Lula firma concesión pública para gigante hidroeléctrica en Amazonía

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, firmó el jueves la concesión pública para la construcción de la gigante hidroeléctrica Belo Monte en el corazón de la Amazonía, que sería la tercera mayor del mundo y a la que se oponen comunidades locales e indígenas.

"Estamos haciendo posible algo que por treinta años parecía imposible (...) es una victoria del sector energético", declaró Lula en el evento oficial que marcó el punto de partida para la faraónica obra que será construida en el interior del estado de Pará (norte), junto al río Xingú.

El gobierno se ha empeñado intensamente en el proyecto y las empresas estatales detentan 49,98% de participación en el consorcio que lo construirá. Se estima sin embargo que la influencia del gobierno sobrepasará 70% con la participación de fondos de pensión de funcionarios de empresas públicas.

Completan el consorcio de capital brasileño grandes constructoras privadas.

La obra espera todavía la autorización del gubernamental Instituto de Medio Ambiente aunque, para acelerar su inicio, los constructores ya pidieron una licencia parcial que permita lanzar esa obra tal vez en setiembre, informó el director de la Agencia de la Energía Eléctrica, Nelson Hubner.

Con la oficialización de la concesión, el gobierno "está firmando la sentencia de muerte del río Xingú y la expulsión de miles de ciudadanos de sus tierras a orillas del río", declararon en una carta indígenas, comunidades locales y ONG que se oponen al proyecto, con apoyo de la Iglesia católica.

Con 11.200 MW de potencia que serán equivalentes al 11% de la capacidad instalada del país, y un costo de 11.000 millones de dólares, la gigante represa pretende ser la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.

Según datos oficiales, el proyecto empleará 20.000 personas directamente en la construcción, inundará un área de 500 km2 junto al río Xingú y provocará 16.000 desplazados.

"Vamos a convencerles (a los que se oponen a la obra) de que estamos trabajando en serio en la cuestión social (...) y de que estamos tomando en serio la cuestión ambiental", aseguró Lula este jueves.

El gobierno asegura que la obra no afectará a comunidades indígenas y que prevé suficientes medidas de mitigación para las comunidades locales.

El director de la taquillera película "Avatar", el canadiense James Cameron, ha dado eco internacional a la campaña contra la represa, que visitó antes de la licitación. Y también el cantante británico Sting, que el año pasado invitó al líder indígena Raoni al palco en un concierto en Sao Paulo para denunciar Belo Monte.

"Nuestra tienda de abastecimientos es la selva, nuestro supermercado el río", expresaron 62 líderes indígenas en un manifiesto contra la obra.

La procuradoría regional intenta parar la obra por considerar que requerirá de "excavaciones equivalentes a la obra del canal de Panamá" y duplicará la población regional, con decenas de miles que llegarán buscando trabajo, lo que significa más presión sobre la tierra, deforestación y demanda de servicios que son escasos en la Amazonía, dijo recientemente a la AFP el procurador Ubiratan Gazetta.

Los críticos también cuestionan que la obra está siendo impulsada con recursos públicos.

"El gobierno Lula volvió al modelo utilizado en los gobiernos militares. La estatal, en este caso Eletrobras, enfrenta el riesgo de la obra con dinero del contribuyente y contrata a las grandes constructoras (privadas) para construirla", reclamó el director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires.

© ANP/AFP

ANTE LA CRISIS: MÁS GASTO SOCIAL

Un interesante artículo que merece ser leído pues nos permitirá entender la politica económica del Estado y la real razón del porque hoy hacen políticas sociales, incluída la demagogia.

ANTE LA CRISIS, MÁS GASTO SOCIAL

La nueva realidad del Cáucaso del Sur

Dos años atrás se produjo un suceso que cambió el mapa político del mundo. Rusia reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Estas repúblicas defendían su soberanía ante los atentados de Georgia desde el derrumbe de la Unión Soviética a principios de la década de los 90.

