América Latina, entre el despegue económico y la desigualdad

El informe del PNUD alerta de la gravedad de las desigualdades en América Latina ©PNUD

Por Jesús Moreno Abad

La insólita pujanza económica del subcontinente no deja de alimentar su histórica desigualdad: diez de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en esta zona, alerta la ONU. La PNUD advierte del peligro de no frenar la desigualdad: “Los pobres se alejarán de las instituciones democráticas”.

Una vez que el viento huracanado de la crisis económica comienza a remitir, casi todos los analistas coinciden en que este periodo recesivo ha tenido dos características que lo diferenciaran de otros vividos: La primera es su dureza, que ha golpeado a todos los países del planeta de una forma desconocida desde el crack del 29, y, la segunda es que, por primera vez, el ciclo bajista de la economía no se ha cebado con América Latina. Así, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan el desarrollo potencial del subcontinente -al que augura un crecimiento del 4,8% en 2010 y casi de otro tanto en 2011- y su papel de arrastre para que el mundo salga de la crisis. Pero, ¿significa este crecimiento económico el fin de la pobreza y la desigualdad inherentes a la región?

La ONU no lo considera así y anima a los países de la región a apuntalar políticas distributivas que avancen en la disminución de la desigualdad. “No basta con el crecimiento económico, que siempre es importante. Tiene que haber políticas específicas que apoyen a los más pobres […] porque América Latina es la campeona del mundo de la desigualdad”, resalta Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU.

Dos informes presentados por sendos organismos de Naciones Unidas esta misma semana destacan los caminos opuestos que siguen las variables crecimiento e igualdad en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca el impulso económico de la región, a la que prevé un crecimiento del 5,2% este año. "El crecimiento es más alto de lo que se preveía”, asegura su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, quien destaca que, no obstante, el desarrollo del subcontiente es desigual. “Destacan los países del Mercosur y aquellos Estados que tuvieron mayor capacidad de implementar políticas públicas. También aquellos países con mercados internos fuertes potenciados por el espacio regional y alta participación de las exportaciones hacia Asia", subraya.

La solidez macroeconómica que mostró la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en los años que antecedieron a la crisis internacional marcó una diferencia significativa, a ojos de CEPAL. Los países aprovecharon un excepcional período de bonanza en la economía y las finanzas internacionales para sanear sus cuentas públicas, reducir y mejorar el perfil de su endeudamiento y aumentar sus reservas internacionales. Este proceso, explica en su informe, “permitió un mayor espacio para la aplicación de políticas públicas contracíclicas e hizo posible el inicio de la recuperación en la segunda mitad de 2009”. Así, CEPAL estima que Brasil crecerá 7,6%, Uruguay y Paraguay un 7%, Argentina un 6,8% y Perú un 6,7%; otros crecerán algo menos, como Ecuador, Honduras o Nicaragua, que no llegarán al 3% y, de forma minoritaria, en el otro extremo, estados como Venezuela y Haití retrocederán un 3% y un escalofriante 8,5%, respectivamente.

Pero, ¿este crecimiento es suficiente para reducir la pobreza? Los expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no lo ven así. El propio Heraldo Muñoz, que es administrador de PNUD, alerta de esta cuestión: “Para reducir la desigualdad, se necesitan políticas de Estado que se sostengan en el tiempo”, subraya. “Ha habido modelos económicos en la región que asumen que con el crecimiento económico va a haber un chorreo y que la mano invisible del mercado lo va a resolver todo: Eso no es así”, se queja.

La región más desigual del mundo

El PNUD alerta de que América Latina es la región con “más desigualdad del mundo”. Diez de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. El coeficiente Gini-que mide esta variable- es en esta región, según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano de este organismo, un 65% más elevado que en los países de ingresos altos, un 36% más que en el este asiático y un 18% más que en el África Subsahariana. Y si el crecimiento económico es desigual, la desigualdad en sí también lo es: Bolivia, Haití y Brasil tienen un índice Gini superior al 55% y, al otro lado, países como Costa Rica, Argentina o Venezuela no llegan al 49%.

Esta desigualdad frena el desarrollo humano, según PNUD. Según sus estimaciones, si se incluye el malestar de la población hacia la desigualdad como variable del Índice de Desarrollo de la región, América Latina vería disminuido entre un 6% y un 19% su promedio en esta variable. “Si a pesar del crecimiento, los más pobres ven que la riqueza no entra en sus hogares, puede degenerar en un desapego a las instituciones demócraticas”, alerta Muñoz.

Para paliar esta situación, el organismo apuesta por una distribución más equitativa del gasto educativo, la reducción de la desigualdad de los ingresos no laborales, la distribución del crecimiento económico de la región y la mejoría en la incidencia del gasto social a través de la implementación de programas específicos.

Pese a una mejoría en los últimos años, la reducción de la desigualdad podría frenarse en los próximos años, según la ONU. “En manos del poder público está evitarlo”, resume Muñoz.

REDACCIÓN:

¿Cómo, no nos dijo Alan García, que éramos los únicos que crecíamos?, ¿El viernes, Gastón Acurio no nos decía que en 10 años estamos en el primer mundo?, pero NO, pisemos tierra, en este mundo capitalista el orden está estructurado, JAMÁS UNA NACIÓN OPRIMIDA SERÁ POTENCIA MUNDIAL, y esto porque la médula del capitalismo es la plusvalía, EL PRIMER MUNDO EXISTE PORQUE HAY NACIONES OPRIMIDAS.

Y si hoy América Latina "crece", es producto de la venta de materias primas (lo que los norteamericanos llaman COMMODITIES) a la gran locomotora económica que es China. Pero ¿Quién crece?: los sectores de la gran burguesía, los inversionistas; de allí la preocupación del Heraldo Muñoz del PNUD que los cada vez más pobres puedan expresar "un desapego a las instituciones democráticas", es decir que los más pobres puedan levantarse en rebelión porque no les llega "el crecimiento económico". ¿Entendemos ahora porqué EEUU pone más bases militares en Sudamérica?. A buen entendedor pocas palabras.

Camisea: exportar a 1 e importar a 80

Por Humberto Campodónico

Se está debatiendo mucho sobre los problemas que acarrea la exportación del gas de Camisea para el país. Y eso está muy bien. Ahora se sabe que la renegociación del Lote 88 en el 2006 fue ilegal porque permitió que se exporte dicho gas, que se había revertido gratis al Estado porque la Shell no lo pudo explotar y que, por ese motivo, tiene precios regulados, mucho más bajos que los precios internacionales.

También se sabe que las regalías que paga el gas de exportación son varias veces inferiores a las que paga el gas vendido en el mercado interno, motivo por el cual el gobierno –finalmente– ha decidido que estas se renegocien. Ha dicho el Canciller que no hay ninguna razón para “subsidiar la exportación”.

También se ha dicho que –expresada en unidades calóricas equivalentes– el gas se está exportando a un (1) dólar por barril, mientras que en el mercado internacional el petróleo se vende a US$ 80 por barril. Si bien esta enorme diferencia ha merecido algunos titulares de La República, es bueno volver sobre ella en estos días.

La cosa es así: cuando el gas se vende a US$ 10 por millón de BTU, su equivalente calórico en petróleo es US$ 59 por barril (1). Ese es el precio al cual actualmente lo está comprando Chile. Cuando el gas se vende en US$ 4/MMBTU, su equivalente calórico en petróleo está en US$ 23.6/barril. Ese es el precio actual del Henry Hub, lo que quiere decir que a ese precio se lo vamos a vender a México.

En ambos casos (Chile y México), el precio está por debajo del actual precio de petróleo de US$ 80/barril.
En el Perú el gas del Lote 88 se vende en boca de pozo en Camisea a US$ 1.54 MMBTU a las centrales eléctricas y en US$ 2.50/MMBTU a los consumidores industriales. Esto equivale a precios de petróleo de US$ 8.8 y 14.7 por barril, respectivamente. Queda claro que este es un precio barato que beneficia al mercado interno porque su equivalente en petróleo es US$ 80/barril. Enorme diferencia, ¿no?

La cuestión es que en los contratos de exportación, cuando el precio Henry Hub es de US$ 4/MMBTU, lo que se cobra en boca de pozo es solo US$ 0.159 por millón de BTU. Sí, así como lo lee: 15 centavos de dólar por millón de BTU. ¿Por qué? Porque hay que descontar los costos de transporte y de proceso hasta México. Y, también, porque los “negociadores” peruanos de la época lo aceptaron.

Dicho de otra forma: se exporta el gas a 15 centavos, lo que equivale a un (1) dólar por barril de petróleo y si se tuviera que importar el mismo equivalente calórico en petróleo tendríamos que pagar US$ 80/barril. Por ese motivo, lo mejor sería –aparte de abastecer primero el mercado interno– industrializar el gas y obtener de 12 a 20 veces más que el valor de exportación.

El gas es un recurso estratégico para el Perú. No se le puede considerar un “commodity” y que su uso en el mercado –interno o externo– dependa del costo/beneficio en dólares, sin considerar la enorme importancia de la garantía del abastecimiento por treinta o cincuenta años y, también, sin tener en cuenta los equivalentes calóricos. Quienes afirman eso o bien no conocen el asunto o bien favorecen los intereses del consorcio exportador. Por eso, no se debe exportar ni una molécula del gas de los Lotes 88 y 56, que son “regalos de Dios” para el Perú.

