Los familiares de las víctimas esperan que en febrero próximo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, denuncie al Estado peruano ante la Corte Interamericana, en Costa Rica, por violaciones a derechos fundamentales. El gobierno nacional, en tanto, busca el rechazo del caso en esa instancia internacional.
Este miércoles 26 de enero se cumplen 28 años de la masacre en Uchuraccay, a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Murieron los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, de El Diario de Marka; Jorge Mendívil y Willy Retto, de El Observador; Jorge Sedano, de La República; Octavio Infante, de Noticias de Ayacucho; y Amador García de la revista Oiga. También perecieron el guía Juan Argumedo y el uchuraccaíno Severino Huáscar, que se habría opuesto a la matanza.
Aquel verano de 1983, arreciaba la guerra contra Sendero Luminoso en las alturas de Ayacucho. Las Fuerzas Armadas tenían a cargo el control de varias provincias, declaradas en emergencia en diciembre de 1982. En la aldea de Huaychao, cerca a Uchuraccay, las autoridades reportaron la matanza de subversivos a manos del pueblo. Los reporteros viajaban al lugar de los hechos cuando encontraron la muerte.
Según las investigaciones oficiales, los comuneros de Uchuraccay mataron a los periodistas porque los confundieron con subversivos. Sin embargo, también se ha alegado cierta participación de los militares, acaso como promotores indirectos de que los comuneros ejecuten senderistas o incluso como integrantes activos de las hordas.
Fotografía del desquicie
Cuatro días después de la matanza, los cuerpos de los reporteros fueron hallados en cuatro fosas en Uchuraccay. Óscar Retto, padre de Willy, notó que faltaba la cámara fotográfica a color de su hijo. Cuando, tres meses después, un campesino le reveló a los fiscales dónde estaba, pudieron recuperar las imágenes del instante mismo en que la muerte los cercó.
Las nueve fotos que obtuvo Willy Retto muestran el encuentro entre los viajeros y los comuneros de Uchuraccay. “Son como un contacto desde más allá con mi hijo”, resume el padre, que no ha cejado en su búsqueda de justicia. Óscar Retto sostiene la tesis de la participación militar en la masacre, no solo azuzando sino de manera activa.
“Se ve alguien con un blue jean que no usan los campesinos. Los militares no querían que se revele las matanzas que hacían en los poblados de Ayacucho”, asevera Retto.
Para Susana Pastor, fotógrafa y profesora del Departamento de Comunicaciones de la PUCP, estas imágenes son el símbolo del desquicie que definía ese momento: inicios de la guerra contrasubversiva. “Son íconos de la historia fotografía peruana”, señala.
No obstante, destaca el valor de las imágenes en sí, fuera de las nociones teóricas. “Es el fotógrafo que hace imágenes hasta el último instante de su vida. Willy Retto sabía que estaba fotografiando para la historia. No podía ponerse la cámara al ojo; entonces, fotografía a escondidas. Además, tienen una carga dramática. Cada una representa una fracción dramática que es estar a punto de perder la vida”, dice Pastor.
Desenlace en espera
En 1988, el Poder Judicial confirmó la pena de prisión a los comuneros Dionisio Morales y Mariano Ccasani. Además, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Huanta, Ayacucho, para que procese a militares y policías por presuntos delitos contra la administración de justicia y los deberes de función y profesionales. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe 62/10 subraya que “el Estado no ha informado sobre otras medidas adoptadas al respecto”.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que en la matanza de los ocho periodistas “no se constata la presencia de infantes de marina ni miembros de la entonces Guardia Civil (sinchis) como perpetradores directos del hecho”. Sin embargo, menciona el respaldo e incentivos que autoridades militares y políticas dieron a los comuneros que ejecutaban subversivos. Asimismo, reveló que 135 uchuraccaínos murieron en 1983 y 1984, víctimas de Sendero, las rondas campesinas o los agentes.
Hasta el 2008, el Poder Judicial ha ordenado la captura de otros 14 comuneros que habrían participado en la matanza y están considerados “reos ausentes”. No obstante, 10 nombres figuran entre los 135 asesinados de Uchuraccay registrados por la CVR.
En febrero del 2003, la CIDH recibió una petición del Centro Federado de Periodistas de Lima, en representación de los deudos de los reporteros, que sindica al Estado como responsable de las muertes. En marzo del año pasado, la Comisión admitió la petición y dio al Estado un plazo hasta noviembre para que presente su posición. No obstante, el gobierno consiguió una prórroga que acabaría en febrero próximo. El dictamen de la CIDH puede llevar el caso al máximo tribunal: la Corte Interamericana.
