El presidente regional de Lima, Javier Alvarado, inspeccionó los trabajos de descolmatación de la bocatoma del canal Nuevo Imperial y la recuperación y colocación del terraplén en el kilómetro 25 de la carretera a Lunahuaná, afectada por la crecida del río Cañete.
En compañía del jefe de la Unidad Ejecutora Lima Sur, Sabino Julián Castilla, verificó el retiro del material que anegó la bocatoma, un canal importante de la zona que sufrió el desembalse del río.
Dicha emergencia dejó sin agua a los agricultores y a las poblaciones de los distritos de Imperial, Nuevo Imperial, Quilmaná, San Luis, Cerro Azul y San Vicente de Cañete, la capital provincial.
Alvarado también supervisó los trabajos de mejoramiento de la carretera a Lunahuaná, en el sector de Socsi, a cargo de Provías Nacional. La vía, que une las provincias de Cañete y Yauyos, sufrió serios daños por la crecida del río.
El gobierno regional destinó un tractor oruga de 70 toneladas, reparado para los trabajos descolmatación y habilitación de la bocatoma Nuevo Imperial, una tarea conjunta con la comuna provincial de Cañete, la junta de usuarios y la Administración Local del Agua.
Tres y cuarenta y cuatro de la mañana. Una cerveza más. En las barras de Café del Mar, acaso uno de los locales nocturnos más concurridos de Asia, los tragos no dejan de salir. La gente los pide, entonces se les vende. Poco parece importar que sea fuera de la hora permitioa por la ley.
En Asia no se puede vender bebidas alcohólicas desde las 3 a.m. hasta las 6 a.m., de acuerdo con la Resolución de Alcaldía 002-2000 A/MDA. Y así ocurre, según el gerente municipal de Fiscalización de Asia, Leonardo Verástegui. En su opinión, los bares y discotecas del distrito respetan la norma. Para afirmarlo, se apoya en las actas que funcionarios de su área levantan luego de inspeccionar los locales. Ni una sola mención a la venta de licor fuera de las horas establecidas.
Sin embargo, El Comercio recorrió algunos de los locales inspeccionados, y el panorama era otro. La escena que se vio en Café del Mar también se repitió en Nikita y en el local de Tabernero.
El mayor PNP Rafael Gonzales, encargado de la comisaría de Asia, sospecha que la convocatoria de las operaciones de fiscalización se filtra a los locales. Por eso, dice, que cuando llegan no encuentran nada anormal. Pero asegura tener información de inteligencia acerca de la venta de alcohol fuera de horas establecidas.
Y la venta no es solo en esos locales. En la estación de servicio del grifo Primax, ubicada en el ingreso del bulevar de Asia, también sucede. Comprar ahí unas cervezas pasadas las 5:00 a.m. no requiere más que tener el dinero para pagarlas.
LA GENTE, CON BOTELLAS EN MANO
Mientras por las calles y el bulevar la gente se pasea botellas en mano, afuera del grifo se toma sobre los capós de los vehículos. Ambas acciones están prohibidas por la Ordenanza 003-99-AL/MDA. Sin embargo, sorprende la ausencia de serenos y policías (la comisaría de Asia solo cuenta con 10 personas de servicio).
Alejandro Sánchez-Salazar, gerente general de la Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur (Aprils) –formada por 29 clubes de playa ubicadas desde el kilómetro 93 hasta el kilómetro 100 de la Panamericana Sur–, comentó que aún no hay un orden estricto en las actividades nocturnas en Asia y que espera que la comuna pronto pueda hacer algo al respecto.
Sin embargo, Asia no es un espacio sórdido, como muchos pudieran pensar. Un amague de pelea en el bulevar fue resuelto por personal de seguridad en pocos segundos. Más allá de algún tipo excedido en tragos que decidió pasear en calzoncillos ante las risas exageradas de un amigo, no hubo mayores sorpresas.
LOS MENORES Y EL ALCOHOL
La presencia de menores de edad tomando dentro y fuera de los locales no supone mayor novedad. Verástequi reconoce que tras el reportaje de un programa periodístico, hace unos fines de semana, en que se mostró a menores de edad bebiendo licor, se retomaron las intervenciones. Pero tampoco eso ha sido comprobado.
“Sabemos que hay menores que toman, pero ellos traen sus tragos”, dice el funcionario. En el grifo citado líneas arriba solo se pedía DNI en las cajas según cómo veían al comprador. Si parecía menor se le pedía, si no, no.
