EDITORIAL DE GESTIÓN
La posición que ha tomado el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la difusión de grabaciones obtenidas ilegalmente es tan controversial, que ha sido emitida con la observación de cuatro de los siete magistrados que integran el máximo colegiado jurídico del país.
Incluso, el magistrado Juan Vergara señaló que esta decisión pone "una mordaza o censura determinada información", y "constituye una intromisión ilegítima en los medios de comunicación y afecta el derecho de los ciudadanos a conocer actos que socavan la democracia".
Entonces, bien valdría preguntarle al TC, ¿por qué consideró absolutamente perentorio pronunciarse sobre la labor fiscalizadora de la prensa, sobre todo ahora que estamos a poco del inicio del proceso a los implicados en el caso "petroaudios"?
Este organismo ha creado polémica, pero también confusión, puesto que los especialistas en materia constitucional consideran que el fundamento en cuestión ni siquiera es vinculante, ya que no contó con el voto de la mayoría de los magistrados.
Pero existe otro elemento que bien vale la pena resaltar: el fallo fue actualizado ayer hasta en dos oportunidades, incluyéndose en cada una de estas las opiniones en contra que los magistrados habían manifestado en la reunión de la Sala Plena del TC. En otras palabras, ante la andanada de críticas por el pronunciamiento, querían salvar su responsabilidad dejando en evidencia que ellos estaban en contra. Esto, sin embargo, deja constancia de la poca transparencia y seriedad con que se ha estado trabajando este asunto.
Ahora, el TC anuncia que emitirá un nuevo pronunciamiento para aclarar lo estipulado y así evitar que se siga pensando que lo hecho es "una intromisión ilegítima en los medios de comunicación", como lo ha advertido el propio Juan Vergara.
Solo nos queda esperar que la aclaración no sea peor que el pronunciamiento inicial, aunque también debemos señalar que los propios medios deben medir con propiedad qué información es de absoluto interés público, para evitar que desde fuera nos estén indicando cómo debemos proceder, y no nos impidan seguir fiscalizando y denunciando a los involucrados en actos de corrupción.
Incluso, el magistrado Juan Vergara señaló que esta decisión pone "una mordaza o censura determinada información", y "constituye una intromisión ilegítima en los medios de comunicación y afecta el derecho de los ciudadanos a conocer actos que socavan la democracia".
Entonces, bien valdría preguntarle al TC, ¿por qué consideró absolutamente perentorio pronunciarse sobre la labor fiscalizadora de la prensa, sobre todo ahora que estamos a poco del inicio del proceso a los implicados en el caso "petroaudios"?
Este organismo ha creado polémica, pero también confusión, puesto que los especialistas en materia constitucional consideran que el fundamento en cuestión ni siquiera es vinculante, ya que no contó con el voto de la mayoría de los magistrados.
Pero existe otro elemento que bien vale la pena resaltar: el fallo fue actualizado ayer hasta en dos oportunidades, incluyéndose en cada una de estas las opiniones en contra que los magistrados habían manifestado en la reunión de la Sala Plena del TC. En otras palabras, ante la andanada de críticas por el pronunciamiento, querían salvar su responsabilidad dejando en evidencia que ellos estaban en contra. Esto, sin embargo, deja constancia de la poca transparencia y seriedad con que se ha estado trabajando este asunto.
Ahora, el TC anuncia que emitirá un nuevo pronunciamiento para aclarar lo estipulado y así evitar que se siga pensando que lo hecho es "una intromisión ilegítima en los medios de comunicación", como lo ha advertido el propio Juan Vergara.
Solo nos queda esperar que la aclaración no sea peor que el pronunciamiento inicial, aunque también debemos señalar que los propios medios deben medir con propiedad qué información es de absoluto interés público, para evitar que desde fuera nos estén indicando cómo debemos proceder, y no nos impidan seguir fiscalizando y denunciando a los involucrados en actos de corrupción.
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