El reconocimiento tuvo lugar el 26 de agosto de 2008 - dos semanas después del fallido intento de Georgia de ocupar Osetia del Sur. El ejército georgiano, entrenado y equipado con la asistencia de las potencias occidentales, lanzó un masivo ataque de artillería contra Tsjinvali, la capital de Osetia del Sur, atacó las posiciones de las fuerzas rusas de paz que se encontraban allí por mandato de la ONU. Los soldados georgianos irrumpieron en la ciudad y emprendieron el aniquilamiento metódico de la población civil suroseta. Y sólo la injerencia de Rusia permitió evitar el genocidio del pueblo suroseta y detener el derramamiento de sangre.

La operación relámpago rusa de imposición de la paz a Georgia permitió salvar la vida de miles de civiles. Las tropas georgianas se dieron a la fuga acosadas por el pánico, abandonando las armas e importantes documentos secretos. Entre estos últimos había un plan detallado de ocupación de Abjasia, que hacía casi dos décadas que de hecho existía como Estado independiente. El régimen de Saakashvili tenía planeado atacar Abjasia inmediatamente después de la ocupación de Osetia del Sur. Cabe remarcar que a principios de los años 90 Abjasia ya había rechazado una irrupción de las tropas georgianas.

La agresión georgiana hizo imposible la convivencia de esos tres pueblos. La dirigencia rusa, que a lo largo de casi dos décadas proponía a las partes en conflicto entablar un diálogo pacífico, se vio obligada a tomar una resolución nada fácil: reconocer la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur. A partir del 26 de agosto de 2008 esas repúblicas empezaron a transitar un camino independiente en la arena internacional. El director general del Centro de Estudios del Espacio Postsoviético, Alexéi Vlásov, dice:

Pienso que es tempano para hacer un balance. Desde el punto de vista histórico dos años son una magnitud insignificante. No obstante, todo proceso tiene su principio. Y nosotros fuimos testigos de un fenómeno, a mi juicio, trascendente para todo el espacio postsoviético como lo es la aparición en el mapa político de dos nuevos Estados independientes.

Los sucesos de agosto de 2008 formaron una nueva realidad en el Cáucaso del Sur. El reconocimiento por Rusia, y después por algunos otros Estados, entre ellos Nicaragua, de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur garantiza la estabilidad en la región. "Cada día estoy más convencido de que la resolución que hemos tomado ha sido correcta" -manifestó ayer el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

China acelerará el reajuste de la estructura económica

El Consejo de Estado de China, rindió este 26 de agosto un informe sobre el cumplimiento del plan de la economía nacional y el desarrollo social del país durante este año a la Asamblea Popular Nacional (APN), la máxima legislatura de China,. Según este informe, China acelerará el reajuste de la estructura económica y el cambio en el modelo de desarrollo.
El director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhang Ping, encargado por el Consejo de Estado, dijo ante la Asamblea Popular Nacional que se ha obtenido un nuevo avance en el cambio del modelo de desarrollo económico:

"En la práctica de enfrentamiento contra la crisis financiera internacional, conocemos más profundamente lo apremiante y lo importante del cambio del modelo de desarrollo. Hemos reforzado nuestro trabajo y se ha avanzado al respecto."

Pero este funcionario reconoció que existen aún muchos elementos indefinidos e inestabilizadores:

"Es más apremiante la tarea de reajuste. La falta de creatividad por nuestros propios esfuerzos, la diferencia entre las ciudades y el campo, y entre las diferentes regiones, entre otros, ejercen una influencia negativa sobre el desarrollo estable y relativamente rápido de la economía de nuestro país."

Por su parte, la Asamblea Popular Nacional propuso hace dos días que se emprenda una reforma en la distribución de los ingresos tan pronto como sea posible, con el fin obtener un incremento para disminuir la disparidad en la distribución de la riqueza.

Los miembros del Comité de Asuntos Financieros y Económicos de la APN dijeron que concluyeron un informe de investigación sobre la distribución del ingreso nacional y que hicieron las propuestas que serán incluidas en el 12° Programa Quinquenal (2011-2015).

