El agua potable ya es un derecho universal para la ONU

Por Jesús Moreno Abad

La moción aprobada este jueves le concede el mismo valor que el derecho a la vida o a la libertad de expresión, aunque 900 millones de personas no puedan acceder a ella. Los Objetivos del Milenio estipulan que ese número debe reducirse a la mitad en 2015.

El agua potable ya es un derecho, aunque no puedan ejercerlo alrededor de 900 millones de personas en el mundo. Pero, desde este jueves, al menos sobre el papel, es tan universal como el derecho a la vida o a la libertad de expresión: la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con 122 votos a favor y 41 abstenciones reconocer a cualquier ciudadano su derecho acceder a agua potable y limpia en cualquier lugar del mundo.

El texto aprobado, presentado por Bolivia, otorga específicamente a toda persona “el derecho a un agua potable limpia y de calidad e instalaciones sanitarias”, algo “indispensable para gozar plenamente del derecho a la vida". Ningún país ha votado en contra, pero muchos, como Estados Unidos han preferido abstenerse, porque no veían clara su aplicación en el derecho legal internacional y prefieren seguir tratando el tema dentro del Consejo de Derechos Humanos, que se reunirá próximamente en Ginebra. Sin embargo, ya han pasado 15 años desde que comenzó a discutirse esta cuestión en la ONU.

Así, a partir de este momento, el acceso al agua es un derecho solemne; pero para que esté dotado de los mecanismos legales y las infraestructuras necesarias que hagan efectiva la declaración de intenciones aprobada, hay un gran camino por delante.

Dentro del plan de los Objetivos del Milenio de la ONU ya se contempló esta necesidad. De acuerdo a este compromiso, los países deben promover las tecnologías e infraestructuras necesarias para que al menos la mitad de esos 900 millones de personas sin acceso al agua lo tengan en 2015.

Los problemas para acceder al líquido elemento han sido señalados por el portavoz boliviano en la Asamblea, Pablo Solón: “Según el informe del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir, como la diarrea, producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos y medio”.

El acceso al agua mejora, no así la infraestructuras de saneamiento

Los datos facilitados por Solón son demoledores, aunque algo se ha avanzado en la materia desde que hace diez años se declararan los Objetivos del Milenio. Según el informe elaborado por la ONU, sometido al control de la responsable independiente de este área, Catalina Albuquerque, en 1990 sólo el 77% de la población tenía acceso al agua en condiciones salubres, y en 2008 ese porcentaje ya alcanzaba el 87%.

Los avances más grandes se registraron en Asia Oriental, donde el acceso a agua potable mejoró casi un 30% en el período 1990-2008, señala el informe. La cobertura también aumentó en África subsahariana (22% en el mismo período), aunque sigue siendo muy baja, pues sólo alcanza al 60% de la población. En Oceanía no hubo avances en ese período de casi 20 años y la cobertura sigue siendo ínfima (alrededor de 50%).

La brecha entre las áreas rurales y las urbanas es muy importante cuando se consideran los hogares con agua potable por cañería, dice el informe. El porcentaje de gente que disfruta de los beneficios económicos y para la salud que ofrece el suministro de agua por cañería, es más del doble en las áreas urbanas que en las rurales; 79% y 34%, respectivamente.

A pesar de ello, regiones con graves problemas de pobreza, como África septentrional, América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el sudeste asiático ya han alcanzado la meta fijada por los OMD. El organismo es optimista y cree que incluso se superarán los objetivos en 2015.

Otra cuestión bien distinta son los accesos a las infraestructuras de saneamiento básicas. Según la ONU, “al ritmo de avance actual, el mundo no cumplirá con la meta de disminuir en un 50% la cantidad de gente sin acceso a instalaciones sanitarias básicas”. Se calcula que en 2008 había 2.600 millones de personas en todo el mundo no tenían acceso a instalaciones sanitarias. “Si la tendencia continúa, esa cantidad aumentará a 2.700 millones para 2015”, dice el informe.

