carácter izquierdista del movimiento no ofrecía dudas. El conocido intelectual egipcio Samir Amin lo describe así: "Las fuerzas principales en movimiento durante los meses de enero y de febrero eran de izquierdas. Demostraron que tenían una resonancia popular gigantesca pues llegaron a movilizar a ¡más de quince millones de manifestantes en todo Egipto! Los jóvenes, los comunistas, fragmentos de las clases medias democráticas constituyeron la columna vertebral de ese movimiento" (3).

A pesar de ello, hubo que esperar al 14 de febrero -o sea tres días después de la caída del odiado Mubarak y un día antes del comienzo de la insurrección popular en Libia- para que, por fin, un líder latinoamericano calificase la rebelión árabe de "revolucionaria" en una declaración que explicaba con lucidez: "Los pueblos no desafían la represión y la muerte, ni permanecen noches enteras protestando con energía, por cuestiones simplemente formales. Lo hacen cuando sus derechos legales y materiales son sacrificados sin piedad a las exigencias insaciables de políticos corruptos y de los círculos nacionales e internacionales que saquean el país" (4).

Pero cuando, naturalmente, esa rebelión se extendió a los Estados autoritarios del mal llamado "socialismo árabe" (Argelia, Libia, Siria), cayó de nuevo un pesado mutismo en las capitales del progresismo latinoamericano. Políticamente podía aún interpretarse de dos maneras: simple prolongación del prudente silencio que hasta entonces, globalmente, habían observado esas cancillerías con respecto a acontecimientos muy alejados de sus principales centros de interés; o expresión de un malestar político frente al riesgo de perder, en su pulso con el imperialismo, a aliados estratégicos...

Ante el peligro de que triunfase esta segunda opción, varios intelectuales relevantes (5) avisaron de inmediato que ello significaría algo impensable para Gobiernos seguidores del mensaje universal del bolivarianismo. Porque sería afirmar que una relación estratégica entre Estados es más importante que la solidaridad con los pueblos en lucha. Lo cual conduciría, más tarde o más temprano, a cerrar los ojos ante cualquier eventual atrocidad contra los derechos humanos (6). Y en este caso el ideal solidario de la revolución latinoamericana naufragaría en el helado océano de la Realpolitik.

En el tablero de la política internacional, la Realpolitik (definida por Bismarck, el "canciller de hierro" prusiano, en 1862) considera que los países se reducen a sus Estados. Jamás toma en cuenta a sus sociedades. Según ella, los Estados se mueven sólo en función de sus fríos intereses y de sus alianzas estratégicas (cuya finalidad esencial es la preservación del Estado, no la protección de la sociedad). Desde la paz de Westfalia en 1648, la doctrina geopolítica establece que la soberanía de los Estados es intangible en virtud del principio de no-injerencia, y que un Gobierno, sea cual sea el modo en que llegó al poder, tiene total libertad de hacer lo que quiera en sus asuntos internos.

Semejante idea de la soberanía -que sigue siendo dominante- ha visto erosionada su legitimidad desde el final de la Guerra Fría en 1989. Y ello en nombre de los derechos de los ciudadanos, y de una concepción más ética de las relaciones internacionales. Las dictaduras, cuyo número se reduce de año en año, van resultando cada vez más ilegítimas en criterios del derecho internacional. Y moralmente inaceptables porque, entre otros graves abusos, desposeen a las personas de sus atributos de ciudadano.

Basado en este razonamiento, se desarrolló en los años 1990, el concepto de derecho de injerencia o deber de asistencia que condujo, pese a aceptables pretextos de fachada, a desastres político-humanitarios de gran envergadura en Kosovo, Somalia, Bosnia... Y finalmente, bajo la conducción de los neoconservadores estadounidenes, al desastre total de la guerra de Irak (7).

Pero tan trágicos fracasos no han interrumpido la idea de que un mundo más civilizado debe ir abandonando una concepción de la soberanía interna establecida hace casi cuatro siglos en nombre de la cual poderes no elegidos democráticamente han cometido (y cometen) incontables atrocidades contra sus propios pueblos.

