Por José DE LA CRUZ
Abogado por la UNMSM.
Profesor de Ciencia Política en la U. de Lima.
El debate vigente sobre los límites del Tribunal Constitucional (TC), respecto hasta dónde llegan los alcances de este órgano de control constitucional para revisar las decisiones de los poderes públicos,sobre todo cuando estas reúnen un carácter eminentemente político (decisionismo político), deja un vacío de técnica en la justicia constitucional; toda vez, que, el test de proporcionalidad, tan en boga, por los magistrados del supremo interprete de la Constitución, sufre limitaciones al no poder escudriñar ni analizar, elementos que pertenecen a la disciplina del poder, es decir a la ciencia política. Situación conocida en la doctrina constitucional como la cuestión política, de tradición estadounidense.
LA CUESTIÓN POLÍTICA
En nuestra justicia constitucional este tema se vuelve más crítico al haber establecido el TC en su sentencia en el Exp. N.° 4053-2007-PHC/TC, que no existe zona exenta de control constitucional, al estar sujetos a la jurisdicción constitucional todos los poderes públicos y de los particulares, incluida la gracia presidencial. Facultad del Ejecutivo que es resabio del poder absolutista de los gobernantes y de carácter, sustancialmente, político.
Esta situación pone a prueba las limitaciones del test de proporcionalidad, que lo encontramos en las propias sentencias del TC, en donde han estado en conflicto valores políticos-constitucionales, como el bien común, la democracia, el orden público, el mercado, el interés social, etcétera. Sentencias constitucionales que han sido duramente cuestionados por la ciudadanía, en general, y los especialistas, en particular, de todos los bandos, debido al inexistente consenso, respecto a cómo evaluar e interpretar técnicamente, cuándo existe valores constitucionales con “transcendencia política”; y que, si no son tratados de manera técnica, estas críticas pueden expresar conductas ideológicas dañinas para la democracia en nuestro país. Y, más grave, aún, cuando estas expresiones ideológicas provienen del propio tribunal maquillado de tecnicismo y eufemismo constitucionales.
TEST DE RACIONALIDAD POLÍTICA
Ensayo, aquí, brevemente, cuáles podrían ser, a partir de la técnica del poder, los pasos a seguir en un test de racionalidad política, extraído de la ciencia política, como disciplina que estudia la distribución,organización y ejercicio del poder político, y, en particular, de la teoría del poder y de la democracia, aplicable a la técnica de la justicia constitucional, con la finalidad de que esta pueda realizar el ejercicio lógicovalorativo de los valores políticos-constitucionales.
Y, así, concluir en lo político y jurídicamente correcto. Veamos. En efecto, para ello tenemos que tener en cuenta:
1. La simetría del poder, implica que toda democracia que se precie de tal debe llevar implícita esta relación, logrando paridad en toda correlación de poder.
2. La pluralidad política, que expresa la diversidad como condición para la convivencia y la búsqueda del bien común.
3. La tolerancia en el ejercicio del poder, implica que quienes lo tienen vigente, deberán ejercerlo con respeto, condescendencia y flexibilidad hacia los diversos grupos sociales.
4. La descentralización del poder, la búsqueda del bien común, está inversamente relacionada con la centralización del poder político, al gestar esta modelos políticos autoritarios en desmedro de la ciudadanía y del bienestar general.
Nos vienen a la memoria algunos casos de relevancia política resueltos por el TC, que fueron de vital importancia para los destinos políticos de nuestro Patria, como la sentencia que declaró inaplicable la ley de interpretación autentica dada por el gobierno de Fujimori; la sentencia que declaró improcedente la inconstitucionalidad de la Constitución de 1993, demanda presentado por el jurista Alberto Borea Odría;y, en los últimos tiempos, la sentencia respecto al Tratado de Libre Comercio y sobre la Consulta de los pueblos indígenas, entre otros.
El test ensayado acercaría la justicia constitucional a la realidad política y social tan necesaria en nuestros días. Porque la discrecionalidad de nuestros magistrados en temas políticos constitucionales tampoco puede ser decisionista en última instancia. Deben pasar la prueba de racionalidad política. ◆