La triste “excepción peruana” (sobre "necesidad absoluta" del Consenso de Washington)

Por Humberto Campodónico

La tesis del Consenso de Washington sobre la “necesidad absoluta” de privatizar todas las empresas estatales porque son ineficientes per se ha pasado a mejor vida, tanto en el mundo académico como en la práctica de casi todos los países del mundo y, también, de América Latina.

Pero no aquí, como lo acaba de subrayar García: “No creo en el Estado propietario, en el Estado burocrático que ha fracasado y continúa fracasando en los países donde se aplica”. Ni más ni menos que la “excepción peruana”: seríamos el único país del mundo sin empresas estatales. García continúa situando a las empresas públicas en el “corredor de la muerte” donde las puso la Constitución neoliberal de 1993 (Art. 60), que solo las autoriza de manera subsidiaria, es decir, allí donde los privados no quieran entrar.

En el plano académico, esa tesis del Consenso de Washington “ya fue”. Ha merecido críticas a granel de los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman, así como de Dani Rodrik de Harvard. El propio Banco Mundial y el BID han reconocido en varios textos que una de las principales lecciones de los últimos 20 años es que “tienen que ser menos soberbios y no creer que se sabían todas las lecciones”.

La demostración más palpable está en Rusia y China. En Rusia la privatización “a toda mecha” recomendada por el FMI a principios de los 90 llevó a la debacle económica de la cual recién está saliendo. En China, la política es pragmática y dice “hay que cruzar el río tocando las piedras con nuestros propios pies” (y no con los del FMI): hasta hoy cerca del 50% del PBI chino proviene de eficientes empresas estatales.

Claro, pues. El problema principal de la “gobernanza corporativa” de las empresas públicas no es la propiedad, sino la calidad de la gestión. Tan simple como eso.

Si miramos a Petrobrás, a Codelco y la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, o a ECOPETROL de Colombia, veremos a empresas eficientes –en hidrocarburos y minería– con personal honesto, capacitado (los mejores profesionales en su rama), eficiente y, además, dotado con instrumentos de transparencia, los que incluyen la veeduría privada de las compras y las inversiones.

Estas empresas cumplen con objetivos fijados por sus gobiernos en sus respectivos sectores, aportando tributos, divisas y, sobre todo, el cumplimiento de objetivos que esos Estados-Nación consideran estratégicos. Y, ojo, ninguno de estos tres países puede ser tachado de “antisistema”.

En el Perú tenemos un gobierno y una élite nostálgica de las privatizaciones, que “no pudieron alcanzar en su totalidad” debido a la protesta popular. Su respuesta fue “dejarlas ahí”, sin nuevos recursos financieros ni opciones de desarrollo. Solo una prueba al canto: ENAPU tiene un pasivo pensionario de S/. 60 millones anuales que no tienen las privadas, lo que le dificulta competir. ¿Por qué no lo asume el Estado? Porque el objetivo es desprestigiarla para después privatizarla. Así de simple.

El problema más grave de la seudo-tesis de la “excepción peruana” es que no concibe al Estado-Nación como un producto de la sinergia entre Estado y mercado sino como un simple subproducto de la inversión privada, mejor aún si es extranjera. Esta tesis trasnochada acaba de estrellarse contra la pared en los países industrializados, pues se ha demostrado que la “libertad irrestricta” del capital es incompatible con el crecimiento sustentable –menos aún, con una sociedad democrática–, por eso es que ahora el énfasis está en la regulación.

Pero no en el Perú, donde no hay políticas de largo plazo (menos en energía, si no miremos cómo se llevan el gas de Camisea). Lo que hay son políticas de negocios empresariales que no tienen por qué coincidir –y en la mayor parte de los casos no lo hacen– con los intereses nacionales. ¿No es cierto?

La corrupción de la democracia

Por Ignacio Ramonet

El "caso Bettencourt" que zarandea Francia con su vendaval de arrestos, odios familiares, cheques ocultos, grabaciones furtivas, fechorías fiscales y donaciones ilegales al partido del Presidente Nicolas Sarkozy, está hundiendo el país en una profunda crisis moral.

