Nota de prensa del Rectorado de Universidad Católica (PUCP) frente a la presión indebida sobre el Poder Judicial

Presión indebida sobre el Poder Judicial


Durante la semana pasada hemos asistido a una inmensa presión ejercida contra el Poder Judicial, a fin de que no se administre justicia en los casos que debaten el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero.

La presión ha sido aplicada contra el Juzgado Civil de Lima que lleva adelante dos procesos iniciados paralelamente por el Arzobispado y por la Universidad. Se ha pretendido que se den por concluidos los juicios que actualmente se tramitan y se apliquen los considerandos de la sentencia emitida hace casi cuatro meses por el Tribunal Constitucional en un amparo llevado adelante por las mismas partes.

Esta es una presión contraria a las reglas de la ética más elemental y, además, es ilícita. Al Tribunal Constitucional no le corresponde interpretar testamentos y sus fallos al respecto no pueden ser vinculantes. Nadie, sino las partes en conflicto, debe intervenir ante un juzgado para que se decida un proceso. La Pontificia Universidad Católica del Perú exige que se actúe con respeto a la independencia del Poder Judicial y que cese esta ilícita presión sobre él.

Como parte de esta presión, cuatro miembros del Tribunal Constitucional —quienes aprobaron por mayoría la sentencia dada en el proceso de amparo entre el Arzobispado y la Universidad antes mencionada— dictaron una resolución publicada el pasado 23 de julio. Cabe resaltar que estos cuatro miembros del Tribunal Constitucional han actuado al margen de las reglas que rigen el proceso de amparo: han resuelto ellos sin convocar a los siete miembros del pleno; han procedido con abierta extemporaneidad y sin tener el expediente bajo su competencia; han hecho pasar como “aclaración de la sentencia” dictada tres meses atrás una resolución que lo que pretende es imponer una determinada forma de resolver el juicio al Juzgado Civil que lo lleva adelante.

Además, han pretendido que se establezcan sanciones contra el abogado de la Universidad, Dr. Martín Mejorada, por su defensa en un proceso que no corresponde al Tribunal Constitucional sino al Poder Judicial. Todo esto es una conducta jurídica abiertamente irregular de los cuatro miembros aludidos del Tribunal Constitucional, que debe cesar por el bien del Estado de derecho en el Perú.

A pesar de estas situaciones irregulares, la Universidad está conduciendo su defensa por los cauces de la ley y mantiene su confianza en el Poder Judicial y en que los procedimientos no serán trastornados, como pretende la campaña que aquí denunciamos.



Lima, 10 de agosto de 2010.

Rectorado

Velásquez ratifica: Gas del lote 88 será solo para el mercado interno

Decisiones. Premier ratifica que se renegociará con el Consorcio Camisea. Ejecutivo emitirá decretos autorizando renegociación, que se hará por separado del tema de las regalías. Mientras, en Cusco siguen las protestas.

LA REPÚBLICA. Luis Velásquez y Víctor Salcedo.

El gobierno deberá emitir en las próximas horas los decretos supremos que concreten los compromisos asumidos por este el lunes en Kiteni y Quillabamba, y que sirvieron para que la provincia cusqueña de La Convención suspenda su huelga que llevaba 13 días.

Se trata de la construcción de la planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato, la suspensión del estado de emergencia en el distrito de Echarate, y el inicio de la renegociación entre el Estado, a través de Perupetro, y el Consorcio Camisea, por el uso del gas del lote 88.

“El compromiso es renegociar”

Sobre este último punto, el jefe del gabinete de ministros, Javier Velásquez Quesquén, aseguró ayer que existe el compromiso del gobierno de renegociar para que el lote 88 sea destinado para el consumo interno del país.

“Del lote 88, según me ha informado el ministro de Energía y Minas, no se está exportando como lo dijo una autoridad regional. La exportación que se está haciendo es del lote 56”, dijo Velásquez. Y agregó que “el compromiso que tiene el gobierno es renegociar para que definitivamente el lote 88 sea para consumo del mercado interno”.

