Sumilla: Expresar su más energético rechazo respecto a la conducta asumida por Javier Alvarado Gonzáles del Valle (Presidente del Gobierno Regional de Lima) y María Montoya Conde (Alcaldesa de la Provincia de Cañete) en el "Centro Poblado Nuevo Ayacucho", ubicado en la carretera Panamericana Sur Km. 176.50 de la comprensión del distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha, región Ica; así como rechazar de manera enérgica las frases proferidas por el Presidente Regional de Lima en contra del congresista José Luis Elías Ávalos, hechos ocurridos el 25 de febrero de 2012.
En breve publicará las convocatorias para la contratación de nuevos agentes penitenciarios y la construcción de dos nuevos penales en Lima y Cerro de Pasco, informó el ministro Jiménez.
El Poder Ejecutivo mejorará el sistema penitenciario del país y en breve publicará las convocatorias para la contratación de nuevos agentes penitenciarios y la construcción de dos nuevos penales en Lima y Cerro de Pasco, informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.
Indicó que tras los sucesos del penal de Challapalca, se declaró en emergencia el sistema penitenciario nacional, y se adoptaron medidas para convocar de inmediato el proceso de licitación para la construcción de dos nuevas Cárceles en Lima y Cochamarca, en Cerro de Pasco.
En declaraciones al diario oficial El Peruano, explicó que los estudios de preinversión están en su fase final.
Mencionó que la norma permitirá agilizar el proceso de selección del contratista que deberá empezar las obras este año, y al que serán destinados casi la totalidad de los 75 millones de nuevos soles otorgados al INPE.
“Una segunda medida es la transferencia de casi 20 millones de nuevos soles adicionales para la realización de una serie de obras de mantenimiento y protección penitenciaria, incluida la contratación de mil nuevos agentes para este año”, manifestó.
Comentó que en los próximos días se convocará el concurso respectivo para el ingreso de estos profesionales.
Más adelante, reveló que la propuesta para dar en concesión los penales fue desestimada, porque el proyecto proponía la concesión plena, es decir, se concesionaba todo, desde la seguridad hasta aspectos inclusive disciplinarios de los internos, que constitucional y legalmente solo corresponde a la entidad estatal.
“Entonces, esto que no fue debidamente analizado, motivó la imposibilidad legal para seguir adelante con la concesión, sin perjuicio de que era bastante oneroso, pero eso ya es otro detalle. Lo importante es que no estamos cruzados de brazos, sino que se viene haciendo un trabajo muy intenso para recuperar el INPE en lo que podamos”, puntualizó.
“Hemos recibido una institución muy deficitaria y el Gobierno desea que realmente el sistema penitenciario funcione de manera adecuada, que se puedan superar las contingencias que en estos momentos generan estos problemas de fuga o sobrepoblación”, recalcó.
Sin embargo, dijo que está abierta la posibilidad para las asociaciones público-privadas, y que estas apoyen al INPE en labores de seguridad u otros vinculados a mejorar los servicios penitenciarios.
Al respecto, mencionó como ejemplo, la instalación de bloqueadores de celulares en los penales.
Por último, precisó que en estos momentos hay más de 200 servidores sometidos a procesos disciplinarios y se han retirado a 35 servidores penitenciarios, que es mucho más de lo sucedido en los últimos cinco años.
“Estamos haciendo un trabajo de limpieza en la institución para sacar a la gente que no debe pertenecer al INPE. En esto, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, está haciendo un trabajo muy importante para poder efectivamente separar la paja del trigo”, agregó
El presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado Gonzales Del Valle, sugirió al Mandatario de la República Ollanta Humala Tasso que declare en Estado de Emergencia todo el país.
Así lo dio a conocer esta mañana en una entrevista concedida a TV Perú, referente a las constantes lluvias torrenciales que han causado el desborde de los ríos y deslizamientos en las diversas regiones del país y que ha dejado localidades incomunicadas, carreteras destruidas y miles de familias damnificadas.
Esta medida permitiría que las zonas afectadas del Perú sean atendidas -inmediatamente- por los tres niveles de Gobierno (Central, Regional y Local) para salvaguardar la integridad de miles de peruanos.
“Sería oportuna una disposición macro que será de gran ayuda para las autoridades regionales y locales del país, porque el Estado cuenta con mayores recursos para actuar de inmediato ante un desastre natural”, explicó el presidente Javier Alvarado, durante la entrevista en el canal estatal.
Las regiones más afectadas por las intensas lluvias son Huánuco, Ayacucho, Arequipa, Ucayali, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ancash y Lima. No obstante, otras jurisdicciones también se han visto afectadas por los embates de la naturaleza.
También hizo un recuento de las acciones ejecutadas por el Gobierno Regional de Lima para contrarrestar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales, siendo una de las más importantes, la instalación de un puente aéreo en la provincia de Yauyos que fue la más afectada en las últimas semanas.
Asimismo, informó que viene coordinando la instalación de otro puente aéreo que permita llevar ayuda a los damnificados por las inclemencias de la naturaleza. En otro momento, destacó el interés del Gobierno Central por atender su pedido en declarar el Estado de Emergencia en las provincias de nuestra región, tras reunirse con los Ministros de Estado y el Presidente de la República Ollanta Humala.
En la entrevista con el medio nacional también recordó los logros conseguidos en dichas reuniones para los sectores de Educación, Transporte, Vivienda, Turismo, Economía, Salud y Agricultura.
Las solicitudes de consulta popular para revocar a autoridades municipales de los distritos limeños de Pucusana, Nuevo Imperial (Cañete) y Hongos (Yauyos), del distrito ancashino de Cochas y de los arequipeños Yauca y Ayo cuentan con la cantidad de firmas válidas de adherentes exigidas por la legislación peruana.
«La Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, exige presentar el 25% de firmas de ciudadanos de la circunscripción electoral, con un tope de 400 mil. Por eso para Lima Metropolitana no se requiere llegar al 25%», explica Carlo Magno Salcedo Cuadros, Subgerente de Actividades Electorales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
El RENIEC, como administrador del Padrón Electoral, es la entidad encargada de verificar la autenticidad de las rúbricas en los procesos de participación y control ciudadano ?como la revocatoria- y de los relacionados con los partidos políticos, con excepción de la firma de adherentes. «RENIEC maneja el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), que es donde estamos inscritos los peruanos que poseemos DNI. La información se entrega a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cada tres meses, pero el RENIEC actualiza esta base de datos diariamente», agrega Salcedo Cuadros.
