EDITORIAL DE EL COMERCIO
El presidente Ollanta Humala promulgó, en Bagua, la tan esperada Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Esta norma requiere ser reglamentada para cumplir su objetivo de dar voz a las comunidades originarias y favorecer el desarrollo económico con inclusión y paz social.
Promulgar esta histórica ley en Bagua –escenario del más cruento conflicto social de los últimos tiempos– se entiende como una reafirmación del compromiso del Estado para consolidar el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú hace más de 16 años. Como ha dicho el mandatario, “estamos dando un paso importante a lo que es la conducción de una nación, la construcción de una República [...] es un paso importante para las comunidades, para que así puedan expresar su voluntad libre y soberana”.
Se requiere ir con paso lento y seguro para no crear expectativas que podrían ser mayores a las permitidas por esta norma, aprobada por unanimidad por el Congreso.
Debe recordarse que esta señala que la consulta no es vinculante, pero que las autoridades respectivas deben agotar todas las vías para hacer respetar los derechos y posturas de las comunidades, “de tal forma que no se afecte el derecho a la vida, la integridad y el pleno desarrollo”.
La redacción del reglamento debe ser clara, sin espacios para interpretaciones que generen desencuentros u obstáculos para el desarrollo social y el crecimiento de la economía, y principalmente, para que la voz y las inquietudes de los pueblos ancestrales sea escuchada. La licencia social y ambiental es esencial para emprender proyectos extractivos. En ese sentido, la ley obliga al Estado, a las empresas privadas y a los líderes indígenas a fortalecer una cultura de diálogo, usando los canales legales y democráticos abiertos por la nueva norma.
Lograr un reglamento acorde con las expectativas de los sectores involucrados no será tarea fácil. Hay puntos que podrían generar entrampamiento como, por ejemplo, quiénes califican como pueblos indígenas, quiénes los representan desde el punto de vista de nuestro ordenamiento constitucional y qué ocurrirá con las comunidades rurales no indígenas. Ese es el reto: un reglamento que concrete el espíritu de la nueva ley de consulta
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