En cuanto a la renegociación, el premier sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas buscará el mecanismo para el inicio de este proceso y descartó que la renegociación del uso del gas del lote 88 se haga de manera conjunta con la renegociación por las regalías.

Pero antes, el Ejecutivo deberá emitir dos decretos, según lo explica el economista Humberto Campodónico. El primero será para autorizar a Perupetro iniciar, en nombre del gobierno, la renegociación con el Consorcio Camisea.

El segundo será para autorizar a Perupetro firmar con los integrantes del Consorcio Camisea la modificación de la cláusula referida específicamente al uso del gas.

“Esto será a través de una adenda, lo que no significa que se esté modificando el contrato”, dijo.

Cláusula 5.11 es la clave

¿De qué cláusula hablamos? De la 5.11 del contrato, en la cual, según el congresista Yonhy Lescano, se señala que el consorcio tiene el derecho de exportar el gas, “por lo que no basta un simple compromiso unilateral del gobierno”, según se ha precisado.

“Lo que ha debido anunciarse en La Convención es la renegociación de esta cláusula del contrato para que expresamente se incluya que el gas del lote 88 es para uso exclusivo del mercado interno”, opinó finalmente Lescano.

Al respecto, Campodónico sostiene que hay condiciones favorables para renegociar la cláusula en mención, pues según él hoy algunos integrantes del consorcio están más interesados en cubrir el mercado interno antes que exportar el gas, por una cuestión de rentabilidad.

Ahora bien, ¿de dónde se obtendría el gas que se entregará a la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE), si no es del lote 88? Según Campodónico, se tendrá que echar mano de otro lotes.

Pero esto no sería tan fácil, pues según el experto en temas energéticos Carlos Herrera Descalzi, la CFE firmó un contrato por una cantidad de reservas confirmadas, y en ellas se contaba una parte de las reservas del lote 88, y no aceptaría recibir a cambio reservas que hasta ahora no están confirmadas y “son solo especulativas”.

Herrera recordó que la CFE se halla construyendo una planta en México para procesar el gas que saldrá del Perú, con la seguridad de que el suministro está garantizado, y esto era posible con el lote 56 más una porción del lote 88.

Reacciones

"El compromiso del premier Javier Velásquez de no exportar gas del lote 88 debe ser confirmado con la emisión de un dispositivo legal”.

Hugo Gonzales
Presidente regional de Cusco

"El Ministerio de Energía y Minas evalúa aplicar soluciones para el problema de los altos costos del gas en algunas zonas del país”.

Mercedes Aráoz
Ministra de economía y finanzas

Siguen protestas en el Cusco

Las protestas en defensa del gas de Camisea continuaron ayer en el Cusco. Descontentos con la suspensión de la huelga en La Convención, estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se movilizaron por la Ciudad Imperial e intentaron tomar las instalaciones del Koricancha o Templo del Sol. Los universitarios pidieron al gobierno normas para asegurar que los compromisos se concreten.

Al mediodía, los manifestantes invadieron la avenida El Sol y a la altura del Koricancha, donde se detuvieron con el objeto de ingresar, pero la policía lo impidió. Un importante contingente policial acordonó el recinto incaico y mantuvo a raya a los estudiantes organizados.

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Provincial Mixta del distrito de Echarate-La Convención investigar el comportamiento de la policía en Kiteni, donde resultaron heridos de bala Juan Carlos Alagón (27) y Henry Benítez (14) el 4 de agosto último.

La PCM informó que hoy debe ser emitido el DS que autoriza la construcción de la planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato.

Las reservas probadas de gas que hay entre los lotes 56 y 88 llegan a 8.795 billones de pies cúbicos (bpc). En 2005 se firmó un acuerdo para exportar a México 4.09 bpc, es decir, el íntegro del lote 56, más 2.14 bpc del lote 88. Las reservas totales del lote 88 llegan a 6.85 bpc, lo cual alcanzaría para cubrir el mercado interno al menos 30 años.

