S/.4 MIL 254 MILLONES RECIBIRÁN ESTE AÑO LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES POR CANON MINERO

34% más que el 2010

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales recibirán este año, por concepto de canon minero, un total de S/.4 mil 254 millones, monto que representa un incremento del orden de 34% con relación al que les fue transferido en el 2010, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo a la legislación vigente, el canon es la participación a que tienen derecho los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas sobre los ingresos y rentas que obtiene el Estado por la explotación de los recursos mineros en determinadas jurisdicciones departamentales.

Los gobiernos locales y regionales de Ancash se beneficiarán con S/. 756 millones 046 mil, 3% menos que el año anterior; Arequipa con S/.662 millones 649 mil, monto superior en 91% al del 2010; La Libertad con S/. 459 millones 341 mil; 9% más; Cajamarca con S/. 417 millones 672 mil, 1% más; Moquegua con S/. 392 millones 507 mil, 60% más; Tacna con S/. 350 millones 102 mil, 76% más; y Puno con S/. 307 millones 170 mil, 69% más de lo que recibió el año anterior por el mismo concepto.

Cabe indicar que son los departamentos que obtienen mayor beneficio económico por concepto de transferencias por Canon Minero, de acuerdo a la naturaleza, características y volumen de la actividad minera, que asimismo, fomenta empleo adecuadamente remunerado, en forma directa e indirecta.

Por ser la minería una actividad económica ampliamente descentralizada y generadora de divisas para las regiones, también destacan por los fondos recibidos, la región Ica con S/. 201 millones 988 mil,200% más; Pasco con S/ 181 millones 705 mil, 21% más; Cusco con S/.170 millones 083 mil, 64% más; Lima con S/.97 millones 225 mil,48% más; Junín con S/. 78 millones 664 mil, 25% más; Ayacucho con S/. 57 millones,63% más.

Los índices de distribución del Canon Minero que se aplicarán este año fueron aprobados por Resolución Ministerial Nº 450-2011-EF/15.

Conforme a lo dispuesto en la 73ª Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2011, los recursos del canon deben ser destinados a financiar o cofinanciar proyectos de inversión pública, mantener la infraestructura de impacto regional y local (priorizando la infraestructura básica), y a la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertados.

El MEM considera que impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades y localidades cercanas a las minas debería ser el objetivo primordial a tener presente en el diseño y la formulación de los proyectos que se financien con los recursos provenientes del canon mine

SEDE REGIONAL: Amago en el Congreso, para no atacar al TC. (2)

Bien, dicho el tema respecto a la actuación del Congreso, veamos ahora la situación en el Tribunal Constitucional.

Como hemos dicho, la vista de la causa se dio el 28 de Enero del presente año. Después de allí no se ha movido absolutamente nada.

Pero, ¿qué puede hacer el TC?, veamos las posibilidades:

POSIBILIDAD UNO, que el TC acepte el pedido del GRL, de tal manera que anularía el fallo del DR. Jacinto Cama y volvemos a fojas cero.

POSIBILIDAD DOS, que el TC no acepte lo peticionado por el GRL, por consiguiente el expediente sigue su curso y la Sala Civil de Cañete debería emitir su posición si confirma o no el fallo del Dr. Cama Quispe, aunque el problema fundamental por el cual se anuló el fallo de la Sala Civil fue por “indebida motivación”, significa que su fallo debería solo de “motivarla”. Si confirma allí queda el asunto, Cañete Sede Regional, pues no hay posibilidad de otro amparo.

POSIBILIDAD TRES, que el TC entre a definir el asunto de fondo y no solo se remita a dar respuesta a si acepta o no el pedido del GRL.

Si entra a definir el fondo, se presentan otras tres posibilidades de fallo:

1º) Que se traiga abajo el fallo del Dr. Cama y envíe al Congreso a que defina el asunto. Esto no debiera suceder porque el problema es de interpretación de la ley y para eso está el TC como intérprete supremo de la constitucionalidad de las leyes.

