MEM sin respuestas a críticas en renegociación

José Carlos Reyes.

Se corren. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se rehusó a dar explicaciones sobre el decreto 039-2010-EM, que si bien permitió iniciar las renegociaciones del pago de regalías de la exportación del gas, también señalaba que el valor mínimo a pagar resultará del “promedio” de las regalías del mercado nacional, por lo que siempre habrá sectores –como el industrial y petroquímico– en los que la venta de gas generará mayores regalías que la exportación.

Ayer en horas de la mañana, tras una conferencia en la Universidad del Pacífico sobre la transparencia tributaria de las industrias extractivas, el titular del MEM, Pedro Sánchez, evadió a la prensa sin responder ninguna pregunta.

Pero dos horas más tarde y en el mismo evento, el viceministro de Energía, Daniel Cámac, intentó trasladar la responsabilidad a Perupetro. “El tema de las regalías ya está en manos de Perupetro y la renegociación es libre para ellos”, señaló escuetamente.
Pero cuando La República le recordó que Perupetro no puede negociar más allá de lo que indica la norma (trabajada en el MEM), un fastidiado Cámac dijo que no hablaría sobre el asunto.

El pasado jueves el presidente de Perupetro, Daniel Saba, reconoció que aun así la renegociación resulte exitosa el gas vendido a sectores como el industrial y petroquímico en el país seguirá pagando más regalías que la exportación.

No obstante, Saba subrayó que Perupetro sólo renegociará en base a lo establecido por el decreto del MEM emitido a inicios de julio.

Al respecto el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi criticó la flexibilidad del MEM al establecer la base de la renegociación, burlando incluso el objetivo del premier y el canciller cuando manifestaron que “no se debe subsidiar” la exportación.

“En ningún caso la regalía mínima de la exportación debe ser menor a la pagada por cualquier sector del mercado interno, y eso no se cumplió en el reciente decreto del MEM”, recalcó el especialista.

Sin voluntad política

Por su parte, desde Chimbote (Áncash), el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, reiteró su preocupación por el manejo del gobierno al encarar la renegociación del contrato.

“Si existiera voluntad política para hacer favorecer a los peruanos, este proceso no debería durar mucho tiempo, pues la cláusula más importante debe ser garantizar el abastecimiento interno y la férrea prohibición de que se exporte el gas del lote 88 de Camisea”, expresó Humala.

Reacciones

"El ministro Sánchez muestra demasiada pasividad al renegociar los contratos. Debería dar un paso al costado”.

Carlos Herrera Descalzi
Ex ministro de energía y minas

"Alan García debería anunciar en su discurso del 28 la no exportación del Lote 88. No creo que lo haga”.

Ollanta Humala
Líder del Partido Nacionalista

Marcha relámpago en defensa del gas para los peruanos

Ayer al mediodía, un grupo de jóvenes dirigentes distritales del Partido Nacionalista se vistieron con singulares disfraces para realizar la “marcha relámpago de las ratas” a lo largo de la Av. Arequipa, en protesta contra el gobierno que prioriza la exportación del gas de Camisea antes que al mercado interno.

Durante su recorrido, exigieron al presidente Alan García no exportar el gas y sanciones ejemplares a las autoridades corruptas denunciadas en este gobierno. “Estas marchas, que continuarán en distintos distritos de la capital y provincias, buscan fijar posición contra la exportación del gas y crear conciencia en la población con los casos de corrupción”, afirmó Enrique Juscamayta, coordinador de Lima Metropolitana del Partido Nacionalista.

Desastres ecológicos en la Amazonía y los Andes, ¿qué hacer desde el derecho?

Antonio Peña Jumpa
Profesor del Departamento de Derecho, máster en Ciencias Sociales y PhD in Laws

El pasado 19 de Junio del 2010 se denunció el derrame de 400 barriles de petróleo (5,000 litros aproximadamente) de una embarcación de la empresa de transportes Sanám contratada por la empresa petrolera argentina PLUS PETROL, en la región amazónica de Loreto.

El hecho trajo consigo la contaminación de las aguas del río Marañón así como la afectación de la reserva Nacional Pacaya-Samiria (una de las más grandes del Perú), con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y daños subsecuentes no previstos como enfermedades y/o muerte de personas y animales de comunidades amazónicas que se alimentan de dichas aguas y peces.

Seis días después, el 25 de Junio del mismo año, ocurre otro desastre ecológico, esta vez en los Andes: colapsa la presa que contenía cientos de toneladas de desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica, propiedad del grupo económico Raffo, los mismos que fueron a parar primero al rio Escalera, luego a los ríos Totoropampa y Opomayo, en la región de Huancavelica, y posteriormente hasta el río Cachi, en la región de Ayacucho. El hecho produjo, nuevamente, la contaminación de las aguas de los ríos citados con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y enfermedades y posibles muertes de personas y animales de comunidades andinas cuyas actividades económicas agrícolas y ganaderas dependen de los ríos.