En 2006, las Naciones Unidas, en su Resolución 1674, han hecho de la protección de los civiles, incluso contra su propio Gobierno cuando éste usa armas de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas, una cuestión fundamental. Que modifica, por primera vez desde el Tratado de Westfalia, -en materia de derecho internacional- la concepción misma de la soberanía interna y del principio de no-injerencia. La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, va en idéntico sentido.

Y en ese mismo espíritu, muchos líderes latinoamericanos denunciaron con justa razón la pasividad o la complicidad de grandes potencias democráticas ante los graves crímenes cometidos contra la población civil, entre 1970 y 1990, por las dictaduras militares en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y tantos otros países mártires de Centro y Suramérica.

Por eso sorprendió que, cuando en Libia, a partir del 15 de febrero, empezaron las protestas sociales pacíficas, inmediatamente reprimidas por las fuerzas del coronel Gadafi con desmedida violencia (233 muertos en los primeros días) (8), ningún mensaje de solidaridad con los civiles reprimidos llegase de América Latina. Ni tampoco al estallar, el 20 de febrero, el "Tripolitazo": cuando unos 40.000 manifestantes denunciaron la carestía de la vida, la degradación de los servicios públicos, las privatizaciones impuestas por el FMI, y la ausencia de libertades.

Igual que durante el "Caracazo" del 27 de febrero de 1989 en Venezuela, esa insurrección tripolitana, retransmitida por decenas de testigos oculares, se extendió como reguero de pólvora por toda la capital, se multiplicaron las barricadas, ardió la sede del Gobierno, las comisarías fueron incendiadas, los locales de la televisión oficial saqueados, el aeropuerto ocupado y el palacio presidencial asediado. El régimen libio empezó a tambalearse.

En semejantes circunstancias, cualquier otro dirigente razonable hubiese entendido que la hora de negociar y de abandonar el poder había llegado (9). No así el coronel Gadafi. A riesgo de sumir a su país en una guerra civil, el "Guía", en el poder desde hace 42 años, explicó que los manifestantes eran "jóvenes a los que Al Qaeda había drogado echándoles píldoras alucinógenas en el Nescafé"... (10). Y ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir las protestas a cañonazos y con fuerza extrema. El canal Al Jazeera mostró los aviones militares ametrallando a los manifestantes civiles (11).

En Bengasi, para defenderse contra la brutalidad de la represión, un grupo de protestatarios asaltó un arsenal de la guarnición local y se apoderó de miles de armas ligeras. Varios destacamentos militares, enviados por Gadafi para sofocar en sangre la protesta, se sumaron, con tanques y pertrechos, a la rebelión. En condiciones muy desfavorables para los insurrectos, empezaba la guerra civil. Un conflicto impuesto por Gadafi contra un pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio.

Hasta ese momento, las capitales de la América Latina progresista siguen silenciosas. Ni una palabra de solidaridad, ni tan siquiera de compasión con los rebeldes civiles que luchan y mueren por la libertad.

Hasta que, el 21 de febrero, en un intento de alejar cualquier acusación contra ella, la diplomacia británica -cuya responsabilidad es central en la rehabilitación del coronel Gadafi a partir de 2004 en la escena internacional- por la voz del ministro de Exteriores William Hague, anuncia que el líder libio "podría haber huido de su país y estar dirigiéndose a Venezuela" (12).

Es falso. Y Caracas lo desmiente rotundamente. Pero los medios de comunicación internacionales muerden el cebo, y ponen de inmediato los focos sobre la conexión que el Foreign Office ha sugerido. Minimizando los ostentosos recibimientos del dictador libio en Roma, Londres, París o Madrid, la prensa mundial insiste en las relaciones del "Guía" con Caracas. El propio Gadafi cae en la celada y también menciona a Venezuela en su primer discurso desde el comienzo de las protestas. Lo hace para negar su huida a ese país, pero ello da pie a nuevas especulaciones sobre el "eje Trípoli-Caracas". Gadafi añade: "Los manifestantes son ratas, drogados, un complot de extranjeros, de norteamericanos, de Al Qaeda y de locos" (13).

Esta perezosa jácara del "complot norteamericano" es retomada como argumento por varios dirigentes progresistas suramericanos –Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, entre otros–, para expresar ahora, cada uno a su modo, una clara solidaridad con el dictador libio (14) bajo los sufridos pretextos de que la "situación es confusa", que los "medios de comunicación mienten" y que "nadie sabe quiénes son los rebeldes".

Ni una frase de compunción hacia un pueblo sublevado contra un tirano militar que manda disparar contra sus propios ciudadanos. Ninguna alusión tampoco a la famosa sentencia del Libertador Simón Bolívar: "Maldito sea el soldado que vuelve las armas contra su pueblo", doctrina fundamental del bolivarianismo.

La inmensidad del error político sobrecoge. Una vez más, unos gobiernos progresistas conceden prioridad, en materia de relaciones internacionales, a cínicas consideraciones estratégicas que se hallan en perfecta contradicción con su propia naturaleza política. ¿Les conducirá ese razonamiento a expresar también su apoyo a otro infrecuentable tiranillo local, Bachar El Asad, presidente de Siria, un país que vive bajo estado de alarma desde 1962 y cuyas fuerzas de represión tampoco han dudado en disparar con fuego real contra pacíficos manifestantes desarmados?

En lo que respecta a Libia, la única iniciativa latinoamericana positiva, fue la del presidente de Venezuela Hugo Chávez quien propuso, el 1 de marzo, el envío a Trípoli de una Comisión internacional de mediación constituida por representantes de países del Sur y del Norte para tratar de poner fin a las hostilidades y negociar un acuerdo político entre las partes. Rechazada por Seif el Islam, el hijo del "Guía", pero aceptada por Gadafi, esta importante tentativa de mediación será torpemente descartada por Washington, París, Londres y los propios insurgentes libios.

A partir de ahí, las cancillerías progresistas suramericanas van a insistir en su apoyo a un perfecto iluminado. Hace, en efecto, decenios que Muamar el Gadafi dejó de ser aquel capitán revolucionario que, en 1969, derrocó a la monarquía, expulsó de su país las bases militares estadounidenses y proclamó una singular "República árabe y socialista".

Desde el final de los años 1970, su errática trayectoria y sus delirios ideológicos (véase su disparatado Libro Verde) lo han convertido en un dictador imprevisible, tornadizo y jactancioso. Semejante a aquellos tiranos locos que América Latina conoció en el siglo XIX con el nombre de "caudillos bárbaros" (15). Ejemplos de sus trastornos: la expedición militar de 3.000 hombres que lanzó, en 1978, en auxilio del sanguinario Idi Amín Dadá, otro demente presidente de Uganda... O su afición a un juego erótico con chicas menores llamado "bunga bunga" que le enseñó a su socio italiano Silvio Berlusconi... (16).

Gadafi jamás se ha sometido a ninguna elección. En torno a su imagen ha establecido un culto de la personalidad que linda con el endiosamiento. En la "masocracia" (Jamahiriya) libia no existe ningún partido político, sólo hay "comités revolucionarios". Habiéndose autoproclamado "Guía" vitalicio de su país, el dictador se considera por encima de las leyes. En cambio, el vínculo familiar es, según él, fuente de Derecho. Basado en ello, por antojo, nombró a sus hijos para los puestos de mayor responsabilidad del Estado y los de mayor rentabilidad en los negocios.

Tras la (ilegal) invasión de Irak en 2003, temiendo ser el siguiente de la lista, Gadafi se arrodilló ante Washington, firmó acuerdos con la Administración de Bush, erradicó sus armas de destrucción masiva e indemnizó a las víctimas de sus atentados terroristas. Para complacer a los "neocons" estadounidenses se erigió en un perseguidor de Osama Ben Laden y de la red Al Qaeda. Estableció también acuerdos con la Unión Europea para convertirse en cancerbero retribuido de los emigrantes africanos. Pidió ingresar en el FMI (17), creó zonas especiales de libre comercio, cedió los yacimientos de hidrocarburos a las grandes transnacionales occidentales y eliminó los subsidios a los productos alimenticios de primera necesidad. Inició el proceso de privatización de la economía, lo que provocó un importante aumento del desempleo y agravó las desigualdades.

