La corrupción de la democracia

Por Ignacio Ramonet

El "caso Bettencourt" que zarandea Francia con su vendaval de arrestos, odios familiares, cheques ocultos, grabaciones furtivas, fechorías fiscales y donaciones ilegales al partido del Presidente Nicolas Sarkozy, está hundiendo el país en una profunda crisis moral.

Liliane Bettencourt, una de las mujeres más ricas del planeta, poseedora de una fortuna de 17.000 millones de euros y propietaria del imperio de cosméticos y perfumes L'Oréal, se halla en el epicentro de un alucinante culebrón devenido asunto de Estado. Unas conversaciones robadas en su domicilio revelaron que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, usó de su influencia (cuando era ministro del Presupuesto, y por consiguiente responsable de la administración fiscal) para obtener que su esposa, Florence, fuese contratada por la multimillonaria -con un salario anual de 200.000 euros- para administrar su fortuna... De paso, Eric Woerth, que también era tesorero del partido del Presidente, percibió presuntamente donaciones de decenas de miles de euros (1) para financiar la campaña electoral de Sarkozy... A cambio, se sospecha que el ministro hizo la vista gorda sobre una parte del patrimonio oculto de la dueña de L'Oréal: por ejemplo, varias cuentas millonarias en Suiza y una isla en las Seychelles valorada en unos 500 millones de euros...

Este asunto, de por sí bochornoso, adquiere mayor morbo en la medida en que Eric Woerth es el encargado de conducir la dura reforma de las jubilaciones que castigará a millones de asalariados modestos. En un ambiente de fuertes tensiones sociales y de motines de desclasados en los guetos urbanos, el "caso Bettencourt" está reactivando el viejo litigio entre las elites y el pueblo común. "El clima de la sociedad, advierte el filósofo Marcel Gauchet, se halla hoy impregnado de revuelta latente y de un sentimiento de distancia radical hacia los dirigentes" (2).

Francia no es la única democracia carcomida por la corrupción de algunos políticos y por la permanente confusión que muchos de ellos mantienen entre cargos públicos y beneficios privados. Está aún fresco en las memorias el escándalo de los abusos de los gastos parlamentarios a expensas de los contribuyentes, ocurrido en el Reino Unido y que, junto con otras causas, provocó el descalabro de los laboristas en las elecciones del 6 de mayo pasado. O el de la Italia de Silvio Berlusconi en donde, casi veinte años después de la operación mane pulite que decapitó a gran parte de la clase política, la corrupción, a modo de metástasis, vuelve a extenderse ante la impotencia de una izquierda paralizada y sin ideas. El Tribunal de Cuentas italiano, en su último informe, establece que los delitos de corrupción activa de los funcionarios públicos aumentaron el año pasado en más de 150% (3). Y qué decir de España, agobiada por los múltiples casos de corrupción de cargos públicos asociados a los "señores del ladrillo" enriquecidos por las delirantes políticas urbanísticas. Sin hablar del esperpéntico "caso Gürtel" que sigue coleando.

A escala internacional, la corrupción alcanza hoy, en la era de la globalización neoliberal, una dimensión estructural. Su práctica se ha banalizado igual que otras formas de criminalidad corruptora: malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, abuso de bienes sociales, creación y financiación de empleos ficticios, fraude fiscal, disimulo de capitales procedentes de actividades ilícitas, etc. Se confirma así que la corrupción es un pilar fundamental del capitalismo. El ensayista Moisés Naím afirma que, en los próximos decenios, "las actividades de las redes ilícitas del tráfico global y sus socios del mundo ‘legítimo', ya sea gubernamental o privado, tendrán muchísimo más impacto en las relaciones internacionales, las estrategias de desarrollo económico, la promoción de la democracia, los negocios, las finanzas, las migraciones, la seguridad global; en fin, en la guerra y la paz, que lo que hasta ahora ha sido comúnmente imaginado" (4).

Según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros... De ese montante, unos 250 000 millones corresponden al fraude fiscal realizado anualmente sólo en la Unión Europea. Reinyectados en la economía legal, esos millones permitirían evitar los actuales planes de austeridad y ajuste que tantos estragos sociales están causando.

Ningún dirigente debe olvidar que la democracia es esencialmente un proyecto ético, basado en la virtud y en un sistema de valores sociales y morales que dan sentido al ejercicio del poder. Afirma José Vidal-Beneyto, en su libro póstumo y de indispensable lectura, que cuando, en una democracia, "las principales fuerzas políticas, en plena armonía mafiosa, se ponen de acuerdo para timar a los ciudadanos" (5) se produce un descrédito de la democracia, una repulsa de la política, un aumento de la abstención y, más peligroso, una subida de la extrema derecha. Y concluye: "El gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la democracia, la corrompida es la democracia".



Notas:

(1) En Francia, la ley de financiamiento de los partidos políticos del 11 de abril de 2003, limita las donaciones de las personas físicas a 7.500 euros al año.
(2) Le Monde , París, 18 de julio de 2010.
(3) Clarín , Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
(4) Moisés Naím, Ilícito , Debate, Madrid, 2006.
(5) José Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia , Catarata, Madrid, 2010.

Kósovo: precedente sin precedente

La declaración sobre la proclamación unilateral de la independencia de Kósovo no violó la legislación internacional -ha declarado el presidente del Tribunal Internacional, Hisashi Owada, al anunciar la resolución consultiva de la máxima instancia judicial de la ONU. Tal como reza el veredicto del tribunal, el derecho internacional no prohibe la declaración de la independencia.

La correspondiente solicitud fue presentada en el Tribunal Internacional por la Asamblea General de la ONU aún en octubre de 2008. Ya entonces estaba claro que en el caso se verían enfrentados el derecho internacional y lo que suele llamarse conveniencia política. Es que el caso de Kósovo tiene un carácter sin precedente. Nunca aún en su historia el Tribunal Internacional de la ONU no examinó una cuestión sobre un territorio que declaró su salida de un Estado miembro de la Organización sin el consentimiento de este último. De ahí el gran caldeo de pasiones en torno al veredicto.

Esto también lo han confirmado las audiencias abiertas celebradas en La Haya en diciembre de 2009. Los detractores de la independencia kosovar, a la cabeza con Serbia y Rusia, destacaron las burdas violaciones de las normas del derecho internacional, particularmente el principio de inviolabilidad de las fronteras. Sus opositores - en la persona de las autoridades albanesas de Kósovo, de EEUU y de los principales miembros de la Unión Europea, que ya reconocían la independencia kosovar, hablaban de ella como de un hecho consumado. Y Francia aún entonces dudó de la legitimidad del Tribunal Internacional de la ONU de debatir dicha cuestión que, según París, tenía un carácter exclusivamente político. Pero, dado que las resoluciones en este caso se toman por simple mayoría de votos, está claro que los separatistas albaneses de Kosovo desde un mismo principio podían confiar en el éxito, lo cual, dicho sea de paso, no ocultaban. El ministro de Exteriores del gabinete provincial, Skender Hyseni, ya prometió que el Gobierno está totalmente decidido a tomar el control de las regiones del norte de la provincia, pobladas por serbios.

Cabe recordar que, a diferencia de las resoluciones del propio Tribunal Internacional de la ONU, sus resoluciones consultivas no tienen fuerza vinculante. Al propio tiempo, esto confiere legitimidad a un acto totalmente ilegítimo -estima la balcanista rusa Anna Filimónova: "¿Qué significa esto para los serbios, para los serbios que viven al sur del Ibar? Significa que paulatinamente serán absorbidos. Significa la renuncia a su propia historia secular, a sus inveteradas raíces. Y el factor de la absorción no se limita sólo a eso. Ya existe una amenaza a Serbia del sur y a algunas ciudades de Presevo, Bujanovac y otras. Y, obviamente, se trata de un golpe contra la autoconciencia de los serbios".

Aún es temprano para que las autoridades albanesas de Kosovo festejen la victoria definitiva. La resolución del Tribunal Internacional aún ingresará a examen de la Asamblea General de la ONU en setiembre próximo. El viceprimer ministro de Serbia, Bozidar Djelic, ya advirtió al respecto que su país presentará a los miembros de la ONU un proyecto de resolución "en el que se reflejará el anhelo de encontrar una fórmula de compromiso en todas las cuestiones, incluyendo el estatus de Kosovo, es decir se demandarán nuevas negociaciones entre Belgrado y Pristina.

Además, las conclusiones y especialmente la argumentación de la actual resolución del tribunal rebasan los marcos de Kosovo y de toda la región balcánica. Ellas serán estudiadas atentamente e intepretadas conforme a otros conflictos similares, incluso en el Cáucaso y en otras regiones del espacio postsoviético. O sea que la resolución de hoy no es el fin del "caso kosovar", sino el prólogo de nuevas batallas geopolíticas.

Celebran Día del Pabellón Nacional de Perú en la Expo Shanghai

El Día del Pabellón Nacional de Perú en la Exposición Universal de Shanghai se celebró el miércoles, y a la ceremonia asistieron el subcomisiorio del gobierno chino en la Expo, Ju Yijie, y el embajador de Perú en China, Harold Forsyth, así como otros invitados, quienes al finalizar el acto apreciaron al lado del público fantásticos espectáculos.

En la conferencia de prensa posterior, Ju Yijie dijo que Perú no sólo constituye un país latinoamericano muy importante, sino que además fue el primero que estableció relaciones diplomáticas con China. Aunado a ello, en los últimos años, la cooperación en cada terreno entre los dos países marcha viento en popa, sus altos dirigentes realizan visitas de Estado con frecuencia, y ambas naciones han firmado un tratado de libre comercio.

Ju agradeció al gobierno peruano por prestar tanta atención a su participación en la Expo, y expresó su deseo de que la cooperación y la amistad entre los dos pueblos se desarrollen aún más con este evento mundial.

Por su parte, Harold Forsyth señaló que este día coincide con el Día Nacional de Perú, y manifestó su agradecimiento a los organizadores por elegir esta fecha como el Día del Pabellón de su país. Dijo que tanto Perú como China son cunas de la civilización del mundo antiguo y ambos pueblos contribuyeron mucho al avance de la humanidad.