En el informe de investigación se propone incrementar la proporción de ingresos en el plan nacional y la proporción de estímulos laborales en la distribución primaria del ingreso nacional. Se sugiere que las reformas busquen ampliar la clase media hasta convertirla en el mayor sector de la sociedad. El informe también ofrece propuestas sobre el sistema tributario y la seguridad social.

La legislatura no dio a conocer más detalles de las reformas propuestas en la distribución del ingreso.

Por primera vez en la historia, la APN completó 15 informes de investigación sobre 14 importantes temas de marzo a julio a fin de hacer propuestas para la formulación de los planes de desarrollo fundamentales para los proximos cinco años, después que el máximo legislador chino, Wu Bangguo, pidiera la investigación en la sesión legislativa anual.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, el Coeficiente Gini para China, una medida importante de la disparidad de ingresos, aumentó a 0,47 en 2009, superando la "línea de seguridad" de 0,4, lo que evidencia una distribución inequitativa del ingreso, lo cual podría generar disturbios sociales. Hace tres décadas, las cifras eran de entre 0,21 y 0,27.

En la distribución básica del ingreso nacional, la proporción que se destina a salarios, la principal fuente de ingresos de las familias de ingresos medios y bajos de China, ha estado descendiendo, dijo Yi Xianrong, un investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China.

La proporción del ingreso total que reciben los ciudadanos chinos de la distribución del ingreso nacional cayó drásticamente a 57,9 por ciento en 2007, en comparación con el 68 por ciento de hace 20 años, dijo el Banco Popular de China.

El gobierno de China subrayó hace días la necesidad de que las empresas de minas de carbón del país continúen con las fusiones y adquisiciones para el sano desarrollo de esa industria.

La declaración fue emitida luego de una reunión ejecutiva sostenida este jueves por el Consejo de Estado de China o gabinete del país, que fue presidida por el primer ministro Wen Jiabao.

La baja centralización, el desperdicio de recursos, la contaminación ambiental, la extracción desordenada y los accidentes industriales frecuentes están desafiando a la industria de minas de carbón, de acuerdo con la declaración.

China apoya a las empresas de extracción de carbón estatales o privadas competentes para que inicien fusiones o adquisiciones bajo el sistema de sociedades anónimas para impulsar el desarrollo de una industria minera moderna.

El gobierno también introducirá medidas preferenciales en las finanzas e impuestos para apoyar la modernización de tecnologías de seguridad de las empresas fusionadas, agrega.

Asimismo, el gobierno central protegerá por medio de la ley los derechos de los trabajadores e inversionistas durante los procesos de fusión o adquisición, indica.

EL SUEÑO AMERICANO. Las 72 víctimas eran inmigrantes "sin papeles"

Por RFI

El único superviviente, Luis Freddy de nacionalidad ecuatoriana se hizo pasar por muerto tras ser tiroteado. A pesar de estar malherido consiguió escapar y alertar a un retén militar. Asegura que la intención de las víctimas era llegar a Estados Unidos pero muy cerca de la frontera, según explicó el gobierno, fueron víctimas de un grupo criminal que los llevó al rancho.

Las víctimas descubiertas en una hacienda de San José, en el estado fronterizo con Estados Unidos de Tamaulipas serían de nacionalidad brasileña, ecuatoriana, salvadoreña y hondureña. Todos ellos eran indocumentados y entraron en México por Chiapas. Hasta la zona se desplazan este jueves representantes de los cuatro países para confirmar la nacionalidad de las víctimas.

Según ha relatado Alejandro Poiré, recién nombrado portavoz del Gobierno en materia de Seguridad, la intención de las víctimas era llegar hasta Estados Unidos, pero cuando ya estaban a punto de alcanzar la frontera un grupo criminal los capturó, los llevó hasta el rancho de San José y allí les exigió dinero, según relató el único superviviente de esta matanza, la mayor de la criminalidad organizada en México.

