(elcomercio.pe / EFE)
El relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, comentó que el reciente Decreto Legislativo 1097 relativo a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú por militares y policías representa “un clima de impunidad”.
“Yo creo que es una de las tendencias dentro de la sociedad peruana y en ciertos círculos de las autoridades peruanas”, dijo Scheinin mediante traducción simultánea en una rueda de prensa en Lima, al culminar una visita al Perú que se inició el 1 de setiembre.
El Decreto Legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad “surte efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre de 2003”, cuando el país se adhirió a ese convenio.
APARENTA QUE FUE PREPARADO
Scheinin también destacó los avances en el Perú tanto en el enjuiciamiento a la cúpula de Sendero Luminoso tras los años del terrorismo (1980-2000), como al ex presidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros cometidos durante su régimen (1990-2000), así como los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto interno.
Pero insistió en que el decreto 1097 daría la impresión de que fue “preparado para casos particulares o grupos particulares de personas”.
También enfatizó su preocupación por las divisiones “claras” en el Perú respecto de si se debe seguir enjuiciando a los militares y policías por violaciones a los derechos humanos o simplemente poner estos procesos “debajo de la alfombra, lo que sería equivalente a la impunidad”.
SOBRE USO DE LA FUERZA
Scheinin además criticó el Decreto Legislativo 1095 sobre el uso de la fuerza en Perú, una ley que consideró podría tener “consecuencias adversas para los derechos humanos” porque la definición de “grupos hostiles” es muy amplia y “podría abarcar a movimientos de protesta social que no llevan armas de fuego consigo”.
Detalló que visitó varios penales del país, donde conoció los casos, por ejemplo, de dos líderes indígenas en detención preventiva por delitos de terrorismo, “aunque pareciera que solamente estaban manifestando de manera pacífica los reclamos legítimos de sus comunidades”, además de 25 activistas que se oponían a proyectos mineros en el norte del Perú.
“Yo creo que es una de las tendencias dentro de la sociedad peruana y en ciertos círculos de las autoridades peruanas”, dijo Scheinin mediante traducción simultánea en una rueda de prensa en Lima, al culminar una visita al Perú que se inició el 1 de setiembre.
El Decreto Legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad “surte efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre de 2003”, cuando el país se adhirió a ese convenio.
APARENTA QUE FUE PREPARADO
Scheinin también destacó los avances en el Perú tanto en el enjuiciamiento a la cúpula de Sendero Luminoso tras los años del terrorismo (1980-2000), como al ex presidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros cometidos durante su régimen (1990-2000), así como los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto interno.
Pero insistió en que el decreto 1097 daría la impresión de que fue “preparado para casos particulares o grupos particulares de personas”.
También enfatizó su preocupación por las divisiones “claras” en el Perú respecto de si se debe seguir enjuiciando a los militares y policías por violaciones a los derechos humanos o simplemente poner estos procesos “debajo de la alfombra, lo que sería equivalente a la impunidad”.
SOBRE USO DE LA FUERZA
Scheinin además criticó el Decreto Legislativo 1095 sobre el uso de la fuerza en Perú, una ley que consideró podría tener “consecuencias adversas para los derechos humanos” porque la definición de “grupos hostiles” es muy amplia y “podría abarcar a movimientos de protesta social que no llevan armas de fuego consigo”.
Detalló que visitó varios penales del país, donde conoció los casos, por ejemplo, de dos líderes indígenas en detención preventiva por delitos de terrorismo, “aunque pareciera que solamente estaban manifestando de manera pacífica los reclamos legítimos de sus comunidades”, además de 25 activistas que se oponían a proyectos mineros en el norte del Perú.
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