CHILE: Crece la protesta mapuche contra ley antiterrorista

Por Natalie Kantt

Dos mapuches presos en la cárcel sureña de Lebu, en Chile, se sumaron el jueves a la huelga de hambre que desde hace más de dos semanas mantienen otros 29. Los 31 indígenas reclaman que no les sea aplicada la llamada ley antiterrorista, una severa disposición creada en la época de Augusto Pinochet que aún hoy sigue vigente. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas pidió incluso el año pasado a Chile que revisara esta ley y exigió no aplicarla indiscriminadamente a los mapuches por actos de protestas o reclamos sociales.

América Latina: 80 millones de niños en la pobreza

Un informe reciente de la Cepal y Unicef advierte que unos 81 millones de niños en América Latina viven en situación de pobreza, mientras que otros 32 millones están en la pobreza extrema. Bolivia, Nicaragua y Guatemala lideran la lista de países de mayores niveles de indigencia.

Agencias/José Zepeda


El 45% de la población infantil de América Latina y el Caribe vive en situación de pobreza, lo cual equivale a 80,8 millones de niños de entre 0 y 17 años, según advierte un informe conjunto realizado por la Cepal y Unicef entre los años 2008 y 2009. De esa cifra, en situación de extrema pobreza se encuentran al menos 32,2 millones de niños. Esa población está principalmente afectada por "privaciones severas" como precariedad de la vivienda, desnutrición global o crónica grave, falta de acceso al agua potable y a los sistemas educativos e informativos.

Indigencia
Bolivia, Guatemala, Nicaragua. El Salvador, Honduras y Perú lideran la nómina de países donde la pobreza extrema afecta a cerca del 41% de los niños. La situación es más grave en los primeros cuatro, donde los niveles de indigencia y precariedad alcanzan al 48,6%, 47,2%, 42,4% y 39%, respectivamente.

Del total de niños en pobreza extrema, alrededor del 43% vive en familias cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades alimentarias, es decir, que se encuentran en situación de indigencia.

En el estudio también se advierte a los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, donde la pobreza extrema afecta a algo menos del 14% de los niños. En tanto, Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay figuran entre los de menor pobreza extrema, con el 8%.

"Es importante destacar que varios países donde la pobreza infantil extrema es baja, presentan niveles altos de pobreza total, por la amplia existencia de privaciones de carácter moderado", explica el informe.

El 53% de los casi 81 millones de niños que viven en la pobreza sufren la violación de sus derechos por una sola privación moderada o severa, y sólo uno de cada cinco niños pobres se ve privado en tres o más dimensiones del bienestar.

Camisea: la cosa es más bien al revés

Por Humberto Campodónico

“Pero ahora, cuando ha llegado el momento en que se inicia la exportación, es cuando se exige que el gas no se exporte, olvidando que solo con ese estímulo se logró que nosotros hayamos utilizado ya por cinco años el gas” (Alan García, 28/7/10). Añadió: “Sin la oferta de exportar el gas ninguna empresa hubiera invertido US$ 2,300 millones en las plantas de fraccionamiento o cientos de millones en la perforación y menos en un gasoducto de US$ 800 millones que desde hace 5 años nos sirve a nosotros”.

Estas afirmaciones no son ciertas pues el proyecto Camisea del Lote 88 comenzó en el 2000 como un proyecto ligado únicamente al mercado interno. Para que el proyecto sea rentable, el consorcio Camisea se acogió al DL 818 de 1996, que amplió el arrastre de pérdidas de 4 a 8 años, fraccionó el pago de aranceles en un periodo de 7 años (y no de inmediato) y se acogió a la recuperación anticipada del IGV (DS-095-98-EF).

Se trata de un típico caso de “industria naciente”, en el que el Estado le proporciona a la empresa, al principio, toda una serie de incentivos para que el proyecto despegue. Otros incentivos fueron el adelanto (al 2002) de la Garantía de la Red Principal (que todos pagamos en la tarifa eléctrica y que fue lo que permitió que se construya el gasoducto) y el contrato de Electroperú por el cual se garantizaba la compra sí o sí (take or pay) al Consorcio Camisea de 70 millones de pies cúbicos diarios.

Con todos estos incentivos el gasoducto del Lote 88 llegó a Lima en agosto del 2004. ¿Cuándo se firmó el contrato por el Lote 56, destinado a la exportación? En setiembre del 2004. Nada tuvo que ver la exportación en el desarrollo de esta industria naciente.

No solo eso. García infla las cifras, porque la inversión del Lote 88 fue de U$ 850 millones en la explotación (lo que incluye la perforación de pozos y las plantas de fraccionamiento), US$ 800 millones en el gasoducto de Camisea a Lima y US$ 70 millones en la distribución. El monto es importante y estamos de acuerdo con sus efectos positivos para el mercado interno. Pero, ojo, no son los montos de los que habla García y nada tiene que ver la exportación.

En su discurso García retrocede con respecto a lo que dijo el año pasado, pues ahora está a favor de que se consuma el despojo del gas del Lote 88 que fue un “regalo de Dios”, pues la Shell no lo pudo explotar y revirtió gratis al Estado. El año pasado dijo que el cambio de las leyes que permitieron que se exporte el gas del Lote 88, en el 2005-2006, era un delito. Eso “ya fue”.

También dijo que la exportación solo procedería si primero se abastece al mercado interno. Eso no sucede, pues hay racionamiento para las empresas peruanas, ya que 2 TCF del Lote 88 están inmovilizados, pues son la garantía del contrato a México.

La cuestión es más bien al revés. Ha sido el proyecto de exportación el que se ha beneficiado del mercado interno en varios aspectos. Primero, en el tramo del ducto de la selva, Perú LNG va a usar el gasoducto del Lote 88, que tiene exclusividad de 10 años para el mercado interno. Segundo, la planta de fraccionamiento de líquidos, construida para el Lote 88, es usada para el Lote 56. Tercero, el ducto de líquidos de Camisea a Pisco del Lote 88 es usado por el Lote 56. Cuarto, han sido las utilidades del Lote 88 (y en los últimos dos años) y las del Lote 56 las que le han permitido a Perú LNG financiar el proyecto de exportación, las mismas que ascienden a US$ 1,000 millones (ver Camisea y los negocios vinculados, www.cristaldemira.com, 17/5/10).

Finalmente, ¿por qué García, de un lado, levanta las inversiones de Perú LNG y, de otro, dice que va a renegociar las regalías, lo que solo es un aspecto mínimo de todo el problema? La respuesta es: para tapar el sol con el dedo de las regalías y que la gente piense que “está bien exportar el gas”. Está claro para quien juega García y, también, debiera estar claro que la exportación del gas no es aceptable.

Escrito de César Vallejo sobre el 28 de Julio de 1926

Por Mirko Lauer

(Los investigadores Carlos Fernández y Valentino Gianuzzi nos alcanzan este texto casi desconocido, aparecido en la revista Par-Sud-Am el 30.7.1926. Ellos son autores de César Vallejo: textos rescatados, Lima, Universidad Ricardo Palma, 2009. El texto muestra que algunas cosas han cambiado mucho; otras, no tanto.)

El 28 de julio celebra el Perú el 105 aniversario de su independencia. Al cabo de un siglo de convulsiones políticas peculiares a una época de ensayo republicano, es grato constatar cómo este país ha empezado últimamente a encauzar su vida dentro de normas de paz y estabilidad de sus instituciones democráticas. Dotado de una nueva Constitución, cuyos fundamentos responden a sus nuevas necesidades sociales, el Perú ha entrado por fin en era de efectivo desarrollo nacional. Se diría que de un golpe, como lo hizo México, ha abandonado las agitaciones y guerras civiles, para entrar en un esfuerzo de creación verdaderamente nacional.

La importancia que el Perú tuvo en América durante la época precolombina y el coloniaje, ha decrecido en la época independiente.

Es uno de los países que mayores trastornos ha sufrido. Un destino de fragor e inquietud dolorosa ha ensangrentado los primeros gobiernos de la república. Sin embargo, ha habido paréntesis de paz constructiva, tales como el gobierno de Castilla y de Piérola, durante los cuales el Perú ha colocado las primeras bases de su provenir.

Libertado por San Martín y Bolívar, el Perú ha tenido grandes precursores de su independencia, salidos de su seno, tales como el inca Túpac Amaru, Zela y otros, que hicieron magníficas proezas de heroísmo por libertar al país de la dominación española. La nación conserva la herencia patriótica de esos héroes y, junto a las formas de Estado legadas por el pensamiento político de Bolívar, el Perú se esfuerza en ajustar los ideales de su vida al maravilloso ritmo de convivencia y justicia sociales de los Incas, que aquellos precursores, salidos del fondo de la raza indígena, trataron de mantener en el país.

En rigor, el Perú debe su libertad a la actuación militar de San Martín, quien año tras año y palmo a palmo fue combatiendo a las fuerzas españolas, hasta la ocupación de Lima, donde el 28 de julio de 1821 proclamara la independencia del Perú. La independencia peruana se debe, sin disputa, más a San Martín que a Bolívar. Así lo reconoce el general Mangin, quien refiriéndose al momento en que el capitán argentino va a ceder a Bolívar el comando general de las fuerzas revolucionarias en Sudamérica, dice: “El objeto de San Martín estaba golpeado ya de muerte”. Bolívar no tuvo más que acabar la titánica obra que San Martín había iniciado y realizado en tantos años de paciente y aguerrido heroísmo. San Martín, pues, libertó al Perú; pero Bolívar inspiró todo el espíritu y toda la estructura política del Perú y de la América entera. Bolívar, más que como guerrero, brilla como “escultor de pueblos”, es decir, como estadista. Hasta ahora mismo, las geniales orientaciones de su política no logran ser enteramente comprendidas y los pueblos de América saben que es en las doctrinas bolivarianas donde hay que buscar, en gran parte, el secreto de una paz armoniosa y fecunda en el continente.

Sellada la independencia del Perú, los esfuerzos de los primeros gobiernos se dirigieron, como es natural, a delinear los nuevos derroteros sociales del país. En esa tarea se sucedieron más de cincuenta años. Se dictan numerosas y efímeras constituciones y se ponen a prueba otras tantas fuerzas de gobierno, encarnadas en cien Presidentes y caudillos militares. En todos esos ensayos y guerras civiles, el país perdió tiempo y hermosas energías. Es a la mitad del siglo pasado que empiezan a delinearse las primeras raíces de una obra nacional de grandes trayectorias. Las agitaciones políticas se hacen entonces más doctrinarias y el pueblo empieza a controlar a sus caudillos. Es entonces que se da la Constitución de 1860, que ha regido hasta 1920, la misma que aun conteniendo importantes disposiciones jurídicas, adolecía en sus lineamientos generales de ese pensamiento abstracto y desconectado de la realidad, peculiar al romanticismo político de la época en que ella fue dictada. Es también entonces que empiezan a realizarse los primeros progresos en el terreno de las industrias y finanzas peruanas.

