El dolor: una epidemia invisible
El dolor convive entre nosotros.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta al 20% de la población,
con más incidencia en el mundo civilizado, donde la esperanza de vida es mayor.
Nos encontramos ante una “auténtica marea” de necesidades de atención de
enfermos avanzados, crónicos evolutivos y términos. De acuerdo con algunos
expertos, estamos hablando de una epidemia invisible que solamente la aprecia
el que la padece, pues ni se ve ni se puede medir, y esos son sus grandes
aliados.
El dolor tiene graves
consecuencias, puede matar y, además, aumentar exponencialmente la discapacidad
y la pérdida de calidad de vida. No obstante, según un estudio de la OMS, en el
2008 un 80% de la población mundial tenía un acceso insuficiente o nulo a los
recursos para tratar el dolor moderado-grave. Para el 2020, según esta
organización, habrá en el mundo 15 millones de personas con cáncer, millones de
los cuales, en especial en países pobres o en vías de desarrollo, sufrirán
dolores crónicos por falta de acceso a medicamentos contra el dolor.
Las consecuencias del dolor
y el número de personas que se ven afectadas han obligado a la OMS y la
Organización Panamericana de la Salud a reconocer que el dolor derivado del
cáncer y de otras enfermedades debe ser un asunto muy importante en los
sistemas de salud de todos los países. Las referidas organizaciones han
recomendado que los Estados deben implementar políticas gubernamentales que
hagan del alivio del dolor por cáncer una prioridad en el sistema de salud
pública y garantizar la disponibilidad de medicamentos eficaces para paliar el
dolor, eliminando las barreras que lo impiden y los controles legales que
incrementen el deterioro del paciente.
Pese a ello, el dolor sigue
sin ser reconocido como un importante problema por muchos sistemas nacionales
de salud, entre ellos: nuestro sistema de salud.
En el Perú, un importante
número de personas con cáncer en enfermedad terminal no accede a tratamientos
contra el dolor ni a programas de cuidados paliativos. Más allá del servicio de
medicina paliativa y tratamiento del dolor del Inen no existe en nuestro país
una institución pública especializada que atienda a los pacientes terminales,
ni un programa de atención a estos pacientes y sus familias. Tampoco hay
normas, con rango de ley, de soporte técnico especializado que regulen a nivel
nacional el tratamiento del dolor. La disponibilidad de drogas que garanticen
el no sufrir es insuficiente.
El impacto de una
enfermedad terminal trasciende al paciente. Un paciente terminal implica para
la familia estrés emocional, pérdida de ingresos, incapacidad para trabajar y
desestabilización económica. El Estado peruano no puede ser ajeno a ello. La
Constitución Política del Perú y diversos convenios internacionales de los que
el Perú es parte establecen la obligación estatal de respetar, proteger y
garantizar la dignidad y el derecho a la salud de la persona humana.
Las herramientas necesarias para
aliviar el dolor existen. El sufrimiento que causa el dolor no aliviado que
genera el cáncer y otras enfermedades terminales se debe a que la mayoría de
pacientes no tiene acceso a la medicación básica de alivio, debido a falta de
distribución de medicamentos, elevado costo de los mismos (las subvenciones no
existen o son muy bajas) y restricciones legales que impiden el acceso a las
drogas o limitan el número de pacientes con derecho a ellas o la duración del
tratamiento.
Hay que cambiar esta
situación. Es inhumano e indigno que miles de peruanos estén abandonados a su
suerte frente al sufrimiento que provoca el cáncer. El Estado peruano debe
implementar una política pública para garantizar el derecho de las personas que
padecen una enfermedad crónica o de alta complejidad, que ocasione grave
pérdida de la calidad de vida a recibir atención paliativa idónea, que implique
el control del dolor y otros síntomas, así como la atención en aspectos
psicosociales y espirituales del paciente y su familia indispensable para
reducir el sufrimiento.
La ausencia del dolor debe
ser considerada como un derecho de todo enfermo con cáncer y de otras
enfermedades de alta complejidad y el acceso al tratamiento contra el dolor,
una manifestación del respeto hacia ese derecho.