Liliane Bettencourt, una de las mujeres más ricas del planeta, poseedora de una fortuna de 17.000 millones de euros y propietaria del imperio de cosméticos y perfumes L'Oréal, se halla en el epicentro de un alucinante culebrón devenido asunto de Estado. Unas conversaciones robadas en su domicilio revelaron que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, usó de su influencia (cuando era ministro del Presupuesto, y por consiguiente responsable de la administración fiscal) para obtener que su esposa, Florence, fuese contratada por la multimillonaria -con un salario anual de 200.000 euros- para administrar su fortuna... De paso, Eric Woerth, que también era tesorero del partido del Presidente, percibió presuntamente donaciones de decenas de miles de euros (1) para financiar la campaña electoral de Sarkozy... A cambio, se sospecha que el ministro hizo la vista gorda sobre una parte del patrimonio oculto de la dueña de L'Oréal: por ejemplo, varias cuentas millonarias en Suiza y una isla en las Seychelles valorada en unos 500 millones de euros...

Este asunto, de por sí bochornoso, adquiere mayor morbo en la medida en que Eric Woerth es el encargado de conducir la dura reforma de las jubilaciones que castigará a millones de asalariados modestos. En un ambiente de fuertes tensiones sociales y de motines de desclasados en los guetos urbanos, el "caso Bettencourt" está reactivando el viejo litigio entre las elites y el pueblo común. "El clima de la sociedad, advierte el filósofo Marcel Gauchet, se halla hoy impregnado de revuelta latente y de un sentimiento de distancia radical hacia los dirigentes" (2).

Francia no es la única democracia carcomida por la corrupción de algunos políticos y por la permanente confusión que muchos de ellos mantienen entre cargos públicos y beneficios privados. Está aún fresco en las memorias el escándalo de los abusos de los gastos parlamentarios a expensas de los contribuyentes, ocurrido en el Reino Unido y que, junto con otras causas, provocó el descalabro de los laboristas en las elecciones del 6 de mayo pasado. O el de la Italia de Silvio Berlusconi en donde, casi veinte años después de la operación mane pulite que decapitó a gran parte de la clase política, la corrupción, a modo de metástasis, vuelve a extenderse ante la impotencia de una izquierda paralizada y sin ideas. El Tribunal de Cuentas italiano, en su último informe, establece que los delitos de corrupción activa de los funcionarios públicos aumentaron el año pasado en más de 150% (3). Y qué decir de España, agobiada por los múltiples casos de corrupción de cargos públicos asociados a los "señores del ladrillo" enriquecidos por las delirantes políticas urbanísticas. Sin hablar del esperpéntico "caso Gürtel" que sigue coleando.

A escala internacional, la corrupción alcanza hoy, en la era de la globalización neoliberal, una dimensión estructural. Su práctica se ha banalizado igual que otras formas de criminalidad corruptora: malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, abuso de bienes sociales, creación y financiación de empleos ficticios, fraude fiscal, disimulo de capitales procedentes de actividades ilícitas, etc. Se confirma así que la corrupción es un pilar fundamental del capitalismo. El ensayista Moisés Naím afirma que, en los próximos decenios, "las actividades de las redes ilícitas del tráfico global y sus socios del mundo ‘legítimo', ya sea gubernamental o privado, tendrán muchísimo más impacto en las relaciones internacionales, las estrategias de desarrollo económico, la promoción de la democracia, los negocios, las finanzas, las migraciones, la seguridad global; en fin, en la guerra y la paz, que lo que hasta ahora ha sido comúnmente imaginado" (4).

Según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros... De ese montante, unos 250 000 millones corresponden al fraude fiscal realizado anualmente sólo en la Unión Europea. Reinyectados en la economía legal, esos millones permitirían evitar los actuales planes de austeridad y ajuste que tantos estragos sociales están causando.

Ningún dirigente debe olvidar que la democracia es esencialmente un proyecto ético, basado en la virtud y en un sistema de valores sociales y morales que dan sentido al ejercicio del poder. Afirma José Vidal-Beneyto, en su libro póstumo y de indispensable lectura, que cuando, en una democracia, "las principales fuerzas políticas, en plena armonía mafiosa, se ponen de acuerdo para timar a los ciudadanos" (5) se produce un descrédito de la democracia, una repulsa de la política, un aumento de la abstención y, más peligroso, una subida de la extrema derecha. Y concluye: "El gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la democracia, la corrompida es la democracia".



