Tras el devastador terremoto en Chile, el presidente Alan García ha anunciado un plan preventivo antisísmico, que debe convertirse en una campaña permanente y dinámica que involucre a las entidades gubernamentales, en todos sus niveles, con las de la sociedad civil.
No hay otra manera de asegurar el éxito de este programa, orientado de modo prioritario a proteger la vida, la integridad y la propiedad de los ciudadanos ante una eventualidad tan catastrófica y letal como un terremoto o un tsunami. De lo que se trata también es de preservar la infraestructura y la dinámica de los centros urbanos y rurales para poder mantener el engranaje económico y social del país.
Para tal objetivo, lo que nos enseña la experiencia propia y ajena es que debemos actuar antes, no después.
En el año 2007, luego del terremoto de Pisco, se produjo el colapso total de los sistemas de comunicación oficiales y privados —gravísimo problema que se repite ahora en Chile—, que no permitió una reacción organizada y adecuada ante el desastre. Sin embargo, transcurridos dos años, nada se ha hecho para superar este problema y, si ocurre un nuevo terremoto, estaremos expuestos a las mismas terribles consecuencias que cuestan muchas vidas. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al respecto?
A propósito, recién el Gobierno ha aprobado la partida para adquirir un sistema de detección y alerta temprana de tsunamis, que era solicitado hace meses, de modo clamoroso, por el Instituto Geofísico del Perú, como lo informó El Comercio.
Más vale tarde que nunca, en un contexto como el actual y ante la enorme presión de una ciudadanía conmovida por el drama sureño y consciente de que podría habernos sucedido a nosotros, ya que somos también un país sísmico, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Los alcaldes de todo el país tienen que ponerse en alerta, más aun los del Callao y de los distritos ribereños.
El programa preventivo antisísmico, según el presidente, incluye una evaluación rápida por parte de brigadas de ingenieros de las zonas más críticas, esencialmente en las zonas empinadas o en los cerros donde hay mayor riesgo, cuyos pobladores deberían ser reubicados. Se necesita aquí la participación de los alcaldes provinciales y distritales, así como del MTC, para hacer cumplir las normas técnicas urbanas y los esquemas de planificación y construcción, que hoy temerariamente son letra muerta. Hoy más que nunca, cualquier transgresión a las normas técnicas, debe ser denunciada y sancionada.
El Sistema Nacional de Defensa Civil debe tener un rol principal en este plan, al igual que el Ministerio de Educación, para elaborar campañas de información a los alumnos y ciudadanos sobre cómo prepararse ante un sismo o tsunami, cuál es el punto más seguro de una vivienda y los lugares públicos de refugio.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como los institutos técnicos de monitoreo climático, tienen otras graves responsabilidades en este plan, para lo cual tienen que coordinar estrechamente con los medios de comunicación social para hacer llegar la información relevante, de modo oportuno, a los ciudadanos. Estos, por su propio bien, tienen que integrarse a este engranaje preventivo, sea buscando información o participando activamente en simulacros. Hoy más que nunca, todos debemos ser defensa civil.
No hay otra manera de asegurar el éxito de este programa, orientado de modo prioritario a proteger la vida, la integridad y la propiedad de los ciudadanos ante una eventualidad tan catastrófica y letal como un terremoto o un tsunami. De lo que se trata también es de preservar la infraestructura y la dinámica de los centros urbanos y rurales para poder mantener el engranaje económico y social del país.
Para tal objetivo, lo que nos enseña la experiencia propia y ajena es que debemos actuar antes, no después.
En el año 2007, luego del terremoto de Pisco, se produjo el colapso total de los sistemas de comunicación oficiales y privados —gravísimo problema que se repite ahora en Chile—, que no permitió una reacción organizada y adecuada ante el desastre. Sin embargo, transcurridos dos años, nada se ha hecho para superar este problema y, si ocurre un nuevo terremoto, estaremos expuestos a las mismas terribles consecuencias que cuestan muchas vidas. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al respecto?
A propósito, recién el Gobierno ha aprobado la partida para adquirir un sistema de detección y alerta temprana de tsunamis, que era solicitado hace meses, de modo clamoroso, por el Instituto Geofísico del Perú, como lo informó El Comercio.
Más vale tarde que nunca, en un contexto como el actual y ante la enorme presión de una ciudadanía conmovida por el drama sureño y consciente de que podría habernos sucedido a nosotros, ya que somos también un país sísmico, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Los alcaldes de todo el país tienen que ponerse en alerta, más aun los del Callao y de los distritos ribereños.
El programa preventivo antisísmico, según el presidente, incluye una evaluación rápida por parte de brigadas de ingenieros de las zonas más críticas, esencialmente en las zonas empinadas o en los cerros donde hay mayor riesgo, cuyos pobladores deberían ser reubicados. Se necesita aquí la participación de los alcaldes provinciales y distritales, así como del MTC, para hacer cumplir las normas técnicas urbanas y los esquemas de planificación y construcción, que hoy temerariamente son letra muerta. Hoy más que nunca, cualquier transgresión a las normas técnicas, debe ser denunciada y sancionada.
El Sistema Nacional de Defensa Civil debe tener un rol principal en este plan, al igual que el Ministerio de Educación, para elaborar campañas de información a los alumnos y ciudadanos sobre cómo prepararse ante un sismo o tsunami, cuál es el punto más seguro de una vivienda y los lugares públicos de refugio.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como los institutos técnicos de monitoreo climático, tienen otras graves responsabilidades en este plan, para lo cual tienen que coordinar estrechamente con los medios de comunicación social para hacer llegar la información relevante, de modo oportuno, a los ciudadanos. Estos, por su propio bien, tienen que integrarse a este engranaje preventivo, sea buscando información o participando activamente en simulacros. Hoy más que nunca, todos debemos ser defensa civil.
EL COMERCIO.
NR: En todo se debe adoptar la PREVENCIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO, y eso demanda disponer de legislación y recursos para cumplirlo con creces, de lo contrario solo será un saludo a la bandera. ¿Es posible cumplir el Plan Preventivo Antisísmico cuando existe la ley 29090 que permite construir un edificio sin que antes sean aprobados los planos por los entes especializados (Municipalidad, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos)?, ¿Es posible cumplir con ese plan cuando en el país más de la mitad de su población es pobre?, indudablemente que no se cumplirá.
Para adoptar la prevención como una política de Estado, implica principalmente erradicar la pobreza, establecer leyes y control de leyes en materia de construcción de viviendas y edificios.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario