La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) aseguró que esa posición coloca al Gobierno "fuera del Estado de Derecho". Señalaron que el Ejecutivo "ha tirado por la borda el amplio consenso alcanzado".
En una nota de prensa la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó hoy la decisión del Ejecutivo peruano de no aprobar una Ley de Consulta a estos pueblos originarios.
El Congreso peruano aprobó en abril pasado la ley que obliga al Estado a consultar con las comunidades indígenas antes de realizar proyectos de minería e hidrocarburos, entre otros, en las tierras que éstas ocupan en la rica selva peruana.
Sin embargo, el Ejecutivo anunció ayer que la devolvía al Congreso con varias observaciones, la principal de ellas que debía incluir expresamente que los indígenas no tendrán capacidad de veto sobre los proyectos que el Estado considere de interés nacional.
Aidesep consideró hoy que esta decisión es un "verdadero error y fraude" y que el Gobierno utilizó la aprobación de la ley por parte del Congreso "para pasear por el mundo su posición dialogante y de respeto a los pueblos indígenas".
"Pero pasada la publicidad devuelve la norma al Legislativo", indicó la organización, que señaló que la posición del Ejecutivo amenaza seriamente los derechos humanos de los pueblos amazónicos.
La aprobación de la Ley de Consulta se realizó con pocos meses de antelación al primer aniversario de los enfrentamientos que dejaron el 5 de junio de 2009 a 24 policías y 10 civiles muertos en la localidad selvática de Bagua.
A partir de la aprobación de la ley por el Congreso, que las comunidades indígenas consideraron una victoria, las organizaciones bajaron el nivel de los actos convocados para recordar el primer aniversario de los sucesos de Bagua, que coincidía con la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebró en Lima.
Aidesep informó que consultará con las 1350 comunidades que representa, para luego anunciar las acciones que adoptará para defender su "legítimo derecho" a decidir sobre su futuro, según remarcó en su comunicado.
EFE
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