(1) Se ha usado la equivalencia de la Organización Latinoamérica de Energía, que establece que mil metros cúbicos de gas natural equivalen, en poder calórico, a 5.98 barriles equivalentes de petróleo.

¿Una versión moderna de reforma agraria?

Por María Eugenia Yabar*

Hace 41 años, el Perú sufrió devastadoras reformas, una de ellas sino la peor, la agraria, cuyo lema “la tierra es de quien la trabaja”, justificó el arrebatamiento de la propiedad privada sin tener en cuenta las leyes que protegían al propietario. La historia nos ha enseñado que este tipo de medidas no han sido exitosas ni sostenibles a mediano ni a largo plazo.

La reforma agraria desarrollada, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo consecuencias que, 41 años más tarde, las seguimos sufriendo. La agricultura en el Perú hubiera podido ser un sector mucho más fuerte dentro de la economía peruana, de no haber sido por los casi 50 años que sufrió desde la reforma agraria, años que -como muchos analistas han demostrado- no se podrán recuperar nunca más.

Personalmente, la viví de esta manera: antes de la expropiación mi abuela desde Cusco nos enviaba sacos de distintos productos agrícolas que producía sus tierras, luego de la reforma agraria teníamos que enviarle lo mismo comprado en un supermercado de Lima. Ella era una mujer justa. A ella sus trabajadores la eligieron Madre del Año. Desde entonces esas tierras no volvieron a ser rentables ni productivas, sus actuales titulares solo sobreviven y su calidad de vida ha empeorado (en algunos casos han alquilado sus tierras).

Los peruanos debemos conocer nuestra historia para aprender de los errores que en el pasado se cometieron. La historia que no se aprende tiende a repetirse. De ahí la importancia de recordar y subrayar una vez más que la reforma agraria no era necesaria ni la solución a los problemas de ese entonces. Si había terratenientes abusivos, entonces se les debía exigir el cumplimiento de la ley correspondiente. Si la ley no era suficiente, entonces se debía hacer los ajustes correspondientes y enviar a los inspectores laborales para verificar su estricto cumplimiento.

La Comisión Permanente del Congreso revisará la próxima semana el dictamen que establece límites al tamaño de la propiedad agrícola en la costa peruana. Es decir, 41 años después de la reforma agraria, no estamos muy lejos de volver a repetir el escenario. El sentido de cuál será la verdadera situación que deberán atravesar aquellos titulares de tierras agrícolas que posean más del límite permitido es tan incierto como inseguro. Cualquier número será arbitrario, pero paradójicamente válido si está dado por ley. ¿Que pasa si durante el debate lo disminuyen a 20 ó 10 hectáreas? ¿Los actuales propietarios con ‘exceso’ serán expropiados de aquel número de hectáreas que excedan el límite? ¿Quien será a la larga el nuevo propietario? ¿Será mejor que el anterior?

Sobre el proyecto de limitar la posesión de tierras agrícolas se me vienen a la mente los siguientes comentarios:

•Muchas veces, las grandes inversiones son atraídas cuando tienen la posibilidad de acceder a grandes proyectos, los mismos que sólo pueden ser desarrollados en grandes extensiones de terreno, ya que sólo de esa forma se justifica la inversión realizada, en el sentido que al final tendrán mayor producción que ofrecerle al mercado, lo que la que la hará económica y técnicamente viable.

•La posición de dominio ni el monopolio están sancionados por el sistema legal peruano, por lo que sería inconstitucional limitarlos como el proyecto pretende.
•Lo que claramente se quiere evitar, por lo menos, es el fin que se desprende del proyecto, este es, posibles abusos de la posición de dominio. Sin embargo, esto ya se encuentra actualmente sancionado por nuestro sistema legal. De hecho, contamos con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, encargado de regular, controlar, fiscalizar y sancionar a aquellos que abusan de la posición de dominio con la que cuentan, por lo que sería innecesaria esta medida, sin perjuicio de los perjuicios que, tal como ocurrió con la reforma agraria, paralizaron el desarrollo del país.

No disfracemos acciones políticas con acciones sociales que ahuyentan a la inversión privada. Tenemos suficientes leyes, sólo se debe conocerlas y exigir su cumplimiento.

* María Eugenia Yabar, abogada, socia encargada del Area Corporativa en el Estudio Olaechea.

REDACCIÓN:
No comparto las opiniones de la Dra. Yábar, la reforma agraria de Velasco fue concebida para una mayor concentración de tierras en un contexto de contención de la explosividad de los campesinos; acabar con la oligarquía decadente para entregárselo al gran capital (véase el ejemplo de Dionisio Romero, hoy es el gran concentrador de tierras). Si Oscar Ramos sólo tuvo quizás 1000 hectáreas, imaginemos el límite que propone Del Castillo de 40,000 hectáreas. El proyecto de limitar implica evidentemente que ya hay capitales con más de 40,000 hectáreas, una tremenda concentración fruto de la globalización.

MEM sin respuestas a críticas en renegociación

José Carlos Reyes.

Se corren. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se rehusó a dar explicaciones sobre el decreto 039-2010-EM, que si bien permitió iniciar las renegociaciones del pago de regalías de la exportación del gas, también señalaba que el valor mínimo a pagar resultará del “promedio” de las regalías del mercado nacional, por lo que siempre habrá sectores –como el industrial y petroquímico– en los que la venta de gas generará mayores regalías que la exportación.

Ayer en horas de la mañana, tras una conferencia en la Universidad del Pacífico sobre la transparencia tributaria de las industrias extractivas, el titular del MEM, Pedro Sánchez, evadió a la prensa sin responder ninguna pregunta.

Pero dos horas más tarde y en el mismo evento, el viceministro de Energía, Daniel Cámac, intentó trasladar la responsabilidad a Perupetro. “El tema de las regalías ya está en manos de Perupetro y la renegociación es libre para ellos”, señaló escuetamente.
Pero cuando La República le recordó que Perupetro no puede negociar más allá de lo que indica la norma (trabajada en el MEM), un fastidiado Cámac dijo que no hablaría sobre el asunto.

El pasado jueves el presidente de Perupetro, Daniel Saba, reconoció que aun así la renegociación resulte exitosa el gas vendido a sectores como el industrial y petroquímico en el país seguirá pagando más regalías que la exportación.

No obstante, Saba subrayó que Perupetro sólo renegociará en base a lo establecido por el decreto del MEM emitido a inicios de julio.

Al respecto el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi criticó la flexibilidad del MEM al establecer la base de la renegociación, burlando incluso el objetivo del premier y el canciller cuando manifestaron que “no se debe subsidiar” la exportación.

“En ningún caso la regalía mínima de la exportación debe ser menor a la pagada por cualquier sector del mercado interno, y eso no se cumplió en el reciente decreto del MEM”, recalcó el especialista.

Sin voluntad política

Por su parte, desde Chimbote (Áncash), el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, reiteró su preocupación por el manejo del gobierno al encarar la renegociación del contrato.

“Si existiera voluntad política para hacer favorecer a los peruanos, este proceso no debería durar mucho tiempo, pues la cláusula más importante debe ser garantizar el abastecimiento interno y la férrea prohibición de que se exporte el gas del lote 88 de Camisea”, expresó Humala.

Reacciones

"El ministro Sánchez muestra demasiada pasividad al renegociar los contratos. Debería dar un paso al costado”.

Carlos Herrera Descalzi
Ex ministro de energía y minas

"Alan García debería anunciar en su discurso del 28 la no exportación del Lote 88. No creo que lo haga”.

Ollanta Humala
Líder del Partido Nacionalista

Marcha relámpago en defensa del gas para los peruanos

Ayer al mediodía, un grupo de jóvenes dirigentes distritales del Partido Nacionalista se vistieron con singulares disfraces para realizar la “marcha relámpago de las ratas” a lo largo de la Av. Arequipa, en protesta contra el gobierno que prioriza la exportación del gas de Camisea antes que al mercado interno.

Durante su recorrido, exigieron al presidente Alan García no exportar el gas y sanciones ejemplares a las autoridades corruptas denunciadas en este gobierno. “Estas marchas, que continuarán en distintos distritos de la capital y provincias, buscan fijar posición contra la exportación del gas y crear conciencia en la población con los casos de corrupción”, afirmó Enrique Juscamayta, coordinador de Lima Metropolitana del Partido Nacionalista.

Desastres ecológicos en la Amazonía y los Andes, ¿qué hacer desde el derecho?

Antonio Peña Jumpa
Profesor del Departamento de Derecho, máster en Ciencias Sociales y PhD in Laws

El pasado 19 de Junio del 2010 se denunció el derrame de 400 barriles de petróleo (5,000 litros aproximadamente) de una embarcación de la empresa de transportes Sanám contratada por la empresa petrolera argentina PLUS PETROL, en la región amazónica de Loreto.

El hecho trajo consigo la contaminación de las aguas del río Marañón así como la afectación de la reserva Nacional Pacaya-Samiria (una de las más grandes del Perú), con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y daños subsecuentes no previstos como enfermedades y/o muerte de personas y animales de comunidades amazónicas que se alimentan de dichas aguas y peces.

