El presidente de la Región Ica y los alcaldes de Pisco y Chincha serán citados de grado o fuerza por la Comisión Investigadora de la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 15 de agosto del 2007, informó el titular de ese grupo de trabajo, congresista Rogelio Canches Guzmán (NGP), en sesión que dirigió en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.
Explicó que esta decisión se adoptó después de que esas autoridades se mostraron renuentes a informar y entregar documentos relacionados a la reconstrucción de las localidades afectadas por el fenómeno telúrico, lo cual afecta considerablemente a las investigaciones que se están realizando.
Lo que es más grave, dijo, es que la renuencia de estas autoridades es manifiesta no obstante que hay denuncias de diferentes irregularidades sobre el mal manejo por varios millones de soles.
Canches señaló que, entre diferentes anomalías cometidas, está que el bono de seis mil soles se ha entregado a personas que ni siquiera residen en la zona afectada. Señaló que se hay un informe de que los bonos debieron haber sido entregados a 61 mil damnificados, pero solo se han entregado a 28 mil personas. Anotó que 33 mil personas afectadas tienen las tarjetas pero no se les había entregado nada.
Puntualizó que otra irregularidad ha sido cometida en la reconstrucción general del cementerio de Pisco, cuyas obras han quedado inconclusas a pesar de que se ha entregado la partida presupuestal correspondiente. Señaló que lo más condenable es que se ha edificado un velatorio dentro del camposanto y que está funcionando como un comedor administrado por particulares.
Canches, un tanto contrariado, consideró que un 30% de los presupuestos asignados para diferentes obras de reconstrucción “se lo han robado”. Indicó que todas las obras han sido sobrevaloradas. Dijo que sólo en cuatro obras se ha sobrevalorado por más de dos millones y medio “y no sabemos a cuánto se llegará ese supuesto delito financiero cuando se concluya con las investigaciones a las más de 940 obras proyectadas”.
“Es necesario que esto se esclarezca para que los peruanos sepan quiénes han traficado con el dolor de un pueblo. Por ello, todas las autoridades y funcionarios del Estado tendrán que venir para que respondan y expliquen la responsabilidad que tuvieron en el proceso de reconstrucción. Es preciso tener en cuenta que más de dos mil millones de soles se entregó para la reconstrucción de la zona afectada”, expresó
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