El "Guía" protestó contra el derrocamiento del dictador tunecino Ben Alí a quien consideraba como "el mejor gobernante de la historia de Túnez". En materia de inhumanidad, sus fechorías son incontables. Desde su apoyo a conocidas organizaciones terroristas hasta su demostrada participación en atentados contra aviones civiles, pasando por su encarnizamiento contra cinco inocentes enfermeras búlgaras torturadas durante años en prisión, o el fusilamiento sin juicio, en la siniestra cárcel Abú Salim de Trípoli, en 1996, de un millar de prisioneros originarios de Bengasi (18).

La actual revuelta empezó precisamente en esa ciudad cuando, el 15 de febrero, las familias de estos fusilados, animadas por las protestas en los países árabes, se echaron a la calle para exigir pacíficamente la liberación del abogado Fathy Terbil quien, desde hace quince años, defiende el derecho a recuperar los cuerpos de sus parientes ejecutados (19). Las imágenes mostrando la brutalidad de la represión de esta manifestación –difundidas por las redes sociales y el canal Al Jazeera– escandalizaron a la población. Al día siguiente, las protestas se habían ampliado masivamente y extendido a otras ciudades. Sólo en Bengasi, 35 personas fueron asesinadas por la policía y las milicias gadafistas (20).

Tan alto grado de ensañamiento contra la población civil (21) hizo legítimamente temer, a mediados de marzo, cuando las huestes gadafistas empezaron a cercar Bengasi, que se cometiese un baño de sangre. En un discurso dirigido a "las ratas" de esa ciudad, el "Guía" dejó muy claras sus intenciones: "Llegamos esta noche. Empezad a prepararos. Os iremos a sacar del fondo de vuestros armarios. No habrá piedad" (22).

En ayuda de los asediados libios, que reclamaban a gritos ayuda internacional (23), deberían haber acudido en primer lugar los pueblos recientemente liberados de Túnez y Egipto. Era su responsabilidad principal. Pero lamentablemente los Gobiernos de estos dos países no supieron estar a la altura de las circunstancias históricas.

En ese contexto de urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, el 17 de marzo, la resolución 1973 que establece un régimen de exclusión aérea en Libia con el fin de proteger a la población civil y hacer cesar las hostilidades (24). La Liga Árabe había dado su acuerdo preliminar. Y, cosa excepcional, la resolución fue presentada por un Estado árabe: el Líbano (además de Francia y Reino Unido). Ni China, ni Rusia, que disponen de derecho de veto, se opusieron. Brasil y la India tampoco votaron en contra. Varios países africanos se pronunciaron a favor: Sudáfrica (la patria de Mandela), Nigeria y Gabón. Ningún Estado se opuso.

Se puede estar en contra de la estructura actual de Naciones Unidas, o estimar que su funcionamiento deja mucho que desear. O que las potencias occidentales dominan esa organización. Son críticas aceptables. Pero, por ahora, la ONU constituye la única fuente de derecho internacional. En ese sentido, y contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak que nunca tuvieron el aval de la ONU, la intervención actual en Libia es legal, según el derecho internacional; legítima, según los principios de la solidaridad entre demócratas; y deseable, para la fraternidad internacionalista que une a los pueblos en lucha por su libertad.

Se podría añadir que potencias musulmanas reticentes en un primer momento como Turquía han acabado por participar en la operación.

Se podría recordar también que si Gadafi, como era su intención, hubiese anegado en sangre la insurrección popular, habría enviado una señal de vía libre a los demás tiranos de la región. Alentándolos de ese modo a aplastar ellos también, sin miramientos, las protestas locales. Basta con observar que, en cuanto las tropas de Gadafi se aproximaron a sangre y fuego en medio de la pasividad internacional a Bengasi, los regímenes de Bahréin y de Yemen no dudaron ya en disparar con fuego real contra los manifestantes pacíficos. No lo habían hecho hasta entonces. Pero apostaron a su vez por el inmovilismo internacional.