REDACCCIÓN:

Algunas reflexiones:

1º Solo con luchas el pueblo alcanza sus reivindicaciones, una meta concreta del pueblo cuzqueño fue que Camisea sirva a su desarrollo, esto se concreta con la firma del Decreto Supremo que hace viable la Construcción de la Planta de Fraccionamiento de gas en Quillabamba, que permitirá el uso del gas y líquidos a menores costos.

2º Habrá cierto control en el manejo del impacto ambiental, pues tendrán 2 veedores que vigilarán estricto cumplimiento de las medidas de mitigación.

3º Respecto a la no exportación del gas del lote 88, es falso que se vaya a negociar. Lo que dice el Decreto Supremo que viabiliza la renegociación, es sobre las regalías derivadas de la exportación para que estas no sean inferiores al promedio de regalías derivadas del consumo interno (es decir, los industriales de todas maneras pagarán más que lo que se exporta).

Ayer por la mañana se escuchó al Ministro Velásquez Quesquén en RPP, decir que se verá el mecanismo que utilize el Ministerio de Energía y Minas para renegociar que el gas del lote 88 sea solo para consumo interno, dentro de la renegociación de las regalías. Es decir UN PASEO, lástima que Raúl Vargas terminara de inmediato la entrevista "salvando" al Primer Ministro. Por consiguiente a engañar a incautos. ¿Porqué? porque la ley establece que cualquier modificación del contrato es bilateral y estrictamente de lo que señale el decreto supremo que autoriza renegociar al MEM.

La única alternativa es dejar sin efecto la norma de Toledo que permitió la exportación del gas del lote 88, violando la famosa Pirámide de Kelsen. Con esto se "puede" presionar al consorcio de PERU LNG, si es que hay la decisión política de hacerlo.

Camisea: un primer paso adelante

Por Humberto Campodónico

Los resultados de Quillabamba confirman que solo cuando la población se moviliza, el gobierno accede a sus demandas. Veamos qué se ha obtenido en esta negociación y las condiciones para que ello se cumpla.

Primero está la planta de fraccionamiento de líquidos del gas, que se debe construir en Kepashiato. La planta tiene como objetivo la producción de GLP (balones de gas), diesel y naftas y será financiada por el gobierno central, el gobierno regional y la municipalidad de Echarate. El costo sería de US$ 25 millones.

Aquí lo importante es el desarrollo del mercado de GLP en la Región Cusco y otras regiones vecinas. Para ello, es importante que exista infraestructura de transporte de primera calidad para llegar a Quillabamba y al Cusco, lo que se logra con una buena carretera y el reacondicionamiento del ferrocarril.

Dicho de otra manera, la planta debe estar enmarcada en un Plan de Desarrollo Regional y Macrorregional, que permita el abaratamiento de los balones de gas y, además, proveer de energía a la Región, que ahora mirará mucho a Brasil pues pronto estará lista la Interoceánica .Pero de esto no se ha hablado.

El segundo tema es el santuario de Megantoni, que iba a ser atravesado por un nuevo gasoducto a Lima. Aquí se ha nombrado a dos representantes de la zona para que “monitoreen” el Estudio de Impacto Ambiental.

El tercer tema, de lejos el más importante, es la promesa del premier Velásquez Quesquén que no se exportará gas del Lote 88, que se reservará en su totalidad para el mercado interno. Muy bien. Un paso adelante.

Para que esto se materialice y no sea “una mecida más”, se tiene que modificar el contrato suscrito entre, de un lado, Perupetro (por el Estado) y, de otro, los socios del Consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol, SK, Sonatrach y Tecpetrol). Hay que decirlo claramente: los anuncios unilaterales del gobierno no modifican el contrato. Este solo se modifica cuando las dos partes se ponen de acuerdo.

Aquí hay varias preguntas. La primera es, ¿querrá el Consorcio modificar el contrato? Ese es el tema de fondo por lo siguiente: ¿Quién es el dueño del recurso natural una vez extraído éste del subsuelo? ¿El Estado o los contratistas? La respuesta: la Ley 26221 de 1993 establece claramente que los dueños son los contratistas. Es por eso que deciden qué hacen y qué no hacen con los recursos naturales (1).