2º) Que se traiga abajo el fallo del Dr. Cama y el mismo TC zanje el tema, como lo hizo con el asunto del expediente Nº 00013-2010-PI/TC sobre la Sede del Tribunal Constitucional donde planteó cuestiones esenciales a tomar en cuenta:

a) En el fundamento 5: “la regulación de la sede de un determinado órgano constitucional se encuentra dentro de lo ‘constitucionalmente posible’ es decir, como una competencia que se ha delegado por la Constitución, por ejemplo al legislador (Congreso) para que este la pueda establecer conforme a criterios concretos que atiendan su mejor funcionalidad”

Señala que es “evidente que la regulación y optimización del ‘funcionamiento’ de un órgano constitucional se encuentra relacionada con la determinación de la sede en la que dicho órgano desarrollará sus funciones”

Y plantea dos prohibiciones al legislador: i) el legislador “no puede fijar como sede una ciudad de difícil acceso”; y, ii) el legislador “no puede impedir o prohibir que dicho órgano constitucional pueda realizar sus actividades además en otras ciudades, que tenga sedes o locales adicionales”, acá nos habla de posibilidad de sub-sedes.

b) En el fundamento 13, señala que “la determinación de las ciudades en donde tiene su sede el TC está en función de los lugares de donde provienen el mayor número de expedientes sobre procesos constitucionales”, acá ya nos introduce el asunto de donde se encuentra la mayor carga administrativa.

c) En el fundamento 14, dice que “teniendo en cuenta la carga procesal y la ubicación territorial, el TC está obligado a mantener una sede permanente en Lima, pues la medida es proporcional a las exigencias de su servicio a la sociedad y a sus necesidades”

Esta interpretación constitucional realizada por el TC nos está llevando a un siguiente raciocinio: que Huacho por estar más cerca de las demás provincias y encontrarse allí la mayor carga administrativa será la sede de la región, así la Ley diga que le corresponda a Cañete.

3º) Que confirme el fallo del Dr. Cama y asunto finiquitado.

Como podemos observar, hay varias variantes en la baraja de este Tribunal Constitucional y no se necesita mayores elementos para saber por dónde va a ir su sentencia definitiva. Es aquí a donde debemos de apuntar

SEDE REGIONAL: Amago en el Congreso, para no atacar al TC. (1)

Una de las tácticas militares del Presidente y filósofo chino Mao Tse Tung era “amagar en el Este para atacar en el Oeste”, o que en términos militares occidentales se define como el uso de la táctica de la distracción; esto parece ser algunas opiniones que hoy han aparecido en algunos blogs cañetanos y leído por comunicadores, pero con un desarrollo nativo: “amago en el Este para no atacar en el Oeste” o hago la distracción acá para no atacar donde se debe hacer.

El asunto de la Sede Regional está en manos del Tribunal Constitucional y por ahora el Congreso no tiene nada que hacer así como lo lee: EL CONGRESO, POR AHORA, NO TIENE NADA QUE HACER EN EL TEMA DE LA SEDE.

Situación en el Tribunal Constitucional:
La vista de la causa del Expediente 04117-2010-AA/TC fue realizada el 28 de Enero 2011, y desde esa fecha no se emite la respectiva sentencia, al parecer el TC está viendo la coyuntura para resolver este tema.

Situación en el Congreso:
En este recinto hay o hubo 2 proyectos de Ley:
-Proyecto de Ley Nº 03011/2008-CR, que busca que Huacho sea la Sede Regional
-Proyecto de Ley Nº 03657/2009-GL, que busca que Cañete sea la Sede Regional.

Del “estudio” de ambos la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, emitió un Dictamen con direccionalidad pero con ambigüedad a la vez, el 17 de Abril de 2010 con un texto sustitutorio que MODIFICA el art. 32 de la Ley de Descentralización de Bases diciendo que:

“La sede del gobierno regional es la capital del departamento respectivo. En el caso de una región su sede de gobierno lo determina el Consejo regional, de igual modo se procede en el caso del Departamento de Lima. El acuerdo del Consejo Regional se adopta por los dos tercios del número legal de Consejeros. De ser el caso, el Consejo Regional puede acordar efectuar consultas previas a la población”

Si se la compara con lo que dice la Ley de Descentralización, veremos las contradicciones, mala redacción y una tremenda confusión:

“Artículo 32.- Sede regional
La sede del gobierno regional es la capital del departamento respectivo. En el caso del departamento de Lima, la sede del gobierno regional es la capital de la provincia de mayor población”

