Por Humberto Campodónico
La campaña de prensa que busca desprestigiar la exigencia de vastos sectores de la población peruana de que se priorice el mercado interno –lo que exige detener la exportación– ha tomado variadas formas y expresiones en los últimos días.
Una es decir que, sin el contrato de exportación en estos momentos no habría desarrollo de toda la infraestructura de gas. Eso es falso, pues el contrato Camisea se firma en diciembre del 2000 y el gas llega a Lima en agosto del 2004, mientras que el contrato por el Lote 56, que va a la exportación, se firma en setiembre del 2004 (ver Camisea y los bajos instintos, Cristal de Mira, 18/06/10).
Agreguemos que, solo después que se renegocia el contrato por el Lote 88 para permitir su exportación (DS-006-2006 de enero del 2006), se firman, en febrero, los contratos entre Peru LNG y el Consorcio Camisea.
También se dice que el argumento de que va a faltar el gas “es una fantasía, una construcción ideológica y política” que es usada electoralmente (Fernando Rospigliosi, Agitación electoral, La República, 20/06/2010). No es así. La crítica a la política de exportación de gas –y al cambio ilegal de la legislación gasífera que lo permitiría– comienza en el 2002, cuando el Ing. Herrera Descalzi se lo comunica al entonces ministro de Energía, Jaime Quijandría.
Por nuestra parte, en el 2005 dijimos: “Lo que es inadmisible es que en el Perú se hayan dado modificaciones legales que apuntan a que el gas del Lote 88 pueda también ser utilizado para la exportación. Esa puerta se abre con la Ley 28552, promulgada la semana pasada. Es inadmisible porque el mundo ha entrado en un período de escasez de fuentes de energía, que se agravará en las próximas décadas” (Para exportar gas, primero hay que encontrarlo, Cristal de Mira, 26/06/2005).
Por eso, es también falso que oponerse a la exportación sea “propaganda electoral”. En esa época no había elecciones ad portas. Y si ahora estamos en año preelectoral, eso no invalida las razones técnicas para que no se exporte el gas, que el mismo García señaló como “delito” el 28 de julio del año pasado.
También se dice que hay reservas suficientes y no habría desabastecimiento del mercado interno. Tampoco es cierto. El gobierno infla las reservas sumando papas, camotes y peras, como son las reservas probadas, las probables y las posibles. La verdad es que solo las reservas probadas son materia de contratos comerciales y no hay suficiente para los industriales, como lo dice la carta de la Sociedad de Industrias del 17/05/2010: “Señor Premier, si hay suficiente gas para atender el mercado interno, ¿por qué no se atienden todas y cada una de las solicitudes para la oportunidad en que se soliciten”?
También se dice que “el problema del gasoducto del sur es la escasez de demanda. El gasoducto es muy caro y su construcción solo se justificaría si existieran suficientes compradores. Ahora no los hay” (Rospigliosi, ídem). Pero lo mismo sucedía con el gasoducto a Lima, que tampoco era rentable.
Para que lo fuera, el gobierno le dio el “take or pay” de Electroperú, que garantizaba un consumo de 70 millones de pies cúbicos diarios. También se otorgó la Garantía de la Red Principal a TGP, que simulaba que el gasoducto estaba lleno, pagándole a TGP la diferencia, no importando cuál fuera el volumen real de gas que se transportaba.
También se benefició el Lote 88 del DL 818, que amplió el arrastre de pérdidas de 4 a 8 años, le otorgó la devolución anticipada del IGV y que los aranceles de importación se pagaran en 7 años, y no de inmediato.
¿Por qué estas condiciones, típicas de una “industria naciente”, no podrían dársele al gasoducto andino? No hay ninguna razón, salvo aquella, ideológica y centralista, que le da todo a Lima y nada a provincias. Por estas, y otras razones, es absolutamente correcto –no politiquero– plantear que no se exporte ni una sola molécula de gas.
Una es decir que, sin el contrato de exportación en estos momentos no habría desarrollo de toda la infraestructura de gas. Eso es falso, pues el contrato Camisea se firma en diciembre del 2000 y el gas llega a Lima en agosto del 2004, mientras que el contrato por el Lote 56, que va a la exportación, se firma en setiembre del 2004 (ver Camisea y los bajos instintos, Cristal de Mira, 18/06/10).
Agreguemos que, solo después que se renegocia el contrato por el Lote 88 para permitir su exportación (DS-006-2006 de enero del 2006), se firman, en febrero, los contratos entre Peru LNG y el Consorcio Camisea.
También se dice que el argumento de que va a faltar el gas “es una fantasía, una construcción ideológica y política” que es usada electoralmente (Fernando Rospigliosi, Agitación electoral, La República, 20/06/2010). No es así. La crítica a la política de exportación de gas –y al cambio ilegal de la legislación gasífera que lo permitiría– comienza en el 2002, cuando el Ing. Herrera Descalzi se lo comunica al entonces ministro de Energía, Jaime Quijandría.
Por nuestra parte, en el 2005 dijimos: “Lo que es inadmisible es que en el Perú se hayan dado modificaciones legales que apuntan a que el gas del Lote 88 pueda también ser utilizado para la exportación. Esa puerta se abre con la Ley 28552, promulgada la semana pasada. Es inadmisible porque el mundo ha entrado en un período de escasez de fuentes de energía, que se agravará en las próximas décadas” (Para exportar gas, primero hay que encontrarlo, Cristal de Mira, 26/06/2005).
Por eso, es también falso que oponerse a la exportación sea “propaganda electoral”. En esa época no había elecciones ad portas. Y si ahora estamos en año preelectoral, eso no invalida las razones técnicas para que no se exporte el gas, que el mismo García señaló como “delito” el 28 de julio del año pasado.
También se dice que hay reservas suficientes y no habría desabastecimiento del mercado interno. Tampoco es cierto. El gobierno infla las reservas sumando papas, camotes y peras, como son las reservas probadas, las probables y las posibles. La verdad es que solo las reservas probadas son materia de contratos comerciales y no hay suficiente para los industriales, como lo dice la carta de la Sociedad de Industrias del 17/05/2010: “Señor Premier, si hay suficiente gas para atender el mercado interno, ¿por qué no se atienden todas y cada una de las solicitudes para la oportunidad en que se soliciten”?
También se dice que “el problema del gasoducto del sur es la escasez de demanda. El gasoducto es muy caro y su construcción solo se justificaría si existieran suficientes compradores. Ahora no los hay” (Rospigliosi, ídem). Pero lo mismo sucedía con el gasoducto a Lima, que tampoco era rentable.
Para que lo fuera, el gobierno le dio el “take or pay” de Electroperú, que garantizaba un consumo de 70 millones de pies cúbicos diarios. También se otorgó la Garantía de la Red Principal a TGP, que simulaba que el gasoducto estaba lleno, pagándole a TGP la diferencia, no importando cuál fuera el volumen real de gas que se transportaba.
También se benefició el Lote 88 del DL 818, que amplió el arrastre de pérdidas de 4 a 8 años, le otorgó la devolución anticipada del IGV y que los aranceles de importación se pagaran en 7 años, y no de inmediato.
¿Por qué estas condiciones, típicas de una “industria naciente”, no podrían dársele al gasoducto andino? No hay ninguna razón, salvo aquella, ideológica y centralista, que le da todo a Lima y nada a provincias. Por estas, y otras razones, es absolutamente correcto –no politiquero– plantear que no se exporte ni una sola molécula de gas.
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