En este caso, sin embargo, el gobierno podría contar con una “ayuda”: sucede que en el consorcio Camisea existen discrepancias. Están a favor de exportar los que forman parte del consorcio exportador Peru LNG: Hunt Oil, SK y Repsol. No son de la misma idea Pluspetrol, Sonatrach y Tecpetrol, que no participan de la exportación y “sienten directamente” esos menores precios. Dicho de otra manera, si el gas del Lote 88 se vende en el mercado interno, reciben un mejor precio.

Finalmente, la negociación de la adenda al contrato del Lote 88 debe materializarse a la brevedad. La “promesa” de que no se exportará el gas del Lote 88 por 5 años es una “mecida”, porque aunque eso suceda, las reservas seguirán inmovilizadas y no se podrán usar para el mercado interno, sobre todo, para el gasoducto andino.

Para terminar, si bien la negociación es un “paso adelante” que permite avanzar hacia la recuperación de los recursos naturales, queda claramente demostrado que en el Perú no hay política energética de Estado y que este sector es la “chacra” de las empresas. Una verdadera política energética debe establecer la matriz energética que el país requiere y priorizar el abastecimiento seguro y confiable del mercado interno. Lo de Quillabamba, si se consolida, es solo el primer paso hacia ese objetivo, lo que necesita, obviamente, una dirección y un compromiso político nacional serio.

(1) Incluso podrían negarse a venderle líquidos a la planta de fraccionamiento de Kepashiato.

Super tax e impuesto a las sobreganancias

Por Humberto Campodónico

La Primera Ministra de Australia anunció que el super tax a las utilidades de las empresas de hierro y carbón será de un 30% adicional, mientras que para las empresas de petróleo y gas será del 40%. Este super tax, cuyo nombre técnico es “impuesto a la renta de recursos naturales”, se cobrará cuando las ganancias de las empresas excedan la tasa de retorno del 12%.

De su lado, el jefe de Política Tributaria del FMI, Philip Daniel, dijo que “el super tax reforzaría las finanzas públicas del país en el largo plazo, a la vez que reduciría el riesgo para los inversionistas. A la vez, el super tax sigue dejando una parte sustancial de las ganancias de los recursos naturales en manos de los privados”. (AFP, 23/6/10)

Lo que está pasando en Australia no es una novedad. También sucede en otros países que tienen actividades extractivas (petróleo, minería) como Azerbaiján, República Dominicana y Botswana. La tendencia es la siguiente: la rentabilidad de las empresas mineras y petroleras no puede ser infinita. Tienen derecho a una tasa de ganancia adecuada, pues eso es lo que esperan de su inversión.

Pero, una vez obtenida esa ganancia adecuada (en jerga financiera, tasa interna de retorno, TIR), deberán pagar impuestos adicionales. Es lo que en el Perú se denomina impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

El fundamento de este impuesto es simple: en los últimos años –sobre todo desde el 2005– los precios de las materias primas se han disparado debido al crecimiento de la economía mundial y al gran consumo de los países emergentes que se están industrializando y exportando a la vez, comenzando por China, India y Brasil, seguidos de otros tigres asiáticos. Por tanto, las rentabilidades esperadas se han ido a las nubes. Así, por ejemplo, los inversionistas de Antamina (en el año 2000, cuando la mina estaba en construcción) pensaban que el precio del cobre estaría en promedio en US$ 0.90/libra durante los próximos 20 años (ver gráfico). A ese precio la TIR era 14%, lo que les parecía super bueno. Y con el cobre en un (1) dólar la libra TIR era 16% –la gloria–.

