Por: Jaime De Althaus Guarderas
Los planes de gobierno de las candidaturas presidenciales suelen ser un listado de objetivos y medios más o menos técnica y políticamente correctos. No conviene, por supuesto, preocupar al electorado con el planteamiento de problemas de compleja solución que puedan demandar decisiones de dudoso efecto proselitista. Entonces, salvo el de Pedro Pablo Kuczynski y en alguna medida el de Solidaridad Nacional, los que hemos visto hasta ahora no plantean, por ejemplo, el problema de la altísima informalidad y qué hacer para reducirla. Menos aun el de lo que Ricardo Vergara acaba de llamar, en un artículo publicado en el libro “Perú hoy, centralismo y concentración” (Desco), el “fracaso de la descentralización”.
¿Nos vamos a quedar eternamente con estas regiones que no son regiones sino departamentos, la mayor parte de las cuales carece de la masa crítica suficiente para administrar todas las competencias que ahora tienen y ejecutar la inversión necesaria? ¿Vamos a seguir multiplicando los niveles de gobierno y el número de municipalidades? Ahora resulta que hay más de 2.200 “municipalidades de centro poblado”, más que las mil 800 y pico municipalidades distritales, y esas hijastras también tienen derecho a presupuestos que las provinciales deben entregarles. ¿No vamos a recentralizar cuando menos capacidades de coerción o sanción a los gobiernos regionales que desacaten normatividad sectorial nacional?
Es obvio que a la clase política subnacional no le interesa en lo más mínimo la formación de verdaderas regiones ni la simplificación de los niveles, porque la proliferación de gobiernos regionales y municipales es lo que asegura mayores oportunidades ocupacionales. Se trata de multiplicar los feudos, a costa del erario nacional y de la racionalidad de la inversión pública. En realidad, los únicos interesados en promover un movimiento de integración de regiones en un número menor son, en teoría, los pueblos, y, en la práctica, los empresarios. Estos últimos tienen interés en la ejecución de proyectos y servicios que integren espacios económicos macrorregionales.
De hecho acabamos de ver cómo, en un hecho sin precedentes, la Federación de Cámaras de Comercio de la Región Sur, donde está la de Arequipa, acaba de hacer suya una declaración de la Cámara de Comercio del Cusco en relación al conflicto por el proyecto Majes-Siguas. Frente a los intereses divisionistas de los políticos, aparecen los intereses integracionistas de los empresarios. Si la Fedecam Sur logra crear el marco para la solución del conflicto, podría proponer más adelante liderar un movimiento para integrar departamentos en regiones verdaderas.
Es un fenómeno nuevo la emergencia de los gremios empresariales regionales como interlocutores, como sociedad civil. Un reflejo del nacimiento de burguesías regionales. Ahora hace falta que la élite nacional empiece a retornar a los partidos políticos. Es la siguiente etapa.
Los planes de gobierno de las candidaturas presidenciales suelen ser un listado de objetivos y medios más o menos técnica y políticamente correctos. No conviene, por supuesto, preocupar al electorado con el planteamiento de problemas de compleja solución que puedan demandar decisiones de dudoso efecto proselitista. Entonces, salvo el de Pedro Pablo Kuczynski y en alguna medida el de Solidaridad Nacional, los que hemos visto hasta ahora no plantean, por ejemplo, el problema de la altísima informalidad y qué hacer para reducirla. Menos aun el de lo que Ricardo Vergara acaba de llamar, en un artículo publicado en el libro “Perú hoy, centralismo y concentración” (Desco), el “fracaso de la descentralización”.
¿Nos vamos a quedar eternamente con estas regiones que no son regiones sino departamentos, la mayor parte de las cuales carece de la masa crítica suficiente para administrar todas las competencias que ahora tienen y ejecutar la inversión necesaria? ¿Vamos a seguir multiplicando los niveles de gobierno y el número de municipalidades? Ahora resulta que hay más de 2.200 “municipalidades de centro poblado”, más que las mil 800 y pico municipalidades distritales, y esas hijastras también tienen derecho a presupuestos que las provinciales deben entregarles. ¿No vamos a recentralizar cuando menos capacidades de coerción o sanción a los gobiernos regionales que desacaten normatividad sectorial nacional?
Es obvio que a la clase política subnacional no le interesa en lo más mínimo la formación de verdaderas regiones ni la simplificación de los niveles, porque la proliferación de gobiernos regionales y municipales es lo que asegura mayores oportunidades ocupacionales. Se trata de multiplicar los feudos, a costa del erario nacional y de la racionalidad de la inversión pública. En realidad, los únicos interesados en promover un movimiento de integración de regiones en un número menor son, en teoría, los pueblos, y, en la práctica, los empresarios. Estos últimos tienen interés en la ejecución de proyectos y servicios que integren espacios económicos macrorregionales.
De hecho acabamos de ver cómo, en un hecho sin precedentes, la Federación de Cámaras de Comercio de la Región Sur, donde está la de Arequipa, acaba de hacer suya una declaración de la Cámara de Comercio del Cusco en relación al conflicto por el proyecto Majes-Siguas. Frente a los intereses divisionistas de los políticos, aparecen los intereses integracionistas de los empresarios. Si la Fedecam Sur logra crear el marco para la solución del conflicto, podría proponer más adelante liderar un movimiento para integrar departamentos en regiones verdaderas.
Es un fenómeno nuevo la emergencia de los gremios empresariales regionales como interlocutores, como sociedad civil. Un reflejo del nacimiento de burguesías regionales. Ahora hace falta que la élite nacional empiece a retornar a los partidos políticos. Es la siguiente etapa.
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