martes, 21 de agosto de 2012

CONGRESISTA MANUEL ZERILLO CON ALCALDES DE LIMA- PROVINCIAS. MARIA MONTOYA ENTRE ELLOS.




Con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestaria de diversos municipios provinciales de la región de Lima- Provincias, el legislador Manuel Zerillo Bazalar (NGP) realizó una mesa de trabajo el martes 21 en la sala “María Elena Moyano” del Palacio Legislativo, donde se informó sobre los proyectos de impacto social que a la fecha no han sido ejecutados por diversas razones en esa zona.

“Saludo la presencia de los alcaldes provinciales por asistir a esta reunión de trabajo, para ver de manera directa los diversos problemas sociales de sus jurisdicciones, y en especial los temas de presupuesto y la ejecución de obras que en muchos casos no son cumplidas, sea esto por motivos presupuestarios o de aprobación del SNIP (Sistema Nacional de la Inversión Privada). Vamos a centralizar las necesidades básicas y a realizar las gestiones correspondientes ante las diversas instancias del Poder Ejecutivo y hacer viable el desarrollo de sus pueblos”, manifestó Zerillo, representante por Lima – provincias, al abrir la mesa de trabajo.

Indicó que es necesario trabajar de manera mancomunada para hacer posible y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la jurisdicción. Planteó la necesidad de formar un equipo técnico que canalice y priorice los proyectos de mayor relevancia e impacto social de las diversas provincias, que permita el gasto adecuado de los gobiernos locales y el mejoramiento de sus presupuestos anuales para rubros sociales, salud y de seguridad ciudadana.

Las autoridades provinciales coincidieron en señalar que aún carecen de presupuesto adecuado para la marcha de sus respectivas instituciones. De igual forma, informaron que los casos más álgidos están relacionados con la necesidad de mejorar e implementar mejores vías de acceso, así como los casos de saneamiento, agua y alcantarillado, entre otras necesidades básicas de sus respectivos lugares.

“Temas de agua y desagüe, carreteras y seguridad ciudadana son fundamentales para nuestra población. Por ello saludamos la iniciativa del congresista Zerillo por interesarse en nuestra problemática. Otros caso es que todos los municipios provinciales presentamos proyectos viables que son aprobados pero no podemos ejecutarlos por falta de presupuesto. Es un tema que se debería regular; y en otros casos simplemente no nos dan el dinero”, refirió la alcaldesa provincial de Cañete, María Montoya Conde.

Al término de la reunión las autoridades firmaron un acta de compromiso para seguir trabajando de manera coordinada y solicitaron que se convoque a los demás legisladores de Lima – Provincias, a fin de que se integren y participen de las próximas reuniones a desarrollarse los primeros días de setiembre. Participaron los alcaldes de Huaral, Víctor Hernán; de Huaura, Santiago Cano; Cajatambo, Miguel Carlos Castillo; y los representantes de las municipalidades provinciales de Barranca, Huarochirí, entre otras autoridades.

Assange, batallas e hipocresías



Por: Juan de la Puente.

El caso de Julian Assange que se inició como una extraña acusación contra el hombre que develó a través de Wikileaks millones de secretos militares y políticos de EEUU se está convirtiendo en un proceso norte/sur y en un juicio de la prensa contra la prensa.


A. Latina practica el asilo concedido a quien se refugia en sus delegaciones diplomáticas, es decir, el asilo diplomático, consagrado en la X Conferencia Internacional Americana (Caracas 1954). Reino Unido no reconoce esta modalidad de asilo aunque la jurisprudencia europea fue jalonada hace poco con el caso “M.S.S. contra Bélgica y Grecia” donde el Tribunal Europeo de DDHH fijó jurisprudencia sobre que un Estado vulneraría el Convenio Europeo de DDHH si extraditara a un extranjero hacia un país cuando existieran temores fundados de que esa persona, en caso de ser expulsada o extraditada, correría un riesgo real de violación de sus DDHH. Quizás por ello el abogado de Assange, Baltasar Garzón, mencionó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, suscrito por Reino Unido y Ecuador como la norma que inspira su demanda de salvoconducto.

La disputa normativa ha sido superada por los efectos políticos del caso. Unasur ha respaldado a Ecuador, y la OEA se prepara a hacer lo mismo, y aunque la UE se ha puesto de perfil será imposible ignorar la determinación de nuestra región por hacer respetar sus usos en el asilo. Si nadie comete errores gruesos, incluyendo Assange, la solución será negociada, con o sin convenciones, en el marco de una disputa norte/sur.

Más compleja y a ratos hipócrita es la gran prensa mundial que devoró con fruición las filtraciones de Wikileaks y cuestionó, correctamente, cualquier veto a su publicación blandiendo el derecho a la información; parte de ella relativiza ahora el asilo de Assange amparada en que lo ha concedido un gobierno violador de DDHH. Curiosa aritmética, valen más los derechos de sus lectores que el del hombre que los reveló. Si te vi no me acuerdo o yo escojo tus batallas y también tus derechos.