La situación de Perú va mejorando desde hace pocos años y su avance se ha centuplicado, desde todos las puntos de vista. Un vasto vuelo ha cobrado la educación pública. En 1925 funcionaron 4.000 escuelas fiscales elementales y 26 colegios de instrucción secundaria, los mismos que poseen un franco espíritu nacionalista e indígena. La enseñanza politécnica se da en todas las regiones industriales del país. En cuanto a la situación económica, el manifiesto publicado por el Gobierno últimamente establece un superávit de 700.000 libras. Las más recientes estadísticas del comercio internacional acusan la cifra de 18.929.418.990 libras de importaciones, por 25.114.377.000 de exportaciones. El presupuesto fiscal registra un egreso de 8.581.974.186 libras.

Todo en el Perú lleva al convencimiento de que este país alcanzará en breve un gran bienestar nacional y, por ende, un primer relieve internacional en el continente. Sus ingentes riquezas naturales hacen de él una síntesis suprema de todas las tierras y climas de la naturaleza. Los petróleos de Piura, el oro, plata y cobre de Cerro de Pasco y Pataz, el azúcar de Chicama, el algodón de Lambayeque, el caucho de Loreto, los inmensos valles del Amazonas plenos de exuberantes floras y de faunas variadísimas, las vastas planicies de los Andes, constituyen fuerzas suficientes para hacer del país que las posee, una grande y brillante nación. Al lado de estos recursos materiales, el Perú tiene la gloria de haber producido espíritus superiores, tales como los escritores González Prada, Ricardo Palma y Abraham Valdelomar, los hombres de ciencia Villarreal y Barranca, el artista Merino y ese gran aviador Jorge Chávez, que murió batiendo el récord mundial de altura en Domodosola.

Histórico: las corridas de toros quedaron prohibidas para siempre en Cataluña

Barcelona (DPA).

Las corridas de toros desaparecerán para siempre en Cataluña, en el noreste de España, después de que así lo decidiese hoy su Parlamento regional en Barcelona, en un pleno histórico que se siguió con gran expectación tanto en el país como fuera de las fronteras españolas.

De los 135 diputados regionales, 68 votaron a favor de la abolición de la llamada fiesta nacional española en Cataluña, mientras que 55 lo hicieron en contra. Nueve diputados se abstuvieron y uno faltó al pleno.

La prohibición, que se estima que alentará iniciativas similares en otras partes del país, entrará en vigor el 1 de enero de 2012. Solo afecta a La Monumental de Barcelona, la única plaza de toros que funciona en una región de 7,4 millones de habitantes y a cuyos propietarios tendrá que indemnizar el gobierno catalán con un monto que se estima entre los 300 y los 500 millones de euros.

Con el anuncio del resultado, la Cámara catalana se dividió entre los aplausos y la alegría de los diputados antitaurinos y la desolación de quienes defienden la tauromaquia.

Desde las tribunas de invitados reaccionaron de igual manera los defensores de los derechos de los animales, entusiasmados, y las personalidades del mundo del toro que acudieron a presenciar la votación, entre ellas algunos que no pudieron evitar las lágrimas.

DECISIÓN LEVANTÓ POLÉMICA
Las reacciones a una decisión que ha levantado gran polémica en España llegaron desde todos los rincones del país. El conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, el principal de la oposición española, anunció una iniciativa para que el Parlamento español deje sin efecto la prohibición catalana.

Para lograr el veto fue decisivo que los dos grupos mayoritarios en el Parlamento catalán, ConvergŠncia i Unió (CiU, con 48 diputados) y el Partido Socialista (PSC, con 37), dieran libertad de voto en sus filas.

Los primeros votaron mayoritariamente a favor del veto. La mayoría de los socialistas lo hizo en contra, entre ellos el mismo presidente del gobierno regional de Cataluña, José Montilla.

DECISIÓN HISTÓRICA
Aunque la de hoy es una decisión histórica en un país en el que la tradición de los toros se vive desde hace siglos, Cataluña no es la primera región que prohíbe la fiesta. Ya lo hicieron las Islas Canarias en 1991, si bien allí hacía ya muchos años que no se celebraba una corrida.

El camino que culminó hoy con el veto de los toros por parte del Parlamento catalán comenzó en diciembre, cuando la mayoría de la cámara se pronunció a favor de abordar una iniciativa legislativa popular (ILP) que, impulsada por la plataforma Prou! (Basta) bajo el argumento de que las corridas son “una tortura” y un “maltrato evitable”, logró recoger 180.000 firmas, 130.000 más de las necesarias para llegar al Parlamento regional.

Envíen un “mensaje de compasión y progreso a la humanidad”, pidió a los diputados antes de la votación la portavoz de Prou!, Anna Mul…. “Escuchen el grito de una sociedad que se replantea sus propias tradiciones y el deseo del pueblo de aquello que considera moralmente inaceptable”, dijo.

El debate sobre la desaparición de los toros en Cataluña, no obstante, se ha interpretado desde diversos sectores como un debate de trasfondo político, más allá de una cuestión relacionada con los derechos de los animales, enmarcado en el enfrentamiento identitario por parte del nacionalismo entre lo catalán y lo español.

“Lamento las pretensiones de los que han querido hacer de esto un termómetro de la relación Cataluña-España”, dijo el presidente Montilla al respecto. “Se ha querido buscar una confrontación (con España) que no es tal. En el resto del Estado también hay abolicionistas”, indicó por su parte el líder de ERC, Joan Puigcercós.

Ya no reformas, sino “reformitas”

Por Humberto Campodónico

En este último año de gobierno, hay varias reformas que se podrían hacer y que no implican el cambio del “inmodificable” modelo económico. Son políticas que se implementan en países vecinos que no pueden ser calificados de “antisistema”. Veamos.

La pensión universal no contributiva existe en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. Es una pensión mínima para todos los mayores de 65 años, hayan o no contribuido a algún sistema de pensiones. En Chile la ley fue promulgada hace dos años por la presidenta Bachelet. En el Perú, el costo de otorgar medio salario mínimo, para comenzar, a los mayores de 65 años de Apurímac. Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno no superaría los S/. 300 millones anuales. Es de justicia.

En Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México el salario mínimo lo determina una institución donde participan empleadores, sindicatos y el Estado, de acuerdo a la inflación y el aumento de la productividad. Su periodicidad es anual. En el Perú, el Consejo Nacional de Trabajo cumple esas funciones, pero el gobierno no las obedece. Así, el salario mínimo se ha quedado en S/. 550/mes desde enero del 2008 y ya perdió el íntegro del poder adquisitivo que se había recuperado.

Estamos en época de precios altos de los minerales y del petróleo, lo que ha motivado importantes cambios en la legislación contractual en todo el mundo, de manera que los Estados puedan captar una mayor parte de la renta. Pero aquí seguimos con las mismas leyes de principios de los 90 cuando la situación internacional (competencia con los países del Este) y nacional (guerra interna, hiperinflación) era distinta.

Ojo, no estamos mencionando aquí a los contratos ya existentes (que el gobierno no quiere tocar) sino a los que se están firmando recién, ya sea en nuevas rondas petroleras o en el caso de Toromocho, Tía María, Las Bambas y Quellaveco, entre otros.

Aquí no hay cambio alguno en las reglas de juego, porque se trata de un juego nuevo que recién va a empezar y que ya se aplica en otros países (por ejemplo, las regalías progresivas y/o tasas de impuesto a la renta que toman en cuenta los niveles de precios).

Poner en marcha una reforma tributaria integral que nos permita salir del 13.6% del PBI de presión tributaria (el sótano de la Región). Para eso hay que eliminar las exoneraciones tributarias al sector financiero y combatir la evasión tributaria (dice Kuczynski que eso en el Perú es un deporte nacional). También se debe aprobar el Proyecto de Ley 3092 que establece que las empresas peruanas que se vendan en el extranjero paguen impuestos en el Perú. Hace poco Vale do Rio Doce vendió Bayóvar en Holanda y perdimos US$ 112 millones.

Promulgar, ya, el proyecto de ley de la SBS que establece que las comisiones de las AFP tengan dos partes: una, que cubra sus costos, mientras que la segunda debe estar en función de la rentabilidad de sus inversiones. No como ahora, que cobran su comisión íntegra, aunque los futuros pensionistas pierden en la Bolsa de Valores. Esto no es difícil, siempre y cuando se quiera combatir ese “lobby”.

Masificar el gas de Camisea, comenzando con la puesta en marcha inmediata del gasoducto al Sur con las reservas del Lote 88 y con la participación de un Petroperú recargado. Así, Cusco, Puno, Arequipa. Moquegua y Tacna tendrán energía barata para su desarrollo, que hoy se potencia con la Interoceánica.

La seguridad energética debe ser parte del Plan Estratégico de Desarrollo al 2021. Así lo entienden países vecinos, como Chile, que en menos de 5 años construyó el Terminal de Regasificación en Quintero –con la participación determinante de la estatal ENAP–, terminando con las restricciones del gas que venía de Argentina.

Todas estas “reformitas” apuntan hacia la equidad y la redistribución de la riqueza. Harían que los peruanos piensen –aunque no sea del todo cierto– que no estamos en el barco de la Confiep sino el de todos peruanos. Pero eso sería mucho pedirle a Alan García. ¿No les parece? Igual, felices fiestas.

América Latina, entre el despegue económico y la desigualdad

El informe del PNUD alerta de la gravedad de las desigualdades en América Latina ©PNUD

Por Jesús Moreno Abad

La insólita pujanza económica del subcontinente no deja de alimentar su histórica desigualdad: diez de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en esta zona, alerta la ONU. La PNUD advierte del peligro de no frenar la desigualdad: “Los pobres se alejarán de las instituciones democráticas”.

