sábado, 18 de septiembre de 2010

LA SEDE ES CAÑETE HASTA QUE NOS DEMUESTREN LO CONTRARIO.

Para nuestros amigos lectores y para la comunidad en general, les hacemos llegar la Sentencia de la Corte Civil de Huaura que declaró nula la Sentencia emitida por la Sala Civil de Cañete (que confirmó la sentencia del Dr. Jacinto Cama) y anuló la declaratoria de nulidad que hiciera el Juez Huachano Jara a la sentencia de Primera Instancia.

¿Esto que quiere decir?, Que está vivito y coleando la sentencia emitida por el Dr. Jacinto Cama en el Proceso de Cumplimiento en el que se dispuso el traslado de la Sede Regional a Cañete, por consiguiente es mentira y llena de falsedades que se confirmó a Huacho como la Sede Regional.

La Sentencia de la Sala Civil de Huaura cuestiona la resolución de su par cañetano, señalando que no está suficientemente motivada y por esa razón la anula y la devuelve para que se emita una nueva resolución.

Asimismo anuló el extremo que el Juez Civil de Huaura anulara la sentencia del Dr. Jacinto Cama, pues no se ajusta al petitum del Gobierno Regional de Lima; pues este solo pidió que se anule la sentencia de la Sala Civil. Aquí reside la médula de las falsedades de los medios de comunicación huachanos, por lo tanto LA SEDE ES CAÑETE HASTA QUE NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO.

Queda aún por hacerse el análisis jurídico respèctivo, el cual nos comprometemos a hacerlo en el menor plazo posible.



Sentencia de La Corte Civil de Huaura

miércoles, 15 de septiembre de 2010

CORTE DE HUAURA SE LAVA LAS MANOS EN EL TEMA DE LA SEDE

El día de ayer se ha sido notificado de la Sentencia del Proceso de Amparo seguido por el Gobierno Regional de Lima contra la sentencia que sanciona el traslado de la sede regional.

Aún no tenemos la sentencia, solamente lo que aparece colgado en el portal del Poder Judicial. Vamos a esperar leer la sentencia en su integridad para dar una opinión al respecto, lo que sí podemos opinar de primera línea es que es una sentencia que no dice ni si ni no, y tira la pelota a la cancha cañetana donde otro juez será el que determine la situación y así por los siglos de los siglos. Pero ojo Huacho ya tiene un punto a favor LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA SEDE REGIONAL, sea donde fuere, ya lo tiene construído y eso va a pesar en la decisión final. Espero equivocarme.


Sentencia Proceso de Amparo

martes, 14 de septiembre de 2010

La nulidad del DL 1097 y no la derogación.

Por Heriberto Benítez

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N° 1097 que demuestra, claramente, la voluntad del gobierno para impulsar la impunidad de violadores a los derechos humanos que se encuentran sometidos a pesquisas del ministerio Público y a procesos judiciales, utilizándose el pretexto del plazo razonable o la existencia de cierta norma internacional; la comunidad jurídica ha rechazado esta norma legal, pero sólo proponen la derogación, lo cual resultaría peligroso, ya que eso implicaría el reconocimiento de la existencia de una norma aberrante. No olvidemos que su vigencia, aunque sea por un día, permitiría que soliciten su aplicación ante cualquier juez, ya que como todos sabemos la derogatoria surte efectos desde su aprobación. Por eso, el mecanismo indicado y correcto sería declarar la nulidad del DL 1097, situación que no está prohibida; pero, algunos teóricos consideran que dicha posibilidad no está regulada, ni legislada. En todo caso, el Tribunal Constitucional (TC) debería dejarlo sin efecto jurídico y legal, tomando como base la histórica sentencia dictada el 21 de julio del 2005 en el caso referido a la inconstitucionalidad de la Ley N° 28568, que modificó el artículo 47° del Código Penal e ilegalmente computaba un día de arresto domiciliario con uno de prisión efectiva.

Ahora bien, otro tema es la Resolución Legislativa N° 27998 que aprueba la adhesión del Perú a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, con una extraña declaración impulsada por la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) con la finalidad de proteger a los responsables de la matanza ocurrida en la isla penal “El Frontón” (1986), entre los que figuran Alan García y Agustín Mantilla y donde hoy en día pretenden colgarse otros sujetos.