Seis días después, el 25 de Junio del mismo año, ocurre otro desastre ecológico, esta vez en los Andes: colapsa la presa que contenía cientos de toneladas de desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica, propiedad del grupo económico Raffo, los mismos que fueron a parar primero al rio Escalera, luego a los ríos Totoropampa y Opomayo, en la región de Huancavelica, y posteriormente hasta el río Cachi, en la región de Ayacucho. El hecho produjo, nuevamente, la contaminación de las aguas de los ríos citados con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y enfermedades y posibles muertes de personas y animales de comunidades andinas cuyas actividades económicas agrícolas y ganaderas dependen de los ríos.

¿Qué corresponde hacer frente a estos dos hechos que como otros muestran la difícil relación entre producción minera y petrolera con la vida y el medio ambiente de comunidades o pueblos amazónicos y andinos afectados? La pregunta es más compleja si se tiene en cuenta, de un lado, que las autoridades del Estado tienen una posición muy débil o parcializada al respecto, y, de otro lado, tenemos una economía nacional dependiente de la producción y exportación de los minerales y petróleo para financiar nuestro presupuesto.

Desde el Derecho aplicable a los desastres, sugerimos las siguientes acciones:

1) Nunca olvidar la aplicación de un derecho de emergencia. Esto significa, dependiendo de la magnitud de los daños, declarar el Estado de Emergencia (la Constitución Política lo dispone bajo responsabilidad del presidente de la República) para movilizar a las autoridades políticas y a las fuerzas del orden, más allá de las acciones de seguridad previstas por la empresa involucrada, con el fin de abastecer de agua y recursos a las comunidades o pueblos afectados. Estas acciones deben coordinarse con la población damnificada organizada, dando prioridad a los ancianos, los niños y las mujeres.

2) Aplicar un derecho reparador o de indemnizaciones por los daños ocasionados. Las empresas involucradas como causantes deben garantizar un fondo de compensaciones que incluya el daño efectivo y el lucro cesante (reparación de pérdidas que se dejan de percibir) calculados por las autoridades del Estado en coordinación con los damnificados. El pago de daños a través del indicado fondo no libera de responsabilidad a las empresas involucradas por daños no estimados (daños futuros, daños a la persona y daños morales, por ejemplo), los que serían ventilados ante el Poder Judicial. Para esto último, es indispensable que las autoridades del Poder Judicial dispongan de juzgados y tribunales ad hoc para procesar legalmente los posibles reclamos.

3) Es fundamental promover un derecho sancionador a nivel administrativo y a nivel penal. De un lado, administrativamente son las autoridades del gobierno central en coordinación con las autoridades regionales las encargadas de aplicar eficientemente multas, suspensiones y/o clausuras a las empresas petroleras o mineras involucradas. Dentro de estas medidas puede exigirse la formación del fondo de compensaciones antes mencionado. De otro lado, penalmente son las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial las competentes de identificar a las personas naturales responsables por comisión u omisión de la materialización de los delitos contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra la ecología, contra la vida el cuerpo y la salud, y contra la administración pública. Los altos funcionarios públicos y de las empresas petroleras y mineras involucradas deben dar el ejemplo sometiéndose y facilitando la investigación.

Si las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas involucradas no cumplen su misión y funciones, cabe, por último, una vía constitucional y legal alternativa o complementaria. Las comunidades damnificadas a través de sus propias autoridades pueden asumir la resolución de los conflictos por daños ambientales que hubieren ocurrido en su territorio, tal como lo faculta el artículo 149º de la Constitución Política del Perú.

La boca del cocodrilo sigue abierta

Por Humberto Campodónico

Para el gobierno y, en general, para una gran cantidad de economistas, lo más importante es si el PBI crece o no. Así, en los últimos días hemos escuchado y leído que otra vez hemos entrado a la senda del crecimiento de dos dígitos. Se habría retomado así la velocidad de crucero que hubo hasta el 2009, en que el impacto de la crisis internacional llevó a un crecimiento de solo 0.9%.

Así, ya estarían “arreglados” los problemas pues el supuesto central detrás del anuncio de un “gran” crecimiento es que éste llega a todos los peruanos, más o menos por igual. Otra forma de decir lo mismo es mencionar el crecimiento del ingreso per cápita, que consiste en dividir el PBI de un año entre los 29 millones de peruanos. Si ese ingreso per cápita sube, entonces se supone que todos estamos mejor.

Pero hay otras formas de analizar el crecimiento del PBI que proporcionan resultados no tan complacientes. Una de ellas es la medición por tipo de ingreso (el INEI ha publicado hace poco la data del 2009), que descompone el PBI en cuatro elementos: los salarios, el excedente de explotación (las ganancias), el consumo de capital fijo (la depreciación) y los impuestos pagados (IGV, renta y aranceles, principalmente).

