La bancada del Partido Nacionalista Peruano (PNP) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1097, relativo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías.
La demanda, presentada ante el Tribunal Constitucional, pide la derogación del decreto por vulnerar, entre otros, el artículo 2 de la Constitución, en el que se señala la igualdad de todos los peruanos ante la ley.
Según los documentos presentados hoy ante dicho tribunal, el texto del decreto permite que los procesados por derechos humanos puedan beneficiarse de dicha norma, mientras que los acusados de otro tipo de delitos no podrán hacerlo.
El decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Precisamente, la demanda presentada hoy, con la firma de 36 congresistas peruanos, también señala que el decreto 1097 contradice varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos, que son vinculantes para Perú.
El vocero del PNP en el Congreso, Daniel Abugattás, sostuvo tras la presentación de la demanda que en un Estado de derecho no pueden permitirse leyes que vayan contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pidió a los miembros del Tribunal Constitucional que se pronuncien de acuerdo a ley y en breve plazo.
Por su parte, el presidente de dicho tribunal, Carlos Mesías, informó que la demanda será trasladada a un órgano de control constitucional y que en un plazo de 60 días se conocerá la decisión al respecto.
"Simplemente se verá si la ley es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de protección de los derechos constitucionales o no", afirmó Mesías.
La emisión del polémico paquete de decretos ha provocado las críticas de políticos de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, e incluso palabras de preocupación por parte del relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin.
"No convendría decir que Perú sea un país de impunidad, pero hay una tendencia, una veta de impunidad en la sociedad peruana. Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor poner debajo de la alfombra (estos procesos), lo que sería equivalente a la impunidad", dijo Scheinin en Lima.
EFE
La demanda, presentada ante el Tribunal Constitucional, pide la derogación del decreto por vulnerar, entre otros, el artículo 2 de la Constitución, en el que se señala la igualdad de todos los peruanos ante la ley.
Según los documentos presentados hoy ante dicho tribunal, el texto del decreto permite que los procesados por derechos humanos puedan beneficiarse de dicha norma, mientras que los acusados de otro tipo de delitos no podrán hacerlo.
El decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Precisamente, la demanda presentada hoy, con la firma de 36 congresistas peruanos, también señala que el decreto 1097 contradice varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos, que son vinculantes para Perú.
El vocero del PNP en el Congreso, Daniel Abugattás, sostuvo tras la presentación de la demanda que en un Estado de derecho no pueden permitirse leyes que vayan contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pidió a los miembros del Tribunal Constitucional que se pronuncien de acuerdo a ley y en breve plazo.
Por su parte, el presidente de dicho tribunal, Carlos Mesías, informó que la demanda será trasladada a un órgano de control constitucional y que en un plazo de 60 días se conocerá la decisión al respecto.
"Simplemente se verá si la ley es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de protección de los derechos constitucionales o no", afirmó Mesías.
La emisión del polémico paquete de decretos ha provocado las críticas de políticos de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, e incluso palabras de preocupación por parte del relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin.
"No convendría decir que Perú sea un país de impunidad, pero hay una tendencia, una veta de impunidad en la sociedad peruana. Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor poner debajo de la alfombra (estos procesos), lo que sería equivalente a la impunidad", dijo Scheinin en Lima.
EFE
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