Una vez que el viento huracanado de la crisis económica comienza a remitir, casi todos los analistas coinciden en que este periodo recesivo ha tenido dos características que lo diferenciaran de otros vividos: La primera es su dureza, que ha golpeado a todos los países del planeta de una forma desconocida desde el crack del 29, y, la segunda es que, por primera vez, el ciclo bajista de la economía no se ha cebado con América Latina. Así, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan el desarrollo potencial del subcontinente -al que augura un crecimiento del 4,8% en 2010 y casi de otro tanto en 2011- y su papel de arrastre para que el mundo salga de la crisis. Pero, ¿significa este crecimiento económico el fin de la pobreza y la desigualdad inherentes a la región?

La ONU no lo considera así y anima a los países de la región a apuntalar políticas distributivas que avancen en la disminución de la desigualdad. “No basta con el crecimiento económico, que siempre es importante. Tiene que haber políticas específicas que apoyen a los más pobres […] porque América Latina es la campeona del mundo de la desigualdad”, resalta Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU.

Dos informes presentados por sendos organismos de Naciones Unidas esta misma semana destacan los caminos opuestos que siguen las variables crecimiento e igualdad en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca el impulso económico de la región, a la que prevé un crecimiento del 5,2% este año. "El crecimiento es más alto de lo que se preveía”, asegura su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, quien destaca que, no obstante, el desarrollo del subcontiente es desigual. “Destacan los países del Mercosur y aquellos Estados que tuvieron mayor capacidad de implementar políticas públicas. También aquellos países con mercados internos fuertes potenciados por el espacio regional y alta participación de las exportaciones hacia Asia", subraya.

La solidez macroeconómica que mostró la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en los años que antecedieron a la crisis internacional marcó una diferencia significativa, a ojos de CEPAL. Los países aprovecharon un excepcional período de bonanza en la economía y las finanzas internacionales para sanear sus cuentas públicas, reducir y mejorar el perfil de su endeudamiento y aumentar sus reservas internacionales. Este proceso, explica en su informe, “permitió un mayor espacio para la aplicación de políticas públicas contracíclicas e hizo posible el inicio de la recuperación en la segunda mitad de 2009”. Así, CEPAL estima que Brasil crecerá 7,6%, Uruguay y Paraguay un 7%, Argentina un 6,8% y Perú un 6,7%; otros crecerán algo menos, como Ecuador, Honduras o Nicaragua, que no llegarán al 3% y, de forma minoritaria, en el otro extremo, estados como Venezuela y Haití retrocederán un 3% y un escalofriante 8,5%, respectivamente.

Pero, ¿este crecimiento es suficiente para reducir la pobreza? Los expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no lo ven así. El propio Heraldo Muñoz, que es administrador de PNUD, alerta de esta cuestión: “Para reducir la desigualdad, se necesitan políticas de Estado que se sostengan en el tiempo”, subraya. “Ha habido modelos económicos en la región que asumen que con el crecimiento económico va a haber un chorreo y que la mano invisible del mercado lo va a resolver todo: Eso no es así”, se queja.

La región más desigual del mundo

El PNUD alerta de que América Latina es la región con “más desigualdad del mundo”. Diez de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. El coeficiente Gini-que mide esta variable- es en esta región, según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano de este organismo, un 65% más elevado que en los países de ingresos altos, un 36% más que en el este asiático y un 18% más que en el África Subsahariana. Y si el crecimiento económico es desigual, la desigualdad en sí también lo es: Bolivia, Haití y Brasil tienen un índice Gini superior al 55% y, al otro lado, países como Costa Rica, Argentina o Venezuela no llegan al 49%.

Esta desigualdad frena el desarrollo humano, según PNUD. Según sus estimaciones, si se incluye el malestar de la población hacia la desigualdad como variable del Índice de Desarrollo de la región, América Latina vería disminuido entre un 6% y un 19% su promedio en esta variable. “Si a pesar del crecimiento, los más pobres ven que la riqueza no entra en sus hogares, puede degenerar en un desapego a las instituciones demócraticas”, alerta Muñoz.

Para paliar esta situación, el organismo apuesta por una distribución más equitativa del gasto educativo, la reducción de la desigualdad de los ingresos no laborales, la distribución del crecimiento económico de la región y la mejoría en la incidencia del gasto social a través de la implementación de programas específicos.

Pese a una mejoría en los últimos años, la reducción de la desigualdad podría frenarse en los próximos años, según la ONU. “En manos del poder público está evitarlo”, resume Muñoz.

REDACCIÓN:

¿Cómo, no nos dijo Alan García, que éramos los únicos que crecíamos?, ¿El viernes, Gastón Acurio no nos decía que en 10 años estamos en el primer mundo?, pero NO, pisemos tierra, en este mundo capitalista el orden está estructurado, JAMÁS UNA NACIÓN OPRIMIDA SERÁ POTENCIA MUNDIAL, y esto porque la médula del capitalismo es la plusvalía, EL PRIMER MUNDO EXISTE PORQUE HAY NACIONES OPRIMIDAS.

Y si hoy América Latina "crece", es producto de la venta de materias primas (lo que los norteamericanos llaman COMMODITIES) a la gran locomotora económica que es China. Pero ¿Quién crece?: los sectores de la gran burguesía, los inversionistas; de allí la preocupación del Heraldo Muñoz del PNUD que los cada vez más pobres puedan expresar "un desapego a las instituciones democráticas", es decir que los más pobres puedan levantarse en rebelión porque no les llega "el crecimiento económico". ¿Entendemos ahora porqué EEUU pone más bases militares en Sudamérica?. A buen entendedor pocas palabras.

Camisea: exportar a 1 e importar a 80

Por Humberto Campodónico

Se está debatiendo mucho sobre los problemas que acarrea la exportación del gas de Camisea para el país. Y eso está muy bien. Ahora se sabe que la renegociación del Lote 88 en el 2006 fue ilegal porque permitió que se exporte dicho gas, que se había revertido gratis al Estado porque la Shell no lo pudo explotar y que, por ese motivo, tiene precios regulados, mucho más bajos que los precios internacionales.

También se sabe que las regalías que paga el gas de exportación son varias veces inferiores a las que paga el gas vendido en el mercado interno, motivo por el cual el gobierno –finalmente– ha decidido que estas se renegocien. Ha dicho el Canciller que no hay ninguna razón para “subsidiar la exportación”.

También se ha dicho que –expresada en unidades calóricas equivalentes– el gas se está exportando a un (1) dólar por barril, mientras que en el mercado internacional el petróleo se vende a US$ 80 por barril. Si bien esta enorme diferencia ha merecido algunos titulares de La República, es bueno volver sobre ella en estos días.

La cosa es así: cuando el gas se vende a US$ 10 por millón de BTU, su equivalente calórico en petróleo es US$ 59 por barril (1). Ese es el precio al cual actualmente lo está comprando Chile. Cuando el gas se vende en US$ 4/MMBTU, su equivalente calórico en petróleo está en US$ 23.6/barril. Ese es el precio actual del Henry Hub, lo que quiere decir que a ese precio se lo vamos a vender a México.

En ambos casos (Chile y México), el precio está por debajo del actual precio de petróleo de US$ 80/barril.
En el Perú el gas del Lote 88 se vende en boca de pozo en Camisea a US$ 1.54 MMBTU a las centrales eléctricas y en US$ 2.50/MMBTU a los consumidores industriales. Esto equivale a precios de petróleo de US$ 8.8 y 14.7 por barril, respectivamente. Queda claro que este es un precio barato que beneficia al mercado interno porque su equivalente en petróleo es US$ 80/barril. Enorme diferencia, ¿no?

La cuestión es que en los contratos de exportación, cuando el precio Henry Hub es de US$ 4/MMBTU, lo que se cobra en boca de pozo es solo US$ 0.159 por millón de BTU. Sí, así como lo lee: 15 centavos de dólar por millón de BTU. ¿Por qué? Porque hay que descontar los costos de transporte y de proceso hasta México. Y, también, porque los “negociadores” peruanos de la época lo aceptaron.

Dicho de otra forma: se exporta el gas a 15 centavos, lo que equivale a un (1) dólar por barril de petróleo y si se tuviera que importar el mismo equivalente calórico en petróleo tendríamos que pagar US$ 80/barril. Por ese motivo, lo mejor sería –aparte de abastecer primero el mercado interno– industrializar el gas y obtener de 12 a 20 veces más que el valor de exportación.

El gas es un recurso estratégico para el Perú. No se le puede considerar un “commodity” y que su uso en el mercado –interno o externo– dependa del costo/beneficio en dólares, sin considerar la enorme importancia de la garantía del abastecimiento por treinta o cincuenta años y, también, sin tener en cuenta los equivalentes calóricos. Quienes afirman eso o bien no conocen el asunto o bien favorecen los intereses del consorcio exportador. Por eso, no se debe exportar ni una molécula del gas de los Lotes 88 y 56, que son “regalos de Dios” para el Perú.

(1) Se ha usado la equivalencia de la Organización Latinoamérica de Energía, que establece que mil metros cúbicos de gas natural equivalen, en poder calórico, a 5.98 barriles equivalentes de petróleo.

¿Una versión moderna de reforma agraria?

Por María Eugenia Yabar*

Hace 41 años, el Perú sufrió devastadoras reformas, una de ellas sino la peor, la agraria, cuyo lema “la tierra es de quien la trabaja”, justificó el arrebatamiento de la propiedad privada sin tener en cuenta las leyes que protegían al propietario. La historia nos ha enseñado que este tipo de medidas no han sido exitosas ni sostenibles a mediano ni a largo plazo.

La reforma agraria desarrollada, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo consecuencias que, 41 años más tarde, las seguimos sufriendo. La agricultura en el Perú hubiera podido ser un sector mucho más fuerte dentro de la economía peruana, de no haber sido por los casi 50 años que sufrió desde la reforma agraria, años que -como muchos analistas han demostrado- no se podrán recuperar nunca más.

Personalmente, la viví de esta manera: antes de la expropiación mi abuela desde Cusco nos enviaba sacos de distintos productos agrícolas que producía sus tierras, luego de la reforma agraria teníamos que enviarle lo mismo comprado en un supermercado de Lima. Ella era una mujer justa. A ella sus trabajadores la eligieron Madre del Año. Desde entonces esas tierras no volvieron a ser rentables ni productivas, sus actuales titulares solo sobreviven y su calidad de vida ha empeorado (en algunos casos han alquilado sus tierras).