El ex presidente del Congreso (2003), Carlos Ferrero, puso en debate el mencionado proyecto de Resolución Legislativa y el vocero del grupo parlamentario aprista sustentó la inclusión del párrafo de la impunidad, contrario al ordenamiento jurídico vigente. Los legisladores guardaron un silencio sepulcral, los congresistas de Perú Posible (PP) y Unidad Nacional (UN) permanecieron mudos, nadie respaldó la observación que hicimos de aquella sospechosa declaración referida a la aplicación de la Convención, con posterioridad a su entrada en vigor. Inmediatamente, planteamos la modificación del texto aprobado y que se deje sin efecto aquella vergonzosa declaración, pero rechazaron la propuesta; sin embargo, ahora observamos un comunicado de Perú Posible (PP) que señala el país debe estar alerta y que el DL 1097 “tiene como propósito dejar libres a procesados por asesinar, torturar y desparecer a miles de compatriotas”. Parece que recién se dieron cuenta de ello; tuvieron una reacción retardada y lenta. Ahora hablan hasta de amnistía encubierta. En ese sentido seria recomendable que el Parlamento haga pública la votación efectuada para aprobar la Resolución Legislativa N° 27998.

Por último, insistimos en la nulidad del DL 1097 y esa figura le corresponde determinarla al Tribunal Constitucional (TC); es indispensable extirpar dicho nefasto dispositivo legal, no podemos dejarle ni un segundo de vida. La derogación dejaría envenenado el ordenamiento jurídico vigente y los violadores a los derechos humanos podrían resultar favorecidos con alguna sospechosa decisión jurisdiccional, lo cual significaría el triunfo de la impunidad.

lunes, 13 de septiembre de 2010

SE CAYÓ D. LEG. 1097, TRIUNFÓ LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD


Se veía venir, hoy el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley con el carácter de urgente para que se derogue el decreto legislativo 1097, norma que buscaba la impunidad de los delitos de lesa humanidad.

Han sido diversas instituciones de la Sociedad Civil quienes con su pronunciamiento han traído abajo no solo a la norma sino también al Consejo de Ministros en pleno - que Velasquez Quesquén lo quiera tapar es otra cosa - así como la renuncia de Vargas Llosa a la presidencia de la comisión del Lugar de la Memoria.
A continuación el citado Proyecto de Ley, véase la “interesante” Exposición de Motivos.

Proyecto Ley Que Deroga D. Leg. 1097

domingo, 12 de septiembre de 2010

Susana Villarán está primera con 33% a dos puntos de Lourdes Flores, según la última encuesta de Apoyo


A 21 días de las elecciones municipales, la aspirante de Fuerza Social desplazó del liderato en los sondeos a su rival del PPC-Unidad Nacional que obtuvo 31%

La candidata a la Alcaldía de Lima por el movimiento Fuerza Social, Susana Villarán, pasó al primer lugar en la intención de voto con el 33%, según un sondeo realizado por la empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A.

Se trata de la primera vez, en lo que va de la campaña, que un postulante edil desplaza de la primera ubicación a la aspirante de PPC-Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano.

La caída al segundo lugar de la representante pepecista con el 31% de intención de voto refleja el repunte que la candidatura de Villarán De la Puente ha experimentado durante el último mes en desmedro de las aspiraciones de su contendora.

Detrás de ellas se encuentran Humberto Lay (Restauración Nacional), con 8%; el postulante de Somos Perú, Fernando Andrade, con 3%; y Fernán Altuve (Cambio Radical) con 2%.

Cierran el listado Luis Iberico (Alianza por el Progreso), con 2%, y Gonzalo Alegría (Acción Popular), con 1%.

La encuesta se realizó entre el 9 y el 11 de setiembre a 490 personas de todos los niveles socioeconómicos, cuyas edades van de los 18 años en adelante.

Gobierno le solicitaría al Congreso que derogue DL 1097, indicó García Toma


Nota de Redacción:
Plan apro-fujimorista al descubierto, veamos el siguiente comentario de García Toma que nos releva de pruebas.


El Comercio
El hasta ahora ministro de Justicia señaló también que se deben tomar acciones para garantizar que se cumplan los plazos de los juicios contra policías y militares acusados de delitos de lesa humanidad, pero sin caer en la impunidad.

