A las 11 y 37 de la noche, un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter sacudió la provincia limeña de Cañete, informó el Instituto Geofísico del Perú.
El corresponsal de RPP Noticias informó que los pobladores salieron de sus casas para colocarse en lugares seguros
En reunión con los alcaldes y dirigentes comunales dijo que llevará ayuda a cada uno de los pueblos afectados.
Población de Yauyos afectada por las lluvias, huaycos y desbordes de ríos recibirá ayuda del Gobierno Regional de Lima mediante puente aéreo, gracias a la gestión realizada por el presidente Javier Alvarado ante la Policía Nacional del Perú.
Los vuelos trasladando arroz, lentejas, pallares, frijoles, conservas de pescado, frazadas, carpas, colchones, camas, entre otros enseres además de medicamentos entregados por la Red de Salud Cañete-Yauyos, partirán la mañana de este sábado apenas el clima lo permita, pues la nubosidad impidió hoy realizar el traslado aéreo del titular regional y con él la ayuda a los damnificados.
El helicóptero de la PNP se encuentra en las instalaciones del estadio Roberto Yañez de Cañete desde donde partirá hacia las zonas como Huantán y Tana, centro poblado del distrito de Lincha en la provincia de Yauyos, una de las más afectadas por los embates de la naturaleza, pues el río que atraviesa la ciudad colapsó desbordándose y arrasando a su paso con viviendas y negocios del sector.
“Gracias a la policía que nos ha permitido conseguir que uno de sus helicópteros nos ayude a trasladar víveres y enseres a nuestros hermanos de Yauyos que han sido los más afectados con las lluvias y huaycos. No descansaremos hasta recuperar la comunicación de estas poblaciones. Agradezco a los alcaldes de los pueblos afectados, porque junto a ellos estamos haciendo un trabajo conjunto en beneficio de sus comunidades. Estamos gestionando la compra de maquinarias para ayudar en el encausamiento de los ríos y la limpieza de las carreteras, solo esperamos que el caudal de los ríos no siga subiendo y que el Gobierno Nacional también se sume a esta tarea conjunta en la que nuestros agricultores han mostrado el mejor de sus esfuerzos”, precisó el titular del Gobierno Regional de Lima.
TRABAJO CONJUNTO
Es preciso informar que el presidente Javier Alvarado mantiene permanente comunicación con las autoridades de toda la región monitoreando personalmente las acciones de ayuda y verificando los daños producto de los desastres naturales, disponiendo las labores necesarias para restablecer la comunicación con las poblaciones golpeadas principalmente por el desborde de los ríos.
Muy temprano, la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lima se reunió en la oficina de la Unidad Ejecutora Lima Sur ubicada en San Vicente con el gerente de esta entidad, Sabino Julián, el coordinador zonal del Gobierno Regional en Yauyos, Miguel Arguieto, el alcalde de Huantán, Nóver Arroyo; Jorge Lume, presidente de los Residentes de Tana; Patricio Vilcapuma, agente municipal de Viñac; William Daga, Director Municipal del distrito de Hongos; Sofía Rodríguez, regidora provincial de Yauyos; Domiciano Orellana Oré, alcalde del centro poblado de Tana; Edison Silca, alcalde de Cacra; Bernardino Taquire, alcalde del distrito de Madeán; Maximiliano Vicente, presidente de la comunidad de Lincha y el Gobernador de Lincha, además del alcalde del distrito de Lincha, Saturnino Ninasque.
Alvarado se comprometió a visitar cada uno de los pueblos damnificados llevando ayuda de los almacenes de avanzada que Defensa Civil del Gobierno Regional tiene, además de los víveres que particularmente ha conseguido el titular de la región
Por la magnitud de daños que vienen ocasionado las intensas lluvias y el desborde de ríos en varias provincias de la región Lima, el pleno del Consejo Regional, acordó esta tarde declarar en emergencia a las nueve provincias de la región, por un lapso de 60 días.
El acuerdo de consejo N°21-GR/CR señala, artículo primero: declararse en emergencia a las provincias del Gobierno Regional de Lima a fin de proteger y restaurar todas las infraestructuras que correspondan al interés y servicio público de índole regional, que se encuentran afectadas y/o en riesgo por causa de los desastres climáticos que padecen las provincias en la actualidad.
El jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil, César García fue el encargado en dar a conocer al pleno del consejo la actual situación que se viene presentado en la región a causa de este fenómeno natural
César García, manifestó que todas las provincias de la región Lima vienen siendo afectados con caídas de huaycos, deslizamientos de ríos, interrupción de carreteras y entre otros daños materiales. Asimismo dio a conocer, que en las provincias de Yauyos, Huarochirí y Huaura hay comunidades aisladas sin servicios básicos como agua potable, luz, etc.