Como no accedieron a la extorsión, comenzaron a disparar. Después de recibir varios balazos, el ecuatoriano Luis Freddy, se hizo el muerto, y así pudo escapar de la “narcofosa”. En la carretera consiguió alertar a unos militares de un control ordinario. Cuando llegaron a la hacienda descubrieron la escena dantesca: los cuerpos tiroteados de 58 hombres y 14 mujeres.

Los presuntos delincuentes que aún estaban en el rancho abrieron fuego contra el ejército matando a un militar. En el enfrentamiento murieron tres sicarios y uno, menor de edad, fue apresado.

Los cuerpos de las víctimas permanecerán en San José a donde se trasladará la refrigeración necesaria para poder practicar las autopsias y agilizar las investigaciones.

Informaciones extraoficiales apuntan al cártel de los Zetas como los autores del secuestro y de la matanza. Al menos, este grupo que se dedica al narcotráfico y al crimen, controla la ciudad de San Fernando donde es frecuente, según las personas que conocen el lugar, ver vehículos 4x4 con hombres armados a bordo controlando los movimientos de todo aquél que pasa. Desde el descubrimiento de la matanza, la calma que reina en la zona parece inquietante.

El cártel de los Zetas está dirigido por militares de élite que desertaron del ejército en los años 90 para integrar las filas del cártel del Golfo del que se acabaron separando para formar un grupo independiente. Ahora los dos grupos, antiguos aliados, son rivales y mantienen una lucha sangrienta por el control de las rutas de la droga.

La crisis económica mundial contraataca

Por Humberto Campodónico

En los últimos meses y semanas ha habido varios hechos económicos que apuntan a un recrudecimiento de la crisis económica del 2008, que parecía –para muchos analistas– haberse resuelto en el 2009 y, sobre todo, en los primeros meses del 2010. Sin embargo, las señales negativas se vienen multiplicando, tanto en Europa como en EEUU, a tal punto que se dice que ésta es una “recesión con doble zambullida” (double dip recession), en forma de W.

En el caso europeo, el enorme endeudamiento de muchos países, entre ellos los llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España, pero no solamente ellos), ha agudizado los déficits fiscales, causando la preocupación de los acreedores, lo que, a su vez, ha tenido efectos desestabilizadores para el euro.

La respuesta de política económica que han dado la mayoría de los países con problemas ha sido meterles verdaderos hachazos de leñador a los déficits fiscales. Dijo Jean Paul Trichet, Presidente del Banco Central Europeo, que eso “impulsaría el crecimiento económico pues mejoraría la confianza de consumidores e inversionistas” (Trichet urge a los gobiernos de la UE a recortar los déficits, Bloomberg, 4/7/10).

¿Qué cosa? ¿Reducir el déficit fiscal impulsa el crecimiento, justo cuando está en rojo o va hacia él? Parecía que ese grave error (parecido al cometido por el Presidente Herbert Hoover en la crisis del 29, lo que agudizó la crisis) ya había sido superado por las recomendaciones keynesianas. Pero no, en varios países de Europa (no en Alemania y algunos otros) se está aplicando una política pro-cíclica que va a reforzar los evidentes signos de recesión económica.

Algunos analistas afirman que esto no es un error sino el “doloroso costo” a asumir para terminar con el excesivo gasto que representa el Estado de Bienestar. Por tanto, lo que está detrás de los hachazos es la reducción de la participación de los asalariados en la masa monetaria (reducción de sueldos) y, también, en la infraestructura pública. Con este enfoque, los trabajadores serían los causantes de la crisis (y por tanto, pagan el pato), excluyendo de toda responsabilidad, de un lado, a la falta de regulación económica y, de otro, a las propias limitaciones del sistema para seguir creciendo.

En EEUU, ya llegó a su fin el Plan Estímulo de fines del 2008 y del 2009. Se creía que con ese empujón estatal, el carro podía “meter segunda” y volver a avanzar por sus propios medios. Pero eso no está sucediendo: los indicadores dicen que sigue bajando la construcción de nuevas casas (un indicador clave), mientras que el desempleo –que no mejoró en la etapa de breve crecimiento– sigue cercano al 10%, disminuyendo la capacidad adquisitiva de la población.