La historia podría curarlos: 1) Cuando Víctor Raúl Haya de la Torre demandó el asilo a Colombia (1949) gobernaba ese país Luis Mariano López Ospina, quien dio un autogolpe cerrando el Congreso, y al que sucedieron otros autócratas como Laureano Gómez, Roberto Urdaneta y Gustavo Rojas Pinilla. Todos mantuvieron la bandera del asilo de Haya, contra la dictadura de Manuel Odría; 2) Juan Velasco recibió decenas de asilados chilenos represaliados por Augusto Pinochet, o bolivianos perseguidos por Hugo Banzer; 3) Haya fue perseguido por Odría acusado de delitos comunes, pero para Colombia pesó la esencia política del caso; y 4) El golpe de Fujimori en 1992 persiguió a Alan García para encarcelarlo por delitos comunes pero para Colombia solo valió el origen de la persecución, es decir, el golpe de Estado. En el asilo, lo fundamental eran, son y serán siempre los asilados, no el asilante.

Realizarán "barrido censal" de programa Pensión 65 en Lima provincias

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, informó hoy que se realizará un "barrido censal" del programa Pensión 65 en Lima provincias, donde se encuentra el distrito de Supe, lugar en el que se habría encontrado falsos beneficiarios, según una denuncia periodística.




"En el caso de la región Lima provincias corresponde hacer el próximo año barrido censal", refirió Trivelli tras la inauguración del Taller de Aprendizaje de Experiencias de Inclusión Financiera, organizado por el Banco de la Nación.

La ministra detalló en la víspera que ya se ha hecho un "barrido censal" en 10 regiones del país para conocer con mayor exactitud cuál es la población más necesitada. Hay otras cuatro regiones donde ese proceso está en marcha y estarán listos ante de fin de año y aún quedan pendientes otras 10 regiones.

Consultada nuevamente sobre la denuncia televisiva, Trivelli recalcó que desde ayer un equipo de la Procuraduría de Pensión 65 y del mismo ministerio están tomando las medidas correspondientes, que incluyen denuncias judiciales.

Manifestó que confiaban en que el control del municipio y la firma de una declaración jurada por parte de los ciudadanos, era más que suficiente para asegurar que teníamos el control.

"La situación de hoy demuestra que no, que estabamos equivocados y eso implica que tenemos que tomar acciones complementarias", recalcó.

Sobre la posibilidad que proceda un pedido de interpelación por este tema en el Congreso de la República, Trivelli respondió que asistirá a dar las explicaciones que sean necesarias si procede tal solicitud-

CONGRESO OTORGÓ VOTO DE CONFIANZA A GABINETE MINISTERIAL



El Pleno del Congreso, presidido por el titular del Poder Legislativo Víctor Isla Rojas, otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Juan Jiménez Mayor, cuyas políticas de gobierno expuestas obtuvieron el respaldo de las bancadas parlamentarias.

Luego de un amplio debate de más de diez horas, el Pleno del Congreso otorgó su voto de confianza en la madrugada de hoy martes 21(73 a favor, 38 en contra y 2 abstenciones).

Previamente, el jefe del gabinete informó que se ha emitido una resolución del Organismo Supervisor de Compras del Estado (OSCE) en la que se retiró el registro de inscripción de la empresa "Krasny del Perú", que habría obtenido contratos con el Estado a pesar que estaba impedida.

En las intervenciones finales los parlamentarios pidieron al gobierno acciones frontales para enfrentar la delincuencia, así como demandaron el buen uso de los programas sociales. Rosa Mavila (AP-FA) opinó que debería haber una política criminal para combatir la inseguridad ciudadana. Mesías Guevara (AP-FA) pidió a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, incorporar a los distritos de su región en los diferentes programas que existe en ese portafolio. Martha Chávez (GPF) planteó aprobar el padrón de usuarios de Pensión 65.

Jhon Reynaga (NGP) resaltó los índices económicos del Perú resaltados por los organismos internacionales. Josue Gutiérrez (NGP) destacó las cualidades del gabinete Jiménez. Para cerrar la rueda de oradores Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) anunció que votará a favor de dar confianza.

Intervinieron en el debate los congresistas Cecilia Chacón (GPF), Lourdes Alcorta (APGC), Segundo Tapia (GPF), Leyla Chihuán (GPF), Luis Galarreta (APGC), Javier Velásquez Quesquén (CP), Manuel Merino De Lama (AP-FA), Julia Teves (NGP), Gustavo Rondón (SN) y Luciana León, entre otros.

Luego, cada uno de los ministros expusieron las políticas de su sector y respondieron las interrogantes de los congresistas. Al culminar las intervenciones el primer ministro Juan Jiménez solicitó a la Representación Nacional la cuestión de confianza a la política general del gobierno.

Siendo las 2:23 horas del martes 21 el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, levantó la sesión plenaria.