Los peruanos debemos conocer nuestra historia para aprender de los errores que en el pasado se cometieron. La historia que no se aprende tiende a repetirse. De ahí la importancia de recordar y subrayar una vez más que la reforma agraria no era necesaria ni la solución a los problemas de ese entonces. Si había terratenientes abusivos, entonces se les debía exigir el cumplimiento de la ley correspondiente. Si la ley no era suficiente, entonces se debía hacer los ajustes correspondientes y enviar a los inspectores laborales para verificar su estricto cumplimiento.

La Comisión Permanente del Congreso revisará la próxima semana el dictamen que establece límites al tamaño de la propiedad agrícola en la costa peruana. Es decir, 41 años después de la reforma agraria, no estamos muy lejos de volver a repetir el escenario. El sentido de cuál será la verdadera situación que deberán atravesar aquellos titulares de tierras agrícolas que posean más del límite permitido es tan incierto como inseguro. Cualquier número será arbitrario, pero paradójicamente válido si está dado por ley. ¿Que pasa si durante el debate lo disminuyen a 20 ó 10 hectáreas? ¿Los actuales propietarios con ‘exceso’ serán expropiados de aquel número de hectáreas que excedan el límite? ¿Quien será a la larga el nuevo propietario? ¿Será mejor que el anterior?

Sobre el proyecto de limitar la posesión de tierras agrícolas se me vienen a la mente los siguientes comentarios:

•Muchas veces, las grandes inversiones son atraídas cuando tienen la posibilidad de acceder a grandes proyectos, los mismos que sólo pueden ser desarrollados en grandes extensiones de terreno, ya que sólo de esa forma se justifica la inversión realizada, en el sentido que al final tendrán mayor producción que ofrecerle al mercado, lo que la que la hará económica y técnicamente viable.

•La posición de dominio ni el monopolio están sancionados por el sistema legal peruano, por lo que sería inconstitucional limitarlos como el proyecto pretende.
•Lo que claramente se quiere evitar, por lo menos, es el fin que se desprende del proyecto, este es, posibles abusos de la posición de dominio. Sin embargo, esto ya se encuentra actualmente sancionado por nuestro sistema legal. De hecho, contamos con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, encargado de regular, controlar, fiscalizar y sancionar a aquellos que abusan de la posición de dominio con la que cuentan, por lo que sería innecesaria esta medida, sin perjuicio de los perjuicios que, tal como ocurrió con la reforma agraria, paralizaron el desarrollo del país.

No disfracemos acciones políticas con acciones sociales que ahuyentan a la inversión privada. Tenemos suficientes leyes, sólo se debe conocerlas y exigir su cumplimiento.

* María Eugenia Yabar, abogada, socia encargada del Area Corporativa en el Estudio Olaechea.

REDACCIÓN:
No comparto las opiniones de la Dra. Yábar, la reforma agraria de Velasco fue concebida para una mayor concentración de tierras en un contexto de contención de la explosividad de los campesinos; acabar con la oligarquía decadente para entregárselo al gran capital (véase el ejemplo de Dionisio Romero, hoy es el gran concentrador de tierras). Si Oscar Ramos sólo tuvo quizás 1000 hectáreas, imaginemos el límite que propone Del Castillo de 40,000 hectáreas. El proyecto de limitar implica evidentemente que ya hay capitales con más de 40,000 hectáreas, una tremenda concentración fruto de la globalización.

MEM sin respuestas a críticas en renegociación

José Carlos Reyes.

Se corren. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se rehusó a dar explicaciones sobre el decreto 039-2010-EM, que si bien permitió iniciar las renegociaciones del pago de regalías de la exportación del gas, también señalaba que el valor mínimo a pagar resultará del “promedio” de las regalías del mercado nacional, por lo que siempre habrá sectores –como el industrial y petroquímico– en los que la venta de gas generará mayores regalías que la exportación.

Ayer en horas de la mañana, tras una conferencia en la Universidad del Pacífico sobre la transparencia tributaria de las industrias extractivas, el titular del MEM, Pedro Sánchez, evadió a la prensa sin responder ninguna pregunta.

Pero dos horas más tarde y en el mismo evento, el viceministro de Energía, Daniel Cámac, intentó trasladar la responsabilidad a Perupetro. “El tema de las regalías ya está en manos de Perupetro y la renegociación es libre para ellos”, señaló escuetamente.
Pero cuando La República le recordó que Perupetro no puede negociar más allá de lo que indica la norma (trabajada en el MEM), un fastidiado Cámac dijo que no hablaría sobre el asunto.

El pasado jueves el presidente de Perupetro, Daniel Saba, reconoció que aun así la renegociación resulte exitosa el gas vendido a sectores como el industrial y petroquímico en el país seguirá pagando más regalías que la exportación.

No obstante, Saba subrayó que Perupetro sólo renegociará en base a lo establecido por el decreto del MEM emitido a inicios de julio.

Al respecto el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi criticó la flexibilidad del MEM al establecer la base de la renegociación, burlando incluso el objetivo del premier y el canciller cuando manifestaron que “no se debe subsidiar” la exportación.

“En ningún caso la regalía mínima de la exportación debe ser menor a la pagada por cualquier sector del mercado interno, y eso no se cumplió en el reciente decreto del MEM”, recalcó el especialista.

Sin voluntad política

Por su parte, desde Chimbote (Áncash), el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, reiteró su preocupación por el manejo del gobierno al encarar la renegociación del contrato.

“Si existiera voluntad política para hacer favorecer a los peruanos, este proceso no debería durar mucho tiempo, pues la cláusula más importante debe ser garantizar el abastecimiento interno y la férrea prohibición de que se exporte el gas del lote 88 de Camisea”, expresó Humala.

Reacciones

"El ministro Sánchez muestra demasiada pasividad al renegociar los contratos. Debería dar un paso al costado”.

Carlos Herrera Descalzi
Ex ministro de energía y minas

"Alan García debería anunciar en su discurso del 28 la no exportación del Lote 88. No creo que lo haga”.

Ollanta Humala
Líder del Partido Nacionalista

Marcha relámpago en defensa del gas para los peruanos

Ayer al mediodía, un grupo de jóvenes dirigentes distritales del Partido Nacionalista se vistieron con singulares disfraces para realizar la “marcha relámpago de las ratas” a lo largo de la Av. Arequipa, en protesta contra el gobierno que prioriza la exportación del gas de Camisea antes que al mercado interno.

Durante su recorrido, exigieron al presidente Alan García no exportar el gas y sanciones ejemplares a las autoridades corruptas denunciadas en este gobierno. “Estas marchas, que continuarán en distintos distritos de la capital y provincias, buscan fijar posición contra la exportación del gas y crear conciencia en la población con los casos de corrupción”, afirmó Enrique Juscamayta, coordinador de Lima Metropolitana del Partido Nacionalista.

Desastres ecológicos en la Amazonía y los Andes, ¿qué hacer desde el derecho?

Antonio Peña Jumpa
Profesor del Departamento de Derecho, máster en Ciencias Sociales y PhD in Laws

El pasado 19 de Junio del 2010 se denunció el derrame de 400 barriles de petróleo (5,000 litros aproximadamente) de una embarcación de la empresa de transportes Sanám contratada por la empresa petrolera argentina PLUS PETROL, en la región amazónica de Loreto.

El hecho trajo consigo la contaminación de las aguas del río Marañón así como la afectación de la reserva Nacional Pacaya-Samiria (una de las más grandes del Perú), con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y daños subsecuentes no previstos como enfermedades y/o muerte de personas y animales de comunidades amazónicas que se alimentan de dichas aguas y peces.

Seis días después, el 25 de Junio del mismo año, ocurre otro desastre ecológico, esta vez en los Andes: colapsa la presa que contenía cientos de toneladas de desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica, propiedad del grupo económico Raffo, los mismos que fueron a parar primero al rio Escalera, luego a los ríos Totoropampa y Opomayo, en la región de Huancavelica, y posteriormente hasta el río Cachi, en la región de Ayacucho. El hecho produjo, nuevamente, la contaminación de las aguas de los ríos citados con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y enfermedades y posibles muertes de personas y animales de comunidades andinas cuyas actividades económicas agrícolas y ganaderas dependen de los ríos.

¿Qué corresponde hacer frente a estos dos hechos que como otros muestran la difícil relación entre producción minera y petrolera con la vida y el medio ambiente de comunidades o pueblos amazónicos y andinos afectados? La pregunta es más compleja si se tiene en cuenta, de un lado, que las autoridades del Estado tienen una posición muy débil o parcializada al respecto, y, de otro lado, tenemos una economía nacional dependiente de la producción y exportación de los minerales y petróleo para financiar nuestro presupuesto.

Desde el Derecho aplicable a los desastres, sugerimos las siguientes acciones:

1) Nunca olvidar la aplicación de un derecho de emergencia. Esto significa, dependiendo de la magnitud de los daños, declarar el Estado de Emergencia (la Constitución Política lo dispone bajo responsabilidad del presidente de la República) para movilizar a las autoridades políticas y a las fuerzas del orden, más allá de las acciones de seguridad previstas por la empresa involucrada, con el fin de abastecer de agua y recursos a las comunidades o pueblos afectados. Estas acciones deben coordinarse con la población damnificada organizada, dando prioridad a los ancianos, los niños y las mujeres.

2) Aplicar un derecho reparador o de indemnizaciones por los daños ocasionados. Las empresas involucradas como causantes deben garantizar un fondo de compensaciones que incluya el daño efectivo y el lucro cesante (reparación de pérdidas que se dejan de percibir) calculados por las autoridades del Estado en coordinación con los damnificados. El pago de daños a través del indicado fondo no libera de responsabilidad a las empresas involucradas por daños no estimados (daños futuros, daños a la persona y daños morales, por ejemplo), los que serían ventilados ante el Poder Judicial. Para esto último, es indispensable que las autoridades del Poder Judicial dispongan de juzgados y tribunales ad hoc para procesar legalmente los posibles reclamos.

3) Es fundamental promover un derecho sancionador a nivel administrativo y a nivel penal. De un lado, administrativamente son las autoridades del gobierno central en coordinación con las autoridades regionales las encargadas de aplicar eficientemente multas, suspensiones y/o clausuras a las empresas petroleras o mineras involucradas. Dentro de estas medidas puede exigirse la formación del fondo de compensaciones antes mencionado. De otro lado, penalmente son las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial las competentes de identificar a las personas naturales responsables por comisión u omisión de la materialización de los delitos contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra la ecología, contra la vida el cuerpo y la salud, y contra la administración pública. Los altos funcionarios públicos y de las empresas petroleras y mineras involucradas deben dar el ejemplo sometiéndose y facilitando la investigación.