En jerga económica, esto equivale a decir que el PBI se cuantifica a partir de los ingresos recibidos por los agentes económicos como retribución por su participación en el proceso de producción.

¿Cómo se han comportado los salarios en el periodo 1991-2009? Mal, porque su participación bajó del 30.1% del PBI en 1991 hasta 20.9% en el 2008 (1). En el 2009 se han recuperado un poquito, llegando al 22% del PBI. Estas cifras son bajas en relación a América Latina, donde en todos los países medianos la participación salarial está entre el 30 a 35% del PBI. Para no hablar de Europa y EEUU, donde supera el 50%.

Por el contrario, los excedentes de explotación (EE) han subido desde el 52.7% del PBI en 1991 hasta el 63% en el 2008, cayendo apenas a 62.8% en el 2009 (en el EE la participación de las empresas y de los independientes es del 52% y 11%, respectivamente). Puede decirse, entonces, que lo que han perdido los asalariados lo ha ganado el EE. Es importante ver también que, en los años de fuerte crecimiento (del 2002 al 2008), los salarios no aumentaron.

La dirección contraria de estos dos elementos se asemeja a una tijera abierta o a lo que en esta columna hemos llamado la “boca del cocodrilo”, la misma que sigue bien abierta en el 2009, a pesar de la muy leve mejoría de los asalariados.

El consumo de capital fijo se ha mantenido más o menos constante en 7% del PBI en la década del 2000. De su lado, los impuestos han sido el 9.2% del PBI en promedio en el mismo periodo. Pero, ojo, en el 2009, bajaron a 8.3% del PBI, como consecuencia de la caída en la actividad económica, sobre todo la minería (estos dos elementos no aparecen en el gráfico).

Como el PBI corriente del 2009 fue S/. 392,000 millones, según el INEI, tenemos que cada 1% del PBI equivale a S/. 3,920 millones anuales. Si los asalariados bajaron su participación del 30 al 22% del PBI entre 1991 y el 2009, dejaron de percibir S/. 31,300 millones, cifra que pasaron a ganar los empleadores.

En conclusión, los asalariados son los perdedores en el periodo 1991-2009, mientras el EE ocupa –de lejos– el podio de los ganadores. Es por eso que no se puede decir tan alegremente que “la marea alta hace subir por igual a todos los botes”. En la economía peruana, la marea alta hace subir unos cuantos botes, mientras la mayor parte va para abajo.

(1) Para un análisis más detallado, ver www.cristaldemira.com, 6/4/09 y 9/11/09.

"Hay alcaldes que han dicho no quiero gas"

Entrevista a Fernando Deustua.

El gerente de Asuntos Corporativos de Cálidda dice que la masificación del gas domiciliario se trabó por culpa de las municipalidades que no querían gas.

Omar Mariluz.

El compromiso inicial de Cálidda era llegar a las 70 mil conexiones al 2010, pero estamos bastante lejos de eso. ¿A qué se debe?
Cuando el anterior accionista de Cálidda, que es el grupo Suez, firma el contrato de distribución se compromete a tener una cierta cantidad de clientes potenciales, es decir esos 70 mil son potenciales, lo que significa estar en condiciones de conectar a esa gente.

¿Pero no fue en el 2002 que hubo una negociación para cambiar el término a potenciales?

Hubo una negociación entre el grupo Suez y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) porque no había una cultura del gas en el país. Tú no puedes obligar a la gente a que se conecte, tú puedes hacer lo posible por llegar a la puerta de la casa pero es todo un proceso.

En el contrato original no eran potenciales. ¿El compromiso sí era 70 mil conexiones fijas?

No sé cuántas eran las fijas, sí sé que hubo un cambio hacia potenciales, pero nosotros, en el contrato actual, hemos dicho que no tenemos ningún problema de que sean conexiones reales porque nuestro crecimiento está en las conexiones reales y no en las potenciales. El compromiso es incrementar en 91 mil conexiones domiciliarias hasta fines del 2013.
Hay 25 mil conexiones de gas

¿Cuántas conexiones hay actualmente en Lima?

Cuando los nuevos accionistas llegan en el 2007, llegan con una visión totalmente distinta, por ejemplo, a fines del 2006 había apenas 5 mil conexiones domiciliarias, hoy tenemos 25 mil 500; en el 2006 había apenas 4 grifos, hoy tenemos 120 grifos de GNV; había apenas 5 mil vehículos con GNV y hoy tenemos 90 mil.

¿Y las expectativas para fines del 2013?