Lo sucedido superó todos los cálculos, pues el precio del cobre y del zinc del 2005 en adelante ha sido el triple de los precios del 2000. Así, las utilidades de Antamina han sido de US$ 862, US$ 1,628, US$1,620, US$ 1,200 y US$ 1,010 millones del 2005 al 2009. En total, US$ 6,320 millones. Dicho de otro modo, solo en los dos primeros años recuperaron su inversión de US$ 2,300 millones y su TIR se volvió positiva. No solo eso, ahora su TIR es infinita.

¿Por qué, entonces, no modernizar las leyes peruanas y cobrar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras? No basta con el impuesto a la renta, porque este no captura la sobreganancia. El procedimiento técnico puede ser el australiano o se puede estudiar otro distinto. La cuestión de fondo es que la sobreganancia que provenga de los recursos naturales debe ser para el país.

Dice el gobierno que no, porque se violarían los contratos-ley ya firmados. No lo creemos, porque las empresas sí estarían dispuestas a negociar. Pero, ¿y los contratos futuros? Aquí no habría obstáculo alguno, salvo la negativa de algunos analistas, como Cecilia Blume, quien acaba de declarar en este diario que los mineros no aceptarían un impuesto a las sobreganancias. Por favor, ni ellos dicen eso.

Por eso, así como ha hecho Australia (encima con el visto bueno del FMI) es necesario, ya, el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Los recursos naturales deben servir de palanca para financiar las necesidades del siglo XXI.

EEUU asegura que BP pagará multa por el desastre en el Golfo

La asesora para asuntos energéticos de la Casa Blanca, Carol Browner, afirmó este domingo que BP "definitivamente" tendrá que pagar una "gran multa financiera" por el derrame de cerca de cinco millones de barriles de crudo en el Golfo de México.

En declaraciones a la cadena televisiva NBC, Browner dijo que la petrolera BP tendrá que rendir cuentas por el mayor desastre ecológico en la historia de Estados Unidos, aunque no precisó cuánto sería el monto, de acuerdo con la agencia EFE.

"Hemos tenido éxito en la eliminación de gran parte del crudo. Tenemos que permanecer atentos y tenemos que pedir cuentas a BP por los reclamos, por los daños al ambiente", señaló la funcionaria.

Cuestionada sobre si el gobierno de Estados Unidos perseguirá un caso contra BP por negligencia criminal, y así cobrar la mayor penalidad posible, Browner dijo que no haría comentarios sobre la investigación que realiza el Departamento de Justicia.

La agencia federal "tiene en marcha una gran investigación. Diré esto: BP rendirá cuentas absolutamente", hasta donde lo permita la ley, dijo Browner, que asesora al presidente Barack Obama en asuntos energéticos.

"Habrá una gran multa financiera. También habrá reclamos por daños a los recursos naturales y (BP) será responsable por los costos de limpieza de esos daños", señaló.

En ese sentido, Browner precisó que BP tendrá que responder por las pérdidas económicas en la zona, para lo que ya se ha acordado un fondo de 20,000 millones de dólares -que será lanzado "en los próximos días"-, afrontará multas "significativas", y tendrá que pagar por los daños a recursos naturales.

De acuerdo con EFE, Browner indicó que, bajo la ley actual, las multas irían directo a las arcas del Departamento del Tesoro y consideró que "tiene mucho sentido" que hasta un 80% del monto sea canalizado a los estados golpeados por el vertido.

Sin embargo, enfatizó que es el Congreso de Estados Unidos el que tendrá que decidir cómo se canalizan los fondos para financiar los gastos en el Golfo de México.

Obama, aseguró Browner, "absolutamente apoya la idea de regresar el dinero (recabado en las multas) a la región" afectada.

Según Browner, se calcula que 4.9 millones de barriles de petróleo (780 millones de litros) han creado la marea negra en el Golfo de México, si bien la empresa BP "ha mantenido silencio" sobre esa cifra.

El desastre, iniciado en abril pasado tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, es "18 veces mayor que (el accidente) Exxon Valdez" en marzo de 1989, dijo Browner.

La funcionaria defendió todas las medidas que ha tomado el gobierno de Obama para responder a la crisis.

