Tras siete horas de amplio y polémico debate sobre los lamentables sucesos de Bagua, ocurridos el 5 de junio del 2009, el Pleno del Congreso aprobó el informe en mayoría por 44 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones. El debate se inició a las 4:18 de la tarde y concluyó a las 10:19 de la noche, luego de lo cual el titular del Poder Legislativo, César Zumaeta Flores, levantó la sesión.
El informe en mayoría fue sustentado por la congresista Martha Moyano (GPF), quien pide al Ministerio Público individualizar las responsabilidades de los nativos que dieron muerte a los policias; se determina responsabilidad en los mandos policiales por no haber previsto las consecuencias, y también encuentra responsabilidades políticas (ver nota aparte).
Luego de las sustentaciones de los informes, el congresista José Vargas (PAP), abrió el debate con la defensa de la política del gobierno a favor de los nativos de la selva y lamentó que se quiera responsabilizar del asesinato de los policías a las autoridades y no a los verdaderos responsables de las muertes.
El legislador Rafael Vásquez (GPN), hizo pasar un vídeo donde los nativos, según dijo, meses antes de los sucesos de Bagua habían pedido paz y respeto a sus derechos. Señaló que aún “no se ha aprendido a defender los intereses y cultura del pueblo indígena”.
Antes de la intervención del congresista Mauricio Mulder (PAP), su colega Wilder Calderón (PAP) pidió pasar otro vídeo donde la legisladora Yaneth Cajahuanca (GPN) denuncia ante los nativos que el Estado “quiere quitarles sus tierras y el agua”.
Al respecto, Mulder lamentó que se siga repitiendo los mismos argumentos ya debatidos, pero que lo real es que se asesinó a 24 policías porque alguien dijo que se les iba a quitar la tierra y el agua y hasta el momento no hay ningún detenido por esos asesinatos. “Evidentemente ha habido manipulación”, expresó.
El legislador Washington Zeballos (BPCD) señaló que, efectivamente, los frutos del crecimiento no llegan a las comunidades y dijo que para evitar ese tipo de hechos se debe poner en vigencia la Ley de la Consulta Previa.
La congresista Hilaria Supa (GPN) expresó que las compañías petroleras están envenenando y contaminando las aguas y los bosques de las comunidades. Manifestó que hay explotación de los recursos naturales, pero ningún beneficio para el pueblo como ocurre en la zona donde se extrae el gas de Camisea. Por ello pidió debatir y aprobar la Ley de Consulta Previa.
La legisladora Lourdes Alcorta (UN) dijo que se ha utilizado a la gente en los sucesos de junio del 2009, mientras que Cajahuanca señaló que se pretendería limpiar las manos diciendo que alguien ha conducido a los nativos. Dijo estar de acuerdo con la inversión privada, pero con beneficio del pueblo.
Por su parte, el congresista Álvaro Gutiérrez (AN) pidió tener en cuenta el sacrificio policial. Expresó su esperanza de que en los próximos cinco años no ocurran estos hechos lamentables. La legisladora Gloria Ramos (BPCD) dijo que todo el problema se genera por las facultades dadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para facilitar la inversión, y que esos decretos legislativos para concesiones mineras produjeron los conflictos sociales en la selva.
El legislador Isaac Serna (UPP) agregó que se debate los efectos y no las causas del problema que es el modelo neoliberal que se está aplicando, porque el Estado no asume su responsabilidad. Su colega María Sumire (GPN), señaló que ese hecho lamentable quedará en la conciencia de los responsables. Dijo que todo ello ocurre porque las autoridades no escuchan los reclamos de las comunidades.
El legislador Alejandro Rebaza (PAP), quien señaló que no puede haber responsabilidad en las autoridades sino en los autores reales de los asesinatos, también se pronunció a favor de la Ley de Consulta Previa. Su colega Aldo Estrada (UPP) dijo que ya se estaba debatiendo cerca de siete horas con informes contradictorios y calificó de muy clara la exposición de la congresista Cabanillas, ex ministra del Interior, y pidió no generar mayores enfrentamientos en momento que se prepara una cambio de gobierno.
El congresista Luis Giampietri (PAP) señaló que falta rigor científico en los informes de las comisiones investigadoras. No se conoce quién financió las movilizaciones, las difusiones radiales y otros, por lo cual dijo que no hay un estudio completo. Indicó que “no se señala a Pisango, que es el principal instigador, y no le ha pasado nada”.
Finalmente, la parlamentaria Cajahuanca dijo que pidió la derogatoria del decreto legislativo que afectaba las tierras de los nativos. Se les ha derogado con la lucha de las comunidades. Indicó que los responsables políticos de esos hechos son las autoridades y no los policias. Dijo que no se cumple los convenios internacionales de la consulta previa y que “no hay que seguir en ese mismo error”.