Direccionalidad, porque en los considerandos del Dictamen no puede rebatir la realidad misma y en la última parte del cuarto párrafo de la página 3 dice lo siguiente: “En consecuencia conforme el 32º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización le corresponde a la Provincia de Cañete ser la sede del Gobierno Regional, debiendo trasladarse a la ciudad de Cañete”. ¡¡ REDONDO ¡! La misma comisión la tiene claro: Cañete es sede regional. Pero luego hace un cuadro censal donde no coloca a Huaura (curioso olvido) para posteriormente decir que “las modificaciones en la población de sus provincias podrían ocasionar que cada determinado tiempo tenga que cambiarse de sede”, cuando la realidad de sus datos le dicen que la única que se dispara en población es Cañete, muy lejos de lo que sube Huaral, así que es FALSO que a futuro varíe de Sede, por eso colocaron el condicional “podría”.

Desde Abril hasta Setiembre 2010, Nelson Chui y cia. buscaron que el Dictamen de la Comisión vaya a la agenda del Pleno del Congreso y nunca la aceptaron; hoy no está en Agenda, no hay Pleno, pero solo funciona la Comisión Permanente y esta solo puede ver lo que está en Agenda del Pleno y si es que hay consenso en la Junta de Portavoces. Así que este Congreso no va a tocar el tema, quizás lo haga el próximo Congreso pero hasta esas alturas el TC ya ha debido de emitir su sentencia.

Ambigüedad, observen la redacción de la ley que hoy está vigente: es directa y la del sustitutorio es confusa, por esta situación es que el Consejo Regional de Chui en el 5º párrafo de la segunda página del Acuerdo Nº 203-2010-CR/GRL del 27 de diciembre 2010 dijo que el Dictamen “debe ser modificado mediante Ley por el Pleno del Congreso determinando que Huacho es la sede del Gobierno regional de Lima por estricto cumplimiento del art. 32 de la ley de bases de descentralización desde el 01 de Enero del año 2003”, para al final acordar en su art. 1º:

“Aprobar el Informe Final de la Comisión encargada de elaborar una iniciativa legislativa de modificación del art. 32 de la Ley Nº 27783 …”

Esto quiere decir que ni el mismo Chui, ni sus consejeros, ni los mismos huachanos, creen en ese Dictamen de la Comisión de Descentralización; pero acá en Cañete hay quienes quieren revivir un muerto del cual nadie se acuerda.

El asunto está en el Tribunal Constitucional y es allí donde se debe apuntar, y eso lo entendieron los huachanos quienes hicieron lobby en Febrero y Marzo, por eso digo que acá en Cañete hay quienes han desarrollado una nueva táctica militar: Amago en el Este para no atacar el Oeste. Amago en el Congreso para no ir al Tribunal Constitucional. Ataco a un muerto y no ataco al TC quien es el que va a resolver (por lo menos eso parece, aunque con este TC no se sabe con que saldrá).

DICTAMEN 03011 DC06MAY 11 05 10

PRIORIZAR OBRAS DE IMPACTO SOCIAL REGIONAL PIDE PRESIDENTE JAVIER ALVARADO A PRESIDENTE ELECTO OLLANTA HUMALA.

(Lima, domingo 26 de junio).

El presidente regional de Lima, Javier Alvarado Gonzales del Valle, saludó el anuncio del presidente electo Ollanta Humala de construir un hospital en cada provincia y reequipar los ya existentes. “Nos alegra saber que el nuevo gobierno priorizará el tema de salud y educación”, comentó durante su intervención en la reunión con los presidentes regionales que se realizó en el salón de conferencias del Museo de la Nación en Lima.

Alvarado también explicó que el Gobierno Regional de Lima ya levantó información sobre el estado en que se encuentra la infraestructura hospitalaria regional estimando que hacen falta 60 millones de soles para las mejoras.

Recomendó al presidente Humala luchar contra la corrupción a través de una norma constitucional que modifique el Código Penal y declare traidor a la Patria al corrupto que le robe al Estado.

Respecto al tema de seguridad ciudadana pidió fortalecer a las rondas campesinas equipándolas de manera adecuada.