Javier Zavala Martínez, fiscal de Familia de Mala que acompañó al personal municipal y policial en varias inspecciones hace dos fines de semana, dijo que si bien no se pudo corroborar la presencia de menores en locales donde se les vende alcohol, su despacho sí cuenta con información precisa al respecto. La misma respuesta se obtuvo de la policía, que aduce filtración de información sobre las intervenciones.
Uno de estos locales identificados es el Juanito, que, aunque ya fue sancionado, sigue funcionando. Un letrero anuncia que ahí no se vende alcohol a menores y que no se entrará sin DNI. Pero a nadie se le pidió el documento.
Por la mañana, como epílogo de la juerga, se ve a chicos caminando en busca de algo de comer y beber. Otros buscan que seguir la fiesta en la calle. Alguno que otro se queda dormido en su carro. La noche acaba bien entrada la mañana.
A las 11 y 37 de la noche, un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter sacudió la provincia limeña de Cañete, informó el Instituto Geofísico del Perú.
El corresponsal de RPP Noticias informó que los pobladores salieron de sus casas para colocarse en lugares seguros
En reunión con los alcaldes y dirigentes comunales dijo que llevará ayuda a cada uno de los pueblos afectados.
Población de Yauyos afectada por las lluvias, huaycos y desbordes de ríos recibirá ayuda del Gobierno Regional de Lima mediante puente aéreo, gracias a la gestión realizada por el presidente Javier Alvarado ante la Policía Nacional del Perú.
Los vuelos trasladando arroz, lentejas, pallares, frijoles, conservas de pescado, frazadas, carpas, colchones, camas, entre otros enseres además de medicamentos entregados por la Red de Salud Cañete-Yauyos, partirán la mañana de este sábado apenas el clima lo permita, pues la nubosidad impidió hoy realizar el traslado aéreo del titular regional y con él la ayuda a los damnificados.
El helicóptero de la PNP se encuentra en las instalaciones del estadio Roberto Yañez de Cañete desde donde partirá hacia las zonas como Huantán y Tana, centro poblado del distrito de Lincha en la provincia de Yauyos, una de las más afectadas por los embates de la naturaleza, pues el río que atraviesa la ciudad colapsó desbordándose y arrasando a su paso con viviendas y negocios del sector.
“Gracias a la policía que nos ha permitido conseguir que uno de sus helicópteros nos ayude a trasladar víveres y enseres a nuestros hermanos de Yauyos que han sido los más afectados con las lluvias y huaycos. No descansaremos hasta recuperar la comunicación de estas poblaciones. Agradezco a los alcaldes de los pueblos afectados, porque junto a ellos estamos haciendo un trabajo conjunto en beneficio de sus comunidades. Estamos gestionando la compra de maquinarias para ayudar en el encausamiento de los ríos y la limpieza de las carreteras, solo esperamos que el caudal de los ríos no siga subiendo y que el Gobierno Nacional también se sume a esta tarea conjunta en la que nuestros agricultores han mostrado el mejor de sus esfuerzos”, precisó el titular del Gobierno Regional de Lima.
TRABAJO CONJUNTO
Es preciso informar que el presidente Javier Alvarado mantiene permanente comunicación con las autoridades de toda la región monitoreando personalmente las acciones de ayuda y verificando los daños producto de los desastres naturales, disponiendo las labores necesarias para restablecer la comunicación con las poblaciones golpeadas principalmente por el desborde de los ríos.
Muy temprano, la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lima se reunió en la oficina de la Unidad Ejecutora Lima Sur ubicada en San Vicente con el gerente de esta entidad, Sabino Julián, el coordinador zonal del Gobierno Regional en Yauyos, Miguel Arguieto, el alcalde de Huantán, Nóver Arroyo; Jorge Lume, presidente de los Residentes de Tana; Patricio Vilcapuma, agente municipal de Viñac; William Daga, Director Municipal del distrito de Hongos; Sofía Rodríguez, regidora provincial de Yauyos; Domiciano Orellana Oré, alcalde del centro poblado de Tana; Edison Silca, alcalde de Cacra; Bernardino Taquire, alcalde del distrito de Madeán; Maximiliano Vicente, presidente de la comunidad de Lincha y el Gobernador de Lincha, además del alcalde del distrito de Lincha, Saturnino Ninasque.
Alvarado se comprometió a visitar cada uno de los pueblos damnificados llevando ayuda de los almacenes de avanzada que Defensa Civil del Gobierno Regional tiene, además de los víveres que particularmente ha conseguido el titular de la región
Por la magnitud de daños que vienen ocasionado las intensas lluvias y el desborde de ríos en varias provincias de la región Lima, el pleno del Consejo Regional, acordó esta tarde declarar en emergencia a las nueve provincias de la región, por un lapso de 60 días.