¿Cómo se realiza la verificación de firmas?
La Subgerencia de Actividades Electorales de RENIEC notifica, al promotor o personero, la fecha y hora en que iniciará el proceso de comprobación de firmas. Lo primero que se hace es una comprobación automática, mediante la cual se coteja el 100% de los planillones con la información del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN). Se consideran válidas las rúbricas de aquellos adherentes que residen en la circunscripción electoral correspondiente, y a quienes no se les ha suspendido el ejercicio de la ciudadanía.
La segunda etapa corresponde a la comprobación semiautomática de las firmas que aprobaron la fase anterior: son observadas atentamente por expertos en grafotécnia y dactiloscopía, con el fin de determinar si coinciden con las registradas por el RENIEC. El proceso concluye cuando se terminan de revisar todos los planillones presentados.
En caso no se llegara al porcentaje exigido de firmas válidas, el pedido será rechazado. Sin embargo, los promotores tienen derecho a presentar listas adicionales hasta completar el número requerido de adherentes.
Para que se realice una consulta de revocatoria este año, las solicitudes que cumplan todos los requisitos establecidos por la ley deben presentarse hasta el 25 de mayo.
En la historia electoral de Lima Metropolitana, la consulta popular de revocatoria ha procedido únicamente en los distritos de Pucusana y Santa Rosa
Ejecutivo y alcaldes municipales crearán comisión técnica de trabajo para analizar la problemática de la deuda tributaria de las municipalidades
El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, anunció que el Gobierno estudiará los mecanismos necesarios para que los gobiernos locales y regionales, que cuentan con canon, puedan hacer uso de estos recursos con el objeto de hacer frente a los desastres naturales.
En caso hubieran necesidades adicionales, que ni el fondo de reserva puedan atender ni los recursos del canon, se verán soluciones ad hoc para los casos particulares, comentó.
Agregó que también se dictarán disposiciones para que los alimentos del PRONAA se distribuyan y abastezcan adecuadamente. Indicó que las declaratorias de emergencia deben permitir focalizar adecuadamente los lugares que sufren las inclemencias naturales, a fin de que el Estado tenga una respuesta oportuna.
De otro lado, el Ministro de Economía, Luís Miguel Castilla, dijo que el Gobierno tiene un fondo de contingencias para atención de emergencia el mismo que se flexibilizó el año pasado para ser utilizado en remoción de escombros, distribución de alimentos, frazadas y otros que constituyen un gasto corriente que no estaba cubierto.
Para acceder a este fondo se requiere una declaratoria de emergencia y una verificación en una ficha técnica de INDECI para que el MEF disponga en un plazo de 24 horas de los recursos necesarios de forma inmediata.
Comisión
De otro lado, a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, se acordó con treinta y ocho alcaldes municipales crear una Comisión Técnica de Trabajo que analizará las formas de pago de cada municipalidad a fin de atenuar la deuda tributaria que tienen con el Estado, el cual perjudica las gestiones de inversión en cada jurisdicción.
La Comisión técnica, que estará bajo la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, analizará la forma de pago tributario de cada municipalidad ya que existe heterogeneidad municipal por el canon minero o afluencia de otro tipo de recurso interno que unos perciben.
El Gobierno tiene toda predisposición de solucionar la problemática de la deuda tributaria de las municipalidades, pero se debe tener en cuenta las implicancias de las medidas a adoptar, pues el Gobierno no puede tocar fondos intangibles y cualquier connotación de deuda daría pie a perder capacidad de recaudación con las empresas privada, dijo.
Por su parte el ministro Castilla, señaló que la deuda tributaria de los gobiernos locales al Estado al 31 de agosto de 2011 suma 1600 millones de nuevos soles. Dijo que la deuda se distribuye en 50% a EsSalud, 30 % a SUNAT y 20% a la ONP.
Señaló que cerca del 40% de la deuda es con los agentes retenedores ubicados en los municipios; ante la imposibilidad de que ellos no puedan cobrar esa deuda se estaría induciendo a un ilícito tributario. Dijo que si no se cumple en asignar un 20% de la deuda a la ONP, sí se estaría vulnerando la Constitución que considera que los fondos previsionales en el país son intangibles.
Los alcaldes consideraron que la reunión efectuada marca un hito en la relación existente entre el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y los Alcaldes Municipales.
El congresista Yehude Simon quién fue el promotor de la reunión resaltó la voluntad del Gobierno por solucionar la problemática por la cual atraviesan las municipalidades.
Participaron alcaldes de Arequipa, Lambayeque, Junín, Ica, Arequipa, Huancavelica, Tumbes, La Libertad, Piura Cajamarca, Tacna y Huánuco. Por Lima, los alcaldes de San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, Breña, Villa el Salvador, San Isidro, Cieneguilla, Ate, Chaclacayo, Comas, Pueblo Libre, San Luís y los distritos cañetanos de Cerro Azul e Imperial.
Siete regiones concentran el 73% de exportaciones peruanas a China
Es el primer mercado de nuestro cobre, hierro, harina de pescado y moluscos
Sin contar Lima y El Callao, son siete las regiones que exportan más que el resto del país a China -el primer mercado de destino de nuestros productos-, registrando en conjunto el 73 por ciento de las ventas totales. Estas son: Ica, Áncash, Arequipa, Moquegua, Pasco, Piura y Cusco, informó el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios-PERUCÁMARAS.
Ica concentró el año pasado el 21.9% de las exportaciones peruanas a China con ventas por 1,530 millones de dólares; le siguieron Áncash, que registró el 19.1% con 1,331 millones de dólares y Arequipa, con una participación del 13.2% y ventas por 925 millones de dólares.
Por su parte, Moquegua registró el año pasado el 10.4% de nuestras exportaciones a ese mercado con ventas por 727 millones de dólares; Pasco concentró un 3.5% del total y ventas por 245 millones de dólares; Piura, con una participación de 3.4% y expendios por 239 millones; y Cusco, que concentró un 1.6% de las ventas peruanas a China con 110 millones de dólares.