En el campo educativo pidió incluir en la currícula escolar los cursos de Educación Cívica, Turismo y Tributación, este último en los niveles de 4to. y 5to. año de secundaria. “No hay conciencia tributaria, nuestros niveles de recaudación son los más bajos de Sudamérica, debemos elevar el 17% en el que nos encontramos en recaudación”, dijo.

Esbozó también proyectos que se viene ejecutando en su gestión como el represamiento de aguas en las partes altoandinas.

Nuestro presidente regional, Javier Alvarado Gonzales del Valle, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, llevó hasta la sala de reuniones, la maqueta de lo que sería el futuro Hospital Regional de Cañete, el mismo que contaba con un presupuesto de 75 millones de soles de FORSUR, monto que nunca fue invertido.

Los organizadores del encuentro dieron el uso de la palabra por espacio de 10 minutos a cada uno de los 25 presidentes regionales, tiempo que fue aprovechado para informar al futuro Jefe de Estado los proyectos regionales más importantes que han pensado ejecutar.

“Vendrán otras reuniones de trabajo con ustedes porque me interesa gobernar juntos, con la única camiseta política de todos, la del Perú”, concluyó Humala.


Al término de su intervención, hizo entrega de un presente por el cumpleaños del presidente Ollanta Humala que se celebrará mañana lunes 27 de junio.

Humala participará en encuentro nacional de presidentes regionales

La cita se realizará en la Sala de Ceremonias del Ministerio de la Cultura, ubicado en el Museo de la Nación, en el distrito de San Borja.


El jefe de Estado electo, Ollanta Humala, participará hoy en el Encuentro Nacional de presidentes de los gobiernos regionales, según informó la Oficina de Prensa de Gana Perú.

De acuerdo a la agenda de actividades, este primer encuentro nacional de presidentes de gobiernos regionales se llevará a cabo esta mañana a las 9.00 horas.

La cita se realizará en la Sala de Ceremonias del Ministerio de la Cultura, ubicado en el Museo de la Nación, en el distrito de San Borja.

Humala invoca a alcaldes provinciales no malversar recursos públicos

Líder nacionalista participó del I Encuentro de Alcaldes Provinciales del Perú, realizado en el Museo de la Nación, donde sostuvo un diálogo con autoridades ediles

El presidente electo, Ollanta Humala, pidió a los alcaldes del país hacer uso adecuado de los recursos para que no sean malversados.

El líder nacionalista participó del I Encuentro de Alcaldes Provinciales del Perú, realizado en el Museo de la Nación, en el que las autoridades ediles y el mandatario sostuvieron un diálogo por casi cuatro horas.

“Me comprometo con ustedes a viabilizarles el presupuesto (que necesitan) para que hagan las obras que faltan. Ustedes comprométanse a que esa plata no sea malversada. No podemos permitir que el narcotráfico y la corrupción se apoderen de nuestros municipios”, señaló.

Humala dijo que son los alcaldes quienes llevan el termómetro social del país, por lo tanto, es fundamental para el gobierno tener contacto directo con ellos.

"Más aún si provienen de lugares excluidos por el Estado. Este es un primer paso de lo que queremos construir en el país: una democracia participativa”, manifestó.

Humala se comprometió ante las autoridades locales a la construcción de un hospital en cada provincia del país, en coordinación con alcaldes y presidentes regionales.

También refirió que su gobierno le dará especial importancia a la construcción de carreteras, la agricultura, el comercio y la educación.

El mandatario electo añadió que su gobierno buscará generar en la población “la sensación de bienestar y que las personas vean que el desarrollo les alcanza. No es un favor del gobierno dar bienestar, desarrollo y seguridad al pueblo, es una responsabilidad”.

MVLL: La derrota del fascismo

La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas -un proceso electoral- el fascismo hubiera resucitado en el Perú.

"Fascismo" es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.

El régimen de Fujimori y Montesinos -da vergüenza decirlo- fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas -apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos- las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó una floración de una "prensa chicha" inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.

Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.

La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en 10 años de impunidad la asombrosa suma de unos 6.000 millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.

Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Éste ya no se encarna en svásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.

El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante 10 años.

Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir, la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa "elite" convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que éstos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de 300.000 campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.

¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: "En el Perú lo que falta es una política social". ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.

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HRW: ningún trato preferencial a Fujimori

Liberar de manera arbitraria al ex presidente Alberto Fujimori y eximirlo de cumplir la pena de prisión que le fue impuesta por violaciones de derechos humanos sería incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Perú, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW). Fujimori recibió tratamiento médico recientemente y se ha solicitado que se le conceda un “indulto humanitario”.

José Zepeda/Agencias


Si bien la liberación anticipada de presos gravemente enfermos por razones humanitarias constituye una práctica legítima, sólo debería concederse sobre la base de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que establezca el delicado estado de salud del preso y el riesgo que supondría continuar con la detención. No debería concederse al ex presidente un trato especial que no se brinde a otros presos condenados, ni tampoco debería entenderse que su liberación anticipada implica absolverlo de su responsabilidad penal por las violaciones de derechos humanos que cometió, afirmó Human Rights Watch.

“Cualquier intento por conceder a Fujimori un trato especial y desestimar la gravedad de los delitos aberrantes por los cuales fue condenado por la justicia peruana constituiría un grave retroceso para el estado de derecho”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La liberación anticipada sólo debería ser considerada si se otorga sobre la base de una evaluación médica exhaustiva, creíble y concluyente, y siempre que sea acorde con los estándares y procedimientos aplicables a los demás criminales condenados en Perú”.

Apoyo al indulto
En las últimas semanas, varios políticos prominentes han apoyado que se le conceda un “indulto humanitario” a Fujimori debido a su delicado estado de salud. En 2009, el ex presidente fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, que incluyen la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros.

El 9 de junio de 2011, Fujimori fue trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde fue sometido a estudios por “hemorragia bucal y un deterioro de su salud”, según se informó en un medio. El 14 de junio, un médico que lo atendió en el hospital afirmó que Fujimori no padecía cáncer terminal y que regresaría a su celda, donde continuaría recibiendo tratamiento médico.

Algunos de los políticos que pidieron su indulto son el Congresista José Vargas del partido del presidente García, y Rafael Rey, ex ministro de Defensa del gobierno de García y ex candidato a vicepresidente durante las últimas elecciones por el partido de Keiko Fujimori, hija del ex presidente, quien perdió en los comicios presidenciales. La ministra de Justicia Rosario Fernández informó a la prensa que no tenía conocimiento de que se haya presentado una petición formal de indulto para Fujimori, pero que la decisión de concederlo era una prerrogativa presidencial. Según versiones de los medios, el vicepresidente Luis Giampetri Rojas instó al Presidente electo Ollanta Humala a indultar a Fujimori.

Circunstancias específicas
Otros han señalado que si bien sería posible indultar a Fujimori, esta decisión solamente podría adoptarse en circunstancias específicas. El Fiscal de la Nación José Peláez Bardales declaró que un indulto a Fujimori “tendría que estar debidamente justificado” y que sus médicos debían presentar un informe explicando la gravedad de su enfermedad.

Según informes de los medios, el presidente electo Humala afirmó que “nadie tiene por qué morir en la cárcel, salvo los que tienen cadena perpetua por haber abusado de los menores de edad”. No obstante, Humala declaró posteriormente que el tema del indulto a Fujimori “no está en agenda”. Un asesor de Humala aclaró que Fujimori solamente sería indultado “en caso de una enfermedad terminal en el que le quede poco tiempo de vida... para que no muera en la cárcel”.

La Constitución peruana reconoce al presidente la facultad de otorgar indultos. Sin embargo, también señala que los derechos allí reconocidos deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Perú. Según el Derecho Internacional, los Estados deben investigar y sancionar a quienes cometen violaciones graves de derechos humanos, y esta obligación no debe ser frustrada mediante indultos, amnistías u otras disposiciones internas que confieran inmunidad a los responsables de tales abusos.

CIDH
Perú forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son vinculantes para Perú, determinó que, “son inadmisibles las disposiciones de amnistía... y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

El decreto que regula la potestad del presidente peruano de otorgar indultos por razones humanitarias reconoce además su facultad de excarcelar a procesados (derecho de gracia) y la de sustituir la pena privativa de libertad por otra de menor gravedad o por otra medida de seguridad.