Notas:

(1) En Francia, la ley de financiamiento de los partidos políticos del 11 de abril de 2003, limita las donaciones de las personas físicas a 7.500 euros al año.
(2) Le Monde , París, 18 de julio de 2010.
(3) Clarín , Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
(4) Moisés Naím, Ilícito , Debate, Madrid, 2006.
(5) José Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia , Catarata, Madrid, 2010.

Kósovo: precedente sin precedente

La declaración sobre la proclamación unilateral de la independencia de Kósovo no violó la legislación internacional -ha declarado el presidente del Tribunal Internacional, Hisashi Owada, al anunciar la resolución consultiva de la máxima instancia judicial de la ONU. Tal como reza el veredicto del tribunal, el derecho internacional no prohibe la declaración de la independencia.

La correspondiente solicitud fue presentada en el Tribunal Internacional por la Asamblea General de la ONU aún en octubre de 2008. Ya entonces estaba claro que en el caso se verían enfrentados el derecho internacional y lo que suele llamarse conveniencia política. Es que el caso de Kósovo tiene un carácter sin precedente. Nunca aún en su historia el Tribunal Internacional de la ONU no examinó una cuestión sobre un territorio que declaró su salida de un Estado miembro de la Organización sin el consentimiento de este último. De ahí el gran caldeo de pasiones en torno al veredicto.

Esto también lo han confirmado las audiencias abiertas celebradas en La Haya en diciembre de 2009. Los detractores de la independencia kosovar, a la cabeza con Serbia y Rusia, destacaron las burdas violaciones de las normas del derecho internacional, particularmente el principio de inviolabilidad de las fronteras. Sus opositores - en la persona de las autoridades albanesas de Kósovo, de EEUU y de los principales miembros de la Unión Europea, que ya reconocían la independencia kosovar, hablaban de ella como de un hecho consumado. Y Francia aún entonces dudó de la legitimidad del Tribunal Internacional de la ONU de debatir dicha cuestión que, según París, tenía un carácter exclusivamente político. Pero, dado que las resoluciones en este caso se toman por simple mayoría de votos, está claro que los separatistas albaneses de Kosovo desde un mismo principio podían confiar en el éxito, lo cual, dicho sea de paso, no ocultaban. El ministro de Exteriores del gabinete provincial, Skender Hyseni, ya prometió que el Gobierno está totalmente decidido a tomar el control de las regiones del norte de la provincia, pobladas por serbios.

Cabe recordar que, a diferencia de las resoluciones del propio Tribunal Internacional de la ONU, sus resoluciones consultivas no tienen fuerza vinculante. Al propio tiempo, esto confiere legitimidad a un acto totalmente ilegítimo -estima la balcanista rusa Anna Filimónova: "¿Qué significa esto para los serbios, para los serbios que viven al sur del Ibar? Significa que paulatinamente serán absorbidos. Significa la renuncia a su propia historia secular, a sus inveteradas raíces. Y el factor de la absorción no se limita sólo a eso. Ya existe una amenaza a Serbia del sur y a algunas ciudades de Presevo, Bujanovac y otras. Y, obviamente, se trata de un golpe contra la autoconciencia de los serbios".

Aún es temprano para que las autoridades albanesas de Kosovo festejen la victoria definitiva. La resolución del Tribunal Internacional aún ingresará a examen de la Asamblea General de la ONU en setiembre próximo. El viceprimer ministro de Serbia, Bozidar Djelic, ya advirtió al respecto que su país presentará a los miembros de la ONU un proyecto de resolución "en el que se reflejará el anhelo de encontrar una fórmula de compromiso en todas las cuestiones, incluyendo el estatus de Kosovo, es decir se demandarán nuevas negociaciones entre Belgrado y Pristina.

Además, las conclusiones y especialmente la argumentación de la actual resolución del tribunal rebasan los marcos de Kosovo y de toda la región balcánica. Ellas serán estudiadas atentamente e intepretadas conforme a otros conflictos similares, incluso en el Cáucaso y en otras regiones del espacio postsoviético. O sea que la resolución de hoy no es el fin del "caso kosovar", sino el prólogo de nuevas batallas geopolíticas.