Estas siete regiones exportaron básicamente productos primarios a China, que el año pasado se consolidó como el primer mercado del Perú, al concentrar el 15.3% del valor total de nuestros envíos al exterior con compras por 6,981 millones de dólares, un incremento del 29.2% con respecto a lo que le vendimos en el 2010.
El 95% de los productos peruanos exportados a China son tradicionales.
Así, las exportaciones nacionales de minerales de cobre y sus concentrados a China la lideró el año pasado Áncash, al concentrar el 41.1% de lo vendido en esta materia; le siguen Arequipa, con 31.8%; Ica con 10.8% y Cusco, con un 4.5%.
En cuanto a harina de pescado, Ica concentró el año pasado el 15.8% de nuestras exportaciones totales de ese producto a China seguido por Áncash, con un 15.1%; Piura, con un 7%; Moquegua, con el 6.1% y Arequipa, con 4.6%.
Además, el 98.9% de nuestras ventas de hierro y sus concentrados a China salieron de Ica; mientras que Piura vendió el 99.5% de nuestros envíos del rubro “demás preparaciones y conservas de moluscos”.
De los 11 productos que el Perú le vende a China y que concentran el 93.9% de nuestras exportaciones totales a ese país, 10 son tradicionales; nueve, mineros; y uno de origen pesquero. Solo uno es un producto no tradicional, del sector pesca.
El año pasado, el Perú vendió 2,418 millones de dólares en minerales de cobre y sus concentrados, lo que representa un aumento de 42.6% frente a lo exportado el 2010. China es el primer mercado de este producto pues concentra el 31 por ciento de la demanda.
Por su parte, nuestros envíos de harina de pescado sumaron el año pasado 1,041 millones de dólares, un incremento de 23.2% de lo vendido el 2010. El país asiático también es el primer destino de este producto al adquirir el 59% de nuestras ventas totales.
China también es el primer mercado del rubro “demás preparaciones y conservas de moluscos” del Perú sumando compras por 122 millones de dólares, un crecimiento en 122 por ciento respecto al 2010.
El CIE de PERUCÁMARAS prevé que la demanda de los productos peruanos desde China -cuya economía representa el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) del mundo- se mantenga este año con ciertas variaciones según cómo evolucione el mercado mundial; y recomendó aprovechar el Tratado de Libre Comercio que suscribimos con ese país para impulsar nuestras exportaciones no tradicionales.
La ministra de Educación, Patricia Salas, planteó esa medida para que se pueda realizar una reforma integral de la enseñanza superior
La ministra de Educación, Patricia Salas, informó hoy que ha propuesto al Congreso de la República una moratoria para la creación de nuevas universidades, a fin de realizar una reforma integral de la educación superior que asegure la calidad de la misma.
Aunque no detalló por cuánto tiempo duraría esta moratoria, la funcionaria señaló que durante ese plazo debe evaluarse “qué tipo de universidad queremos y cómo fortalecemos nuestro sistema universitario”.
Sostuvo que la calidad no solo debe ser para las escuelas de educación básica regular, “en las que se viene trabajando desde distintos aspectos”, sino también para los centros de enseñanza superior.
Agregó que el objetivo es priorizar qué áreas del conocimiento y el desarrollo se requiere enfatizar, y cuáles son los campos en los que se requieren nuevos profesionales.
Cabe indicar que en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento existe una iniciativa legislativa del congresista Vicente Zeballos, quien propone una moratoria de cinco años, periodo que permitirá reordenar el sistema universitario del país
Las bancadas parlamentarias trabajan un acuerdo político para elegir al nuevo defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), bajo el criterio de “capacidad” y no por “simpatías políticas”, informó hoy el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simon.
Explicó que en una reciente Junta de Portavoces, las bancadas acordaron avanzar en el diálogo a fin de resolver esa tarea y que cada partido realice una propuesta técnica que permita una evaluación en consenso, cuando comience la legislatura, a comienzos de marzo.
“La idea es que busquemos a las mejores personalidades del país para ver si cumplen los requisitos para ocupar esos cargos y en función de eso proponerlos al Pleno. Estamos privilegiando capacidades, y no militancias o simpatías partidarias”, declaró.
Detalló que los acuerdos están bastante avanzados para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y los nuevos directores del Banco Central de Reserva.
Remarcó que el principal entrampamiento está en el proceso de elección del defensor del Pueblo.
“El entrampamiento se encuentra en el tema de la elección del defensor del Pueblo, la idea es evitar un concurso donde muchas veces se maltrata a personalidades por razones estrictamente políticas, tenemos que encontrar un consenso”, anotó.
Simon invocó a los legisladores a reflexionar sobre estas prioridades y cumplir con la tarea de elegir estas autoridades lo más pronto posible
El Poder Ejecutivo declaró hoy el estado de emergencia por 60 días en varias localidades de los departamentos de Lima, Áncash y Madre de Dios afectadas por las lluvias, a fin de implementar medidas de contingencia para atender a miles de damnificados y afectados.
Mediante Decreto Supremo N° 013-2012-PCM se autoriza la medida de excepción para las provincias limeñas de Yauyos, Cañete, Cajatambo, Huaura, Huarochirí, Barranca y Pativilca, a fin de facilitar la rehabilitación de las zonas perjudicadas por los desastres naturales.
La tarea queda a cargo del Gobierno Regional de Lima, los municipios involucrados, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, Defensa, Salud, además de organismos estatales.
El estado de emergencia fue aprobado por el Consejo de Ministros atendiendo un informe de Indeci que daba cuenta del daño a las defensas ribereñas, cultivos, viviendas, carreteras y puentes por el desborde de los ríos Supe, Huaura, Cañete, Mala, entre otros.
Asimismo, el Ejecutivo declaró en emergencia por 60 días a Iñapari, capital de la provincia de Tahuamanu, a través del Decreto Supremo N° 014-2012-PCM. Las intensas lluvias provocaron el desborde de los ríos Yaverija y Acre, que ha afectado viviendas, locales públicos, calles y servicios básicos.