BP indicó este domingo en su página de Internet que la operación de la semana pasada, en la que se inyectaron grandes cantidades de cemento y lodo para sellar el averiado pozo, ha surtido efecto, mientras las autoridades preparan la fase final de un pozo auxiliar.

"Las pruebas de presión tras la operación de sellado con cemento indican que tenemos un sello de cemento eficaz", declaró la empresa, refiriéndose al "tapón" colocado en el pozo Macondo.

Tras comprobar la solidez de la mezcla de lodo y cemento, los ingenieros de BP prevén comenzar la fase final de la excavación de los 30 metros de pies que restan a un pozo auxiliar, cuyo objetivo es sellar de forma permanente el pozo averiado.

La idea es que el pozo auxiliar sirva para inyectar más lodo y cemento por la parte inferior del depósito, en una operación conocida en inglés como bottom kill y que se espera selle por completo el pozo averiado.

La empresa no precisó si los trabajadores ya comenzaron la parte final de esta misión, pero calcula que será hasta el próximo fin de semana cuando se pueda determinar si se ha completado la conexión entre ambos pozos.

El almirante Thad Allen, a cargo de la coordinación de respuesta a la crisis, señaló que aún falta mucho para completar las labores de limpieza en la zona "porque todavía hay mucho petróleo".

Ese mismo mensaje llevó Allen a la cadena CBS, a la que indicó que tanto el gobierno como BP permanecerán en la región hasta que se completen las labores de limpieza.

"BP estará allí y nosotros seguiremos pidiéndole cuentas", aseguró Allen.

(Con información de CNN México)

Promoverán productos regionales en IV Concurso Gastronómico Sabores de Cañete

(Andina).

Más de 70 potajes se lucirán en el IV Concurso Gastronómico Sabores de Cañete, que busca revalorar la cocina tradicional y los productos típicos de la provincia limeña como el pejerrey, la manzana, el pisco y los camarones, informó el Instituto Condoray, organizador del certamen.

El evento se efectuará en la ciudad de San Vicente de Cañete el 17 de agosto y habrá cuatro categorías. La primera corresponde a personas que trabajan en hoteles, restaurantes o área de alimentos y afines, las cuales presentarán platos de autor elaborados a base de camarones y un cóctel hecho con pisco.

La segunda categoría incluye a estudiantes de universidades, institutos superiores, academias, centros educativos ocupacionales (CEO), centros de educación técnico-productiva públicos (Cetpro) de la carrera de administración de servicios de hostelería y afines, quienes presentarán un plato creativo elaborado a base de pejerrey.

Mientras que en la tercera categoría podrán participar estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de los centros educativos de Cañete, quienes deberán presentar un postre elaborado a base de manzana.

Por último, la cuarta categoría considera a los lugareños que concursarán por el título “Postre Condoray”, el cual deberá ser original y elaborado con productos regionales.

EDICIONES PASADAS
El año pasado concursaron 20 centros educativos, los cuales presentaron novedosas recetas como la “Dulzura Santarricence”, preparada con yuca, mandarina y pisco, que obtuvo el primer premio en esa categoría, refirió Diana Celi, subdirectora de la casa de estudios.

La participación puede ser individual o en equipo de hasta cuatro integrantes, quienes tendrán 45 minutos para terminar de armar la presentación en el instituto antes del fallo del jurado. Los participantes que ocupen los tres primeros lugares serán premiados.

“El año pasado los institutos participaron con sopa seca, siendo la ganadora una sopa seca de pavo que gustó mucho a los miembros del jurado”, recordó.

PATIO DE COMIDAS
En esta oportunidad, el instituto acondicionará un patio de comidas en el que se expenderán platos típicos y postres elaborados por las mujeres que forman parte del Centro de Formación Empresarial de la Mujer que dirige Condoray.

El jurado estará integrado por destacados chefs nacionales, quienes calificarán la textura, calidad, sabor y la creatividad de los potajes.

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el viernes 13 de agosto en las instalaciones del Instituto Condoray, ubicado en la avenida Condoray Nº 120, en San Vicente de Cañete.