¿Qué corresponde hacer frente a estos dos hechos que como otros muestran la difícil relación entre producción minera y petrolera con la vida y el medio ambiente de comunidades o pueblos amazónicos y andinos afectados? La pregunta es más compleja si se tiene en cuenta, de un lado, que las autoridades del Estado tienen una posición muy débil o parcializada al respecto, y, de otro lado, tenemos una economía nacional dependiente de la producción y exportación de los minerales y petróleo para financiar nuestro presupuesto.

Desde el Derecho aplicable a los desastres, sugerimos las siguientes acciones:

1) Nunca olvidar la aplicación de un derecho de emergencia. Esto significa, dependiendo de la magnitud de los daños, declarar el Estado de Emergencia (la Constitución Política lo dispone bajo responsabilidad del presidente de la República) para movilizar a las autoridades políticas y a las fuerzas del orden, más allá de las acciones de seguridad previstas por la empresa involucrada, con el fin de abastecer de agua y recursos a las comunidades o pueblos afectados. Estas acciones deben coordinarse con la población damnificada organizada, dando prioridad a los ancianos, los niños y las mujeres.

2) Aplicar un derecho reparador o de indemnizaciones por los daños ocasionados. Las empresas involucradas como causantes deben garantizar un fondo de compensaciones que incluya el daño efectivo y el lucro cesante (reparación de pérdidas que se dejan de percibir) calculados por las autoridades del Estado en coordinación con los damnificados. El pago de daños a través del indicado fondo no libera de responsabilidad a las empresas involucradas por daños no estimados (daños futuros, daños a la persona y daños morales, por ejemplo), los que serían ventilados ante el Poder Judicial. Para esto último, es indispensable que las autoridades del Poder Judicial dispongan de juzgados y tribunales ad hoc para procesar legalmente los posibles reclamos.

3) Es fundamental promover un derecho sancionador a nivel administrativo y a nivel penal. De un lado, administrativamente son las autoridades del gobierno central en coordinación con las autoridades regionales las encargadas de aplicar eficientemente multas, suspensiones y/o clausuras a las empresas petroleras o mineras involucradas. Dentro de estas medidas puede exigirse la formación del fondo de compensaciones antes mencionado. De otro lado, penalmente son las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial las competentes de identificar a las personas naturales responsables por comisión u omisión de la materialización de los delitos contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra la ecología, contra la vida el cuerpo y la salud, y contra la administración pública. Los altos funcionarios públicos y de las empresas petroleras y mineras involucradas deben dar el ejemplo sometiéndose y facilitando la investigación.

Si las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas involucradas no cumplen su misión y funciones, cabe, por último, una vía constitucional y legal alternativa o complementaria. Las comunidades damnificadas a través de sus propias autoridades pueden asumir la resolución de los conflictos por daños ambientales que hubieren ocurrido en su territorio, tal como lo faculta el artículo 149º de la Constitución Política del Perú.

La boca del cocodrilo sigue abierta

Por Humberto Campodónico

Para el gobierno y, en general, para una gran cantidad de economistas, lo más importante es si el PBI crece o no. Así, en los últimos días hemos escuchado y leído que otra vez hemos entrado a la senda del crecimiento de dos dígitos. Se habría retomado así la velocidad de crucero que hubo hasta el 2009, en que el impacto de la crisis internacional llevó a un crecimiento de solo 0.9%.

Así, ya estarían “arreglados” los problemas pues el supuesto central detrás del anuncio de un “gran” crecimiento es que éste llega a todos los peruanos, más o menos por igual. Otra forma de decir lo mismo es mencionar el crecimiento del ingreso per cápita, que consiste en dividir el PBI de un año entre los 29 millones de peruanos. Si ese ingreso per cápita sube, entonces se supone que todos estamos mejor.

Pero hay otras formas de analizar el crecimiento del PBI que proporcionan resultados no tan complacientes. Una de ellas es la medición por tipo de ingreso (el INEI ha publicado hace poco la data del 2009), que descompone el PBI en cuatro elementos: los salarios, el excedente de explotación (las ganancias), el consumo de capital fijo (la depreciación) y los impuestos pagados (IGV, renta y aranceles, principalmente).

En jerga económica, esto equivale a decir que el PBI se cuantifica a partir de los ingresos recibidos por los agentes económicos como retribución por su participación en el proceso de producción.

¿Cómo se han comportado los salarios en el periodo 1991-2009? Mal, porque su participación bajó del 30.1% del PBI en 1991 hasta 20.9% en el 2008 (1). En el 2009 se han recuperado un poquito, llegando al 22% del PBI. Estas cifras son bajas en relación a América Latina, donde en todos los países medianos la participación salarial está entre el 30 a 35% del PBI. Para no hablar de Europa y EEUU, donde supera el 50%.