La idea es llegar a cerca de 108 mil conexiones domiciliarias, a más de 510 industrias, más de 1000 comercios, más de 212 grifos y 160 mil vehículos con GNV. Para fines del 2013 pensamos que más de 1 millón de limeños se van a beneficiar del GNV.

¿Pero cuál ha sido la principal limitante para que la masificación del gas no sea realidad?

Tenemos dos grandes retos: terminar de generar la cultura del gas, todavía hay personas que le temen al gas o no saben que el gas es el combustible más seguro que hay. El otro gran problema es el de las municipalidades, yo diría que hay mucha burocracia. Ha habido alcaldes que nos han dicho no quiero gas en el distrito.

¿Eso significa que la masificación del gas en Lima depende de la voluntad de los alcaldes?

Claro, necesitamos que el nuevo alcalde de Lima logre tener un rol articulador con los municipios distritales, que logre tener un rol de coordinación, porque si no acá la masificación del gas está dependiendo de la voluntad de cada municipalidad.

“No hay problema de disponibilidad de gas”

¿Ustedes no tienen problema con el abastecimiento de gas?

No tenemos problemas de disponibilidad de gas, nuestro problema sería si queremos aumentar la cantidad de clientes conectados. Tenemos que aumentar la capacidad del sistemas pero eso ya está previsto.

Pero en la última licitación de gas del Consorcio Camisea ustedes solicitaron 140 millones de pies cúbicos día (mmpcd)...

Nosotros siempre pedimos mayor capacidad porque tenemos que ir ampliándonos siempre, pero no es que falte gas. Para la ampliación no tenemos problemas de disponibilidad de gas, tenemos que seguir expandiéndonos, tenemos que seguir pidiendo más gas, pero para la distribución que tenemos actualmente no tenemos ningún problema de disponibilidad de suministro.

ENTREVISTA: Ministro de Energía y Minas admite desigualdad entre precios del gas para el consumo interno y para la exportación

Por: Mariella Balbi

¿Por qué el gobierno ha dejado que el tema del gas se politice?
El tema del gas está politizado hace muchos años porque hay una campaña sostenida de partidos políticos que creen que la exportación no es buena.

¿Ninguna crítica de la oposición es válida?
El proyecto de exportación surgió a inicios del 2006, se adecuaron los contratos y se modificaron algunos términos para hacerlo viable. El Perú comprometió ese contrato y con este se financiaron enormes inversiones. La reacción de este gobierno siempre ha sido tratar de corregir lo no conveniente. En el régimen anterior se permitía la exportación del gas de los lotes 56 y 88. En el 2009, vía renegociación, este gobierno destinó el lote 88 solo para el mercado nacional.

¿Un poco tarde no? ¿Por qué no en el 2007?
Eso le corresponde al ministro anterior. Yo entré en octubre del 2008, mi preocupación fue resolver el tema de abastecimiento de gas y el de electricidad. En ese año la situación era bastante crítica. En electricidad normalizamos el servicio. El abastecimiento está garantizado hasta el 2016, con reservas del orden del 30%. En el 2008 el ducto de gas para atender el mercado interno estaba copado, con una capacidad de 250 millones de pies cúbicos (mpc), hoy la capacidad del sistema es 530. En las negociaciones del año pasado logramos ampliar la capacidad de suministro de gas para el mercado interno y que durante cinco años el lote 88, que tiene el precio regulado, no se use para la exportación.

¿Y por qué no de por vida?
Va a serlo. Hay trabajos de exploración del lote 56 para ampliar su reserva. Podrá abastecer la exportación 10 años y el lote 88 será para el mercado interno de por vida.

El gobierno recién reacciona y ha dispuesto que las regalías (impuesto a los recursos no renovables) por exportación no sean menores que las del consumo interno.
El gobierno anterior no estableció un nivel mínimo de regalías para exportación. Incluso estas podrían bajar si el precio internacional [Henry Hub] descendía. No era un buen contrato, por eso lo estamos revisando.

La tardanza le ha dejado un espacio a la oposición bastante amplio.
El año pasado la crítica era el abastecimiento.

¿Por qué no admite que hubo demora?
El año pasado no se cuestionaba la regalía. Si lo discutíamos, hubiera sido muy difícil que se concretara algo porque el proyecto de exportación estaba en fase constructiva, con desembolsos de los bancos pendientes, y el proyecto podía pararse. Ahora es el momento de renegociar.

El canciller dijo que el consorcio Camisea aceptó la renegociación sobre las regalías.
Es correcto. El viernes ya se reunieron con Perú-Petro. Eso debe tomar un tiempo. En el consorcio Camisea hay siete empresas, deben ponerse de acuerdo. Yo veo disposición. Además, solo se ha exportado un barco, y nos faltan 18 años de exportación. Las regalías del mercado interno y exportación de líquidos, entre el 2004 y el 2010, fueron de 2.500 millones de dólares. Todos pagan regalías en boca de pozo. El precio del gas en el mercado internacional está bastante bajo y de eso depende el valor de la regalía. El único lote que tiene precio fijo es el 88 y es para el mercado interno, en los demás el precio es libre.

