Por Humberto Campodónico
El Sr. William Kallop, ex presidente de Petro Tech Peruana (PTP), publicó el domingo un aviso en el que afirma que ninguna de sus actividades puede ser acusada de corrupción o de haber incurrido en alguna ilegalidad. Sorprende que nadie en el gobierno ni la oposición haya opinado, a favor o en contra. Solo Augusto Álvarez Rodrich, en La República, ha dicho que este aviso “deja en mal pie a varios de sus denunciantes y constata, en algunos casos, una motivación política obvia”.
Desde nuestro punto de vista sí existen serias irregularidades e, incluso, indicios serios de corrupción en la actuación de PTP. Pero algunos podrían no ser delitos porque diversas leyes y dispositivos fueron elaborados y/o interpretados por funcionarios del Estado al servicio de esos intereses privados. Es la “captura del Estado desde adentro”.
Eso sucedió con el DS 120-94-EF, que permitió que las empresas revaluaran sus activos ya depreciados –en caso de fusión o adquisición– de manera tal que pudieran ser depreciados nuevamente (algo que no se puede hacer), causando pérdidas tributarias por más de mil millones de soles. Durante el gobierno del Dr. Paniagua, la Sunat acotó a varias empresas eléctricas por esta modalidad. Pero éstas ganaron los arbitrajes pues “la ley” estaba de su parte.
Lo mismo ha sucedido con el gas de Camisea, pues en el Congreso se cambiaron las leyes para permitir que el contrato se renegocie en el 2005. Incluso Alan García dijo el 28 de julio que eso era un delito. Pero allí sigue el negocio de la exportación, porque el gobierno “va a respetar” el contrato doloso del 2006 (y no el del 2000). Hay muchos ejemplos más, como los Decretos Legislativos pro-TLC.
Según José Távara, de la Universidad Católica, la “captura del Estado” es una modalidad de relación entre el Estado y las empresas donde “existen actividades dirigidas a configurar la formación de las reglas básicas de juego, a través de pagos privados ilícitos y oscuros a funcionarios públicos. Las reglas pueden tomar la forma de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y, a un nivel más general, la propia Constitución, que regula el proceso de formación y cambio en las reglas de juego”.
En febrero de 1993 Petro-Tech International ganó la buena-pro del Lote Z2-B en Talara, pero el contrato lo firmó en abril la recién formada filial Ptp. Para Kallop, una empresa peruana no debía pagar el impuesto a las remesas al exterior (10%), mientras que para Perupetro sí.
Se instala así un largo litigio. En 1997, PTP pagó a Perupetro US$ 2.73 millones por los años 1994 a 1997. Pero después no hizo pago alguno. En el 2000, cuando Perupetro había decidido iniciar una acción judicial para exigir el pago, se cambia a su presidente, Juan Assereto, y se nombra al renunciante funcionario de PTP, Rodolfo Samaniego. Este deroga lo de Assereto y decide ir a un arbitraje que, finalmente, fue ganado por PTP y Perupetro tuvo que devolver US$ 3.72 millones. Dice la Contraloría que el laudo “estuvo desvirtuado por la direccionalidad impuesta por el Ing. Samaniego”. ¿Será esto una “captura del Estado desde adentro”?
En febrero del 2009, PTP se vende en Delaware pagando los impuestos a la ganancia de capital en EEUU y no en el Perú causando una pérdida tributaria de US$ 300 millones. Ahora Kallop ya no dice que la empresa es peruana (como en 1993) sino que forma parte de un “holding” cuya Casa Matriz está en Delaware. Por tanto, dice, “la venta de PTP no existe”. Pero, ojo, PTP no es propietaria de los pozos que explota, pues éstos siguen siendo del Estado, que los otorgó en concesión por 30 años, estableciéndose una serie de prerrogativas a favor del Estado.
Todo eso no importa. Kallop vendió “toda la Casa Matriz” a la estatal ECOPETROL (Colombia) y KNOC (Corea), solo 7 días después de haberse entrevistado con el presidente García. Ante un caso similar, el presidente de Chile, Ricardo Lagos(2), negoció con Exxon Mobil que la mina Disputada Las Condes no se venda en las Islas Caymán sino en Chile.
En ese momento en Chile no había ley que obligue a empresas no domiciliadas en Chile a pagar el impuesto a la ganancia de capital en ese país (como tampoco lo hay, hasta ahora, en Perú). Pero hubo voluntad política y se consiguió que Exxon Mobil pague dicho impuesto en Chile. Aquí no hubo voluntad política para exigir que esa concesión peruana se venda aquí y perdimos, felices de la vida, US$ 300 millones.
La captura del Estado desde adentro, también llamada privatización del Estado, sigue viva y coleando, haciendo leyes a imagen y semejanza de los interesados. Con eso hay que terminar.
(1) “Captura del Estado, Persistencia de la corrupción y Desafíos a la Democracia” FCE – Sur, Lima, 2005. Távara se basa, entre otros, en Joel Hellman, “Escoge el día, captura al Estado”, Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial, Washington, D.C., 2002.
(2) “No sucedió en el Perú”, Cristal de Mira, 01/06/2009).