Por el contrario, los excedentes de explotación (EE) han subido desde el 52.7% del PBI en 1991 hasta el 63% en el 2008, cayendo apenas a 62.8% en el 2009 (en el EE la participación de las empresas y de los independientes es del 52% y 11%, respectivamente). Puede decirse, entonces, que lo que han perdido los asalariados lo ha ganado el EE. Es importante ver también que, en los años de fuerte crecimiento (del 2002 al 2008), los salarios no aumentaron.

La dirección contraria de estos dos elementos se asemeja a una tijera abierta o a lo que en esta columna hemos llamado la “boca del cocodrilo”, la misma que sigue bien abierta en el 2009, a pesar de la muy leve mejoría de los asalariados.

El consumo de capital fijo se ha mantenido más o menos constante en 7% del PBI en la década del 2000. De su lado, los impuestos han sido el 9.2% del PBI en promedio en el mismo periodo. Pero, ojo, en el 2009, bajaron a 8.3% del PBI, como consecuencia de la caída en la actividad económica, sobre todo la minería (estos dos elementos no aparecen en el gráfico).

Como el PBI corriente del 2009 fue S/. 392,000 millones, según el INEI, tenemos que cada 1% del PBI equivale a S/. 3,920 millones anuales. Si los asalariados bajaron su participación del 30 al 22% del PBI entre 1991 y el 2009, dejaron de percibir S/. 31,300 millones, cifra que pasaron a ganar los empleadores.

En conclusión, los asalariados son los perdedores en el periodo 1991-2009, mientras el EE ocupa –de lejos– el podio de los ganadores. Es por eso que no se puede decir tan alegremente que “la marea alta hace subir por igual a todos los botes”. En la economía peruana, la marea alta hace subir unos cuantos botes, mientras la mayor parte va para abajo.

(1) Para un análisis más detallado, ver www.cristaldemira.com, 6/4/09 y 9/11/09.

"Hay alcaldes que han dicho no quiero gas"

Entrevista a Fernando Deustua.

El gerente de Asuntos Corporativos de Cálidda dice que la masificación del gas domiciliario se trabó por culpa de las municipalidades que no querían gas.

Omar Mariluz.

El compromiso inicial de Cálidda era llegar a las 70 mil conexiones al 2010, pero estamos bastante lejos de eso. ¿A qué se debe?
Cuando el anterior accionista de Cálidda, que es el grupo Suez, firma el contrato de distribución se compromete a tener una cierta cantidad de clientes potenciales, es decir esos 70 mil son potenciales, lo que significa estar en condiciones de conectar a esa gente.

¿Pero no fue en el 2002 que hubo una negociación para cambiar el término a potenciales?

Hubo una negociación entre el grupo Suez y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) porque no había una cultura del gas en el país. Tú no puedes obligar a la gente a que se conecte, tú puedes hacer lo posible por llegar a la puerta de la casa pero es todo un proceso.

En el contrato original no eran potenciales. ¿El compromiso sí era 70 mil conexiones fijas?

No sé cuántas eran las fijas, sí sé que hubo un cambio hacia potenciales, pero nosotros, en el contrato actual, hemos dicho que no tenemos ningún problema de que sean conexiones reales porque nuestro crecimiento está en las conexiones reales y no en las potenciales. El compromiso es incrementar en 91 mil conexiones domiciliarias hasta fines del 2013.
Hay 25 mil conexiones de gas

¿Cuántas conexiones hay actualmente en Lima?

Cuando los nuevos accionistas llegan en el 2007, llegan con una visión totalmente distinta, por ejemplo, a fines del 2006 había apenas 5 mil conexiones domiciliarias, hoy tenemos 25 mil 500; en el 2006 había apenas 4 grifos, hoy tenemos 120 grifos de GNV; había apenas 5 mil vehículos con GNV y hoy tenemos 90 mil.

¿Y las expectativas para fines del 2013?

La idea es llegar a cerca de 108 mil conexiones domiciliarias, a más de 510 industrias, más de 1000 comercios, más de 212 grifos y 160 mil vehículos con GNV. Para fines del 2013 pensamos que más de 1 millón de limeños se van a beneficiar del GNV.

¿Pero cuál ha sido la principal limitante para que la masificación del gas no sea realidad?

Tenemos dos grandes retos: terminar de generar la cultura del gas, todavía hay personas que le temen al gas o no saben que el gas es el combustible más seguro que hay. El otro gran problema es el de las municipalidades, yo diría que hay mucha burocracia. Ha habido alcaldes que nos han dicho no quiero gas en el distrito.

¿Eso significa que la masificación del gas en Lima depende de la voluntad de los alcaldes?

Claro, necesitamos que el nuevo alcalde de Lima logre tener un rol articulador con los municipios distritales, que logre tener un rol de coordinación, porque si no acá la masificación del gas está dependiendo de la voluntad de cada municipalidad.