SERVICIO DE NOTICIAS
OFICINA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO
El informe en mayoría fue sustentado por la congresista Martha Moyano (GPF), quien pide al Ministerio Público individualizar las responsabilidades de los nativos que dieron muerte a los policias; se determina responsabilidad en los mandos policiales por no haber previsto las consecuencias, y también encuentra responsabilidades políticas (ver nota aparte).
Luego de las sustentaciones de los informes, el congresista José Vargas (PAP), abrió el debate con la defensa de la política del gobierno a favor de los nativos de la selva y lamentó que se quiera responsabilizar del asesinato de los policías a las autoridades y no a los verdaderos responsables de las muertes.
El legislador Rafael Vásquez (GPN), hizo pasar un vídeo donde los nativos, según dijo, meses antes de los sucesos de Bagua habían pedido paz y respeto a sus derechos. Señaló que aún “no se ha aprendido a defender los intereses y cultura del pueblo indígena”.
Antes de la intervención del congresista Mauricio Mulder (PAP), su colega Wilder Calderón (PAP) pidió pasar otro vídeo donde la legisladora Yaneth Cajahuanca (GPN) denuncia ante los nativos que el Estado “quiere quitarles sus tierras y el agua”.
Al respecto, Mulder lamentó que se siga repitiendo los mismos argumentos ya debatidos, pero que lo real es que se asesinó a 24 policías porque alguien dijo que se les iba a quitar la tierra y el agua y hasta el momento no hay ningún detenido por esos asesinatos. “Evidentemente ha habido manipulación”, expresó.
El legislador Washington Zeballos (BPCD) señaló que, efectivamente, los frutos del crecimiento no llegan a las comunidades y dijo que para evitar ese tipo de hechos se debe poner en vigencia la Ley de la Consulta Previa.
La congresista Hilaria Supa (GPN) expresó que las compañías petroleras están envenenando y contaminando las aguas y los bosques de las comunidades. Manifestó que hay explotación de los recursos naturales, pero ningún beneficio para el pueblo como ocurre en la zona donde se extrae el gas de Camisea. Por ello pidió debatir y aprobar la Ley de Consulta Previa.
La legisladora Lourdes Alcorta (UN) dijo que se ha utilizado a la gente en los sucesos de junio del 2009, mientras que Cajahuanca señaló que se pretendería limpiar las manos diciendo que alguien ha conducido a los nativos. Dijo estar de acuerdo con la inversión privada, pero con beneficio del pueblo.
Por su parte, el congresista Álvaro Gutiérrez (AN) pidió tener en cuenta el sacrificio policial. Expresó su esperanza de que en los próximos cinco años no ocurran estos hechos lamentables. La legisladora Gloria Ramos (BPCD) dijo que todo el problema se genera por las facultades dadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para facilitar la inversión, y que esos decretos legislativos para concesiones mineras produjeron los conflictos sociales en la selva.
El legislador Isaac Serna (UPP) agregó que se debate los efectos y no las causas del problema que es el modelo neoliberal que se está aplicando, porque el Estado no asume su responsabilidad. Su colega María Sumire (GPN), señaló que ese hecho lamentable quedará en la conciencia de los responsables. Dijo que todo ello ocurre porque las autoridades no escuchan los reclamos de las comunidades.
El legislador Alejandro Rebaza (PAP), quien señaló que no puede haber responsabilidad en las autoridades sino en los autores reales de los asesinatos, también se pronunció a favor de la Ley de Consulta Previa. Su colega Aldo Estrada (UPP) dijo que ya se estaba debatiendo cerca de siete horas con informes contradictorios y calificó de muy clara la exposición de la congresista Cabanillas, ex ministra del Interior, y pidió no generar mayores enfrentamientos en momento que se prepara una cambio de gobierno.
El congresista Luis Giampietri (PAP) señaló que falta rigor científico en los informes de las comisiones investigadoras. No se conoce quién financió las movilizaciones, las difusiones radiales y otros, por lo cual dijo que no hay un estudio completo. Indicó que “no se señala a Pisango, que es el principal instigador, y no le ha pasado nada”.
Finalmente, la parlamentaria Cajahuanca dijo que pidió la derogatoria del decreto legislativo que afectaba las tierras de los nativos. Se les ha derogado con la lucha de las comunidades. Indicó que los responsables políticos de esos hechos son las autoridades y no los policias. Dijo que no se cumple los convenios internacionales de la consulta previa y que “no hay que seguir en ese mismo error”.
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