También pueden ingresar a la página web www.condoray.edu.pe o llamar a los teléfonos (01) 581-2476 y 581-3443 o escribir al e-mail: condoray@speedy.com.pe.

El agua potable ya es un derecho universal para la ONU

Por Jesús Moreno Abad

La moción aprobada este jueves le concede el mismo valor que el derecho a la vida o a la libertad de expresión, aunque 900 millones de personas no puedan acceder a ella. Los Objetivos del Milenio estipulan que ese número debe reducirse a la mitad en 2015.

El agua potable ya es un derecho, aunque no puedan ejercerlo alrededor de 900 millones de personas en el mundo. Pero, desde este jueves, al menos sobre el papel, es tan universal como el derecho a la vida o a la libertad de expresión: la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con 122 votos a favor y 41 abstenciones reconocer a cualquier ciudadano su derecho acceder a agua potable y limpia en cualquier lugar del mundo.

El texto aprobado, presentado por Bolivia, otorga específicamente a toda persona “el derecho a un agua potable limpia y de calidad e instalaciones sanitarias”, algo “indispensable para gozar plenamente del derecho a la vida". Ningún país ha votado en contra, pero muchos, como Estados Unidos han preferido abstenerse, porque no veían clara su aplicación en el derecho legal internacional y prefieren seguir tratando el tema dentro del Consejo de Derechos Humanos, que se reunirá próximamente en Ginebra. Sin embargo, ya han pasado 15 años desde que comenzó a discutirse esta cuestión en la ONU.

Así, a partir de este momento, el acceso al agua es un derecho solemne; pero para que esté dotado de los mecanismos legales y las infraestructuras necesarias que hagan efectiva la declaración de intenciones aprobada, hay un gran camino por delante.

Dentro del plan de los Objetivos del Milenio de la ONU ya se contempló esta necesidad. De acuerdo a este compromiso, los países deben promover las tecnologías e infraestructuras necesarias para que al menos la mitad de esos 900 millones de personas sin acceso al agua lo tengan en 2015.

Los problemas para acceder al líquido elemento han sido señalados por el portavoz boliviano en la Asamblea, Pablo Solón: “Según el informe del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir, como la diarrea, producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos y medio”.

El acceso al agua mejora, no así la infraestructuras de saneamiento

Los datos facilitados por Solón son demoledores, aunque algo se ha avanzado en la materia desde que hace diez años se declararan los Objetivos del Milenio. Según el informe elaborado por la ONU, sometido al control de la responsable independiente de este área, Catalina Albuquerque, en 1990 sólo el 77% de la población tenía acceso al agua en condiciones salubres, y en 2008 ese porcentaje ya alcanzaba el 87%.

Los avances más grandes se registraron en Asia Oriental, donde el acceso a agua potable mejoró casi un 30% en el período 1990-2008, señala el informe. La cobertura también aumentó en África subsahariana (22% en el mismo período), aunque sigue siendo muy baja, pues sólo alcanza al 60% de la población. En Oceanía no hubo avances en ese período de casi 20 años y la cobertura sigue siendo ínfima (alrededor de 50%).

La brecha entre las áreas rurales y las urbanas es muy importante cuando se consideran los hogares con agua potable por cañería, dice el informe. El porcentaje de gente que disfruta de los beneficios económicos y para la salud que ofrece el suministro de agua por cañería, es más del doble en las áreas urbanas que en las rurales; 79% y 34%, respectivamente.

A pesar de ello, regiones con graves problemas de pobreza, como África septentrional, América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el sudeste asiático ya han alcanzado la meta fijada por los OMD. El organismo es optimista y cree que incluso se superarán los objetivos en 2015.

Otra cuestión bien distinta son los accesos a las infraestructuras de saneamiento básicas. Según la ONU, “al ritmo de avance actual, el mundo no cumplirá con la meta de disminuir en un 50% la cantidad de gente sin acceso a instalaciones sanitarias básicas”. Se calcula que en 2008 había 2.600 millones de personas en todo el mundo no tenían acceso a instalaciones sanitarias. “Si la tendencia continúa, esa cantidad aumentará a 2.700 millones para 2015”, dice el informe.