“Por disposición del presidente Javier Alvarado, hemos instalado almacenes de avanzada en los nueve provincias de la región. De igual modo hemos realizado trabajos preventivos en Cañete, Pativilca, Huaura y entre otras, pero este año los estragos del fenómeno de la naturaleza es muy superior al de los años anteriores, por eso como técnico sugiero se declare en emergencia la región Lima” sostuvo César García. Durante el debate, cada uno de los consejeros también dieron a conocer los daños producidos en sus respectivas provincias y las necesidades que actualmente requieren.
“La región Lima está sufriendo los embates de la naturaleza y no podemos controlar. La cantidad de maquinarias es ínfima para la magnitud del daño y, vemos que no podemos abastecer, por eso mi posición es que aprobemos la declaración de emergencia” manifestó Liliana Torres Castillo, consejera de la provincia de Cañete.
Por su parte los demás consejeros tuvieron similar posición, lo que finalmente conllevo a que la declaratoria de emergencia sea aprobada por unanimidad.
Clubes difieren en medidas para evacuación y refugios. Concejo distrital señalizará vías de escape recién en abril
CARMEN GALLEGOS / HENRY LÓPEZ TAFUR
El Comercio
Los terremotos seguidos de tsunami en Chile (2010) y Japón (2011) son una lección de la naturaleza que no han pasado por alto algunos residentes del distrito de Asia, situado al sur de Lima.
“Somos conscientes de que tener una casa de playa es un riesgo. Hasta hace tres años no pensábamos en un tsunami. Lo de Chile y Japón nos ha cambiado el chip”, dice Doris Elías, quien tiene una casa de playa en el club Mar Azul.
Otros son más optimistas, como Sebastián Basombrío, residente del club Las Palmas. “No creo que un tsunami nos afecte porque tenemos una barrera natural bajo el mar”, afirma.
Lo cierto es que, al recorrer el distrito de 7.000 habitantes, se observó que no hay señales que adviertan a los vecinos sobre las rutas de evacuación ni las zonas seguras en caso de un tsunami.
¿Asia tiene algún plan de evacuación? En realidad, cuenta con varios, que son diferentes.
El último estudio lo elaboró el ingeniero Julio Kuroiwa, experto en reducción de riesgos y prevención de desastres, para ello tomó como base un sismo de 7,5 en la escala de Richter con un epicentro frente al balneario. En este escenario, los veraneantes tendrían 21 minutos para evacuar en el sector norte y 26 minutos en el centro y el sur.
Además, el estudio propone seis zonas de refugio que no cruzan la Panamericana Sur.
“Las zonas de refugio que hemos escogido cubren terremotos de mayor magnitud. Asia tiene una costa plana, casi lineal, por lo que la gente que corra hacia el este estará a salvo. Lo ideal sería que en 21 minutos se alejen 1,5 km”, afirma el experto.
MÁS PLANES EN ASIA
Para Alejandro Sánchez, gerente general de la Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur (Aprils),que agrupa a 30 clubes, el tema no es una novedad.
“Tenemos un plan de evacuación del 2007. Cada club tiene su ruta de evacuación hacia cinco zonas de refugio. Cuatro de ellas cruzan la Panamericana Sur. Para nosotros, es necesario cruzar esta vía”, afirma Sánchez.
Según el tríptico repartido en todos los clubes, los residentes cuentan con un tiempo de evacuación de entre 20 y 30 minutos.
¿Han realizado ensayos de evacuación? ¿Cuentan con un sistema de alarma integrado?
“Cada club ha hecho su propia señalización. Algunos han realizado simulacros. Algunos han comprado sirenas y otros no. Cada club maneja un sistema de seguridad de manera independiente”, advierte.
En tanto, José Arias Chumpitaz, alcalde de Asia, afirma que el concejo cuenta con un plan de evacuación de tsunami del año 2011 en el que hay dos zonas de refugio establecidas y un tiempo de 15 minutos para evacuar.
“En la zona norte, el área de refugio queda en Santa Cruz de Asia; y hacia el sur, en Pasamayito. Ambas están cruzando la Panamericana Sur”, detalla.
El alcalde adelantó que en abril se señalizarán las calles del distrito con las rutas de evacuación y las zonas de refugio, de acuerdo con el plan municipal.
LA INTEGRACIÓN ES CLAVE
En el Callao, se encuentra la zona más vulnerable de todo el país: La Punta. En caso de tsunami, sus 4.700 vecinos tendrían solo 15 minutos para evacuar esta zona.