Si las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas involucradas no cumplen su misión y funciones, cabe, por último, una vía constitucional y legal alternativa o complementaria. Las comunidades damnificadas a través de sus propias autoridades pueden asumir la resolución de los conflictos por daños ambientales que hubieren ocurrido en su territorio, tal como lo faculta el artículo 149º de la Constitución Política del Perú.

La boca del cocodrilo sigue abierta

Por Humberto Campodónico

Para el gobierno y, en general, para una gran cantidad de economistas, lo más importante es si el PBI crece o no. Así, en los últimos días hemos escuchado y leído que otra vez hemos entrado a la senda del crecimiento de dos dígitos. Se habría retomado así la velocidad de crucero que hubo hasta el 2009, en que el impacto de la crisis internacional llevó a un crecimiento de solo 0.9%.

Así, ya estarían “arreglados” los problemas pues el supuesto central detrás del anuncio de un “gran” crecimiento es que éste llega a todos los peruanos, más o menos por igual. Otra forma de decir lo mismo es mencionar el crecimiento del ingreso per cápita, que consiste en dividir el PBI de un año entre los 29 millones de peruanos. Si ese ingreso per cápita sube, entonces se supone que todos estamos mejor.

Pero hay otras formas de analizar el crecimiento del PBI que proporcionan resultados no tan complacientes. Una de ellas es la medición por tipo de ingreso (el INEI ha publicado hace poco la data del 2009), que descompone el PBI en cuatro elementos: los salarios, el excedente de explotación (las ganancias), el consumo de capital fijo (la depreciación) y los impuestos pagados (IGV, renta y aranceles, principalmente).

En jerga económica, esto equivale a decir que el PBI se cuantifica a partir de los ingresos recibidos por los agentes económicos como retribución por su participación en el proceso de producción.

¿Cómo se han comportado los salarios en el periodo 1991-2009? Mal, porque su participación bajó del 30.1% del PBI en 1991 hasta 20.9% en el 2008 (1). En el 2009 se han recuperado un poquito, llegando al 22% del PBI. Estas cifras son bajas en relación a América Latina, donde en todos los países medianos la participación salarial está entre el 30 a 35% del PBI. Para no hablar de Europa y EEUU, donde supera el 50%.

Por el contrario, los excedentes de explotación (EE) han subido desde el 52.7% del PBI en 1991 hasta el 63% en el 2008, cayendo apenas a 62.8% en el 2009 (en el EE la participación de las empresas y de los independientes es del 52% y 11%, respectivamente). Puede decirse, entonces, que lo que han perdido los asalariados lo ha ganado el EE. Es importante ver también que, en los años de fuerte crecimiento (del 2002 al 2008), los salarios no aumentaron.

La dirección contraria de estos dos elementos se asemeja a una tijera abierta o a lo que en esta columna hemos llamado la “boca del cocodrilo”, la misma que sigue bien abierta en el 2009, a pesar de la muy leve mejoría de los asalariados.

El consumo de capital fijo se ha mantenido más o menos constante en 7% del PBI en la década del 2000. De su lado, los impuestos han sido el 9.2% del PBI en promedio en el mismo periodo. Pero, ojo, en el 2009, bajaron a 8.3% del PBI, como consecuencia de la caída en la actividad económica, sobre todo la minería (estos dos elementos no aparecen en el gráfico).

Como el PBI corriente del 2009 fue S/. 392,000 millones, según el INEI, tenemos que cada 1% del PBI equivale a S/. 3,920 millones anuales. Si los asalariados bajaron su participación del 30 al 22% del PBI entre 1991 y el 2009, dejaron de percibir S/. 31,300 millones, cifra que pasaron a ganar los empleadores.

En conclusión, los asalariados son los perdedores en el periodo 1991-2009, mientras el EE ocupa –de lejos– el podio de los ganadores. Es por eso que no se puede decir tan alegremente que “la marea alta hace subir por igual a todos los botes”. En la economía peruana, la marea alta hace subir unos cuantos botes, mientras la mayor parte va para abajo.

(1) Para un análisis más detallado, ver www.cristaldemira.com, 6/4/09 y 9/11/09.

"Hay alcaldes que han dicho no quiero gas"

Entrevista a Fernando Deustua.

El gerente de Asuntos Corporativos de Cálidda dice que la masificación del gas domiciliario se trabó por culpa de las municipalidades que no querían gas.

Omar Mariluz.

El compromiso inicial de Cálidda era llegar a las 70 mil conexiones al 2010, pero estamos bastante lejos de eso. ¿A qué se debe?
Cuando el anterior accionista de Cálidda, que es el grupo Suez, firma el contrato de distribución se compromete a tener una cierta cantidad de clientes potenciales, es decir esos 70 mil son potenciales, lo que significa estar en condiciones de conectar a esa gente.

¿Pero no fue en el 2002 que hubo una negociación para cambiar el término a potenciales?

Hubo una negociación entre el grupo Suez y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) porque no había una cultura del gas en el país. Tú no puedes obligar a la gente a que se conecte, tú puedes hacer lo posible por llegar a la puerta de la casa pero es todo un proceso.

En el contrato original no eran potenciales. ¿El compromiso sí era 70 mil conexiones fijas?

No sé cuántas eran las fijas, sí sé que hubo un cambio hacia potenciales, pero nosotros, en el contrato actual, hemos dicho que no tenemos ningún problema de que sean conexiones reales porque nuestro crecimiento está en las conexiones reales y no en las potenciales. El compromiso es incrementar en 91 mil conexiones domiciliarias hasta fines del 2013.
Hay 25 mil conexiones de gas

¿Cuántas conexiones hay actualmente en Lima?

Cuando los nuevos accionistas llegan en el 2007, llegan con una visión totalmente distinta, por ejemplo, a fines del 2006 había apenas 5 mil conexiones domiciliarias, hoy tenemos 25 mil 500; en el 2006 había apenas 4 grifos, hoy tenemos 120 grifos de GNV; había apenas 5 mil vehículos con GNV y hoy tenemos 90 mil.

¿Y las expectativas para fines del 2013?

La idea es llegar a cerca de 108 mil conexiones domiciliarias, a más de 510 industrias, más de 1000 comercios, más de 212 grifos y 160 mil vehículos con GNV. Para fines del 2013 pensamos que más de 1 millón de limeños se van a beneficiar del GNV.

¿Pero cuál ha sido la principal limitante para que la masificación del gas no sea realidad?

Tenemos dos grandes retos: terminar de generar la cultura del gas, todavía hay personas que le temen al gas o no saben que el gas es el combustible más seguro que hay. El otro gran problema es el de las municipalidades, yo diría que hay mucha burocracia. Ha habido alcaldes que nos han dicho no quiero gas en el distrito.

¿Eso significa que la masificación del gas en Lima depende de la voluntad de los alcaldes?

Claro, necesitamos que el nuevo alcalde de Lima logre tener un rol articulador con los municipios distritales, que logre tener un rol de coordinación, porque si no acá la masificación del gas está dependiendo de la voluntad de cada municipalidad.

“No hay problema de disponibilidad de gas”

¿Ustedes no tienen problema con el abastecimiento de gas?

No tenemos problemas de disponibilidad de gas, nuestro problema sería si queremos aumentar la cantidad de clientes conectados. Tenemos que aumentar la capacidad del sistemas pero eso ya está previsto.

Pero en la última licitación de gas del Consorcio Camisea ustedes solicitaron 140 millones de pies cúbicos día (mmpcd)...

Nosotros siempre pedimos mayor capacidad porque tenemos que ir ampliándonos siempre, pero no es que falte gas. Para la ampliación no tenemos problemas de disponibilidad de gas, tenemos que seguir expandiéndonos, tenemos que seguir pidiendo más gas, pero para la distribución que tenemos actualmente no tenemos ningún problema de disponibilidad de suministro.

ENTREVISTA: Ministro de Energía y Minas admite desigualdad entre precios del gas para el consumo interno y para la exportación

Por: Mariella Balbi

¿Por qué el gobierno ha dejado que el tema del gas se politice?
El tema del gas está politizado hace muchos años porque hay una campaña sostenida de partidos políticos que creen que la exportación no es buena.

¿Ninguna crítica de la oposición es válida?
El proyecto de exportación surgió a inicios del 2006, se adecuaron los contratos y se modificaron algunos términos para hacerlo viable. El Perú comprometió ese contrato y con este se financiaron enormes inversiones. La reacción de este gobierno siempre ha sido tratar de corregir lo no conveniente. En el régimen anterior se permitía la exportación del gas de los lotes 56 y 88. En el 2009, vía renegociación, este gobierno destinó el lote 88 solo para el mercado nacional.

¿Un poco tarde no? ¿Por qué no en el 2007?
Eso le corresponde al ministro anterior. Yo entré en octubre del 2008, mi preocupación fue resolver el tema de abastecimiento de gas y el de electricidad. En ese año la situación era bastante crítica. En electricidad normalizamos el servicio. El abastecimiento está garantizado hasta el 2016, con reservas del orden del 30%. En el 2008 el ducto de gas para atender el mercado interno estaba copado, con una capacidad de 250 millones de pies cúbicos (mpc), hoy la capacidad del sistema es 530. En las negociaciones del año pasado logramos ampliar la capacidad de suministro de gas para el mercado interno y que durante cinco años el lote 88, que tiene el precio regulado, no se use para la exportación.

¿Y por qué no de por vida?
Va a serlo. Hay trabajos de exploración del lote 56 para ampliar su reserva. Podrá abastecer la exportación 10 años y el lote 88 será para el mercado interno de por vida.

El gobierno recién reacciona y ha dispuesto que las regalías (impuesto a los recursos no renovables) por exportación no sean menores que las del consumo interno.
El gobierno anterior no estableció un nivel mínimo de regalías para exportación. Incluso estas podrían bajar si el precio internacional [Henry Hub] descendía. No era un buen contrato, por eso lo estamos revisando.

La tardanza le ha dejado un espacio a la oposición bastante amplio.
El año pasado la crítica era el abastecimiento.

¿Por qué no admite que hubo demora?
El año pasado no se cuestionaba la regalía. Si lo discutíamos, hubiera sido muy difícil que se concretara algo porque el proyecto de exportación estaba en fase constructiva, con desembolsos de los bancos pendientes, y el proyecto podía pararse. Ahora es el momento de renegociar.

