Es correcto que el Gobierno haya anunciado que dialogará con las empresas mineras sobre un posible incremento de las regalías, teniendo en consideración las nuevas condiciones del mercado internacional.
Los precios de los metales se han disparado y con ello las ganancias y la rentabilidad de las mineras han aumentado por encima del 40% al año, por lo que el Estado tendría legítimo derecho a una participación proporcionada.
Veamos. El aporte por regalías –de entre 1% y 3% del valor bruto de venta– es apenas un reducido porcentaje de las utilidades obtenidas por las mineras, que entre el 2005 y el 2009 fue de US$ 19.500 millones. Y, llama la atención que el monto que recibe el Estado por la explotación minera –de recursos que pertenecen a todos los peruanos—sea hasta siete veces menor que lo que pagan por regalías sus similares de hidrocarburos.
En este nuevo escenario, de lo que se trata es de propiciar un debate racional, técnico y alturado sobre un tema que formará parte del debate político-electoral, pero en el que no se puede soslayar la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte de las instancias gubernamentales.
Sin embargo, hay que recordar que muchas empresas mineras tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha venido dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.
Efectivamente, de los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados. En ese marco se encuentra la negociación que lleva a cabo Perú-Petro con el Consorcio Camisea para incrementar las regalías por el gas que se exporta.
Hay, además, el positivo precedente del 2006 cuando las empresas mineras se comprometieron, en un gesto de liberalidad, a aportar voluntariamente S/.2.500 millones por cinco años, sobre la base de sus ingresos extraordinarios. Ahora que se acerca el final de estos aportes, y que la situación de las mineras sigue siendo boyante, es hora de implementar un sistema legal de obligatorio cumplimiento por las partes.
¿Cuáles serán las características de este nuevo sistema? Es conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables. Los expertos aconsejan, adicionalmente, analizar el sistema de bandas, como lo tienen los aportes voluntarios.
Otro tema de debate es el uso que se dará a estos recursos por regalías, en lo que debe haber cambios radicales. Resulta indignante y escandaloso que del monto que reciben los municipios distritales y provinciales por concepto de canon minero solo exhiban una ejecución presupuestal en el orden del 50%, por falta de capacidad de gestión de dichas autoridades. En tanto, es una vergüenza que muchas comunidades aledañas a los grandes enclaves mineros sigan sumidas en la extrema pobreza.
Ahora que la bancada parlamentaria oficialista anuncia proyectos para aumentar las regalías de las mineras hasta en 10% y para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, debemos reiterar que la decisión final no puede ser unilateral, sino producto del diálogo y del consenso con las empresas mineras –que deben entender las nuevas circunstancias del entorno internacional–, y sin afectar la competitividad del sector ni mucho menos el atractivo del Perú para las nuevas y necesarias inversiones mineras.
Los precios de los metales se han disparado y con ello las ganancias y la rentabilidad de las mineras han aumentado por encima del 40% al año, por lo que el Estado tendría legítimo derecho a una participación proporcionada.
Veamos. El aporte por regalías –de entre 1% y 3% del valor bruto de venta– es apenas un reducido porcentaje de las utilidades obtenidas por las mineras, que entre el 2005 y el 2009 fue de US$ 19.500 millones. Y, llama la atención que el monto que recibe el Estado por la explotación minera –de recursos que pertenecen a todos los peruanos—sea hasta siete veces menor que lo que pagan por regalías sus similares de hidrocarburos.
En este nuevo escenario, de lo que se trata es de propiciar un debate racional, técnico y alturado sobre un tema que formará parte del debate político-electoral, pero en el que no se puede soslayar la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte de las instancias gubernamentales.
Sin embargo, hay que recordar que muchas empresas mineras tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha venido dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.
Efectivamente, de los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados. En ese marco se encuentra la negociación que lleva a cabo Perú-Petro con el Consorcio Camisea para incrementar las regalías por el gas que se exporta.
Hay, además, el positivo precedente del 2006 cuando las empresas mineras se comprometieron, en un gesto de liberalidad, a aportar voluntariamente S/.2.500 millones por cinco años, sobre la base de sus ingresos extraordinarios. Ahora que se acerca el final de estos aportes, y que la situación de las mineras sigue siendo boyante, es hora de implementar un sistema legal de obligatorio cumplimiento por las partes.
¿Cuáles serán las características de este nuevo sistema? Es conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables. Los expertos aconsejan, adicionalmente, analizar el sistema de bandas, como lo tienen los aportes voluntarios.
Otro tema de debate es el uso que se dará a estos recursos por regalías, en lo que debe haber cambios radicales. Resulta indignante y escandaloso que del monto que reciben los municipios distritales y provinciales por concepto de canon minero solo exhiban una ejecución presupuestal en el orden del 50%, por falta de capacidad de gestión de dichas autoridades. En tanto, es una vergüenza que muchas comunidades aledañas a los grandes enclaves mineros sigan sumidas en la extrema pobreza.
Ahora que la bancada parlamentaria oficialista anuncia proyectos para aumentar las regalías de las mineras hasta en 10% y para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, debemos reiterar que la decisión final no puede ser unilateral, sino producto del diálogo y del consenso con las empresas mineras –que deben entender las nuevas circunstancias del entorno internacional–, y sin afectar la competitividad del sector ni mucho menos el atractivo del Perú para las nuevas y necesarias inversiones mineras.