“No hay problema de disponibilidad de gas”

¿Ustedes no tienen problema con el abastecimiento de gas?

No tenemos problemas de disponibilidad de gas, nuestro problema sería si queremos aumentar la cantidad de clientes conectados. Tenemos que aumentar la capacidad del sistemas pero eso ya está previsto.

Pero en la última licitación de gas del Consorcio Camisea ustedes solicitaron 140 millones de pies cúbicos día (mmpcd)...

Nosotros siempre pedimos mayor capacidad porque tenemos que ir ampliándonos siempre, pero no es que falte gas. Para la ampliación no tenemos problemas de disponibilidad de gas, tenemos que seguir expandiéndonos, tenemos que seguir pidiendo más gas, pero para la distribución que tenemos actualmente no tenemos ningún problema de disponibilidad de suministro.

ENTREVISTA: Ministro de Energía y Minas admite desigualdad entre precios del gas para el consumo interno y para la exportación

Por: Mariella Balbi

¿Por qué el gobierno ha dejado que el tema del gas se politice?
El tema del gas está politizado hace muchos años porque hay una campaña sostenida de partidos políticos que creen que la exportación no es buena.

¿Ninguna crítica de la oposición es válida?
El proyecto de exportación surgió a inicios del 2006, se adecuaron los contratos y se modificaron algunos términos para hacerlo viable. El Perú comprometió ese contrato y con este se financiaron enormes inversiones. La reacción de este gobierno siempre ha sido tratar de corregir lo no conveniente. En el régimen anterior se permitía la exportación del gas de los lotes 56 y 88. En el 2009, vía renegociación, este gobierno destinó el lote 88 solo para el mercado nacional.

¿Un poco tarde no? ¿Por qué no en el 2007?
Eso le corresponde al ministro anterior. Yo entré en octubre del 2008, mi preocupación fue resolver el tema de abastecimiento de gas y el de electricidad. En ese año la situación era bastante crítica. En electricidad normalizamos el servicio. El abastecimiento está garantizado hasta el 2016, con reservas del orden del 30%. En el 2008 el ducto de gas para atender el mercado interno estaba copado, con una capacidad de 250 millones de pies cúbicos (mpc), hoy la capacidad del sistema es 530. En las negociaciones del año pasado logramos ampliar la capacidad de suministro de gas para el mercado interno y que durante cinco años el lote 88, que tiene el precio regulado, no se use para la exportación.

¿Y por qué no de por vida?
Va a serlo. Hay trabajos de exploración del lote 56 para ampliar su reserva. Podrá abastecer la exportación 10 años y el lote 88 será para el mercado interno de por vida.

El gobierno recién reacciona y ha dispuesto que las regalías (impuesto a los recursos no renovables) por exportación no sean menores que las del consumo interno.
El gobierno anterior no estableció un nivel mínimo de regalías para exportación. Incluso estas podrían bajar si el precio internacional [Henry Hub] descendía. No era un buen contrato, por eso lo estamos revisando.

La tardanza le ha dejado un espacio a la oposición bastante amplio.
El año pasado la crítica era el abastecimiento.

¿Por qué no admite que hubo demora?
El año pasado no se cuestionaba la regalía. Si lo discutíamos, hubiera sido muy difícil que se concretara algo porque el proyecto de exportación estaba en fase constructiva, con desembolsos de los bancos pendientes, y el proyecto podía pararse. Ahora es el momento de renegociar.

El canciller dijo que el consorcio Camisea aceptó la renegociación sobre las regalías.
Es correcto. El viernes ya se reunieron con Perú-Petro. Eso debe tomar un tiempo. En el consorcio Camisea hay siete empresas, deben ponerse de acuerdo. Yo veo disposición. Además, solo se ha exportado un barco, y nos faltan 18 años de exportación. Las regalías del mercado interno y exportación de líquidos, entre el 2004 y el 2010, fueron de 2.500 millones de dólares. Todos pagan regalías en boca de pozo. El precio del gas en el mercado internacional está bastante bajo y de eso depende el valor de la regalía. El único lote que tiene precio fijo es el 88 y es para el mercado interno, en los demás el precio es libre.

Pero el gas de exportación está a US$0,53 por millón BTU (unidades térmicas británicas) y el del mercado interno es más caro.
El precio varía. Eso pagó el primer embarque. El segundo a España, la próxima semana, pagará US$1,70 por millón de BTU y la regalía será US$0,70. La regalía del primer embarque fue de US$0,27 por millón de BTU. La regalía promedio para el consumo interno a junio es de US$0,59 por millón de BTU. Con lo que se envía a España no tendremos problemas con las regalías, pero para prevenir queremos establecer un piso y que con la fluctuación del precio en el mercado internacional el país no se perjudique.

El precio del gas para el mercado interno es mayor que el de exportación.
Porque usted está comparando con el precio del primer embarque y con un precio internacional del gas tan bajo como hoy. En boca de pozo del lote 88 el gas doméstico paga US$0,80 por millón de BTU, el gas para las eléctricas US$1,47 y para los industriales US$2,50.