La Unión Europea, en particular, tiene una responsabilidad específica en este asunto. No sólo militar. Es menester pensar en la próxima etapa de consolidación de las nuevas democracias que van a ir surgiendo en esta región tan vecina. Apoyar la "primavera árabe" supone asimismo el lanzamiento de un verdadero "Plan Marshall", o sea, una ayuda económica masiva "semejante a la que se ofreció a Europa del Este después de la caída del muro de Berlín" (25).

¿Significa todo esto que la operación Amanecer de la Odisea no plantea problemas? En absoluto.
En primer lugar, porque los Estados u Organizaciones que la capitanean (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, OTAN) son los "sospechosos habituales" implicados en múltiples aventuras guerreras sin la mínima cobertura legal, legítima o humanitaria. Aunque esta vez los objetivos de solidaridad democrática parecen más evidentes que los nexos con la seguridad nacional de Estados Unidos, cabe preguntarse ¿desde cuándo les ha importado a estas potencias la democracia en Libia? Por ello carecen de credibilidad.

Segundo: existen otras injusticias en esta misma región -el sufrimiento palestino, la intervención militar saudí en Bahréin contra la indefensa mayoría chií, la desproporcionada brutalidad de los Gobiernos de Yemen y de Siria...- ante las cuales las mismas potencias que atacan a Gadafi hacen la vista gorda dando prueba de una doble moral.

Tercero: el objetivo debe ser el que fija la resolución 1973, y sólo ése: ni invasión terrestre, ni víctimas civiles. La ONU no ha dado licencia para derrocar a Gadafi, aunque bien parece que ese sea el objetivo final (e ilegal) de la operación. En ningún caso esta intervención debe servir de precedente para otras aventuras guerreras contra Estados situados en el punto de mira de las potencias occidentales dominantes.

Cuarto: la historia enseña (y el caso de Afganistán lo demuestra) que es más fácil entrar en una guerra que salir de ella. Y quinto: el olor a petróleo de toda esta operación apesta.

Los pueblos árabes están sin duda sopesando lo justo y lo injusto de la actual intervención militar en Libia. En su gran mayoría apoyan a los insurgentes (aunque se siga sin saber bien quiénes son y aunque se sospeche que varios elementos indeseables figuran en el actual Consejo Nacional de Transición). Por el momento, hasta finales de marzo, en ninguna capital árabe se han producido manifestaciones de rechazo a la operación. Al contrario, como estimuladas por ella, nuevas protestas contra las autocracias se intensificaron en Marruecos, Yemen, Bahréin... Y sobre todo en Siria.

Obtenida la zona de exclusión aérea y a salvo ya la población civil de Bengasi, las dos principales exigencias de la Resolución 1973 estaban cumplidas a finales de marzo. Aunque otras demandas no lo estaban aún (el cese el fuego por parte de las fuerzas gadafistas, y la garantía por éstas de acceso seguro a la ayuda humanitaria internacional), a partir de ese momento los bombardeos debieron cesar. Tanto más cuanto la OTAN, que no ha recibido mandato internacional para ello, ha asumido el 31 de marzo el liderazgo militar de la ofensiva. La Resolución tampoco autoriza a armar, entrenar y dirigir militarmente a los rebeldes. Porque ello supone un mínimo de fuerzas extranjeras ("comandos especiales") presentes en el suelo libio, lo cual está explícitamente excluido por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad.

Es urgente que los miembros de ese Consejo de la ONU vuelvan ahora a consultarse; que se tenga en cuenta la posición de China, Rusia, la India y Brasil para imponer un alto el fuego inmediato y buscar una salida no militar al drama libio.

Una solución que tome en cuenta también la iniciativa de la Unión Africana, garantice la integridad territorial de Libia, impida toda invasión terrestre de fuerzas extranjeras, preserve las riquezas del subsuelo contra la rapacidad de algunas potencias foráneas, ponga fin a la tiranía, y reafirme la aspiración a la libertad y a la democracia de los ciudadanos.

En Libia, sólo una salida política negociada por todas las partes será justa.