El Sr. William Kallop, ex presidente de Petro Tech Peruana (PTP), publicó el domingo un aviso en el que afirma que ninguna de sus actividades puede ser acusada de corrupción o de haber incurrido en alguna ilegalidad. Sorprende que nadie en el gobierno ni la oposición haya opinado, a favor o en contra. Solo Augusto Álvarez Rodrich, en La República, ha dicho que este aviso “deja en mal pie a varios de sus denunciantes y constata, en algunos casos, una motivación política obvia”.
Desde nuestro punto de vista sí existen serias irregularidades e, incluso, indicios serios de corrupción en la actuación de PTP. Pero algunos podrían no ser delitos porque diversas leyes y dispositivos fueron elaborados y/o interpretados por funcionarios del Estado al servicio de esos intereses privados. Es la “captura del Estado desde adentro”.
Eso sucedió con el DS 120-94-EF, que permitió que las empresas revaluaran sus activos ya depreciados –en caso de fusión o adquisición– de manera tal que pudieran ser depreciados nuevamente (algo que no se puede hacer), causando pérdidas tributarias por más de mil millones de soles. Durante el gobierno del Dr. Paniagua, la Sunat acotó a varias empresas eléctricas por esta modalidad. Pero éstas ganaron los arbitrajes pues “la ley” estaba de su parte.
Lo mismo ha sucedido con el gas de Camisea, pues en el Congreso se cambiaron las leyes para permitir que el contrato se renegocie en el 2005. Incluso Alan García dijo el 28 de julio que eso era un delito. Pero allí sigue el negocio de la exportación, porque el gobierno “va a respetar” el contrato doloso del 2006 (y no el del 2000). Hay muchos ejemplos más, como los Decretos Legislativos pro-TLC.
Según José Távara, de la Universidad Católica, la “captura del Estado” es una modalidad de relación entre el Estado y las empresas donde “existen actividades dirigidas a configurar la formación de las reglas básicas de juego, a través de pagos privados ilícitos y oscuros a funcionarios públicos. Las reglas pueden tomar la forma de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y, a un nivel más general, la propia Constitución, que regula el proceso de formación y cambio en las reglas de juego”.
En febrero de 1993 Petro-Tech International ganó la buena-pro del Lote Z2-B en Talara, pero el contrato lo firmó en abril la recién formada filial Ptp. Para Kallop, una empresa peruana no debía pagar el impuesto a las remesas al exterior (10%), mientras que para Perupetro sí.
Se instala así un largo litigio. En 1997, PTP pagó a Perupetro US$ 2.73 millones por los años 1994 a 1997. Pero después no hizo pago alguno. En el 2000, cuando Perupetro había decidido iniciar una acción judicial para exigir el pago, se cambia a su presidente, Juan Assereto, y se nombra al renunciante funcionario de PTP, Rodolfo Samaniego. Este deroga lo de Assereto y decide ir a un arbitraje que, finalmente, fue ganado por PTP y Perupetro tuvo que devolver US$ 3.72 millones. Dice la Contraloría que el laudo “estuvo desvirtuado por la direccionalidad impuesta por el Ing. Samaniego”. ¿Será esto una “captura del Estado desde adentro”?
En febrero del 2009, PTP se vende en Delaware pagando los impuestos a la ganancia de capital en EEUU y no en el Perú causando una pérdida tributaria de US$ 300 millones. Ahora Kallop ya no dice que la empresa es peruana (como en 1993) sino que forma parte de un “holding” cuya Casa Matriz está en Delaware. Por tanto, dice, “la venta de PTP no existe”. Pero, ojo, PTP no es propietaria de los pozos que explota, pues éstos siguen siendo del Estado, que los otorgó en concesión por 30 años, estableciéndose una serie de prerrogativas a favor del Estado.
Todo eso no importa. Kallop vendió “toda la Casa Matriz” a la estatal ECOPETROL (Colombia) y KNOC (Corea), solo 7 días después de haberse entrevistado con el presidente García. Ante un caso similar, el presidente de Chile, Ricardo Lagos(2), negoció con Exxon Mobil que la mina Disputada Las Condes no se venda en las Islas Caymán sino en Chile.
En ese momento en Chile no había ley que obligue a empresas no domiciliadas en Chile a pagar el impuesto a la ganancia de capital en ese país (como tampoco lo hay, hasta ahora, en Perú). Pero hubo voluntad política y se consiguió que Exxon Mobil pague dicho impuesto en Chile. Aquí no hubo voluntad política para exigir que esa concesión peruana se venda aquí y perdimos, felices de la vida, US$ 300 millones.
La captura del Estado desde adentro, también llamada privatización del Estado, sigue viva y coleando, haciendo leyes a imagen y semejanza de los interesados. Con eso hay que terminar.
(1) “Captura del Estado, Persistencia de la corrupción y Desafíos a la Democracia” FCE – Sur, Lima, 2005. Távara se basa, entre otros, en Joel Hellman, “Escoge el día, captura al Estado”, Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial, Washington, D.C., 2002.
(2) “No sucedió en el Perú”, Cristal de Mira, 01/06/2009).
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