Lo peor podría ser el avance de un “sentido común” anti-déficits fiscales , el mismo que es impulsado por los republicanos, pero que también llega a importantes sectores demócratas, comenzando por sus ministros y el propio Barack Obama. Agreguemos que está en debate si se hace permanente el recorte de impuestos a los ricos de la era Bush. Según Krugman, esto no tendría impacto en el consumo privado, pero sí reduciría los ingresos fiscales en US$ 860,000 millones en los próximos 10 años. En este contexto no habría Plan Estímulo II, agravándose las tendencias recesivas.

No cabe duda de que si continúan imponiéndose los leñadores fiscales, en EEUU y Europa, es probable que la “doble zambullida” se vuelva una realidad (Nouriel Roubini dice que hay un 40% de chance de que eso suceda), afectando también el crecimiento de China y del resto del mundo –lo que nos incluye–.

Lo preocupante es que el debate está girando alrededor de “gastar o no gastar”, dejando de lado el problema de fondo: que los signos de estancamiento de la economía de EEUU y Europa ya estaban presentes hace buen tiempo, incluso si han aparecido nuevos inventos y tecnologías que, se pensaba, podían relanzar el crecimiento económico, impulsando una nueva Onda Larga del sistema capitalista. Lo que no ha sucedido. Sobre ese importante tema volveremos en un próximo artículo

JNE resolvió: Álex Kouri no postulará a la Alcaldía de Lima

Aunque el Jurado Nacional de Elecciones había anunciado que podría tomarse hasta 72 horas para resolver la tacha presentada contra la candidatura de Álex Kouri a la Alcaldía de Lima, por su conocido problema de domicilio a la hora de su inscripción, la noticia se conoció cerca a las 9:30 de esta mañana.

La resolución 1531-2010-JNE, con fecha 20 de agosto (día de la audiencia del plena del JNE en que fue visto el caso) determina, de forma unánime, confirmar la resolución del Jurado Electoral Especial – Lima Centro, que ya el 11 de este mes había declarado fundada la tacha contra Kouri presentada por el ciudadano Alberto Espinoza Najarro.

LOS ARGUMENTOS DEL JNE
El décimo fundamento de la decisión del JNE indica que, según el Código Civil, el domicilio múltiple se define sobre la base de ser el lugar donde “la persona tiene ocupaciones habituales”: “Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española define a la ocupación en su cuarta acepción como aquello ‘que se hace’, padece o posee ‘con continuación’ o por hábito, por lo que la ocupación habitual es a juicio de este Colegiado aquella actividad o entretenimiento que se hace con continuidad”.

En su siguiente párrafo, el documento continúa con la definición de “domicilio fiscal”, según el Código Tributario, como el “lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario, aunque ello no implica que la persona tenga una ocupación habitual en el domicilio consignado como fiscal”. Así, sigue la resolución, “resultaría irrazonable aceptar que un candidato cuyo domicilio siempre figuró en el departamento de Piura, fijo su domicilio fiscal en el departamento de Tacna y por ende, se le tenga domiciliado en este último”.

Finalmente, se señala en la lista de argumentos, Kouri no ha alegado haber realizado labor docente en la provincia de Lima, única excepción a su ex cargo de presidente regional; además, tampoco ha acreditado ocupación habitual en Lima, por ende no cumple con el requisito de haber domiciliado por dos años continuos en la provincia.

EN JUEGO, CASI UN 25% DE LOS VOTOS
Sin duda, la salida del ex titular del gobierno regional del Callao configurará un nuevo panorama electoral. En la última encuesta de IPSOS-Apoyo de El Comercio, Kouri Bumachar tenía 24% de las preferencias electorales, a ocho puntos porcentuales de la candidata Lourdes Flores Nano, que lidera el sondeo.