Según el informe del Indeci, hay 512 viviendas inhabitables y serios daños a instituciones públicas como el local de la municipalidad y el centro de salud. También afectó los servicios básicos de agua y energía eléctrica.
Las acciones inmediatas para atender la situación de emergencia estarán a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, Indeci, los ministerios de Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Vivienda, Mujer, Interior, Defensa, además de otros organismos estatales.
A través del Decreto Supremo N° 015-2012-PCM, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en las provincias ancashinas de Huaraz, Carhuaz, Corongo, Huarmey, Huaylas, Pallasca, Pomabamba, Sihuas, Huari y Santa.
La finalidad es asistir a los damnificados que dejó el colapso del muro de la laguna Encantada, en Pallasca, que originó un aluvión que causó daños personales y materiales en los distritos de Llapo y Santa Rosa.
El Indeci advierte que los daños en Áncash pueden ir en incremento debido a las lluvias torrenciales que se siguen registrando.
Los tres decretos supremos que disponen el estado de emergencia fueron publicados hoy en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano
Trabajos son parte de plan para evitar accidentes de tránsito.
La Policía Nacional del Perú realizó este fin de semana un operativo de alcoholemia en los alrededores del balneario de Asia, en la Panamericana Sur.
Los agentes del orden se ubicaron en la entrada del boulevard más concurrido en este verano y que concentra algunas de las discotecas más visitadas en la temporada.
Se espera que con dichos trabajos se reduzca el número de accidentes de tránsito, los mismos que tiene como una de sus principales causas los efectos del alcohol.
Consumidores no deben olvidar exigir su comprobante de pago.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) cerró este fin de semana a más de 50 locales, así como multó a otros 100 por evadir el pago de impuestos y no otorgar boletas a sus clientes.
Discotecas, restaurante y bares recibieron la visita de las autoridades quienes comprobaron la emisión de recibos y el pago al día de cada uno de los establecimientos.
Los operativos continuarán en esta zona, una de las más concurridas en la temporada de verano.
Construcción de carreteras, hospitales, infraestructura eléctrica y educativa son las prioridades
Nota de Prensa Nº 0401
El Poder Ejecutivo impulsará diversas obras de infraestructura en educación, salud, electrificación y vías de comunicación en beneficio de miles de personas de la región Lima, informó hoy el presidente de esta región, Javier Alvarado, luego de reunirse por cerca de cuatro horas con el Mandatario y el Gabinete Ministerial en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.
Tras resaltar la apertura del presidente de la República, Ollanta Humala para recibir a todos los alcaldes provinciales de Lima, Alvarado señaló que estos proyectos son muy esperados por la población y que se ejecutarán en breve plazo.
Indicó que este encuentro fue muy beneficioso pues se habló de un crédito suplementario para iniciar la construcción del hospital de la provincia de Cañete, infraestructura muy importante que beneficiará a las provincias de Yauyos y Huarochirí.
Alvarado sostuvo que la ministra de Educación, Patricia Salas, también se comprometió a realizar las gestiones necesarias para mejorar la infraestructura educativa en la región Lima.
Sobre el tema de las vías de comunicación, adelantó que se conversó sobre el asfaltado y reconstrucción de las principales carreteras que unen Lima con otras regiones del país.
“Podemos informar que las carreteras más importantes serán asfaltadas y otras tendrán los estudios correspondientes, la carretera Río Seco-Sayán está en proceso de licitación y en las próximas semanas se podrá anunciar el inicio de obras de reconstrucción de esta vía”.
Alvarado mencionó además que existen 43 proyectos en obras de electrificación con un monto de inversión de 201 millones de soles, para 624 localidades y que favorecerán a 383 mil pobladores de la región Lima.
El titular de la región mencionó que el Jefe de Estado les informó también sobre la inversión de 106 millones de soles para que continúe la ejecución de diversas obras de desarrollo. De este monto, 80 millones serán destinados a los municipios provinciales y distritales y 26 millones para el gobierno regional de Lima.
Agregó que se habló con el presidente Humala sobre los diversos programas sociales que impulsa el actual gobierno y se anunció que para la región Lima se dispuso 239 becas para los jóvenes que postulen al programa Beca 18.
Informó que se tocó el tema de la seguridad ciudadana, el impulso al turismo y las acciones de prevención ante las intensas lluvias que se registran en el país.
“También se expresó que se considere la declaratoria de emergencia para las provincias de Yauyos y Huarochirí, pero nos ha explicado el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que saldrá una norma que va a permitir que el canon sea utilizado para trabajar el tema de la emergencia”.
En esta reunión participaron el premier Óscar Valdés; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes; el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur; la ministra de Educación, Patricia Salas, el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, el ministro de Salud, Alberto Tejada; y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva.
Fin de semana con problemas, no se sabe si comienza o no el Fútbol Profesional, para la Agremiación no empezará, la Asociación y Federación opinan lo contrario, quien gana y quien pierde, los formales o los informales, los equipos jugaran con cuadros alternativos y juveniles, es decir aplicando la lógica, habrá desaparecido la calidad y el espectáculo será pobre. El aficionado se preguntará si vá o nó al estadio.
El campeonato de la Copa Perú en su Etapa Distrital sigue en marcha, la Liga de San Vicente, jugará este fin de Semana su tercera fecha: SABADO 18 : Sport Estrella - Deportivo Chaparral; Racing Unanue - Mi Perú y Deportivo Cañete - Defensor La Encañada. El DOMINGO 19: Atlético Chalaco – Tercer Mundo Montalván; Atlético Independiente – Ricardo Palma; Estrella del Sur . Sport Victoria y en partido de fondo Alianza Antenor Rizo Patrón.
La Liga de San Luis, va por la segunda fecha en el Estadio Benjamín Roca García: Los partidos del Domingo 19 son los siguientes: Deportivo Casa Blanca – Deportivo San Luis; Estudiantil Casa Blanca – Hijos de Arona; Defensor Santa Bárbara - Defensor Salaverry; Villa Jesús - Deportivo San Martín y el de fondo lo juega Atlético Casa Blanca versus Estrella Roja.