¿Cómo han manejado este asunto? La región Callao cuenta con un plan integral que incluye una alerta con siete sirenas, señalética, rutas de evacuación y refugios establecidos.
Walter Mori, vicepresidente del Comité Regional de Defensa Civil Callao, señala que este sistema se desarrolló hace 5 años con asesoramiento del ingeniero Kuroiwa. “La idea es tener un solo plan con el que se sensibilice a la población. No puede haber varios planes superpuestos”, afirma.
En el caso de Lima, hay un plan de gestión de riesgo de la municipalidad metropolitana que incluye tsunamis. Sin embargo, solo se ha avanzado con la señalización de rutas de escape en Miraflores y San Isidro. “Necesitamos profundizar en el tema. Actualmente se está articulando el plan en los distritos costeños”, afirma Gabriel Prado, gerente de Seguridad Ciudadana del Concejo de Lima.
CLAVES
Un sismo no avisa, un tsunami sí
En el 2003, PNUD y el Indeci realizaron el estudio “Mapa de peligros, plan de prevención de desastres: usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación para Asia”.
De ocurrir un sismo de 7,5 grados, la primera ola del tsunami llegaría en 26 minutos. Pero si el terremoto fuera de 8 u 8,5 grados, la primera ola llegaría en 10 minutos.
La mayoría de planes coinciden en que no se debe usar vehículos para evacuar
Baltasar Garzón acaba de hacer pública una nota como respuesta a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le considera culpable de un delito de prevaricación por ordenar grabar las conversaciones entre la trama Gürtel y sus abogados, por lo que le condena a 11 años de inhabilitación. Este es el comunicado:
NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO
Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro.
Para sus jueces, Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero , “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”
El tribunal dice que no se podía grabar “sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos” . “!No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”, añade el texto.
El Supremo sostiene que “la injusticia” de Garzón consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados”. “Lo cual”, añaden, “resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho”.
El tribunal entiende que no se puede reducir con carácter general el derecho de defensa “exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que determinan su permanencia en prisión provisional”.
“Bastaría entonces para justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos” añade el texto. “Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida en la Constitución”.
En suma, la resolución es injusta “ en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
Como “elementos añadidos” el Supremo dice que la aplicación de la ley por Garzón se efectuó “separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo”. A su entender la actuación de Garzón se revela “a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados, especialmente al derecho-deber al secreto profesional como esencial para una correcta defensa”.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
“Monstruoso”, “infamante”, “injusto”, “barbaridad” “inconstitucional”… La acusación del juez Baltasar Garzón no se ha ahorrado durante el juicio descalificaciones al presentar al acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”. Eso sí, siempre entre cantos al compañerismo y siempre lamentando la “ingrata tarea” y el “gran malestar” que les produce tener que acusar a un compañero como Garzón, con el que compartieron tantas tareas en la Audiencia Nacional. Pero como hoy visten la toga que visten, pues no tienen más remedio que evitar que se violen sus derechos constitucionales.
Los fiscales del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron la legalidad de la actuación del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama Gürtel porque su actuación fue “proporcionada” a la gravedad de los delitos y han pedido al alto tribunal la absolución del magistrado.
En su informe, Antolín Herrero mantuvo que el juez Baltasar Garzón no vulneró la ley, ante un vacío de interpretación que da margen al juez para llevar adelante la instrucción garantizando los derechos de los imputados.
El fiscal dejó claro que el acusador Ignacio Peláez no fue “expresamente llamado” cuando se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, porque no eran clientes suyos y su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, no estaba preso. Según el fiscal, “la condición de defensor no corresponde a ese letrado y por eso, a él, la peculiaridad de las comunicaciones no le atañe”.
ENCUESTA EN ESPAÑA:
¿Cree que la condena a Garzón por las escuchas de Gürtel perjudicará a las investigaciones contra la corrupción?
Mucho 78.26%
Poco 2.609%
Nada 18.26%
Ns/Nc 0.8696%
*Esta encuesta no es científica, responde tan sólo a las respuestas de los lectores que desean exponer su opinión.
Caleta de Carquin en Huaura y Cerro Azul en Cañete, serán los pilotos del proyecto a nivel nacional
El Instituto Geofísico del Perú, ha identificado una zona de riesgo de sismo con la posibilidad de generación de tsunami, desde la zona sur de la Región Lima hasta la zona norte de la misma, verificando que estos sectores han concentrado altas condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la calidad de sus viviendas, infraestructura básica, servicios y sus sistemas económicos.