Pero admite que actualmente hay una situación de desigualdad para el mercado interno.
Sí, hay un tema de desigualdad. Por eso queremos negociar un piso para evitar una situación así, pero note que con un precio mayor de exportación, como con el segundo embarque a España, la regalía se nivela.

¿Por qué el precio del gas del lote 88 es tan alto para los industriales y tan benéfico con las eléctricas de ciclo simple que dilapidan gas?
El contrato original tiene esos precios, no me pregunte por qué. El lado positivo es que tenemos tarifas eléctricas mucho más bajas que otros países. Ahora bien, una política de precios para combustibles está en función de los sustitutos. Si un industrial quisiera usar petróleo residual, le saldría tres veces más caro.

Pero para el exportador el precio es más competitivo aun.
Para el mercado interno el precio se corrige a través de la regalía, que es el tema que puede controlar el Estado porque el precio del gas en el mercado mundial lo fija el valor Henry Hub.

¿Los precios del gas del 88 para el mercado interno son fijos totalmente?
Sí, hay un pequeño reajuste de 5% cada año. Son precios bajos para promover el consumo de gas. El contrato establece que este precio es para 10 años. El precio del gas natural para el mercado interno es muy competitivo. Podría ser más barato, pero no es bueno para la economía. En Argentina congelaron el precio, subió la demanda y las reservas se le cayeron.

El industrial que quiere gas debe entrar a una subasta y las bases le cuestan 10 mil dólares, si no la gana pierde ese dinero. Los pequeños industriales se perjudican.
El pequeño industrial está atendido a través de las conexiones en Lima.

Solo 14 distritos, básicamente de nivel alto, reciben gas vía Cálidda.
Las cañerías de servicio público siguen a los consumidores de gas industrial, también las estaciones de GNV. No todas las industrias usan gas. Si una empresa, para los volúmenes que están queriendo contratar, no tiene 10 mil dólares, que se dedique a otra cosa. Además, al inicio, cuando las condiciones eran ventajosas, muchas empresas solo firmaron contrato por cinco años y no por veinte. Ahora que tienen que entrar a concurso no les gusta.

¿Son conscientes de que si la renegociación de las regalías con el consorcio Camisea demora la oposición se favorece?
Considere que los próximos 15 embarques para Europa tendrán un precio mayor que el mercado interno y pagarán más regalías. Esto cambiará esa percepción. El precio del gas está inusitadamente bajo, eso subirá en el futuro, con lo cual se corregirá automáticamente la desigualdad. Pero insisto, queremos renegociar el tema de las regalías para no perjudicarnos.

Repsol envió una carta al gobierno en la que plantea cambiar el lote 88 por el lote 57.
Eso fue en febrero del 2008 y pedían renegociación. Ahora es irrelevante porque este gobierno renegoció que el lote 88 esté destinado al mercado nacional junto con el lote 57. El precio de este último es libre. Ya hay volúmenes del 57 que han sido contratados.

Sin embargo, su ex viceministro Pedro Gamio plantea este enroque como la gran solución.
Le repito, ya no tiene importancia. ¿Por qué no aceptó eso cuando se lo ofrecieron en febrero del 2008? El cita un estudio en el que se dice que usar gas más caro del lote 57 le podría costar 7.000 millones de dólares a la economía peruana. Que me alcance el estudio, no lo conozco. Pero ya no tiene sentido, ambos lotes quedan para el consumo del Perú.

El canciller y el gas

Por Humberto Campodónico

Las recientes declaraciones de José Antonio García Belaunde sobre la necesidad de renegociar el contrato Camisea, lo que ha sido dispuesto por el DS 039 2010 EM, indican que, definitivamente, este tema ya se ha puesto en los primeros lugares de la agenda nacional, de cara a las elecciones del próximo año.

Dijo el canciller: “El contrato se va a renegociar para evitar que haya una diferencia entre la regalía que pagamos los peruanos y la que se paga cuando se exporta. No tiene ningún sentido que subsidiemos la exportación del gas”. Ciertamente. El gas en el Perú paga regalías sobre un precio promedio de US$ 2.50 / MMBTU, mientras que el que se exporta a México las paga sobre un precio de US$ 0.51/MMBTU, cinco veces menor. Agregó que “nadie se puede escandalizar pues en todas partes del mundo se renegocia un contrato, y eso no llama a escándalo”. Ciertamente. Dice la Sunat que “desde 1992 hasta el 2002 se firmaron 257 convenios, de los cuales 175 son originales y los 82 restantes son convenios modificatorios de los primeros” (1). Desde esa fecha ha habido nuevos convenios y, también, muchas nuevas renegociaciones. Esta sería una más y, claro, eso no tiene por qué escandalizar a nadie.

