Por: Ignacio Ramonet
La histórica decisión de la organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna), anunciada el pasado 20 de octubre, de “cesar definitivamente su actividad armada” sin condiciones, pone término a 43 años de violencia política en España, y representa el fin de una suerte de trágica excepción española en Europa.
Desde la muerte del dictador Franco en 1975 y la adopción por referéndum de la Constitución en 1978, nada justificaba el recurso al asesinato político, al atentado o a la violencia armada. Todo ello (así como la tortura y la represión policial) ha causado un enorme sufrimiento social y centenares de víctimas mortales. La propia sociedad vasca, como lo expresó el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en julio pasado, ya no toleraba el terrorismo.
Es menester ahora avanzar hacia la construcción de la paz y la convivencia, sin vencedores ni vencidos, en el marco definido el 17 de octubre pasado por los expertos internacionales en la Declaración final de la Conferencia de Paz de San Sebastián (1). Éstos aconsejaron “tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”, o sea: la situación de los presos y de los clandestinos; la restitución de las armas; la compensación y la asistencia a todas las víctimas; el reconocimiento del dolor causado; y la ayuda para sanar las heridas personales y sociales. Pero también, si se desea establecer para siempre la concordia, habrá que avanzar de manera responsable en lo político con la participación de todos los partidos democráticos de España y Euskadi.
Es interesante observar que ETA ha anunciado su adiós a las armas justo un mes antes de las decisivas elecciones legislativas del 20-N. Un escrutinio que, según las encuestas de opinión, debería ganar con fuerte probabilidad el Partido Popular (PP), vencedor ya de las últimas elecciones locales. ¿Ha querido ETA, en cierto modo, influir en ese escrutinio? ¿Ha deseado, con el cese de su actividad armada, apoyar una línea nacionalista no violenta que, como lo demostró el éxito de Bildu en las elecciones municipales de mayo pasado, cuenta hoy con la simpatía de una gran parte del electorado abertzale? ¿En qué medida el fin del terror podría también ser capitalizado electoralmente por el PSOE como una victoria política del Gobierno actual capaz de atenuar su anunciada derrota?
Muchos electores habituales del PSOE estaban decididos, en efecto, a sancionar esta vez al partido de José Luis Rodríguez Zapatero. No sólo a causa de la crisis inédita que vive el país sino por las brutales políticas de ajuste (“impopulares pero necesarias”, afirmó el Presidente) que han castigado sobre todo a las clases medias y humildes, así como a los jubilados y a los jóvenes. Y porque Zapatero –en una muestra de “coraje político”, según él–, se ha rendido a los mercados, no dudando en asumir las consignas ultraliberales exigidas por los inversores internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la canciller alemana Angela Merkel.
Pareciera además que la impopularidad actual del presidente Zapatero lo inhibiera en algún modo de cualquier pudor a la hora de tomar, a final de mandato, medidas descaradamente conservadoras, últimos desafíos a su propio electorado socialista. Por ejemplo: la reciente reforma de la Constitución, sin referéndum, para limitar los déficits presupuestarios como se lo exigían Francia (que no se lo aplica a sí misma) y Alemania. O la muy controvertida decisión del 4 de octubre pasado (cuando ya las Cortes estaban disueltas), de firmar un acuerdo en el que España cede a EEUU la base de Rota como sede naval del escudo antimisiles de la OTAN.
Zapatero se lo ha puesto muy difícil a su virtual sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, al dejar un Partido Socialista desorientado, confundido, aturdido, extraviado, exánime y derrotado. No se repondrá fácilmente el PSOE. Le esperan largos años de travesía del desierto en espera de su refundación.
No es buena noticia para España. Sobre todo porque la izquierda de la izquierda, de donde deberían provenir las ideas más audaces y más constructivas para sacar al país del atolladero se halla demasiado fragmentada. Y porque otras fuerzas de progreso que suben en el resto de Europa, la ecología política por ejemplo (léase, en esta misma página, el artículo de Joan Martínez Alier), se encuentran aún, aquí, en el limbo.
Este contexto favorece electoralmente al PP. Y las encuestas lo anuncian, en efecto, como vencedor del próximo escrutinio. Muchos electores que se disponen a votarlo creyendo que un eventual Gobierno de Mariano Rajoy hará una política económica diferente de la de Zapatero –o sea una política sin ajustes, sin recortes y sin austeridad–, deben saber que no será así. Simplemente porque Zapatero, en los últimos 18 meses, ha hecho, en economía, una política ya de derechas. Y que, con mayor razón, Rajoy la acentuará.
Basta con ver cómo se está comportando la derecha actualmente en otros pagos. En Cataluña, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas (Convergència i Unió) está aplicando (“sin que nos tiemble la mano”, ha dicho Mas) recortes drásticos en los sectores de la Sanidad y de la Educación que han disparado las protestas. En Sanidad, por ejemplo, anunció una reducción de mil millones de euros, o sea el 10% de los recursos con los que contó el pasado ejercicio en tiempos del Tripartito. Ello significa cierre de centros sanitarios, supresión de plantas y quirófanos, pérdida de camas, despido de auxiliares y médicos, supresión de turnos de noche, etc. O sea, castigo para los pacientes.
En Castilla-La Mancha, la presidenta María Dolores de Cospedal (PP) presentó a final de agosto pasado un plan de choque para recortar más de 1 800 millones de euros. Congeló la oferta pública de empleo en todos los sectores y suprimió el 40% de los puestos de personal eventual en la Administración pública. A los profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se les aumentaron autoritariamente dos horas lectivas cada semana. Se suprimieron casi todos los centros de formación de los docentes. Y los mayores recortes están previstos en el sector de la Sanidad (2). Para el PP, Castilla-La Mancha es el laboratorio de lo que la derecha se dispone a hacer si Rajoy consigue llegar a la Moncloa. El peligro es pues inminente. ¿Acaso la propia María Dolores de Cospedal no definió su brutal terapia de choque como “un ejemplo” para toda España?
(1) El País, Madrid, 18 de octubre de 2011.
(2) Idem, 31 de agosto de 2011.