Dos Ligas empezarán esta semana y las programaciones que han venido circulando para juagar el domingo 19 son las siguientes:
Liga de Pueblo Nuevo de Conta: Verde Bremen – Deportivo Gavilán; Defensor Bellavista – Juventud Roma; DEFA Sport – Esperanza Roma y Atlético Melgar - Aguas Verde.
Liga de Nuevo Imperial: Nuevo Unión Juventud - Santos F.C.; Real Sociedad - Señor de Cachuy; Deportivo Cantera – Sport DENI; Almirante Miguel Grau – Juventud Carrizales y Social La Florida – Defensor Santa María.
Si se cumple lo informado habrán 4 ligas en actividad de 13 ligas distritales de la Provincial de Cañete, es decir que aun falta 9 ligas empezar sus respectivos campeonatos. Quilmaná, Asia y Mala deben empezar la próxima semana; Imperial la primera semana de Marzo; quedan San Antonio, Chilca, Cerro Azul, Lunahuaná y Pacarán. Radio A – 1, 88.7 FM, transmitirá toda la información Deportiva del fin de Semana con Estrellas del Deporte, “ La Voz de los Campeones” 33 años al servicio del Deporte, transmitiendo desde la misma cancha de Juego y en el mismo momento que se realiza.
El presidente regional de Lima, Javier Alvarado, inspeccionó los trabajos de descolmatación de la bocatoma del canal Nuevo Imperial y la recuperación y colocación del terraplén en el kilómetro 25 de la carretera a Lunahuaná, afectada por la crecida del río Cañete.
En compañía del jefe de la Unidad Ejecutora Lima Sur, Sabino Julián Castilla, verificó el retiro del material que anegó la bocatoma, un canal importante de la zona que sufrió el desembalse del río.
Dicha emergencia dejó sin agua a los agricultores y a las poblaciones de los distritos de Imperial, Nuevo Imperial, Quilmaná, San Luis, Cerro Azul y San Vicente de Cañete, la capital provincial.
Alvarado también supervisó los trabajos de mejoramiento de la carretera a Lunahuaná, en el sector de Socsi, a cargo de Provías Nacional. La vía, que une las provincias de Cañete y Yauyos, sufrió serios daños por la crecida del río.
El gobierno regional destinó un tractor oruga de 70 toneladas, reparado para los trabajos descolmatación y habilitación de la bocatoma Nuevo Imperial, una tarea conjunta con la comuna provincial de Cañete, la junta de usuarios y la Administración Local del Agua.
Tres y cuarenta y cuatro de la mañana. Una cerveza más. En las barras de Café del Mar, acaso uno de los locales nocturnos más concurridos de Asia, los tragos no dejan de salir. La gente los pide, entonces se les vende. Poco parece importar que sea fuera de la hora permitioa por la ley.
En Asia no se puede vender bebidas alcohólicas desde las 3 a.m. hasta las 6 a.m., de acuerdo con la Resolución de Alcaldía 002-2000 A/MDA. Y así ocurre, según el gerente municipal de Fiscalización de Asia, Leonardo Verástegui. En su opinión, los bares y discotecas del distrito respetan la norma. Para afirmarlo, se apoya en las actas que funcionarios de su área levantan luego de inspeccionar los locales. Ni una sola mención a la venta de licor fuera de las horas establecidas.
Sin embargo, El Comercio recorrió algunos de los locales inspeccionados, y el panorama era otro. La escena que se vio en Café del Mar también se repitió en Nikita y en el local de Tabernero.
El mayor PNP Rafael Gonzales, encargado de la comisaría de Asia, sospecha que la convocatoria de las operaciones de fiscalización se filtra a los locales. Por eso, dice, que cuando llegan no encuentran nada anormal. Pero asegura tener información de inteligencia acerca de la venta de alcohol fuera de horas establecidas.
Y la venta no es solo en esos locales. En la estación de servicio del grifo Primax, ubicada en el ingreso del bulevar de Asia, también sucede. Comprar ahí unas cervezas pasadas las 5:00 a.m. no requiere más que tener el dinero para pagarlas.
LA GENTE, CON BOTELLAS EN MANO
Mientras por las calles y el bulevar la gente se pasea botellas en mano, afuera del grifo se toma sobre los capós de los vehículos. Ambas acciones están prohibidas por la Ordenanza 003-99-AL/MDA. Sin embargo, sorprende la ausencia de serenos y policías (la comisaría de Asia solo cuenta con 10 personas de servicio).
Alejandro Sánchez-Salazar, gerente general de la Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur (Aprils) –formada por 29 clubes de playa ubicadas desde el kilómetro 93 hasta el kilómetro 100 de la Panamericana Sur–, comentó que aún no hay un orden estricto en las actividades nocturnas en Asia y que espera que la comuna pronto pueda hacer algo al respecto.
Sin embargo, Asia no es un espacio sórdido, como muchos pudieran pensar. Un amague de pelea en el bulevar fue resuelto por personal de seguridad en pocos segundos. Más allá de algún tipo excedido en tragos que decidió pasear en calzoncillos ante las risas exageradas de un amigo, no hubo mayores sorpresas.
LOS MENORES Y EL ALCOHOL
La presencia de menores de edad tomando dentro y fuera de los locales no supone mayor novedad. Verástequi reconoce que tras el reportaje de un programa periodístico, hace unos fines de semana, en que se mostró a menores de edad bebiendo licor, se retomaron las intervenciones. Pero tampoco eso ha sido comprobado.
“Sabemos que hay menores que toman, pero ellos traen sus tragos”, dice el funcionario. En el grifo citado líneas arriba solo se pedía DNI en las cajas según cómo veían al comprador. Si parecía menor se le pedía, si no, no.
Javier Zavala Martínez, fiscal de Familia de Mala que acompañó al personal municipal y policial en varias inspecciones hace dos fines de semana, dijo que si bien no se pudo corroborar la presencia de menores en locales donde se les vende alcohol, su despacho sí cuenta con información precisa al respecto. La misma respuesta se obtuvo de la policía, que aduce filtración de información sobre las intervenciones.
Uno de estos locales identificados es el Juanito, que, aunque ya fue sancionado, sigue funcionando. Un letrero anuncia que ahí no se vende alcohol a menores y que no se entrará sin DNI. Pero a nadie se le pidió el documento.