La triste “excepción peruana” (sobre "necesidad absoluta" del Consenso de Washington)

Por Humberto Campodónico

La tesis del Consenso de Washington sobre la “necesidad absoluta” de privatizar todas las empresas estatales porque son ineficientes per se ha pasado a mejor vida, tanto en el mundo académico como en la práctica de casi todos los países del mundo y, también, de América Latina.

Pero no aquí, como lo acaba de subrayar García: “No creo en el Estado propietario, en el Estado burocrático que ha fracasado y continúa fracasando en los países donde se aplica”. Ni más ni menos que la “excepción peruana”: seríamos el único país del mundo sin empresas estatales. García continúa situando a las empresas públicas en el “corredor de la muerte” donde las puso la Constitución neoliberal de 1993 (Art. 60), que solo las autoriza de manera subsidiaria, es decir, allí donde los privados no quieran entrar.

En el plano académico, esa tesis del Consenso de Washington “ya fue”. Ha merecido críticas a granel de los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman, así como de Dani Rodrik de Harvard. El propio Banco Mundial y el BID han reconocido en varios textos que una de las principales lecciones de los últimos 20 años es que “tienen que ser menos soberbios y no creer que se sabían todas las lecciones”.

La demostración más palpable está en Rusia y China. En Rusia la privatización “a toda mecha” recomendada por el FMI a principios de los 90 llevó a la debacle económica de la cual recién está saliendo. En China, la política es pragmática y dice “hay que cruzar el río tocando las piedras con nuestros propios pies” (y no con los del FMI): hasta hoy cerca del 50% del PBI chino proviene de eficientes empresas estatales.

Claro, pues. El problema principal de la “gobernanza corporativa” de las empresas públicas no es la propiedad, sino la calidad de la gestión. Tan simple como eso.

Si miramos a Petrobrás, a Codelco y la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, o a ECOPETROL de Colombia, veremos a empresas eficientes –en hidrocarburos y minería– con personal honesto, capacitado (los mejores profesionales en su rama), eficiente y, además, dotado con instrumentos de transparencia, los que incluyen la veeduría privada de las compras y las inversiones.

Estas empresas cumplen con objetivos fijados por sus gobiernos en sus respectivos sectores, aportando tributos, divisas y, sobre todo, el cumplimiento de objetivos que esos Estados-Nación consideran estratégicos. Y, ojo, ninguno de estos tres países puede ser tachado de “antisistema”.

En el Perú tenemos un gobierno y una élite nostálgica de las privatizaciones, que “no pudieron alcanzar en su totalidad” debido a la protesta popular. Su respuesta fue “dejarlas ahí”, sin nuevos recursos financieros ni opciones de desarrollo. Solo una prueba al canto: ENAPU tiene un pasivo pensionario de S/. 60 millones anuales que no tienen las privadas, lo que le dificulta competir. ¿Por qué no lo asume el Estado? Porque el objetivo es desprestigiarla para después privatizarla. Así de simple.

El problema más grave de la seudo-tesis de la “excepción peruana” es que no concibe al Estado-Nación como un producto de la sinergia entre Estado y mercado sino como un simple subproducto de la inversión privada, mejor aún si es extranjera. Esta tesis trasnochada acaba de estrellarse contra la pared en los países industrializados, pues se ha demostrado que la “libertad irrestricta” del capital es incompatible con el crecimiento sustentable –menos aún, con una sociedad democrática–, por eso es que ahora el énfasis está en la regulación.

Pero no en el Perú, donde no hay políticas de largo plazo (menos en energía, si no miremos cómo se llevan el gas de Camisea). Lo que hay son políticas de negocios empresariales que no tienen por qué coincidir –y en la mayor parte de los casos no lo hacen– con los intereses nacionales. ¿No es cierto?