El acuerdo de consejo N°21-GR/CR señala, artículo primero: declararse en emergencia a las provincias del Gobierno Regional de Lima a fin de proteger y restaurar todas las infraestructuras que correspondan al interés y servicio público de índole regional, que se encuentran afectadas y/o en riesgo por causa de los desastres climáticos que padecen las provincias en la actualidad.
El jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil, César García fue el encargado en dar a conocer al pleno del consejo la actual situación que se viene presentado en la región a causa de este fenómeno natural
César García, manifestó que todas las provincias de la región Lima vienen siendo afectados con caídas de huaycos, deslizamientos de ríos, interrupción de carreteras y entre otros daños materiales. Asimismo dio a conocer, que en las provincias de Yauyos, Huarochirí y Huaura hay comunidades aisladas sin servicios básicos como agua potable, luz, etc.
“Por disposición del presidente Javier Alvarado, hemos instalado almacenes de avanzada en los nueve provincias de la región. De igual modo hemos realizado trabajos preventivos en Cañete, Pativilca, Huaura y entre otras, pero este año los estragos del fenómeno de la naturaleza es muy superior al de los años anteriores, por eso como técnico sugiero se declare en emergencia la región Lima” sostuvo César García. Durante el debate, cada uno de los consejeros también dieron a conocer los daños producidos en sus respectivas provincias y las necesidades que actualmente requieren.
“La región Lima está sufriendo los embates de la naturaleza y no podemos controlar. La cantidad de maquinarias es ínfima para la magnitud del daño y, vemos que no podemos abastecer, por eso mi posición es que aprobemos la declaración de emergencia” manifestó Liliana Torres Castillo, consejera de la provincia de Cañete.
Por su parte los demás consejeros tuvieron similar posición, lo que finalmente conllevo a que la declaratoria de emergencia sea aprobada por unanimidad.
Clubes difieren en medidas para evacuación y refugios. Concejo distrital señalizará vías de escape recién en abril
CARMEN GALLEGOS / HENRY LÓPEZ TAFUR
El Comercio
Los terremotos seguidos de tsunami en Chile (2010) y Japón (2011) son una lección de la naturaleza que no han pasado por alto algunos residentes del distrito de Asia, situado al sur de Lima.
“Somos conscientes de que tener una casa de playa es un riesgo. Hasta hace tres años no pensábamos en un tsunami. Lo de Chile y Japón nos ha cambiado el chip”, dice Doris Elías, quien tiene una casa de playa en el club Mar Azul.
Otros son más optimistas, como Sebastián Basombrío, residente del club Las Palmas. “No creo que un tsunami nos afecte porque tenemos una barrera natural bajo el mar”, afirma.
Lo cierto es que, al recorrer el distrito de 7.000 habitantes, se observó que no hay señales que adviertan a los vecinos sobre las rutas de evacuación ni las zonas seguras en caso de un tsunami.
¿Asia tiene algún plan de evacuación? En realidad, cuenta con varios, que son diferentes.
El último estudio lo elaboró el ingeniero Julio Kuroiwa, experto en reducción de riesgos y prevención de desastres, para ello tomó como base un sismo de 7,5 en la escala de Richter con un epicentro frente al balneario. En este escenario, los veraneantes tendrían 21 minutos para evacuar en el sector norte y 26 minutos en el centro y el sur.
Además, el estudio propone seis zonas de refugio que no cruzan la Panamericana Sur.
“Las zonas de refugio que hemos escogido cubren terremotos de mayor magnitud. Asia tiene una costa plana, casi lineal, por lo que la gente que corra hacia el este estará a salvo. Lo ideal sería que en 21 minutos se alejen 1,5 km”, afirma el experto.
MÁS PLANES EN ASIA
Para Alejandro Sánchez, gerente general de la Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur (Aprils),que agrupa a 30 clubes, el tema no es una novedad.
“Tenemos un plan de evacuación del 2007. Cada club tiene su ruta de evacuación hacia cinco zonas de refugio. Cuatro de ellas cruzan la Panamericana Sur. Para nosotros, es necesario cruzar esta vía”, afirma Sánchez.
Según el tríptico repartido en todos los clubes, los residentes cuentan con un tiempo de evacuación de entre 20 y 30 minutos.
¿Han realizado ensayos de evacuación? ¿Cuentan con un sistema de alarma integrado?