Celebran Día del Pabellón Nacional de Perú en la Expo Shanghai

El Día del Pabellón Nacional de Perú en la Exposición Universal de Shanghai se celebró el miércoles, y a la ceremonia asistieron el subcomisiorio del gobierno chino en la Expo, Ju Yijie, y el embajador de Perú en China, Harold Forsyth, así como otros invitados, quienes al finalizar el acto apreciaron al lado del público fantásticos espectáculos.

En la conferencia de prensa posterior, Ju Yijie dijo que Perú no sólo constituye un país latinoamericano muy importante, sino que además fue el primero que estableció relaciones diplomáticas con China. Aunado a ello, en los últimos años, la cooperación en cada terreno entre los dos países marcha viento en popa, sus altos dirigentes realizan visitas de Estado con frecuencia, y ambas naciones han firmado un tratado de libre comercio.

Ju agradeció al gobierno peruano por prestar tanta atención a su participación en la Expo, y expresó su deseo de que la cooperación y la amistad entre los dos pueblos se desarrollen aún más con este evento mundial.

Por su parte, Harold Forsyth señaló que este día coincide con el Día Nacional de Perú, y manifestó su agradecimiento a los organizadores por elegir esta fecha como el Día del Pabellón de su país. Dijo que tanto Perú como China son cunas de la civilización del mundo antiguo y ambos pueblos contribuyeron mucho al avance de la humanidad.

CHILE: Crece la protesta mapuche contra ley antiterrorista

Por Natalie Kantt

Dos mapuches presos en la cárcel sureña de Lebu, en Chile, se sumaron el jueves a la huelga de hambre que desde hace más de dos semanas mantienen otros 29. Los 31 indígenas reclaman que no les sea aplicada la llamada ley antiterrorista, una severa disposición creada en la época de Augusto Pinochet que aún hoy sigue vigente. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas pidió incluso el año pasado a Chile que revisara esta ley y exigió no aplicarla indiscriminadamente a los mapuches por actos de protestas o reclamos sociales.

América Latina: 80 millones de niños en la pobreza

Un informe reciente de la Cepal y Unicef advierte que unos 81 millones de niños en América Latina viven en situación de pobreza, mientras que otros 32 millones están en la pobreza extrema. Bolivia, Nicaragua y Guatemala lideran la lista de países de mayores niveles de indigencia.

Agencias/José Zepeda


El 45% de la población infantil de América Latina y el Caribe vive en situación de pobreza, lo cual equivale a 80,8 millones de niños de entre 0 y 17 años, según advierte un informe conjunto realizado por la Cepal y Unicef entre los años 2008 y 2009. De esa cifra, en situación de extrema pobreza se encuentran al menos 32,2 millones de niños. Esa población está principalmente afectada por "privaciones severas" como precariedad de la vivienda, desnutrición global o crónica grave, falta de acceso al agua potable y a los sistemas educativos e informativos.

Indigencia
Bolivia, Guatemala, Nicaragua. El Salvador, Honduras y Perú lideran la nómina de países donde la pobreza extrema afecta a cerca del 41% de los niños. La situación es más grave en los primeros cuatro, donde los niveles de indigencia y precariedad alcanzan al 48,6%, 47,2%, 42,4% y 39%, respectivamente.

Del total de niños en pobreza extrema, alrededor del 43% vive en familias cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades alimentarias, es decir, que se encuentran en situación de indigencia.

En el estudio también se advierte a los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, donde la pobreza extrema afecta a algo menos del 14% de los niños. En tanto, Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay figuran entre los de menor pobreza extrema, con el 8%.

"Es importante destacar que varios países donde la pobreza infantil extrema es baja, presentan niveles altos de pobreza total, por la amplia existencia de privaciones de carácter moderado", explica el informe.

El 53% de los casi 81 millones de niños que viven en la pobreza sufren la violación de sus derechos por una sola privación moderada o severa, y sólo uno de cada cinco niños pobres se ve privado en tres o más dimensiones del bienestar.