Susana Villarán y Humberto Lay, en la encuesta realizada entre el 11 y 13 de agosto, empataban en el tercer lugar con casi 9%. Los votos de Kouri podrían redirigirse ahora a algunos de los candidatos que se ubicaban en lugares expectantes, incluidos Luis Iberico y Fernando Andrade. Yvonne Frayssinet, otrora candidata de Kouri a teniente alcaldesa y actualmente cabeza de la lista de Cambio Radical por la tacha, tendrá que librar una dura batalla hacia el sillón municipal.

JNE TACHA A KOURY

Pena de muerte: la necesidad de una adecuada y eficiente política criminal

Abraham García Chávarri
Abogado constitucionalista y profesor del Departamento de Derecho


Reflexión acerca de las propuestas sobre la pena de muerte y el oportunismo político en nuestro país.

Basta un breve ejercicio de memoria para observar que, cada cierto tiempo, con ocasión de algún suceso trágico, muy lamentable —como el que ahora aqueja, por ejemplo, a la familia de la niña Romina Cornejo— se discute en la escena pública la necesidad, no solo de incrementar los años de restricción de la libertad hasta extremos de casi cadena perpetua sino, sobre todo,de incluir nuevos supuestos para la aplicación de la pena de muerte en nuestro ordenamiento penal. ¿Cómo hacer frente, entonces, a problemas como el de la seguridad ciudadana y la delincuencia organizada dentro de las pautas que se le exigen a un Estado Constitucional, con obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos que no puede eludir?

Las campañas electorales por la Presidencia de la República y las representaciones al Congreso son perfecta oportunidad para escuchar a los candidatos plantear soluciones efectistas para una opinión pública no tan informada, propuestas que terminan siendo constitucionalmente inviables o internacionalmente muy complicadas de poder concretar. Al inicio de este Gobierno, por citar un caso, distintos grupos políticos, bajo diferentes razones, presentaron proyectos de reforma de la Constitución con la finalidad de incluir determinados delitos muy graves como nuevos supuestos para la aplicación de la pena de muerte. Como era de esperarse, ninguno de ellos ha prosperado.

Y es que, al menos en el ámbito de la protección regional de los derechos humanos del cual el Perú es parte, no hay discusión abierta. La Corte Interamericana ha precisado en su conocida Opinión Consultiva 3/83 que el Pacto de San José, asumido por nuestro país, “prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna”. Así, salvo que decidamos denunciar ese tratado internacional y renunciar a la competencia contenciosa de la Corte, dentro de un procedimiento por demás dilatado, debemos cumplir con las obligaciones que, de modo soberano, nos hemos impuesto.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el caso Marcelino Tineo Silva y más de 5000 ciudadanos, ha exhortado al Congreso de la República para que adecue la legislación antiterrorista y reemplace el régimen de la cadena perpetua de acuerdo con ciertas exigencias constitucionales de rehabilitación penitenciaria, dignidad y libertad. Es decir, ha señalado que no resultaría constitucionalmente admisible la existencia de penas como el de la restricción de la libertad indefinida o perpetua si nuestro régimen penitenciario postula la resocialización y reinserción del penado en la sociedad.

Además de ello, si bien actualmente se está criticando la actuación de algunos jueces demasiado permisivos al conceder penas bastante benignas, el régimen de los beneficios penitenciarios pasa también por la necesidad de una mejor labor legislativa, pues es el Congreso quien normativamente ha establecido ese sistema. Una revisión en este ámbito es impostergable, máxime si vemos que los delincuentes tienen un número absolutamente irrazonable de ingresos y salidas. La resocialización y la rehabilitación suenan aquí absurdas.

En suma, la población percibe que este problema, que es estructural, no tiene las salidas que demanda, y eso, acaso lo más peligroso, es que contribuye después a promover la idea común de que un régimen autoritario, poco democrático, resulta más efectivo. Una revisión de nuestro sistema de política criminal que no sea ingenua, una interpretación restrictiva y un análisis muy riguroso para la concesión de beneficios penitenciarios, son tareas que, de forma conjunta, las instituciones que conforman nuestro sistema de justicia no pueden evadir. Esa es la tarea que el pueblo les reclama.