La lección más general es que puede haber cosas que están mal en los contratos y el hecho de que se pida su revisión o su renegociación no convierte a los críticos en “malos peruanos”, en “antisistema” o en gente con “intereses electoreros”. En este caso se trata de las regalías. Pero, digámoslo claramente: ese no es el problema principal de los contratos de Camisea. Si así fuera, podría pensarse que una vez renegociadas las regalías, entonces, colorín colorado, este cuento se habría acabado.

No. El tema principal es que primero debe garantizarse el abastecimiento del mercado interno y, solo después, se puede pensar en exportar (con una regalía adecuada para el Estado). Pero en el Perú el mercado interno está desabastecido, pues 4 TCF –el 47% de las reservas probadas de gas– están inmovilizados por 18 años, como garantía del contrato de exportación a México.

Eso es lo que impide que el consorcio Camisea abastezca de gas a los peruanos, cuyos pedidos no atendidos suman cerca de 700 millones de pies cúbicos diarios (ver La República, 13/7/10). Este aspecto, el más importante, no está solucionado. El gobierno dice que hay “un montón de reservas de gas”, pero la cuestión es que solo las reservas probadas se pueden comercializar. Y, repetimos, el 47% está inmovilizada.

Esto debería hacer reflexionar al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (cuyos miembros son, justamente, los usuarios más importantes del gas), Pedro Olaechea, que, hasta hace poco, criticaba, con justicia, la exportación. Pero, a principios de junio, cambió de posición y dijo que “las críticas a la exportación llevan al caos y ahuyentan la inversión extranjera” (ver Camisea, industriales y el “antisistema”, www.cristaldemira.com, 5/6/10).

Esa misma crítica, a todas luces infundada, se les atribuye a los gobiernos regionales del sur, que plantean que el gasoducto andino utilice las reservas del Lote 88 (que tiene precios regulados), algo que no se puede materializar por la “inmovilización” antes mencionada. Esto se podría solucionar si el gobierno exige que Repsol cumpla con su ofrecimiento de exportar los 2 TCF de reservas probadas del Lote 57, en sustitución de los 2 TCF del Lote 88 que están inmovilizados. Pero no lo hace, posición que debe modificar.

Para terminar, el quid del asunto es que la exportación se da porque hubo una renegociación ilegal del contrato del Lote 88 en el 2006. Es eso lo que hay que anular para volver al contrato del 2000. Esta debiera ser la segunda renegociación, que venga inmediatamente después de la renegociación de las regalías que propone ahora el gobierno con el DS 039. Ahora sabemos que algunas cosas que parece que están bien pueden no estarlo y deben ser renegociadas. Que este sea el primer paso.

(1) Estimación de los efectos de los convenios de la estabilidad tributaria sobre la recaudación, setiembre 2002, http://www.sunat.gob.pe/publicaciones/index.html

Requisa en celda de Maritza Garrido Lecca fue una farsa

Por: Fabiola Torres López (El Comercio)

El 24 de junio pasado, cuando el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, mostró los cuatro USB, dos disquet y dos chips de celulares incautados en la celda de Maritza Garrido Lecca para luego anunciar la reevaluación de los pedidos de beneficios de las presas por terrorismo, olvidó informar que ya había sido archivado el expediente de libertad condicional de la bailarina que escondió en su vivienda al cabecilla senderista, Abimael Guzmán.

Informes del Consejo Técnico Penitenciario del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a los que tuvo acceso El Comercio, prueban que Rodríguez Rabanal conocía esta información desde el 18 de junio e incluso —horas antes de la requisa — se le informó que los recursos de reconsideración de Maritza Garrido Lecca y Victoria Trujillo Agurto, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso (SL), también fueron rechazados.

En realidad, lo que impidió que ellas se acogieran a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927 (solicitudes presentadas antes del 15 de octubre del 2009), como lo hizo la emerretista Lori Berenson, fue que ambas figuraban aún con procesos pendientes en el Juzgado Penal de Turno Permanente. Ello hizo que no prosperaran sus solicitudes, de acuerdo con los informes legales de sus casos.

El expediente de Nancy Gilvonio Conde, viuda del líder emerrestista Néstor Cerpa Cartolini, era el único que había sido aprobado en paralelo con el de Berenson, pero se encontraba desde hace dos meses en revisión.

CONTENIDO DESCONOCIDO
Lo que extrañamente tampoco dijo Rodríguez Rabanal cuando mostró a la prensa los USB de Maritza Garrido Lecca (sin que aún los fiscales levantaran un acta de incautación) fue que el INPE permite el uso de dichos dispositivos a 32 internas de ese penal que desde el 2006 cursan carreras de educación a distancia en universidades e institutos del país.

En la relación de alumnas figuran Garrido Lecca y otras presas por terrorismo como Elena Iparraguirre, Margi Clavo, Lucero Cumpa y Zulma Peña. También está Elizabeth Espino Vásquez, “Elita”, procesada por el asesinato de su madre, la contadora Elizabeth Vásquez.