Camisea: la cosa es más bien al revés

Por Humberto Campodónico

“Pero ahora, cuando ha llegado el momento en que se inicia la exportación, es cuando se exige que el gas no se exporte, olvidando que solo con ese estímulo se logró que nosotros hayamos utilizado ya por cinco años el gas” (Alan García, 28/7/10). Añadió: “Sin la oferta de exportar el gas ninguna empresa hubiera invertido US$ 2,300 millones en las plantas de fraccionamiento o cientos de millones en la perforación y menos en un gasoducto de US$ 800 millones que desde hace 5 años nos sirve a nosotros”.

Estas afirmaciones no son ciertas pues el proyecto Camisea del Lote 88 comenzó en el 2000 como un proyecto ligado únicamente al mercado interno. Para que el proyecto sea rentable, el consorcio Camisea se acogió al DL 818 de 1996, que amplió el arrastre de pérdidas de 4 a 8 años, fraccionó el pago de aranceles en un periodo de 7 años (y no de inmediato) y se acogió a la recuperación anticipada del IGV (DS-095-98-EF).

Se trata de un típico caso de “industria naciente”, en el que el Estado le proporciona a la empresa, al principio, toda una serie de incentivos para que el proyecto despegue. Otros incentivos fueron el adelanto (al 2002) de la Garantía de la Red Principal (que todos pagamos en la tarifa eléctrica y que fue lo que permitió que se construya el gasoducto) y el contrato de Electroperú por el cual se garantizaba la compra sí o sí (take or pay) al Consorcio Camisea de 70 millones de pies cúbicos diarios.

Con todos estos incentivos el gasoducto del Lote 88 llegó a Lima en agosto del 2004. ¿Cuándo se firmó el contrato por el Lote 56, destinado a la exportación? En setiembre del 2004. Nada tuvo que ver la exportación en el desarrollo de esta industria naciente.

No solo eso. García infla las cifras, porque la inversión del Lote 88 fue de U$ 850 millones en la explotación (lo que incluye la perforación de pozos y las plantas de fraccionamiento), US$ 800 millones en el gasoducto de Camisea a Lima y US$ 70 millones en la distribución. El monto es importante y estamos de acuerdo con sus efectos positivos para el mercado interno. Pero, ojo, no son los montos de los que habla García y nada tiene que ver la exportación.

En su discurso García retrocede con respecto a lo que dijo el año pasado, pues ahora está a favor de que se consuma el despojo del gas del Lote 88 que fue un “regalo de Dios”, pues la Shell no lo pudo explotar y revirtió gratis al Estado. El año pasado dijo que el cambio de las leyes que permitieron que se exporte el gas del Lote 88, en el 2005-2006, era un delito. Eso “ya fue”.

También dijo que la exportación solo procedería si primero se abastece al mercado interno. Eso no sucede, pues hay racionamiento para las empresas peruanas, ya que 2 TCF del Lote 88 están inmovilizados, pues son la garantía del contrato a México.

La cuestión es más bien al revés. Ha sido el proyecto de exportación el que se ha beneficiado del mercado interno en varios aspectos. Primero, en el tramo del ducto de la selva, Perú LNG va a usar el gasoducto del Lote 88, que tiene exclusividad de 10 años para el mercado interno. Segundo, la planta de fraccionamiento de líquidos, construida para el Lote 88, es usada para el Lote 56. Tercero, el ducto de líquidos de Camisea a Pisco del Lote 88 es usado por el Lote 56. Cuarto, han sido las utilidades del Lote 88 (y en los últimos dos años) y las del Lote 56 las que le han permitido a Perú LNG financiar el proyecto de exportación, las mismas que ascienden a US$ 1,000 millones (ver Camisea y los negocios vinculados, www.cristaldemira.com, 17/5/10).

Finalmente, ¿por qué García, de un lado, levanta las inversiones de Perú LNG y, de otro, dice que va a renegociar las regalías, lo que solo es un aspecto mínimo de todo el problema? La respuesta es: para tapar el sol con el dedo de las regalías y que la gente piense que “está bien exportar el gas”. Está claro para quien juega García y, también, debiera estar claro que la exportación del gas no es aceptable.