El 27 de febrero pasado se desarrolló una reunión de la Junta General de Accionistas (JGA) para nombrar a los nuevos directores de EMAPACSA, y tal como lo preveíamos en Al Día Con Matices del 24/02 se dio el tercer revés de Alvarado: frustración de la JGA por ilegal convocatoria. Pero como popularmente se dice: “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”, se persistió en la ilegal convocatoria y se acordó nombrar una comisión de Alcaldes para evaluar a los candidatos y se escuchó informes sobre FORSUR.
Como la convocatoria es ilegal entonces es nulo el acto jurídico, por tanto ¿qué responsabilidad van a tener los Alcaldes en dicha comisión? Se sigue jugando detrás de la cortina, el hedor recorre pasillos municipales; pero la formación de una comisión “evaluadora”, sin duda, ha sido una buena táctica para quienes no se sentían seguros que sus candidatos saldrían electos, pues bastaba que el Alcalde Provincial de todo sus votos para colocar a un candidato, ahora ya no sería así.
Si vemos la experiencia en Imperial: salió el candidato que más lobbie hizo pues trabajó desde antes que se remueva al directorio anterior, ¿este candidato lo hizo personalmente o detrás está el Apra (recordar que fue miembro del directorio de la Beneficencia por unas semanas hasta que otra facción lo sacó)?, pues como representante del Colegio de Ingenieros está otro militante del mismo Partido. Lo que si preocupa más es la actuación del Alcalde Provincial, puso a un candidato que no iba a salir (no cumple con los requisitos establecidos por la ley), y no creemos que esto se debe a una falta de experiencia o porque el tiempo lo apremió, si pensamos que se debe a una línea de actuación coherente con sus ideas: privatizar a como de lugar, pues él no cree en la capacidad de intelectuales cañetanos (mostrado en su desinterés por buscar representante idóneo) más si cree en lo prometido por LYSA. Esto está bien claro y está moviendo sus fichas.
Para tener una idea de que pautas se deben seguir para elegir nuevos directores, recordar que el 7 de mayo 2008 la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó una propuesta de la ley Marco que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado; y, en su Título III, art. 7 da los lineamientos de cómo deben ser los directores de empresas del Estado:
“Artículo 7º. Directores de las Empresas del Estado
7.1 Para ser director de una Empresa del Estado se requiere ser una persona de reconocida trayectoria profesional y solvencia ética y moral, y poseedora de una amplia experiencia en la toma de decisiones estratégicas y de gestión empresarial. Las designaciones que no corresponden a la participación accionaria del Estado se rigen exclusivamente por las disposiciones aplicables al sector privado”
De los candidatos ¿alguien reúne este perfil? NADIE; pero hay algo más:
7.2 “Los candidatos al directorio que correspondan a la participación accionaria del Estado provienen de una convocatoria pública nacional realizada por un Comité Especial Independiente que identifica a los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, y procederán a evaluarlos conforme lo señale el Reglamento.
7.3 El Comité Especial Independiente se encuentra conformado por tres miembros que cuentan con reconocidos prestigio y trayectoria profesional. (…)”
¿Es independiente la comisión de Alcaldes?, ¿reúnen el perfil señalado? La respuesta es obvia, no reúnen las condiciones ni es independiente. ¿Que papel juega la ilegal “comisión de Alcaldes”?: pretender lavar el rostro pero están divididos en dos posiciones y va a definir San Antonio.
Además de esto, se ha dado poder al Gerente General demostrando la tozudez, que raya con la incapacidad de los “expertos asesores” del Alcalde Provincial. Primero: esto demostró que los directores siguen asumiendo hasta que se nombren nuevos directores (2do. Revés de Alvarado, Matices 24/02); segundo: lo anterior sigue siendo válido porque es ilegal el poder al gerente habiendo directorio, esto de acuerdo a las normas, reglamento (art. 39.B) y estatuto vigente, que tienen el objetivo de darle continuidad a la gestión.