Por la mañana, como epílogo de la juerga, se ve a chicos caminando en busca de algo de comer y beber. Otros buscan que seguir la fiesta en la calle. Alguno que otro se queda dormido en su carro. La noche acaba bien entrada la mañana.
A las 11 y 37 de la noche, un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter sacudió la provincia limeña de Cañete, informó el Instituto Geofísico del Perú.
El corresponsal de RPP Noticias informó que los pobladores salieron de sus casas para colocarse en lugares seguros
En reunión con los alcaldes y dirigentes comunales dijo que llevará ayuda a cada uno de los pueblos afectados.
Población de Yauyos afectada por las lluvias, huaycos y desbordes de ríos recibirá ayuda del Gobierno Regional de Lima mediante puente aéreo, gracias a la gestión realizada por el presidente Javier Alvarado ante la Policía Nacional del Perú.
Los vuelos trasladando arroz, lentejas, pallares, frijoles, conservas de pescado, frazadas, carpas, colchones, camas, entre otros enseres además de medicamentos entregados por la Red de Salud Cañete-Yauyos, partirán la mañana de este sábado apenas el clima lo permita, pues la nubosidad impidió hoy realizar el traslado aéreo del titular regional y con él la ayuda a los damnificados.
El helicóptero de la PNP se encuentra en las instalaciones del estadio Roberto Yañez de Cañete desde donde partirá hacia las zonas como Huantán y Tana, centro poblado del distrito de Lincha en la provincia de Yauyos, una de las más afectadas por los embates de la naturaleza, pues el río que atraviesa la ciudad colapsó desbordándose y arrasando a su paso con viviendas y negocios del sector.
“Gracias a la policía que nos ha permitido conseguir que uno de sus helicópteros nos ayude a trasladar víveres y enseres a nuestros hermanos de Yauyos que han sido los más afectados con las lluvias y huaycos. No descansaremos hasta recuperar la comunicación de estas poblaciones. Agradezco a los alcaldes de los pueblos afectados, porque junto a ellos estamos haciendo un trabajo conjunto en beneficio de sus comunidades. Estamos gestionando la compra de maquinarias para ayudar en el encausamiento de los ríos y la limpieza de las carreteras, solo esperamos que el caudal de los ríos no siga subiendo y que el Gobierno Nacional también se sume a esta tarea conjunta en la que nuestros agricultores han mostrado el mejor de sus esfuerzos”, precisó el titular del Gobierno Regional de Lima.
TRABAJO CONJUNTO
Es preciso informar que el presidente Javier Alvarado mantiene permanente comunicación con las autoridades de toda la región monitoreando personalmente las acciones de ayuda y verificando los daños producto de los desastres naturales, disponiendo las labores necesarias para restablecer la comunicación con las poblaciones golpeadas principalmente por el desborde de los ríos.
Muy temprano, la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lima se reunió en la oficina de la Unidad Ejecutora Lima Sur ubicada en San Vicente con el gerente de esta entidad, Sabino Julián, el coordinador zonal del Gobierno Regional en Yauyos, Miguel Arguieto, el alcalde de Huantán, Nóver Arroyo; Jorge Lume, presidente de los Residentes de Tana; Patricio Vilcapuma, agente municipal de Viñac; William Daga, Director Municipal del distrito de Hongos; Sofía Rodríguez, regidora provincial de Yauyos; Domiciano Orellana Oré, alcalde del centro poblado de Tana; Edison Silca, alcalde de Cacra; Bernardino Taquire, alcalde del distrito de Madeán; Maximiliano Vicente, presidente de la comunidad de Lincha y el Gobernador de Lincha, además del alcalde del distrito de Lincha, Saturnino Ninasque.
Alvarado se comprometió a visitar cada uno de los pueblos damnificados llevando ayuda de los almacenes de avanzada que Defensa Civil del Gobierno Regional tiene, además de los víveres que particularmente ha conseguido el titular de la región
Por la magnitud de daños que vienen ocasionado las intensas lluvias y el desborde de ríos en varias provincias de la región Lima, el pleno del Consejo Regional, acordó esta tarde declarar en emergencia a las nueve provincias de la región, por un lapso de 60 días.
El acuerdo de consejo N°21-GR/CR señala, artículo primero: declararse en emergencia a las provincias del Gobierno Regional de Lima a fin de proteger y restaurar todas las infraestructuras que correspondan al interés y servicio público de índole regional, que se encuentran afectadas y/o en riesgo por causa de los desastres climáticos que padecen las provincias en la actualidad.
El jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil, César García fue el encargado en dar a conocer al pleno del consejo la actual situación que se viene presentado en la región a causa de este fenómeno natural
César García, manifestó que todas las provincias de la región Lima vienen siendo afectados con caídas de huaycos, deslizamientos de ríos, interrupción de carreteras y entre otros daños materiales. Asimismo dio a conocer, que en las provincias de Yauyos, Huarochirí y Huaura hay comunidades aisladas sin servicios básicos como agua potable, luz, etc.
“Por disposición del presidente Javier Alvarado, hemos instalado almacenes de avanzada en los nueve provincias de la región. De igual modo hemos realizado trabajos preventivos en Cañete, Pativilca, Huaura y entre otras, pero este año los estragos del fenómeno de la naturaleza es muy superior al de los años anteriores, por eso como técnico sugiero se declare en emergencia la región Lima” sostuvo César García. Durante el debate, cada uno de los consejeros también dieron a conocer los daños producidos en sus respectivas provincias y las necesidades que actualmente requieren.
“La región Lima está sufriendo los embates de la naturaleza y no podemos controlar. La cantidad de maquinarias es ínfima para la magnitud del daño y, vemos que no podemos abastecer, por eso mi posición es que aprobemos la declaración de emergencia” manifestó Liliana Torres Castillo, consejera de la provincia de Cañete.
Por su parte los demás consejeros tuvieron similar posición, lo que finalmente conllevo a que la declaratoria de emergencia sea aprobada por unanimidad.
Clubes difieren en medidas para evacuación y refugios. Concejo distrital señalizará vías de escape recién en abril
CARMEN GALLEGOS / HENRY LÓPEZ TAFUR
El Comercio
Los terremotos seguidos de tsunami en Chile (2010) y Japón (2011) son una lección de la naturaleza que no han pasado por alto algunos residentes del distrito de Asia, situado al sur de Lima.