El canciller dijo que el consorcio Camisea aceptó la renegociación sobre las regalías.
Es correcto. El viernes ya se reunieron con Perú-Petro. Eso debe tomar un tiempo. En el consorcio Camisea hay siete empresas, deben ponerse de acuerdo. Yo veo disposición. Además, solo se ha exportado un barco, y nos faltan 18 años de exportación. Las regalías del mercado interno y exportación de líquidos, entre el 2004 y el 2010, fueron de 2.500 millones de dólares. Todos pagan regalías en boca de pozo. El precio del gas en el mercado internacional está bastante bajo y de eso depende el valor de la regalía. El único lote que tiene precio fijo es el 88 y es para el mercado interno, en los demás el precio es libre.

Pero el gas de exportación está a US$0,53 por millón BTU (unidades térmicas británicas) y el del mercado interno es más caro.
El precio varía. Eso pagó el primer embarque. El segundo a España, la próxima semana, pagará US$1,70 por millón de BTU y la regalía será US$0,70. La regalía del primer embarque fue de US$0,27 por millón de BTU. La regalía promedio para el consumo interno a junio es de US$0,59 por millón de BTU. Con lo que se envía a España no tendremos problemas con las regalías, pero para prevenir queremos establecer un piso y que con la fluctuación del precio en el mercado internacional el país no se perjudique.

El precio del gas para el mercado interno es mayor que el de exportación.
Porque usted está comparando con el precio del primer embarque y con un precio internacional del gas tan bajo como hoy. En boca de pozo del lote 88 el gas doméstico paga US$0,80 por millón de BTU, el gas para las eléctricas US$1,47 y para los industriales US$2,50.

Pero admite que actualmente hay una situación de desigualdad para el mercado interno.
Sí, hay un tema de desigualdad. Por eso queremos negociar un piso para evitar una situación así, pero note que con un precio mayor de exportación, como con el segundo embarque a España, la regalía se nivela.

¿Por qué el precio del gas del lote 88 es tan alto para los industriales y tan benéfico con las eléctricas de ciclo simple que dilapidan gas?
El contrato original tiene esos precios, no me pregunte por qué. El lado positivo es que tenemos tarifas eléctricas mucho más bajas que otros países. Ahora bien, una política de precios para combustibles está en función de los sustitutos. Si un industrial quisiera usar petróleo residual, le saldría tres veces más caro.

Pero para el exportador el precio es más competitivo aun.
Para el mercado interno el precio se corrige a través de la regalía, que es el tema que puede controlar el Estado porque el precio del gas en el mercado mundial lo fija el valor Henry Hub.

¿Los precios del gas del 88 para el mercado interno son fijos totalmente?
Sí, hay un pequeño reajuste de 5% cada año. Son precios bajos para promover el consumo de gas. El contrato establece que este precio es para 10 años. El precio del gas natural para el mercado interno es muy competitivo. Podría ser más barato, pero no es bueno para la economía. En Argentina congelaron el precio, subió la demanda y las reservas se le cayeron.

El industrial que quiere gas debe entrar a una subasta y las bases le cuestan 10 mil dólares, si no la gana pierde ese dinero. Los pequeños industriales se perjudican.
El pequeño industrial está atendido a través de las conexiones en Lima.

Solo 14 distritos, básicamente de nivel alto, reciben gas vía Cálidda.
Las cañerías de servicio público siguen a los consumidores de gas industrial, también las estaciones de GNV. No todas las industrias usan gas. Si una empresa, para los volúmenes que están queriendo contratar, no tiene 10 mil dólares, que se dedique a otra cosa. Además, al inicio, cuando las condiciones eran ventajosas, muchas empresas solo firmaron contrato por cinco años y no por veinte. Ahora que tienen que entrar a concurso no les gusta.

¿Son conscientes de que si la renegociación de las regalías con el consorcio Camisea demora la oposición se favorece?
Considere que los próximos 15 embarques para Europa tendrán un precio mayor que el mercado interno y pagarán más regalías. Esto cambiará esa percepción. El precio del gas está inusitadamente bajo, eso subirá en el futuro, con lo cual se corregirá automáticamente la desigualdad. Pero insisto, queremos renegociar el tema de las regalías para no perjudicarnos.

Repsol envió una carta al gobierno en la que plantea cambiar el lote 88 por el lote 57.
Eso fue en febrero del 2008 y pedían renegociación. Ahora es irrelevante porque este gobierno renegoció que el lote 88 esté destinado al mercado nacional junto con el lote 57. El precio de este último es libre. Ya hay volúmenes del 57 que han sido contratados.

Sin embargo, su ex viceministro Pedro Gamio plantea este enroque como la gran solución.
Le repito, ya no tiene importancia. ¿Por qué no aceptó eso cuando se lo ofrecieron en febrero del 2008? El cita un estudio en el que se dice que usar gas más caro del lote 57 le podría costar 7.000 millones de dólares a la economía peruana. Que me alcance el estudio, no lo conozco. Pero ya no tiene sentido, ambos lotes quedan para el consumo del Perú.

El canciller y el gas

Por Humberto Campodónico

Las recientes declaraciones de José Antonio García Belaunde sobre la necesidad de renegociar el contrato Camisea, lo que ha sido dispuesto por el DS 039 2010 EM, indican que, definitivamente, este tema ya se ha puesto en los primeros lugares de la agenda nacional, de cara a las elecciones del próximo año.

Dijo el canciller: “El contrato se va a renegociar para evitar que haya una diferencia entre la regalía que pagamos los peruanos y la que se paga cuando se exporta. No tiene ningún sentido que subsidiemos la exportación del gas”. Ciertamente. El gas en el Perú paga regalías sobre un precio promedio de US$ 2.50 / MMBTU, mientras que el que se exporta a México las paga sobre un precio de US$ 0.51/MMBTU, cinco veces menor. Agregó que “nadie se puede escandalizar pues en todas partes del mundo se renegocia un contrato, y eso no llama a escándalo”. Ciertamente. Dice la Sunat que “desde 1992 hasta el 2002 se firmaron 257 convenios, de los cuales 175 son originales y los 82 restantes son convenios modificatorios de los primeros” (1). Desde esa fecha ha habido nuevos convenios y, también, muchas nuevas renegociaciones. Esta sería una más y, claro, eso no tiene por qué escandalizar a nadie.

La lección más general es que puede haber cosas que están mal en los contratos y el hecho de que se pida su revisión o su renegociación no convierte a los críticos en “malos peruanos”, en “antisistema” o en gente con “intereses electoreros”. En este caso se trata de las regalías. Pero, digámoslo claramente: ese no es el problema principal de los contratos de Camisea. Si así fuera, podría pensarse que una vez renegociadas las regalías, entonces, colorín colorado, este cuento se habría acabado.

No. El tema principal es que primero debe garantizarse el abastecimiento del mercado interno y, solo después, se puede pensar en exportar (con una regalía adecuada para el Estado). Pero en el Perú el mercado interno está desabastecido, pues 4 TCF –el 47% de las reservas probadas de gas– están inmovilizados por 18 años, como garantía del contrato de exportación a México.

Eso es lo que impide que el consorcio Camisea abastezca de gas a los peruanos, cuyos pedidos no atendidos suman cerca de 700 millones de pies cúbicos diarios (ver La República, 13/7/10). Este aspecto, el más importante, no está solucionado. El gobierno dice que hay “un montón de reservas de gas”, pero la cuestión es que solo las reservas probadas se pueden comercializar. Y, repetimos, el 47% está inmovilizada.

Esto debería hacer reflexionar al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (cuyos miembros son, justamente, los usuarios más importantes del gas), Pedro Olaechea, que, hasta hace poco, criticaba, con justicia, la exportación. Pero, a principios de junio, cambió de posición y dijo que “las críticas a la exportación llevan al caos y ahuyentan la inversión extranjera” (ver Camisea, industriales y el “antisistema”, www.cristaldemira.com, 5/6/10).

Esa misma crítica, a todas luces infundada, se les atribuye a los gobiernos regionales del sur, que plantean que el gasoducto andino utilice las reservas del Lote 88 (que tiene precios regulados), algo que no se puede materializar por la “inmovilización” antes mencionada. Esto se podría solucionar si el gobierno exige que Repsol cumpla con su ofrecimiento de exportar los 2 TCF de reservas probadas del Lote 57, en sustitución de los 2 TCF del Lote 88 que están inmovilizados. Pero no lo hace, posición que debe modificar.

Para terminar, el quid del asunto es que la exportación se da porque hubo una renegociación ilegal del contrato del Lote 88 en el 2006. Es eso lo que hay que anular para volver al contrato del 2000. Esta debiera ser la segunda renegociación, que venga inmediatamente después de la renegociación de las regalías que propone ahora el gobierno con el DS 039. Ahora sabemos que algunas cosas que parece que están bien pueden no estarlo y deben ser renegociadas. Que este sea el primer paso.

(1) Estimación de los efectos de los convenios de la estabilidad tributaria sobre la recaudación, setiembre 2002, http://www.sunat.gob.pe/publicaciones/index.html

Requisa en celda de Maritza Garrido Lecca fue una farsa

Por: Fabiola Torres López (El Comercio)

El 24 de junio pasado, cuando el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, mostró los cuatro USB, dos disquet y dos chips de celulares incautados en la celda de Maritza Garrido Lecca para luego anunciar la reevaluación de los pedidos de beneficios de las presas por terrorismo, olvidó informar que ya había sido archivado el expediente de libertad condicional de la bailarina que escondió en su vivienda al cabecilla senderista, Abimael Guzmán.

Informes del Consejo Técnico Penitenciario del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a los que tuvo acceso El Comercio, prueban que Rodríguez Rabanal conocía esta información desde el 18 de junio e incluso —horas antes de la requisa — se le informó que los recursos de reconsideración de Maritza Garrido Lecca y Victoria Trujillo Agurto, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso (SL), también fueron rechazados.

En realidad, lo que impidió que ellas se acogieran a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927 (solicitudes presentadas antes del 15 de octubre del 2009), como lo hizo la emerretista Lori Berenson, fue que ambas figuraban aún con procesos pendientes en el Juzgado Penal de Turno Permanente. Ello hizo que no prosperaran sus solicitudes, de acuerdo con los informes legales de sus casos.