En el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos funciona una sala de computación (sin acceso a Internet) donde las presas sujetas a un régimen penitenciario ordinario realizan sus tareas y pueden usar USB y disquetes bajo supervisión. Pero ¿qué contienen los USB incautados a Garrido Lecca? Desde hace tres semanas, la fiscal supraprovincial Edith Chamorro Bermúdez y agentes de la Dircote, a cargo de la investigación, mantienen completa reserva sobre ello.

EL PROCEDIMIENTO
No solo información relevante omitió el presidente del INPE cuando encabezó la extraordinaria requisa a las 77 presas del pabellón B (42 por terrorismo y 35 por delitos comunes), en la que participaron 100 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, 50 policías de la Dirección contra el Terrorismo y tres fiscales de turno.

La abogada Gloria Estrada, quien hasta ese momento era directora del penal de Chorrillos, denunció que dicho personal ingresó sin que se le hiciera una revisión corporal (como se exige en el Reglamento General de Seguridad del INPE) por orden expresa de Rodríguez Rabanal, mientras ella fue impedida de presenciar la intervención.

¿Por qué el jefe del INPE se olvidó de proceder conforme al Código de Ejecución Penal y del reglamento general de seguridad si con ello arriesgaba la transparencia de la requisa?

Además, aunque el INPE informó en un comunicado que todo el personal de seguridad sería cambiado desde el 1 de julio, este Diario verificó que 80 agentes fueron ratificados en sus cargos sin sanción alguna.

Las únicas separadas fueron la directora Estrada, reemplazada por Carmen Nole, y la psicóloga Nelly Aquino, quien de la jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento (donde se evalúa a las reclusas) fue derivada al área de seguridad del penal de Piedras Gordas.

TIENEN RÉGIMEN ORDINARIO
El Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos se creó en los noventa para albergar solo a las presas por terrorismo. Por ello funcionó al comienzo como una prisión de máxima seguridad, pero luego el INPE lo convirtió en una cárcel de régimen ordinario con un solo pabellón especial de máxima seguridad, donde están las internas que no muestran avances en sus conductas dentro de la prisión.

Actualmente, de las 207 reas solo 19 están sujetas a un régimen especial. Una de ellas es Ernestina Hinostroza Canchari, ex conviviente del senderista Óscar Ramírez Durand alias “Feliciano”, quien está condenada a 21 años de prisión por terrorismo y aún en la cárcel no muestra arrepentimiento. Ella se declara miembro de la facción Proseguir de SL, insiste en la lucha armada y es la que tiene más enfrentamientos verbales con las presas que dicen estar del lado del acuerdo de paz planteado por Guzmán.

La mayoría de internas por terrorismo de este penal están sujetas hoy a un régimen ordinario de mínima seguridad. Ello quiere decir que tienen acceso al patio desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y están inscritas en actividades educativas, deportivas y culturales del penal.

Evadió preguntas y no fue claro
Aunque rechazó todas las solicitudes de entrevista de El Comercio, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, fue abordado en una actividad pública el pasado viernes 16 de julio.

Se mostró reacio a contestar todas nuestras preguntas, pero confirmó sin entrar en detalles que las solicitudes de beneficios de libertad condicional presentadas por todas las presas por terrorismo ya han sido archivadas.

“Son pocas, no recuerdo de quiénes son, pero todas han sido denegadas”, dijo escuetamente.

Rodríguez Rabanal también reconoció que no se ha cambiado ni sancionado hasta la fecha al personal de seguridad del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, pero aseguró que este proceso se hará desde el 1 de agosto.

Lo que el presidente del INPE negó sin dar mayores argumentos fue haber ordenado el 24 de junio el ingreso de 150 personas al penal de Chorrillos sin que previamente estas fueran revisadas.

MÁS DATOS
Su sentencia
La sentencia a 20 años de prisión de Maritza Garrido Lecca, dictada en el 2005, aún no ha sido inscrita en el registro del INPE. Esto impidió que se acogiera al beneficio de libertad condicional.

El plazo
La fiscal supraprovincial Edith Chamorro tiene un plazo de 30 días (que se cumple el 24 de julio) para realizar las diligencias de su investigación sobre la televisada requisa.

Editorial de El Comercio: Las lecciones del derrame del golfo y las playas limeñas

REDACCIÓN: Tener en cuenta que ya hay un contrato del 2004 por el cual el lote Z-33 ya está terminando la fase de exploración y en el 2011 entra a explotarse; este lote Z-33 es el que baña las costas de todo Cañete, Chincha y parte de Pisco; mientras que el lote Z-52 apenas toca a Cañete pero alejada de las costas y es de este lote que habla el Editorial de El Comercio y son (junto a Lote Z-51) los recientemente firmados contratos por Perú Petro. Aclarando un tema: los estudios de impacto ambiental presentados por la Municipalidad de Cerro Azul es referido al Lote Z-33, lo que se debería ampliar al Lote Z-53 que es un lote paralelo al Lote Z-33, cuya firma del contrato se suspendió por el asunto de los petroaudios.