“Somos conscientes de que tener una casa de playa es un riesgo. Hasta hace tres años no pensábamos en un tsunami. Lo de Chile y Japón nos ha cambiado el chip”, dice Doris Elías, quien tiene una casa de playa en el club Mar Azul.
Otros son más optimistas, como Sebastián Basombrío, residente del club Las Palmas. “No creo que un tsunami nos afecte porque tenemos una barrera natural bajo el mar”, afirma.
Lo cierto es que, al recorrer el distrito de 7.000 habitantes, se observó que no hay señales que adviertan a los vecinos sobre las rutas de evacuación ni las zonas seguras en caso de un tsunami.
¿Asia tiene algún plan de evacuación? En realidad, cuenta con varios, que son diferentes.
El último estudio lo elaboró el ingeniero Julio Kuroiwa, experto en reducción de riesgos y prevención de desastres, para ello tomó como base un sismo de 7,5 en la escala de Richter con un epicentro frente al balneario. En este escenario, los veraneantes tendrían 21 minutos para evacuar en el sector norte y 26 minutos en el centro y el sur.
Además, el estudio propone seis zonas de refugio que no cruzan la Panamericana Sur.
“Las zonas de refugio que hemos escogido cubren terremotos de mayor magnitud. Asia tiene una costa plana, casi lineal, por lo que la gente que corra hacia el este estará a salvo. Lo ideal sería que en 21 minutos se alejen 1,5 km”, afirma el experto.
MÁS PLANES EN ASIA
Para Alejandro Sánchez, gerente general de la Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur (Aprils),que agrupa a 30 clubes, el tema no es una novedad.
“Tenemos un plan de evacuación del 2007. Cada club tiene su ruta de evacuación hacia cinco zonas de refugio. Cuatro de ellas cruzan la Panamericana Sur. Para nosotros, es necesario cruzar esta vía”, afirma Sánchez.
Según el tríptico repartido en todos los clubes, los residentes cuentan con un tiempo de evacuación de entre 20 y 30 minutos.
¿Han realizado ensayos de evacuación? ¿Cuentan con un sistema de alarma integrado?
“Cada club ha hecho su propia señalización. Algunos han realizado simulacros. Algunos han comprado sirenas y otros no. Cada club maneja un sistema de seguridad de manera independiente”, advierte.
En tanto, José Arias Chumpitaz, alcalde de Asia, afirma que el concejo cuenta con un plan de evacuación de tsunami del año 2011 en el que hay dos zonas de refugio establecidas y un tiempo de 15 minutos para evacuar.
“En la zona norte, el área de refugio queda en Santa Cruz de Asia; y hacia el sur, en Pasamayito. Ambas están cruzando la Panamericana Sur”, detalla.
El alcalde adelantó que en abril se señalizarán las calles del distrito con las rutas de evacuación y las zonas de refugio, de acuerdo con el plan municipal.
LA INTEGRACIÓN ES CLAVE
En el Callao, se encuentra la zona más vulnerable de todo el país: La Punta. En caso de tsunami, sus 4.700 vecinos tendrían solo 15 minutos para evacuar esta zona.
¿Cómo han manejado este asunto? La región Callao cuenta con un plan integral que incluye una alerta con siete sirenas, señalética, rutas de evacuación y refugios establecidos.
Walter Mori, vicepresidente del Comité Regional de Defensa Civil Callao, señala que este sistema se desarrolló hace 5 años con asesoramiento del ingeniero Kuroiwa. “La idea es tener un solo plan con el que se sensibilice a la población. No puede haber varios planes superpuestos”, afirma.
En el caso de Lima, hay un plan de gestión de riesgo de la municipalidad metropolitana que incluye tsunamis. Sin embargo, solo se ha avanzado con la señalización de rutas de escape en Miraflores y San Isidro. “Necesitamos profundizar en el tema. Actualmente se está articulando el plan en los distritos costeños”, afirma Gabriel Prado, gerente de Seguridad Ciudadana del Concejo de Lima.
CLAVES
Un sismo no avisa, un tsunami sí
En el 2003, PNUD y el Indeci realizaron el estudio “Mapa de peligros, plan de prevención de desastres: usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación para Asia”.
De ocurrir un sismo de 7,5 grados, la primera ola del tsunami llegaría en 26 minutos. Pero si el terremoto fuera de 8 u 8,5 grados, la primera ola llegaría en 10 minutos.
La mayoría de planes coinciden en que no se debe usar vehículos para evacuar
Baltasar Garzón acaba de hacer pública una nota como respuesta a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le considera culpable de un delito de prevaricación por ordenar grabar las conversaciones entre la trama Gürtel y sus abogados, por lo que le condena a 11 años de inhabilitación. Este es el comunicado:
NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO
Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro.
Para sus jueces, Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero , “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”
El tribunal dice que no se podía grabar “sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos” . “!No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”, añade el texto.
El Supremo sostiene que “la injusticia” de Garzón consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”. “Lo cual”, añaden, “resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho”.
El tribunal entiende que no se puede reducir con carácter general el derecho de defensa “exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que determinan su permanencia en prisión provisional”.
“Bastaría entonces para justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos” añade el texto. “Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida en la Constitución”.
En suma, la resolución es injusta “ en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
Como “elementos añadidos” el Supremo dice que la aplicación de la ley por Garzón se efectuó “separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo”. A su entender la actuación de Garzón se revela “a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados, especialmente al derecho-deber al secreto profesional como esencial para una correcta defensa”.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
“Monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad” “inconstitucional”… La acusación del juez Baltasar Garzón no se ha ahorrado durante el juicio descalificaciones al presentar al acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”. Eso sí, siempre entre cantos al compañerismo y siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les produce tener que acusar a un compañero como Garzón, con el que compartieron tantas tareas en la Audiencia Nacional. Pero como hoy visten la toga que visten, pues no tienen más remedio que evitar que se violen sus derechos constitucionales.