(1) Léase Ignacio Ramonet, “Cinco causas de la insurrección árabe”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2011.
(2) Léase Ignacio Ramonet, "Túnez, Egipto, Marruecos, esas dictaduras amigas", www.monde-diplomatique.es/
(3) Christophe Ventura, "Entrevista con Samir Amin", Mémoire des luttes, París, 29 de marzo de 2011.
(4) Fidel Castro, "La Rebelión Revolucionaria en Egipto", Granma, La Habana, 14 de febrero de 2011.
(5) Léase, por ejemplo, Santiago Alba y Alma Allende, "Del mundo árabe a América Latina", Rebelión, 24 de febrero de 2011; y Atilio Borón, "No abandonar a los pueblos árabes", Página 12, Buenos Aires, 7 de marzo de 2011.
(6) Error que ya cometió dos veces la revolución cubana cuando apoyó la intervención militar del Pacto de Varsovia en Praga para aplastar la insurrección popular checoslovaca en agosto de 1968, y cuando aprobó la invasión de Afganistán por la Unión Soviética en diciembre de 1979.
(7) Léase Ignacio Ramonet, Irak, historia de un desastre, Debate, Madrid, 2005.
(8) Agencia Reuters, 21 de febrero de 2011.
(9) En América Latina, ante protestas populares de gran envergadura, varios presidentes (elegidos democráticamente) se resignaron a renunciar a su cargo. Tres de ellos en Ecuador: Abdalá Bucarán, "por incapacidad mental", en 1997; Jamil Mahuad, en 2000; y Lucio Gutiérrez, en 2002. Dos en Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003; y Carlos Mesa, en 2005. Uno en Perú, Alberto Fujimori, en 2000. Y otro en Argentina, Fernando de la Rúa, en 2001.
(10) El País, Madrid, 24 de marzo de 2011.
(11) The Guardian, Londres, 21 de febrero de 2011.
(12) Agencia AFP, 21 de febrero de 2011.
(13) www.rue89.com/2011/02/22/kadhafi-je-suis-a-tripoli-pas-au-venezuela-191416
(14) El más antiimperialista de los líderes árabes, Hassan Nasrallah, secretario general del Hezbolá libanés, ha declarado que es "irracional" decir que las revoluciones árabes, y singularmente la libia (que cuenta también con el apoyo de Irán), fueron preparadas en cocinas estadounidenses. Discurso del Hassan Nasrallah, 19 de marzo de 2011. http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=&inicio=0 (15) Alcides Arguedas, Los Caudillos bárbaros, editorial Vda L. Tasso, Barcelona, 1929. Léase también Max Daireaux, Melgarejo, Editorial Andina, Buenos Aires, 1966. (16) Cf. Quentin Girard, "Toi vouloir faire bunga-bunga?", Slate, París, 12 de noviembre de 2010. http://www.slate.fr/story/30061/bunga-bunga-berlusconi
(17) Léase "Le Rapport du FMI qui félicite la Libye", in Mémoire des luttes, París, 11 de marzo de 2011. http://www.medelu.org/spip.php?article761
(18) Léase, Brian May, "Informe sobre Libia", Amnistía Internacional, Londres, 27 de mayo de 2010. http://www.amnesty.be/doc/communiques-et-publications/Les-rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2010/Moyen-Orient-et-Afrique-du-nord,2038/article/libye-16281
(19) Cf. Evan Hill, "The day the Katiba fell", Al Jazeera English, 2 de marzo de 2011. http://english.aljazeera.net/indepth/spotlight/libya/2011/03/20113175840189620.html
(20) Ibid.
(21) Estos y otros crímenes han conducido al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, a abrir una investigación contra Muamar el Gadafi, acusado de "crímenes contra la humanidad" por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
(22) Agencia AFP, 17 de marzo de 2011.
(23) Léase Khaled Al-Dakhil, "Pourquoi tant d'hésitations?", Al-Hayat, Londres (reproducido por Courrier Internacional, París, 17 de marzo de 2011).
(24) http://www.un.org/spanish/docs/sc/
(25) Nouriel Roubini, "Un plan Marshall pour le printemps arabe", Les Échos, París, 21 de marzo de 2011.