El expediente de Nancy Gilvonio Conde, viuda del líder emerrestista Néstor Cerpa Cartolini, era el único que había sido aprobado en paralelo con el de Berenson, pero se encontraba desde hace dos meses en revisión.

CONTENIDO DESCONOCIDO
Lo que extrañamente tampoco dijo Rodríguez Rabanal cuando mostró a la prensa los USB de Maritza Garrido Lecca (sin que aún los fiscales levantaran un acta de incautación) fue que el INPE permite el uso de dichos dispositivos a 32 internas de ese penal que desde el 2006 cursan carreras de educación a distancia en universidades e institutos del país.

En la relación de alumnas figuran Garrido Lecca y otras presas por terrorismo como Elena Iparraguirre, Margi Clavo, Lucero Cumpa y Zulma Peña. También está Elizabeth Espino Vásquez, “Elita”, procesada por el asesinato de su madre, la contadora Elizabeth Vásquez.

En el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos funciona una sala de computación (sin acceso a Internet) donde las presas sujetas a un régimen penitenciario ordinario realizan sus tareas y pueden usar USB y disquetes bajo supervisión. Pero ¿qué contienen los USB incautados a Garrido Lecca? Desde hace tres semanas, la fiscal supraprovincial Edith Chamorro Bermúdez y agentes de la Dircote, a cargo de la investigación, mantienen completa reserva sobre ello.

EL PROCEDIMIENTO
No solo información relevante omitió el presidente del INPE cuando encabezó la extraordinaria requisa a las 77 presas del pabellón B (42 por terrorismo y 35 por delitos comunes), en la que participaron 100 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, 50 policías de la Dirección contra el Terrorismo y tres fiscales de turno.

La abogada Gloria Estrada, quien hasta ese momento era directora del penal de Chorrillos, denunció que dicho personal ingresó sin que se le hiciera una revisión corporal (como se exige en el Reglamento General de Seguridad del INPE) por orden expresa de Rodríguez Rabanal, mientras ella fue impedida de presenciar la intervención.

¿Por qué el jefe del INPE se olvidó de proceder conforme al Código de Ejecución Penal y del reglamento general de seguridad si con ello arriesgaba la transparencia de la requisa?

Además, aunque el INPE informó en un comunicado que todo el personal de seguridad sería cambiado desde el 1 de julio, este Diario verificó que 80 agentes fueron ratificados en sus cargos sin sanción alguna.

Las únicas separadas fueron la directora Estrada, reemplazada por Carmen Nole, y la psicóloga Nelly Aquino, quien de la jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento (donde se evalúa a las reclusas) fue derivada al área de seguridad del penal de Piedras Gordas.

TIENEN RÉGIMEN ORDINARIO
El Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos se creó en los noventa para albergar solo a las presas por terrorismo. Por ello funcionó al comienzo como una prisión de máxima seguridad, pero luego el INPE lo convirtió en una cárcel de régimen ordinario con un solo pabellón especial de máxima seguridad, donde están las internas que no muestran avances en sus conductas dentro de la prisión.

Actualmente, de las 207 reas solo 19 están sujetas a un régimen especial. Una de ellas es Ernestina Hinostroza Canchari, ex conviviente del senderista Óscar Ramírez Durand alias “Feliciano”, quien está condenada a 21 años de prisión por terrorismo y aún en la cárcel no muestra arrepentimiento. Ella se declara miembro de la facción Proseguir de SL, insiste en la lucha armada y es la que tiene más enfrentamientos verbales con las presas que dicen estar del lado del acuerdo de paz planteado por Guzmán.

La mayoría de internas por terrorismo de este penal están sujetas hoy a un régimen ordinario de mínima seguridad. Ello quiere decir que tienen acceso al patio desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y están inscritas en actividades educativas, deportivas y culturales del penal.

Evadió preguntas y no fue claro
Aunque rechazó todas las solicitudes de entrevista de El Comercio, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, fue abordado en una actividad pública el pasado viernes 16 de julio.

Se mostró reacio a contestar todas nuestras preguntas, pero confirmó sin entrar en detalles que las solicitudes de beneficios de libertad condicional presentadas por todas las presas por terrorismo ya han sido archivadas.

“Son pocas, no recuerdo de quiénes son, pero todas han sido denegadas”, dijo escuetamente.

Rodríguez Rabanal también reconoció que no se ha cambiado ni sancionado hasta la fecha al personal de seguridad del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, pero aseguró que este proceso se hará desde el 1 de agosto.

Lo que el presidente del INPE negó sin dar mayores argumentos fue haber ordenado el 24 de junio el ingreso de 150 personas al penal de Chorrillos sin que previamente estas fueran revisadas.

MÁS DATOS
Su sentencia
La sentencia a 20 años de prisión de Maritza Garrido Lecca, dictada en el 2005, aún no ha sido inscrita en el registro del INPE. Esto impidió que se acogiera al beneficio de libertad condicional.

El plazo
La fiscal supraprovincial Edith Chamorro tiene un plazo de 30 días (que se cumple el 24 de julio) para realizar las diligencias de su investigación sobre la televisada requisa.

Editorial de El Comercio: Las lecciones del derrame del golfo y las playas limeñas

REDACCIÓN: Tener en cuenta que ya hay un contrato del 2004 por el cual el lote Z-33 ya está terminando la fase de exploración y en el 2011 entra a explotarse; este lote Z-33 es el que baña las costas de todo Cañete, Chincha y parte de Pisco; mientras que el lote Z-52 apenas toca a Cañete pero alejada de las costas y es de este lote que habla el Editorial de El Comercio y son (junto a Lote Z-51) los recientemente firmados contratos por Perú Petro. Aclarando un tema: los estudios de impacto ambiental presentados por la Municipalidad de Cerro Azul es referido al Lote Z-33, lo que se debería ampliar al Lote Z-53 que es un lote paralelo al Lote Z-33, cuya firma del contrato se suspendió por el asunto de los petroaudios.

VÉASE el mapa de los lotes en:
http://www.perupetro.com.pe/downloads/MAPACNT.pdf

EL COMERCIO

Perú-Petro ha suscrito contratos de exploración y explotación petrolera con la compañía Savia Perú (antes Petro-Tech) en dos lotes submarinos frente a la costa limeña que abarcan, cada uno, 875 mil hectáreas. Se trata de los lotes Z-51 y Z-52 que van desde Huacho hasta Cañete.

Un tema que cae de sorpresa a los habitantes de esas provincias litorales y, por supuesto, a los vecinos de la capital. He aquí un tema más para el debate municipal y una realidad que quizá nos ayude a comprender el porqué del descontento de los habitantes de otras regiones del país frente a este tipo de concesiones. Vecinos de Lima, deportistas y pescadores artesanales ya han manifestado su preocupación frente a un tema que puede afectar su cotidianidad, sus costumbres, sus espacios de esparcimiento veraniego y su fuente de trabajo.

El tema trae inevitablemente a colación el mayor desastre ecológico de la historia, el derrame petrolífero en el Golfo de México. Como se recordará, una plataforma marina de British Petroleum (BP) explotó hace tres meses, el 20 de abril, en esa zona costera de Estados Unidos y recién esta semana se ha empezado a controlar el petróleo derramado, que ha aflorado incesantemente en cantidades que sobrepasan los 2 millones 190 mil barriles, según los cálculos más conservadores.

Los estragos causados por el gigantesco derrame de BP son profundos y pasarán décadas hasta que el medio ambiente contaminado regrese a su estado anterior a la tragedia. No solo se ha afectado el rico y diverso ecosistema marino en el golfo, con toda su potencialidad de pesca, sino que se ha dañado el hábitat y centro de reproducción de especies en riesgo de extinción, amén de haber afectado las playas de hasta tres estados. Las pérdidas para la industria pesquera, turística y gastronómica se calculan en varios miles de millones de dólares.

BP ha tenido que crear un fondo para indemnizar a los pescadores y otros afectados que ha resultado insuficiente de cara a los daños de mediano y largo plazo, difícilmente cuantificables. Las consecuencias políticas del desastre han afectado la imagen y popularidad del presidente Barack Obama.

Hoy los estadounidenses, especialmente los damnificados del sur, han tomado conciencia de la magnitud del desastre ecológico y exigen mayores medidas de sanción y prevención.

Volviendo a nuestra realidad es necesario revaluar la pertinencia de la muy probable instalación de plataformas petroleras a mediano plazo frente a las playas limeñas. En las playas norteñas —en las que ha proliferado la extracción de lotes submarinos— ya se han sucedido una serie de derrames (felizmente pequeños y prontamente controlados), mientras lugares como el emblemático Cabo Blanco ha visto su paisaje y horizonte alterados por la presencia de estas inmensas estructuras.

Hay una serie de factores que ha debido evaluar el ente estatal al tiempo de decidir cómo, cuándo y en qué condiciones se han entregado en concesión los lotes petroleros en el zócalo continental.

No solo se ha de evitar la contaminación del fondo marino y del mar, sino obligar a las compañías a revisar sus sistemas de seguridad y garantizar que las actividades contarán con la necesaria licencia social de los grupos que se verán afectados.

Un tema que no parece haberse tomado en cuenta a la hora de concesionar estos lotes es que se encuentran en una zona de alto riesgo sísmico y donde los expertos —frente a la teoría del silencio sísmico— prevén un terremoto de proporciones en los próximos veinte años.

Por principio, promovemos la inversión privada en un modelo de economía social de mercado, competitiva y responsable. Sin embargo, ante accidentes tan nefastos como el de BP en el Golfo de México tenemos que enfatizar la necesidad de proteger tanto el ecosistema marino cuanto la calidad de vida de los ciudadanos y de los espacios naturales en zonas densamente pobladas como la costa limeña.

En tal sentido sería pertinente contar con una consulta ciudadana. La democracia es, recordémoslo, un sistema en el que la opinión de la ciudadanía debe estar representada y ser tomada en cuenta. Y es este acápite el que quizá nos ayude a comprender desde el centro urbano, moderno y desarrollista la preocupación y exigencia de consultas de los pobladores de las zonas rurales frente a actividades que consideran puedan afectar las fuentes de agua, los ríos y el ecosistema del que depende su supervivencia y forma de vida.

Daniel Saba, de Perú-Petro, ha expresado que a través de estas y otras concesiones se espera incrementar en 200% la producción hidrocarburífera. Falta saber la opinión de los asiduos concurrentes a las playas: veraneantes, deportistas y pescadores artesanales.