Pero el gas de exportación está a US$0,53 por millón BTU (unidades térmicas británicas) y el del mercado interno es más caro.
El precio varía. Eso pagó el primer embarque. El segundo a España, la próxima semana, pagará US$1,70 por millón de BTU y la regalía será US$0,70. La regalía del primer embarque fue de US$0,27 por millón de BTU. La regalía promedio para el consumo interno a junio es de US$0,59 por millón de BTU. Con lo que se envía a España no tendremos problemas con las regalías, pero para prevenir queremos establecer un piso y que con la fluctuación del precio en el mercado internacional el país no se perjudique.

El precio del gas para el mercado interno es mayor que el de exportación.
Porque usted está comparando con el precio del primer embarque y con un precio internacional del gas tan bajo como hoy. En boca de pozo del lote 88 el gas doméstico paga US$0,80 por millón de BTU, el gas para las eléctricas US$1,47 y para los industriales US$2,50.

Pero admite que actualmente hay una situación de desigualdad para el mercado interno.
Sí, hay un tema de desigualdad. Por eso queremos negociar un piso para evitar una situación así, pero note que con un precio mayor de exportación, como con el segundo embarque a España, la regalía se nivela.

¿Por qué el precio del gas del lote 88 es tan alto para los industriales y tan benéfico con las eléctricas de ciclo simple que dilapidan gas?
El contrato original tiene esos precios, no me pregunte por qué. El lado positivo es que tenemos tarifas eléctricas mucho más bajas que otros países. Ahora bien, una política de precios para combustibles está en función de los sustitutos. Si un industrial quisiera usar petróleo residual, le saldría tres veces más caro.

Pero para el exportador el precio es más competitivo aun.
Para el mercado interno el precio se corrige a través de la regalía, que es el tema que puede controlar el Estado porque el precio del gas en el mercado mundial lo fija el valor Henry Hub.

¿Los precios del gas del 88 para el mercado interno son fijos totalmente?
Sí, hay un pequeño reajuste de 5% cada año. Son precios bajos para promover el consumo de gas. El contrato establece que este precio es para 10 años. El precio del gas natural para el mercado interno es muy competitivo. Podría ser más barato, pero no es bueno para la economía. En Argentina congelaron el precio, subió la demanda y las reservas se le cayeron.

El industrial que quiere gas debe entrar a una subasta y las bases le cuestan 10 mil dólares, si no la gana pierde ese dinero. Los pequeños industriales se perjudican.
El pequeño industrial está atendido a través de las conexiones en Lima.

Solo 14 distritos, básicamente de nivel alto, reciben gas vía Cálidda.
Las cañerías de servicio público siguen a los consumidores de gas industrial, también las estaciones de GNV. No todas las industrias usan gas. Si una empresa, para los volúmenes que están queriendo contratar, no tiene 10 mil dólares, que se dedique a otra cosa. Además, al inicio, cuando las condiciones eran ventajosas, muchas empresas solo firmaron contrato por cinco años y no por veinte. Ahora que tienen que entrar a concurso no les gusta.

¿Son conscientes de que si la renegociación de las regalías con el consorcio Camisea demora la oposición se favorece?
Considere que los próximos 15 embarques para Europa tendrán un precio mayor que el mercado interno y pagarán más regalías. Esto cambiará esa percepción. El precio del gas está inusitadamente bajo, eso subirá en el futuro, con lo cual se corregirá automáticamente la desigualdad. Pero insisto, queremos renegociar el tema de las regalías para no perjudicarnos.

Repsol envió una carta al gobierno en la que plantea cambiar el lote 88 por el lote 57.
Eso fue en febrero del 2008 y pedían renegociación. Ahora es irrelevante porque este gobierno renegoció que el lote 88 esté destinado al mercado nacional junto con el lote 57. El precio de este último es libre. Ya hay volúmenes del 57 que han sido contratados.

Sin embargo, su ex viceministro Pedro Gamio plantea este enroque como la gran solución.
Le repito, ya no tiene importancia. ¿Por qué no aceptó eso cuando se lo ofrecieron en febrero del 2008? El cita un estudio en el que se dice que usar gas más caro del lote 57 le podría costar 7.000 millones de dólares a la economía peruana. Que me alcance el estudio, no lo conozco. Pero ya no tiene sentido, ambos lotes quedan para el consumo del Perú.