Los fiscales del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron la legalidad de la actuación del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama Gürtel porque su actuación fue “proporcionada” a la gravedad de los delitos y han pedido al alto tribunal la absolución del magistrado.
En su informe, Antolín Herrero mantuvo que el juez Baltasar Garzón no vulneró la ley, ante un vacío de interpretación que da margen al juez para llevar adelante la instrucción garantizando los derechos de los imputados.
El fiscal dejó claro que el acusador Ignacio Peláez no fue “expresamente llamado” cuando se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, porque no eran clientes suyos y su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, no estaba preso. Según el fiscal, “la condición de defensor no corresponde a ese letrado y por eso, a él, la peculiaridad de las comunicaciones no le atañe”.
ENCUESTA EN ESPAÑA:
¿Cree que la condena a Garzón por las escuchas de Gürtel perjudicará a las investigaciones contra la corrupción?
Mucho 78.26%
Poco 2.609%
Nada 18.26%
Ns/Nc 0.8696%
*Esta encuesta no es científica, responde tan sólo a las respuestas de los lectores que desean exponer su opinión.
Caleta de Carquin en Huaura y Cerro Azul en Cañete, serán los pilotos del proyecto a nivel nacional
El Instituto Geofísico del Perú, ha identificado una zona de riesgo de sismo con la posibilidad de generación de tsunami, desde la zona sur de la Región Lima hasta la zona norte de la misma, verificando que estos sectores han concentrado altas condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la calidad de sus viviendas, infraestructura básica, servicios y sus sistemas económicos.
El proyecto PNUD-UNFPA-2012 de “Preparación para la respuesta y recuperación temprana ante terremotos y tsunamis en zonas seleccionadas de la costa peruana”, ha sido diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual viene siendo desarrollado a través de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud - Lima, quienes vienen iniciando el plan de actividades, a fin de desarrollar acciones de respuesta ante terremotos y tsunamis.
El Director General de la DIRESA – LIMA, Dr. Marco Antonio Montoya Cieza, informó que este proyecto, responde al esfuerzo y dedicación de obtener nuevas propuestas en el tema de mitigación de daños en desastres, buscando fortalecer las capacidades del gobierno nacional, regional, provincial y de organizaciones base, en preparación, respuesta y recuperación temprana ante los desastres.
“Este proyecto cuenta con un financiamiento de 800 mil euros, el cual fortalecerá los anillos de contención ante los desastres en las zonas de influencia, fortaleciendo a los hospitales Rezola de Cañete y Regional de Huacho, por ser los puntos finales de atención. También se implementará los establecimientos de salud de Carquin, en Huaura y Cerro Azul en Cañete, mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional para la preparación, respuesta y recuperación temprana frente a terremotos y tsunamis”, señaló el Dr. Marco Montoya.
Asimismo el Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria, Dr. Inocente Mercado López, remarcó que los productos esperados, son el Centro de Operaciones de Emergencia y Sistemas de Alerta Temprana ante Tsunamis, el cual estará equipado y operara de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno; asimismo el Sistema de información de recursos esenciales para la respuesta y recuperación temprana ante terremotos y tsunamis, implementados a nivel provincial y local; y por último los Planes de Operaciones de Emergencia, a nivel provincial, y Planes de Evacuación ante Tsunami, a nivel local, elaborados con la participación de las instituciones de las plataformas de Defensa Civil.
Finalmente precisó que esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), teniendo un plazo de ejecución hasta el mes de octubre 2012, y se afianza en que la DIRESA-LIMA es la única a nivel nacional, en tomar la iniciativa de realizar el Plan de Gestión de Riesgo ante Terremotos y Maremotos, el cual será desarrollado por la Dirección de Inteligencia Sanitaria y la Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, con la aprobación de la Oficina General de Defensa Nacional del MINSA.
La propuesta del congresista Vicente Zeballos sobre no más universidades es sumamente positiva, y urgente, si bien ya parece un poco tarde. El paisaje académico está sembrado de universidades y sucursales que no lo son realmente sino en su reconocimiento oficial, buena parte de ellas inútiles como vehículos de una instrucción efectiva y útil.
Pero frenar las universidades bamba no va a ser fácil, pues ellas son el foco de varios sueños poderosos, parte del llamado mito contemporáneo de la educación. Son millones los que desean un título universitario, en cualquier circunstancia, y además el Estado y la empresa lo exigen para acceder a los mejores empleos.
En medio de esos millones están los que desean obtener el título sin mayor esfuerzo, salvo el económico, y hacerlo a partir de una instrucción secundaria deficiente.
Así, ofrecerle una universidad a una provincia, o incluso al distrito que no la tiene, se ha vuelto un recurso político socorrido. El Estado y la Asamblea de Rectores han apañado sin rubor alguno este proceso de añadirle agua al caldo de la educación superior.
Como en tantos ámbitos, en esto hay excepciones clasistas. Los títulos de las universidades más pobres no valen en el mercado laboral el papel sobre el que han sido impresos. Las empresas sobre todo discriminan, lo cual hace que haya en la universidad bamba un elemento de estafa a los jóvenes que pasan por ella.
Además de la estafa al alumno hay el perjuicio a la sociedad, cuya necesidad de contar con una educación superior en serio (i.e. a la altura de las expectativas personales y productivas) es grande, y se ve frustrada.
No solo hay que frenar la fábrica de universidades que no lo son realmente, sino que además hay que empezar a revisar en serio a muchas de las que ya existen. Llama la atención que el alumnado de muchas de estas universidades no proteste por el bajo nivel educativo.
Volviendo a los mitos de la educación, ¿qué es una universidad en el territorio? ¿Un derecho? ¿Un capricho? ¿Un apoyo a una identidad deficitaria? Antes que nada debería ser un instrumento del desarrollo. El personal de los jóvenes, y el colectivo de la comunidad.
La universidad como martingala política irresponsable o como negocio particular no cumple ese cometido. Las fundaciones de universidades le soban el lomo a la población, en especial la más simple, pero en pocos años demuestran ser antesalas de la frustración.
La propuesta del congresista Zeballos debe ser atendida, y entendida como una indispensable tregua en el proceso de construir una educación superior parte de la cual no siga defraudando a las mayorías. No es una propuesta fácil. Saludamos su valentía