Este miércoles 26 de enero se cumplen 28 años de la masacre en Uchuraccay, a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Murieron los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, de El Diario de Marka; Jorge Mendívil y Willy Retto, de El Observador; Jorge Sedano, de La República; Octavio Infante, de Noticias de Ayacucho; y Amador García de la revista Oiga. También perecieron el guía Juan Argumedo y el uchuraccaíno Severino Huáscar, que se habría opuesto a la matanza.
Aquel verano de 1983, arreciaba la guerra contra Sendero Luminoso en las alturas de Ayacucho. Las Fuerzas Armadas tenían a cargo el control de varias provincias, declaradas en emergencia en diciembre de 1982. En la aldea de Huaychao, cerca a Uchuraccay, las autoridades reportaron la matanza de subversivos a manos del pueblo. Los reporteros viajaban al lugar de los hechos cuando encontraron la muerte.
Según las investigaciones oficiales, los comuneros de Uchuraccay mataron a los periodistas porque los confundieron con subversivos. Sin embargo, también se ha alegado cierta participación de los militares, acaso como promotores indirectos de que los comuneros ejecuten senderistas o incluso como integrantes activos de las hordas.
Fotografía del desquicie
Cuatro días después de la matanza, los cuerpos de los reporteros fueron hallados en cuatro fosas en Uchuraccay. Óscar Retto, padre de Willy, notó que faltaba la cámara fotográfica a color de su hijo. Cuando, tres meses después, un campesino le reveló a los fiscales dónde estaba, pudieron recuperar las imágenes del instante mismo en que la muerte los cercó.
Las nueve fotos que obtuvo Willy Retto muestran el encuentro entre los viajeros y los comuneros de Uchuraccay. “Son como un contacto desde más allá con mi hijo”, resume el padre, que no ha cejado en su búsqueda de justicia. Óscar Retto sostiene la tesis de la participación militar en la masacre, no solo azuzando sino de manera activa.
“Se ve alguien con un blue jean que no usan los campesinos. Los militares no querían que se revele las matanzas que hacían en los poblados de Ayacucho”, asevera Retto.
Para Susana Pastor, fotógrafa y profesora del Departamento de Comunicaciones de la PUCP, estas imágenes son el símbolo del desquicie que definía ese momento: inicios de la guerra contrasubversiva. “Son íconos de la historia fotografía peruana”, señala.
No obstante, destaca el valor de las imágenes en sí, fuera de las nociones teóricas. “Es el fotógrafo que hace imágenes hasta el último instante de su vida. Willy Retto sabía que estaba fotografiando para la historia. No podía ponerse la cámara al ojo; entonces, fotografía a escondidas. Además, tienen una carga dramática. Cada una representa una fracción dramática que es estar a punto de perder la vida”, dice Pastor.
Desenlace en espera
En 1988, el Poder Judicial confirmó la pena de prisión a los comuneros Dionisio Morales y Mariano Ccasani. Además, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Huanta, Ayacucho, para que procese a militares y policías por presuntos delitos contra la administración de justicia y los deberes de función y profesionales. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe 62/10 subraya que “el Estado no ha informado sobre otras medidas adoptadas al respecto”.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que en la matanza de los ocho periodistas “no se constata la presencia de infantes de marina ni miembros de la entonces Guardia Civil (sinchis) como perpetradores directos del hecho”. Sin embargo, menciona el respaldo e incentivos que autoridades militares y políticas dieron a los comuneros que ejecutaban subversivos. Asimismo, reveló que 135 uchuraccaínos murieron en 1983 y 1984, víctimas de Sendero, las rondas campesinas o los agentes.
Hasta el 2008, el Poder Judicial ha ordenado la captura de otros 14 comuneros que habrían participado en la matanza y están considerados “reos ausentes”. No obstante, 10 nombres figuran entre los 135 asesinados de Uchuraccay registrados por la CVR.
En febrero del 2003, la CIDH recibió una petición del Centro Federado de Periodistas de Lima, en representación de los deudos de los reporteros, que sindica al Estado como responsable de las muertes. En marzo del año pasado, la Comisión admitió la petición y dio al Estado un plazo hasta noviembre para que presente su posición. No obstante, el gobierno consiguió una prórroga que acabaría en febrero próximo. El dictamen de la CIDH puede llevar el caso al máximo tribunal: la Corte Interamericana.
(PUNTO EDU-PUCP)