“Cada club ha hecho su propia señalización. Algunos han realizado simulacros. Algunos han comprado sirenas y otros no. Cada club maneja un sistema de seguridad de manera independiente”, advierte.
En tanto, José Arias Chumpitaz, alcalde de Asia, afirma que el concejo cuenta con un plan de evacuación de tsunami del año 2011 en el que hay dos zonas de refugio establecidas y un tiempo de 15 minutos para evacuar.
“En la zona norte, el área de refugio queda en Santa Cruz de Asia; y hacia el sur, en Pasamayito. Ambas están cruzando la Panamericana Sur”, detalla.
El alcalde adelantó que en abril se señalizarán las calles del distrito con las rutas de evacuación y las zonas de refugio, de acuerdo con el plan municipal.
LA INTEGRACIÓN ES CLAVE
En el Callao, se encuentra la zona más vulnerable de todo el país: La Punta. En caso de tsunami, sus 4.700 vecinos tendrían solo 15 minutos para evacuar esta zona.
¿Cómo han manejado este asunto? La región Callao cuenta con un plan integral que incluye una alerta con siete sirenas, señalética, rutas de evacuación y refugios establecidos.
Walter Mori, vicepresidente del Comité Regional de Defensa Civil Callao, señala que este sistema se desarrolló hace 5 años con asesoramiento del ingeniero Kuroiwa. “La idea es tener un solo plan con el que se sensibilice a la población. No puede haber varios planes superpuestos”, afirma.
En el caso de Lima, hay un plan de gestión de riesgo de la municipalidad metropolitana que incluye tsunamis. Sin embargo, solo se ha avanzado con la señalización de rutas de escape en Miraflores y San Isidro. “Necesitamos profundizar en el tema. Actualmente se está articulando el plan en los distritos costeños”, afirma Gabriel Prado, gerente de Seguridad Ciudadana del Concejo de Lima.
CLAVES
Un sismo no avisa, un tsunami sí
En el 2003, PNUD y el Indeci realizaron el estudio “Mapa de peligros, plan de prevención de desastres: usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación para Asia”.
De ocurrir un sismo de 7,5 grados, la primera ola del tsunami llegaría en 26 minutos. Pero si el terremoto fuera de 8 u 8,5 grados, la primera ola llegaría en 10 minutos.
La mayoría de planes coinciden en que no se debe usar vehículos para evacuar
Baltasar Garzón acaba de hacer pública una nota como respuesta a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le considera culpable de un delito de prevaricación por ordenar grabar las conversaciones entre la trama Gürtel y sus abogados, por lo que le condena a 11 años de inhabilitación. Este es el comunicado:
NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO
Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro.
Para sus jueces, Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero , “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”
El tribunal dice que no se podía grabar “sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos” . “!No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”, añade el texto.
El Supremo sostiene que “la injusticia” de Garzón consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”. “Lo cual”, añaden, “resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho”.
El tribunal entiende que no se puede reducir con carácter general el derecho de defensa “exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que determinan su permanencia en prisión provisional”.
“Bastaría entonces para justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos” añade el texto. “Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida en la Constitución”.
En suma, la resolución es injusta “ en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
Como “elementos añadidos” el Supremo dice que la aplicación de la ley por Garzón se efectuó “separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo”. A su entender la actuación de Garzón se revela “a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados, especialmente al derecho-deber al secreto profesional como esencial para una correcta defensa”.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
“Monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad” “inconstitucional”… La acusación del juez Baltasar Garzón no se ha ahorrado durante el juicio descalificaciones al presentar al acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”. Eso sí, siempre entre cantos al compañerismo y siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les produce tener que acusar a un compañero como Garzón, con el que compartieron tantas tareas en la Audiencia Nacional. Pero como hoy visten la toga que visten, pues no tienen más remedio que evitar que se violen sus derechos constitucionales.
Los fiscales del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron la legalidad de la actuación del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama Gürtel porque su actuación fue “proporcionada” a la gravedad de los delitos y han pedido al alto tribunal la absolución del magistrado.
En su informe, Antolín Herrero mantuvo que el juez Baltasar Garzón no vulneró la ley, ante un vacío de interpretación que da margen al juez para llevar adelante la instrucción garantizando los derechos de los imputados.
El fiscal dejó claro que el acusador Ignacio Peláez no fue “expresamente llamado” cuando se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, porque no eran clientes suyos y su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, no estaba preso. Según el fiscal, “la condición de defensor no corresponde a ese letrado y por eso, a él, la peculiaridad de las comunicaciones no le atañe”.
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