Lo que se puede apreciar es que hay un manejo irresponsable de las instituciones, empresas del Estado, que fue criticado en la Evaluación Nacional de la Gobernanza Corporativa de las Empresas del Estado del Banco Mundial, realizada en julio del año 2006, en la que critica el no cumplimiento del:
“Lineamiento VIC: Los directorios de las EP deben estar compuestos de un modo tal que puedan ejercer un juicio objetivo e independiente”
porque “no existen reglas para los directores independientes o los directores no ejecutivos, estos deberían estar libres de vínculos políticos con el gobierno”, sin embargo se sigue haciendo caso omiso con el único interés de servir a intereses personales y de grupo, como también se puede apreciar en la compra de ambulancias.
Todos hemos sido testigos como el Alcalde Provincial de Cañete se desplazaba en caravana por todos los distritos de la provincia con las ambulancias, camionetas de seguridad ciudadana, camión recolector de basura y las camionetas para serenazgo recientemente adquiridas. Así que hemos averiguado como se han hecho estas compras yendo al portal de CONSUCODE.
Resulta que aprovechando las ampliaciones de la situación de emergencia que da el gobierno a la zona afectada por el sismo del 15 de Agosto de 2007, el Alcalde esta haciendo su festín. Ha declarado en emergencia la seguridad ciudadana, la salud y el recojo de la basura en San Vicente.
Es cierto que estamos en emergencia en estos tres rubros que menciono en el párrafo anterior, pero entiéndase como emergencia al borde del colapso. Esto no es así, pero el Alcalde Provincial así lo considera porque con ello ha podido adquirir sin concurso, sin bases: un camión recolector de basura a la empresa DIVEIMPORT S.A. por S/. 315,846.00; 6 ambulancias a la empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A. por S/. 65,360.57 cada una, mediante la Adjudicación por exoneración Nº. 2-2008/MPC. La buena pro se otorgó el 09.05.2008.
Luego mediante el proceso de adjudicación por exoneración 3-2008/MPC adquiere a la Empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A. 2 camionetas 4X4 por la suma de S/. 149,796.48, la buena pro se otorgó el 22.08.08
Posteriormente mediante la adjudicación de exoneración Nº. 4-2008/MPC compra 6 ambulancias más a la mismísima empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A. por la suma total de S/. 428,717.52. La buena pro se otorgó el 10.11.08
Todas estas adquisiciones cuentan con la aprobación para ser adquiridas por la sesión de Consejo respectivo, pero ya nos imaginamos quien orienta estas adquisiciones, toda vez que tal como se vio en la Junta General de Accionistas de Emapa, las cosas se aprueban al caballazo.
¿Cómo pueden hacerse compras sin que se conozcan las especificaciones técnicas de los equipos a adquirirse?, si usted lee las bases publicadas en el SEACE sólo se lee el acuerdo de consejo, ¿requiere un servicio de serenazgo en San Vicente de Cañete una camioneta 4X4 o basta con que sea 4x2?
No se ha tenido la decencia de convocar a otras marcas, ¿porqué un proceso de exoneración?, ¿no se podía esperar 45 días para llevar acabo un proceso normal? Estas compras apuradas traen como consecuencia que no se puedan obtener mejores ofertas técnicas y precios más rebajados Si era realmente una situación de emergencia por qué se espera una fiesta patronal para hacer entrega de ambulancias con bombos y platillos, hacer caravanas con las ambulancias por toda la provincia; que se investigue estas adquisiciones que ha venido realizando el Alcalde Provincial, sin bases, sin especificaciones técnicas. ¿Cómo prepararon los presupuestos referenciales, de tal manera que NISSAN MAQUINARIAS S.A gane sin tener ningún competidor? Una pregunta suelta que debe ser respondida ¿Es cierto que en el Convenio firmado por el Municipio Provincial (léase Javier Alvarado) y el MINSA establece que las pintas en las ambulancias no se pueden borrar hasta después de 3 años?
De esta misma forma de proceder se quiere privatizar Emapa, declararla en emergencia y entregársela a LYSA, a este objetivo servirán los nuevos directores (sino veamos a quien pondrá como representante el Alcalde Provincial y a que miembros de la sociedad civil le da su respaldo), estamos atentos y debemos frenar el abuso que se viene haciendo con los procesos por exoneración y declarar en emergencia las entidades del estado, al puro estilo fujimontesinista en función de intereses personales y de grupo.
