Pepi Patrón (vicerrectora de Investigación) y Marcial Rubio (rector de la PUCP) durante la reunión que sostuvieron con Santiago Cantón (secretario ejecutivo de la CIDH). Los acompañan Juan Méndez (asesor legal de la PUCP) y Francisco Eguiguren (abogado de la PUCP).El día de hoy, el rector de la PUCP, Dr. Marcial Rubio, y la vicerrectora de Investigación, Dra. Pepi Patrón; acompañados por los abogados, Dr. Francisco Eguiguren y Dr. Juan Méndez; presentaron personalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, una demanda de un grupo de integrantes de nuestra comunidad con la cual se busca que se anule la resolución “irregular y arbitraria” dictada por el Tribunal Constitucional en marzo des este año en el contexto de la controversia legal que enfrenta nuestra casa de estudios con el Arzobispado de Lima.
La petición, firmada por el rector, los vicerrectores, autoridades y representantes estudiantiles —en su calidad de miembros de la comunidad universitaria— busca, de esta manera, protección ante la amenaza contra la autonomía universitaria y el derecho de propiedad que representan las exigencias indebidas del Sr. Walter Muñoz Cho (persona designada por el Arzobispado de Lima para integrar la Junta Administradora de los bienes heredados de José de la Riva-Agüero).
En la demanda se plantea que el Tribunal Constitucional transgredió reglas del debido proceso al interpretar los testamentos de su benefactor Don José de la Riva-Agüero y que su sentencia afecta los derechos de nuestra comunidad universitaria a la libertad de asociación, y a la libertad de pensamiento y expresión, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se sostiene, además, que perjudica el derecho a la educación, contemplado en el Artículo 13° del Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial los incisos referidos a “la relación entre la educación y la participación efectiva en una sociedad pluralista y democrática y la promoción de la tolerancia”, “el derecho a seleccionar libremente el tipo de educación a recibir” y ”el derecho a establecer y dirigir instituciones educativas conforme a las leyes en vigencia”.
Por ello, los miembros de la PUCP solicitan a la CIDH que declare que el Tribunal Constitucional del Perú ha violado disposiciones de la Convención y del Protocolo de San Salvador y que, por lo tanto, se recomiende al Estado peruano reparar las violaciones, declarando sin eficacia jurídica las resoluciones del Expediente 03347-2009-PA/TC.
PUNTO EDU-PUCP
La petición, firmada por el rector, los vicerrectores, autoridades y representantes estudiantiles —en su calidad de miembros de la comunidad universitaria— busca, de esta manera, protección ante la amenaza contra la autonomía universitaria y el derecho de propiedad que representan las exigencias indebidas del Sr. Walter Muñoz Cho (persona designada por el Arzobispado de Lima para integrar la Junta Administradora de los bienes heredados de José de la Riva-Agüero).
En la demanda se plantea que el Tribunal Constitucional transgredió reglas del debido proceso al interpretar los testamentos de su benefactor Don José de la Riva-Agüero y que su sentencia afecta los derechos de nuestra comunidad universitaria a la libertad de asociación, y a la libertad de pensamiento y expresión, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se sostiene, además, que perjudica el derecho a la educación, contemplado en el Artículo 13° del Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial los incisos referidos a “la relación entre la educación y la participación efectiva en una sociedad pluralista y democrática y la promoción de la tolerancia”, “el derecho a seleccionar libremente el tipo de educación a recibir” y ”el derecho a establecer y dirigir instituciones educativas conforme a las leyes en vigencia”.
Por ello, los miembros de la PUCP solicitan a la CIDH que declare que el Tribunal Constitucional del Perú ha violado disposiciones de la Convención y del Protocolo de San Salvador y que, por lo tanto, se recomiende al Estado peruano reparar las violaciones, declarando sin eficacia jurídica las resoluciones del Expediente 03347-2009-PA/TC.
PUNTO EDU-PUCP
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