En el interior del saliente Gabinete ministerial se estaría analizando un proyecto de ley para solicitar al Congreso la derogación del polémico Decreto Legislativo 1097.

Así lo informó el hasta ahora titular de Justicia, Víctor García Toma, quien sostuvo que el Consejo de Ministros solo tiene potestad para legislar, pero no para anular o retirar una ley que está en vigencia.

PUNTOS DE DIFERENCIA
García Toma explicó a RPP cuáles eran las diferencias que tenía el ministro de Defensa, Rafael Rey, con el resto de miembros del Gabinete Ministerial.

“En el caso del Mindef se plantea, porque Rafael Rey aún lo sostiene, que existe la prescribilidad de los delitos de lesa humanidad; en cambio, el Gabinete en su conjunto dijo que la norma se debía amparar en la convención de Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que indican que estos delitos no prescriben”, sostuvo.

El segundo punto era la aplicación automática del sobreseimiento. Mientras que Rey pedía que los casos deban ser archivados cuando se extralimita el tiempo de los juicios, el Consejo de Ministros planteó que primero se investigue la razón de la demora del proceso.

García Toma precisó que el Mindef quería que los jueces se rijan por la norma y el resto del Ejecutivo tenía la tesis de que el DL 1097 tenía que ser concordado con los tratados internacionales, las normas de la CIDH, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

“El cuarto tema era el sobreseimiento en cualquier etapa del proceso. El Ministerio de Defensa decía que se podía dar incluso en el juicio oral, falso porque esto solo se puede hacer en la etapa de instrucción, sino se nos escapaban los Colina”, refirió.

El último punto con el que no estuvieron de acuerdo, expresó García Toma, fue que el Mindef planteó la aplicación retroactiva que hubiera aplicado para los condenados.

“NO PODEMOS CAER EN LA IMPUNIDAD”
García Toma indicó que el Gobierno no puede cerrar “los ojos ante una realidad” porque existen procesos de 8 ó 10 años contra militares y policías que han sido acusados por “delitos muy graves”.

“Hay que tomar acciones, la norma tenía esa meta, corregir el problema de la infracción a las garantías del debido proceso para aquellos policías y militares que están siendo procesados por delitos graves, pero que tienen una larga etapa de instrucción e incluso no terminan”, agregó.

Para finalizar, el hasta ahora ministro de Justicia dijo que ya hubo dos intentos del Tribunal Constitucional para corregir estos casos. Uno fue en el proceso contra el general Walter Chacón y el otro fue el juicio contra Julio Salazar Monroe


¿SE VA?
De otro lado, el ministro Rafael Rey, quien admitió haber consultado a César Nakazaki sobre la norma, indicó que renunciará al cargo si el DL 1097 es derogado. “Sería un retroceso que me parecería profundamente injusto”, expresó esta mañana en CPN Radio.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Sobre el DL-1097 y el olvido de los derechos humanos


Michael Werz

Ph. D. en filosofía y experto en sociología de la Universidad de Georgetown. Senior Fellow en el Center for American Progress


El controvertido decreto legislativo DL-1097, sobre la prescripción de los delitos contra la humanidad y los derechos humanos, pone en riesgo la salvaguardia de los derechos humanos en el Perú. Sobre este tema y otros ligados al VI Encuentro de Derechos Humanos de IDEHPUCP, conversamos con el filósofo alemán Michael Werz. El especialista llegó al Peru gracias al Goethe-Institut Lima, el CEF e IDEHPUCP.

La semana pasada el presidente peruano emitió cuatro decretos legislativos, que el Congreso está revisando, los que permitirían cancelar los procesos judiciales que involucran a personas investigadas en crímenes de lesa humanidad y casos de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué esto se considera como un retroceso para el respeto de los derechos humanos?

En términos generales, creo que cualquier país que quiera establecer una sociedad moderna y próspera debe asegurarse que la ley, no solamente se cumpla, sino que también respete su sistema judicial. En Alemania por ejemplo, los juicios duraron 20, 30 ó 35 años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que se inició un debate más intenso. Es cierto que los procesos toman mucho tiempo, pero es más importante no perder de vista los crímenes que han sucedido. Si eso no se trata no habrá ni justicia ni paz.


