El presidente del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal, puso su cargo a disposición tras los cuestionamientos por las masivas visitas que recibe el ex presidente Alberto Fujimori en su celda de la Diroes. Según denunció la revista “Caretas”, durante estos encuentros el ex mandatario realizaría actividades de adoctrinamiento a dirigentas del Vaso de Leche y comedores populares.
Según informó Canal N, el funcionario reconoció “un descuido” por parte del INPE en el control de las referidas visitas. Más temprano admitió que al preso ex presidente lo habían visitado hasta 180 personas en solo un día.
Rodríguez Rabanal también informó que ha solicitado al director de dicho centro penitenciario un informe de lo ocurrido en este caso.
Por la mañana el presidente Alan García señaló que las visitas a Fujimori debían realizarse con prudencia para evitar excesos. Mientras que su hija, Keiko Fujimori, aseguró que las visitas cumplían el reglamento y que en todo caso ella “no podía limitar el cariño” de las personas que llegaban a ver a su padre.
Según informó Canal N, el funcionario reconoció “un descuido” por parte del INPE en el control de las referidas visitas. Más temprano admitió que al preso ex presidente lo habían visitado hasta 180 personas en solo un día.
Rodríguez Rabanal también informó que ha solicitado al director de dicho centro penitenciario un informe de lo ocurrido en este caso.
Por la mañana el presidente Alan García señaló que las visitas a Fujimori debían realizarse con prudencia para evitar excesos. Mientras que su hija, Keiko Fujimori, aseguró que las visitas cumplían el reglamento y que en todo caso ella “no podía limitar el cariño” de las personas que llegaban a ver a su padre.
NOTA DE REDACCIÓN:
A un preso solamente se le corta el derecho a la libertad de tránsito, más tiene intaco todos los demás derechos constitucionalmente amparados. Fujimori hace lo que no se le ha negado, es decir hablar de política entre sus simpatizantes y/o militantes, paradójicamente hoy él hace lo que a otros negó durante su gobierno.
Él como Montesinos hacen uso (y desuso) de sus derechos constitucionales (publicar libros, hacer política partidaria, etc); ese mismo trato deben de tener los demás presos en el país, es decir: hablar de política; publicar, como parte de su derecho al trabajo, sus escritos; permitir visita de amigos, escritores, historiadores; tener derecho al vínculo matrimonial; concretar el derecho de tener hijos (prohibidos a las presas políticas en Santa Mónica-Chorrillos); acceso a periódicos, revisas de todo índole ideológico o político.
Se aduce razones de seguridad de Estado, ¿cualés?, ¿es suficiente argumento la "seguridad de Estado"?, considero que no, es más se choca abiertamente con derechos constitucionales: que la persona es el fín supremo de la sociedad y la valoración de su dignidad como tal; con la libertad de pensamiento, con el derecho al trabajo, y podemos decir incluso con el derecho a la resocialización y reinserción a la colectividad.
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