VÉASE el mapa de los lotes en:
http://www.perupetro.com.pe/downloads/MAPACNT.pdf

EL COMERCIO

Perú-Petro ha suscrito contratos de exploración y explotación petrolera con la compañía Savia Perú (antes Petro-Tech) en dos lotes submarinos frente a la costa limeña que abarcan, cada uno, 875 mil hectáreas. Se trata de los lotes Z-51 y Z-52 que van desde Huacho hasta Cañete.

Un tema que cae de sorpresa a los habitantes de esas provincias litorales y, por supuesto, a los vecinos de la capital. He aquí un tema más para el debate municipal y una realidad que quizá nos ayude a comprender el porqué del descontento de los habitantes de otras regiones del país frente a este tipo de concesiones. Vecinos de Lima, deportistas y pescadores artesanales ya han manifestado su preocupación frente a un tema que puede afectar su cotidianidad, sus costumbres, sus espacios de esparcimiento veraniego y su fuente de trabajo.

El tema trae inevitablemente a colación el mayor desastre ecológico de la historia, el derrame petrolífero en el Golfo de México. Como se recordará, una plataforma marina de British Petroleum (BP) explotó hace tres meses, el 20 de abril, en esa zona costera de Estados Unidos y recién esta semana se ha empezado a controlar el petróleo derramado, que ha aflorado incesantemente en cantidades que sobrepasan los 2 millones 190 mil barriles, según los cálculos más conservadores.

Los estragos causados por el gigantesco derrame de BP son profundos y pasarán décadas hasta que el medio ambiente contaminado regrese a su estado anterior a la tragedia. No solo se ha afectado el rico y diverso ecosistema marino en el golfo, con toda su potencialidad de pesca, sino que se ha dañado el hábitat y centro de reproducción de especies en riesgo de extinción, amén de haber afectado las playas de hasta tres estados. Las pérdidas para la industria pesquera, turística y gastronómica se calculan en varios miles de millones de dólares.

BP ha tenido que crear un fondo para indemnizar a los pescadores y otros afectados que ha resultado insuficiente de cara a los daños de mediano y largo plazo, difícilmente cuantificables. Las consecuencias políticas del desastre han afectado la imagen y popularidad del presidente Barack Obama.

Hoy los estadounidenses, especialmente los damnificados del sur, han tomado conciencia de la magnitud del desastre ecológico y exigen mayores medidas de sanción y prevención.

Volviendo a nuestra realidad es necesario revaluar la pertinencia de la muy probable instalación de plataformas petroleras a mediano plazo frente a las playas limeñas. En las playas norteñas —en las que ha proliferado la extracción de lotes submarinos— ya se han sucedido una serie de derrames (felizmente pequeños y prontamente controlados), mientras lugares como el emblemático Cabo Blanco ha visto su paisaje y horizonte alterados por la presencia de estas inmensas estructuras.

Hay una serie de factores que ha debido evaluar el ente estatal al tiempo de decidir cómo, cuándo y en qué condiciones se han entregado en concesión los lotes petroleros en el zócalo continental.

No solo se ha de evitar la contaminación del fondo marino y del mar, sino obligar a las compañías a revisar sus sistemas de seguridad y garantizar que las actividades contarán con la necesaria licencia social de los grupos que se verán afectados.

Un tema que no parece haberse tomado en cuenta a la hora de concesionar estos lotes es que se encuentran en una zona de alto riesgo sísmico y donde los expertos —frente a la teoría del silencio sísmico— prevén un terremoto de proporciones en los próximos veinte años.

Por principio, promovemos la inversión privada en un modelo de economía social de mercado, competitiva y responsable. Sin embargo, ante accidentes tan nefastos como el de BP en el Golfo de México tenemos que enfatizar la necesidad de proteger tanto el ecosistema marino cuanto la calidad de vida de los ciudadanos y de los espacios naturales en zonas densamente pobladas como la costa limeña.

En tal sentido sería pertinente contar con una consulta ciudadana. La democracia es, recordémoslo, un sistema en el que la opinión de la ciudadanía debe estar representada y ser tomada en cuenta. Y es este acápite el que quizá nos ayude a comprender desde el centro urbano, moderno y desarrollista la preocupación y exigencia de consultas de los pobladores de las zonas rurales frente a actividades que consideran puedan afectar las fuentes de agua, los ríos y el ecosistema del que depende su supervivencia y forma de vida.

Daniel Saba, de Perú-Petro, ha expresado que a través de estas y otras concesiones se espera incrementar en 200% la producción hidrocarburífera. Falta saber la opinión de los asiduos concurrentes a las playas: veraneantes, deportistas y pescadores artesanales.