La actuación del gobierno peruano va en contra de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Las reglas de la ley internacional existen por buenas razones y muchos países, como el Perú aceptaron respetarlas. Sin embargo, ¿hasta qué punto las instituciones internacionales pueden y deben intervenir en asuntos domésticos? Confío que todo se arregle aquí, pues esos serían los próximos pasos hacia una democratización profunda del Perú. Cualquier decisión de trascendencia tiene que estar fundada y apoyada por la sociedad civil.


Con la promulgación de estos decretos legislativos, pareciera que el gobierno quiere hacernos olvidar ciertos episodios de nuestra historia y el intenso esfuerzo de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) ¿Qué diferencia hay entre el olvido y el perdón?

Primero, perdonar no es legítimo porque nosotros no podemos perdonar en nombre de las víctimas que hubo. Segundo, perdonar es una categoría moral y aquí nos movemos en un ámbito político y jurídico. Perdonar en el sentido de insinuar que los crímenes perpetuados no fueron tan graves o hacer que las personas que los cometieron no asuman completamente su responsabilidad, no lleva a ninguna solución. Por el contrario, es necesario establecer instituciones y mecanismos para no olvidar lo que pasó.

En el Perú, se han dado pasos importantes bajo el liderazgo de Salomón Lerner. Hay que preservar la memoria para futuras generaciones e informar a la población sobre lo sucedido. Esto funcionó por ejemplo en la Alemania de los años cincuenta y sesenta, para establecer una democracia verdadera y estable. Lo mismo en países como Sudáfrica, donde la guerra civil fue muy sangrienta y costosa.


¿Por qué crees que en el Perú los derechos humanos se perciben como negativos? Muchas veces a los defensores de los derechos humanos se les relaciona con la izquierda extrema.

De hecho, es interesante observar que durante casi toda la guerra fría el argumento fue al revés. La categoría de los derechos humanos se utilizó mucho en contra del socialismo real de los países comunistas, para criticarlos por la falta de transparencia y participación democrática. Es curioso que ahora muchos conservadores, que apoyaron esta noción de derechos humanos, cambien. Creo en el siguiente contraargumento: cualquier persona que critica una noción de derechos humanos se está dañando a sí misma. Una sociedad donde no se establecen esos derechos, como individuales, no es una sociedad completa. Si se le hace daño a una parte de la población, se daña al resto.


Entonces el tema de los derechos humanos y la diversidad cultural debe plantearse desde la educación.

Hablar de los derechos humanos de una manera idealista es fácil, lo difícil es hablar sobre lo específico y cotidiano. Creo que el razonamiento tiene que ser diferente en una sociedad diversa. No deberíamos tratar de integrar la sociedad y hacerla más homogénea, sino abrazar la diversidad y entender que es una tremenda potencialidad para lograr el avance económico y político. Ese es un paso que lleva al éxito en el siglo XXI.


Sostienes que existen tres momentos históricos que marcaron el paso de los derechos humanos. Cuéntanos un poco.

Mi idea fue pensar acerca del contexto en que se dieron los debates que hoy en día son tan importantes. Leyendo sobre la época colonial en Latinoamérica, me pareció interesante que en el siglo XVI se discutieran cuestiones jurídicas muy similares a las de hoy. Mi argumento en tres pasos apunta a que en realidad Europa no inventó el discurso de derechos humanos.Realmente el debate se desarrolló con la conquista de Latinoamérica y con la pregunta clave ¿son los indígenas seres humanos con derechos? Se argumentó que siendo sobre todo, Perú y México, sociedades teocráticas muy avanzadas, esta complejidad era suficiente razón para sustentar que los indígenas tenían el derecho de propiedad de su tierra. Ese fue un paso involuntario, pero muy importante para la secularización del discurso político y para establecer un argumento universalista, en que cualquier persona del mundo tenía una herencia de derechos.

Luego, con la revolución francesa, se da una ambigüedad con respecto a los discursos de la España del siglo XVI. Se gestó la Declaración de los Derechos del Hombre, pero al mismo tiempo Francia dependía económicamente de sus colonias y de la esclavitud. Como dijo el Conde de Mirabeau en la Asamblea Nacional francesa, se estaba confundiendo al Hombre con el ciudadano francés. Aquellos ciudadanos garantizaban una convicción universalista pero para un Estado concreto.