Como la convocatoria es ilegal entonces es nulo el acto jurídico, por tanto ¿qué responsabilidad van a tener los Alcaldes en dicha comisión? Se sigue jugando detrás de la cortina, el hedor recorre pasillos municipales; pero la formación de una comisión “evaluadora”, sin duda, ha sido una buena táctica para quienes no se sentían seguros que sus candidatos saldrían electos, pues bastaba que el Alcalde Provincial de todo sus votos para colocar a un candidato, ahora ya no sería así.
Si vemos la experiencia en Imperial: salió el candidato que más lobbie hizo pues trabajó desde antes que se remueva al directorio anterior, ¿este candidato lo hizo personalmente o detrás está el Apra (recordar que fue miembro del directorio de la Beneficencia por unas semanas hasta que otra facción lo sacó)?, pues como representante del Colegio de Ingenieros está otro militante del mismo Partido. Lo que si preocupa más es la actuación del Alcalde Provincial, puso a un candidato que no iba a salir (no cumple con los requisitos establecidos por la ley), y no creemos que esto se debe a una falta de experiencia o porque el tiempo lo apremió, si pensamos que se debe a una línea de actuación coherente con sus ideas: privatizar a como de lugar, pues él no cree en la capacidad de intelectuales cañetanos (mostrado en su desinterés por buscar representante idóneo) más si cree en lo prometido por LYSA. Esto está bien claro y está moviendo sus fichas.
Para tener una idea de que pautas se deben seguir para elegir nuevos directores, recordar que el 7 de mayo 2008 la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó una propuesta de la ley Marco que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado; y, en su Título III, art. 7 da los lineamientos de cómo deben ser los directores de empresas del Estado:
“Artículo 7º. Directores de las Empresas del Estado
7.1 Para ser director de una Empresa del Estado se requiere ser una persona de reconocida trayectoria profesional y solvencia ética y moral, y poseedora de una amplia experiencia en la toma de decisiones estratégicas y de gestión empresarial. Las designaciones que no corresponden a la participación accionaria del Estado se rigen exclusivamente por las disposiciones aplicables al sector privado”
De los candidatos ¿alguien reúne este perfil? NADIE; pero hay algo más:
7.2 “Los candidatos al directorio que correspondan a la participación accionaria del Estado provienen de una convocatoria pública nacional realizada por un Comité Especial Independiente que identifica a los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, y procederán a evaluarlos conforme lo señale el Reglamento.
7.3 El Comité Especial Independiente se encuentra conformado por tres miembros que cuentan con reconocidos prestigio y trayectoria profesional. (…)”
¿Es independiente la comisión de Alcaldes?, ¿reúnen el perfil señalado? La respuesta es obvia, no reúnen las condiciones ni es independiente. ¿Que papel juega la ilegal “comisión de Alcaldes”?: pretender lavar el rostro pero están divididos en dos posiciones y va a definir San Antonio.
Además de esto, se ha dado poder al Gerente General demostrando la tozudez, que raya con la incapacidad de los “expertos asesores” del Alcalde Provincial. Primero: esto demostró que los directores siguen asumiendo hasta que se nombren nuevos directores (2do. Revés de Alvarado, Matices 24/02); segundo: lo anterior sigue siendo válido porque es ilegal el poder al gerente habiendo directorio, esto de acuerdo a las normas, reglamento (art. 39.B) y estatuto vigente, que tienen el objetivo de darle continuidad a la gestión.
Lo que se puede apreciar es que hay un manejo irresponsable de las instituciones, empresas del Estado, que fue criticado en la Evaluación Nacional de la Gobernanza Corporativa de las Empresas del Estado del Banco Mundial, realizada en julio del año 2006, en la que critica el no cumplimiento del:
“Lineamiento VIC: Los directorios de las EP deben estar compuestos de un modo tal que puedan ejercer un juicio objetivo e independiente”
porque “no existen reglas para los directores independientes o los directores no ejecutivos, estos deberían estar libres de vínculos políticos con el gobierno”, sin embargo se sigue haciendo caso omiso con el único interés de servir a intereses personales y de grupo, como también se puede apreciar en la compra de ambulancias.