El proyecto PNUD-UNFPA-2012 de “Preparación para la respuesta y recuperación temprana ante terremotos y tsunamis en zonas seleccionadas de la costa peruana”, ha sido diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual viene siendo desarrollado a través de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud - Lima, quienes vienen iniciando el plan de actividades, a fin de desarrollar acciones de respuesta ante terremotos y tsunamis.
El Director General de la DIRESA – LIMA, Dr. Marco Antonio Montoya Cieza, informó que este proyecto, responde al esfuerzo y dedicación de obtener nuevas propuestas en el tema de mitigación de daños en desastres, buscando fortalecer las capacidades del gobierno nacional, regional, provincial y de organizaciones base, en preparación, respuesta y recuperación temprana ante los desastres.
“Este proyecto cuenta con un financiamiento de 800 mil euros, el cual fortalecerá los anillos de contención ante los desastres en las zonas de influencia, fortaleciendo a los hospitales Rezola de Cañete y Regional de Huacho, por ser los puntos finales de atención. También se implementará los establecimientos de salud de Carquin, en Huaura y Cerro Azul en Cañete, mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional para la preparación, respuesta y recuperación temprana frente a terremotos y tsunamis”, señaló el Dr. Marco Montoya.
Asimismo el Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria, Dr. Inocente Mercado López, remarcó que los productos esperados, son el Centro de Operaciones de Emergencia y Sistemas de Alerta Temprana ante Tsunamis, el cual estará equipado y operara de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno; asimismo el Sistema de información de recursos esenciales para la respuesta y recuperación temprana ante terremotos y tsunamis, implementados a nivel provincial y local; y por último los Planes de Operaciones de Emergencia, a nivel provincial, y Planes de Evacuación ante Tsunami, a nivel local, elaborados con la participación de las instituciones de las plataformas de Defensa Civil.
Finalmente precisó que esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), teniendo un plazo de ejecución hasta el mes de octubre 2012, y se afianza en que la DIRESA-LIMA es la única a nivel nacional, en tomar la iniciativa de realizar el Plan de Gestión de Riesgo ante Terremotos y Maremotos, el cual será desarrollado por la Dirección de Inteligencia Sanitaria y la Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, con la aprobación de la Oficina General de Defensa Nacional del MINSA.
La propuesta del congresista Vicente Zeballos sobre no más universidades es sumamente positiva, y urgente, si bien ya parece un poco tarde. El paisaje académico está sembrado de universidades y sucursales que no lo son realmente sino en su reconocimiento oficial, buena parte de ellas inútiles como vehículos de una instrucción efectiva y útil.
Pero frenar las universidades bamba no va a ser fácil, pues ellas son el foco de varios sueños poderosos, parte del llamado mito contemporáneo de la educación. Son millones los que desean un título universitario, en cualquier circunstancia, y además el Estado y la empresa lo exigen para acceder a los mejores empleos.
En medio de esos millones están los que desean obtener el título sin mayor esfuerzo, salvo el económico, y hacerlo a partir de una instrucción secundaria deficiente.
Así, ofrecerle una universidad a una provincia, o incluso al distrito que no la tiene, se ha vuelto un recurso político socorrido. El Estado y la Asamblea de Rectores han apañado sin rubor alguno este proceso de añadirle agua al caldo de la educación superior.
Como en tantos ámbitos, en esto hay excepciones clasistas. Los títulos de las universidades más pobres no valen en el mercado laboral el papel sobre el que han sido impresos. Las empresas sobre todo discriminan, lo cual hace que haya en la universidad bamba un elemento de estafa a los jóvenes que pasan por ella.
Además de la estafa al alumno hay el perjuicio a la sociedad, cuya necesidad de contar con una educación superior en serio (i.e. a la altura de las expectativas personales y productivas) es grande, y se ve frustrada.
No solo hay que frenar la fábrica de universidades que no lo son realmente, sino que además hay que empezar a revisar en serio a muchas de las que ya existen. Llama la atención que el alumnado de muchas de estas universidades no proteste por el bajo nivel educativo.
Volviendo a los mitos de la educación, ¿qué es una universidad en el territorio? ¿Un derecho? ¿Un capricho? ¿Un apoyo a una identidad deficitaria? Antes que nada debería ser un instrumento del desarrollo. El personal de los jóvenes, y el colectivo de la comunidad.
La universidad como martingala política irresponsable o como negocio particular no cumple ese cometido. Las fundaciones de universidades le soban el lomo a la población, en especial la más simple, pero en pocos años demuestran ser antesalas de la frustración.
La propuesta del congresista Zeballos debe ser atendida, y entendida como una indispensable tregua en el proceso de construir una educación superior parte de la cual no siga defraudando a las mayorías. No es una propuesta fácil. Saludamos su valentía