Finalmente, en los Estados Unidos de la primera parte del siglo XX, la separación entre derechos humanos y del ciudadano no funcionó. El argumento del movimiento por los derechos civiles, como el de Martin Luther King, fue que las personas se podían realizar no sólo como ciudadanos sino como dueños de los derechos humanos en un sentido muy completo y universal.


Entrevista: Florence Couillaud
Foto: Yanina Patricio

"La derogatoria del DL 1097 es lo más saludable para el país"


Tras el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal y de diveros sectores de la sociedad en contra del DL 1097, ¿considera también que éste debe derogarse?

Es una gran cosa que se pronuncie la Conferencia Episcopal, pero los fiscales han ofrecido intervenir en esto para declarar la inconstitucionalidad del decreto. También se ha pronunciado en el mismo sentido la Defensoría del Pueblo. Nadie desea que alguien esté preso, pero tampoco que injustamente esté libre. Por ejemplo, (José Enrique) Crousillat aparecería en Buenos Aires tranquilamente mientras aquí fingía enfermedad. ¿Cuánta gente pobre no tiene la posibilidad de contar con la debida atención procesal? Que la justicia sea para todos.

¿Cree que el DL 1097 es una nueva versión de la Ley de Amnistía dada por Fujimori?

Parece que sí, por lo menos por las declaraciones del ministro (Rafael) Rey, esa es la intencionalidad.

¿No cree que esta norma debió haber sido debatida en el Congreso en vez de ser emitida por el Ejecutivo en virtud a las facultades que se le dio?

He escuchado a los políticos y muchos coinciden en la derogatoria de la polémica norma. Me gustó la posición del ministro de Justicia que incluso amenazó con su renuncia. Por lo pronto, él ha sido claro en que no va a favorecer al grupo Colina. ¿Cómo este grupo que ha cometido tantas muertes se va a acoger al decreto? Este es un decreto con nombre propio, de ninguna manera.

¿El DL 1097 es un retroceso en la lucha contra la impunidad?

Por supuesto. Es una inconstitucionalidad encubierta.

¿Cuál es el mensaje de la Conferencia Episcopal?

Está en la misma línea de la defensa de la vida.

¿En qué situación moral queda el país si se aplica el decreto?

Sería un golpe muy duro para las víctimas del terrorismo, especialmente porque han venido reivindicando las reparaciones por excesos de los militares. Es cierto que los militares se han jugado la vida por defender al país del terrorismo, pero también ha habido excesos como los cometidos por el Grupo (paramilitar) Colina.

Entre el derecho del agresor y el de la víctima, ¿cuál prevalece?

El de la víctima, por supuesto, pero con justicia. Es la justicia la que debe prevalecer. No podemos dar prioridad a unos delincuentes sobre otros que a lo mejor son inocentes pero que están en la cárcel y son pobres. La justicia debe llegar a todos por igual.

¿Qué llamado les haría a los jueces para responder con justicia ante el reclamo de las víctimas y los militares procesados?

El clamor que se ha manifestado públicamente es que este decreto no puede aplicarse de la manera como está planteado, sumamente cuestionado. Pido al Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, que tomen una posición.

¿Cuál es la posición que se debe adoptar respecto a este controvertido decreto?

Indefectiblemente, la derogatoria. Soy muy claro en eso.

¿Es el único camino?

Es lo más saludable para el país y para todos, sin atropellar los derechos de nadie. Que se haga justicia para todos por igual, que se derogue este decreto.

Reacciones

"Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el DL 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú”.

Martin Scheinin
relator de ONU para protección de DDHH

"Este decreto es una tarjeta para ‘salir de la cárcel gratis‘ para individuos que han cometido atrocidades sistemáticas en contra de civiles. Es un mensaje equivocado para las fuerzas de seguridad, por eso le enviamos una carta al presidente García”.

Coletta Youngers
Investigadora afiliada a Wola

"Una declaración interpretativa no puede modificar una cláusula de la Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, no tiene el peso ni la entidad jurídica para hacerlo. Todas las violaciones de los Derechos Humanos deben ser juzgadas”.

Hugo Relva
Coordinador del Programa Justicia Internacional de Amnistía Internacional

"Hace 42 años se estableció la imprescriptibilidad para el crimen de genocidio y los crímenes de guerra. Al ratificar un tratado, lo que hace el Perú no es crear una nueva ley sino reconocer una norma internacional ya existente”.

José Zalaquett
Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)