Todos hemos sido testigos como el Alcalde Provincial de Cañete se desplazaba en caravana por todos los distritos de la provincia con las ambulancias, camionetas de seguridad ciudadana, camión recolector de basura y las camionetas para serenazgo recientemente adquiridas. Así que hemos averiguado como se han hecho estas compras yendo al portal de CONSUCODE.
Resulta que aprovechando las ampliaciones de la situación de emergencia que da el gobierno a la zona afectada por el sismo del 15 de Agosto de 2007, el Alcalde esta haciendo su festín. Ha declarado en emergencia la seguridad ciudadana, la salud y el recojo de la basura en San Vicente.
Es cierto que estamos en emergencia en estos tres rubros que menciono en el párrafo anterior, pero entiéndase como emergencia al borde del colapso. Esto no es así, pero el Alcalde Provincial así lo considera porque con ello ha podido adquirir sin concurso, sin bases: un camión recolector de basura a la empresa DIVEIMPORT S.A. por S/. 315,846.00; 6 ambulancias a la empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A. por S/. 65,360.57 cada una, mediante la Adjudicación por exoneración Nº. 2-2008/MPC. La buena pro se otorgó el 09.05.2008.
Luego mediante el proceso de adjudicación por exoneración 3-2008/MPC adquiere a la Empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A. 2 camionetas 4X4 por la suma de S/. 149,796.48, la buena pro se otorgó el 22.08.08
Posteriormente mediante la adjudicación de exoneración Nº. 4-2008/MPC compra 6 ambulancias más a la mismísima empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A. por la suma total de S/. 428,717.52. La buena pro se otorgó el 10.11.08
Todas estas adquisiciones cuentan con la aprobación para ser adquiridas por la sesión de Consejo respectivo, pero ya nos imaginamos quien orienta estas adquisiciones, toda vez que tal como se vio en la Junta General de Accionistas de Emapa, las cosas se aprueban al caballazo.
¿Cómo pueden hacerse compras sin que se conozcan las especificaciones técnicas de los equipos a adquirirse?, si usted lee las bases publicadas en el SEACE sólo se lee el acuerdo de consejo, ¿requiere un servicio de serenazgo en San Vicente de Cañete una camioneta 4X4 o basta con que sea 4x2?
No se ha tenido la decencia de convocar a otras marcas, ¿porqué un proceso de exoneración?, ¿no se podía esperar 45 días para llevar acabo un proceso normal? Estas compras apuradas traen como consecuencia que no se puedan obtener mejores ofertas técnicas y precios más rebajados Si era realmente una situación de emergencia por qué se espera una fiesta patronal para hacer entrega de ambulancias con bombos y platillos, hacer caravanas con las ambulancias por toda la provincia; que se investigue estas adquisiciones que ha venido realizando el Alcalde Provincial, sin bases, sin especificaciones técnicas. ¿Cómo prepararon los presupuestos referenciales, de tal manera que NISSAN MAQUINARIAS S.A gane sin tener ningún competidor? Una pregunta suelta que debe ser respondida ¿Es cierto que en el Convenio firmado por el Municipio Provincial (léase Javier Alvarado) y el MINSA establece que las pintas en las ambulancias no se pueden borrar hasta después de 3 años?
De esta misma forma de proceder se quiere privatizar Emapa, declararla en emergencia y entregársela a LYSA, a este objetivo servirán los nuevos directores (sino veamos a quien pondrá como representante el Alcalde Provincial y a que miembros de la sociedad civil le da su respaldo), estamos atentos y debemos frenar el abuso que se viene haciendo con los procesos por exoneración y declarar en emergencia las entidades del estado, al puro estilo fujimontesinista en función de intereses personales y de grupo.
(Publicado el 04/marzo/2009 en Al Día con Matices)
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